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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

Hey loco, No dispares!

Vamos a Cuentiarnos la Paz

LOS RICOS NO VAN A LA GUERRA

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Rosas y Fusiles, mujeres de las FARC-EP

Escrito por Por Escuela de cuadros.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla de más largo aliento en nuestro continente, siempre ha contado con la participación de la mujer combatiente. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Por qué arriesgan sus vidas por los ideales del socialismo y la liberación nacional en un país bajo la bota de los Estados Unidos? ¿Cuál es su papel en el actual proceso de paz?

“Rosas y Fusiles”, un documental grabado en La Habana con las mujeres de la Delegación de Paz de las FARC-EP, abre una ventana que muestra la vida de compromiso y lucha de las guerrilleras farianas: las razones que les llevaron a ingresar a la insurgencia bolivariana, su vida cotidiana en las montañas de Colombia y la visión de paz con justicia social que mueve su accionar político en el campo de batalla y en la mesa de diálogo. El documental es también una meditación sobre la condición de la mujer colombiana y su rol en la revolución social.

Periodismo crítico sigue en peligro en Colombia

Oidhaco.

Bruselas, 6 de febrero de 2014.

Este 9 de febrero se celebra en Colombia el día del periodista. Oidhaco ve con profunda preocupación la desprotección de que son víctimas los periodistas en este país. En 2013, según información de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 2 periodistas fueron asesinados, 3 tuvieron que exiliarse para salvar sus vidas, 10 estuvieron detenidos ilegalmente por el ejercicio de su profesión, 2 fueron heridos mientras trabajaban, 75 recibieron amenazas. En total 194 fueron victimas de alguna agresión y obstrucción a su labor de periodista.

La indefensión en que se encuentran los periodistas colombianos y la persistente impunidad, hacen, según la FLIP, que en la mayoría de medios masivos comerciales, comunitarios y alternativos, los periodistas se autocensuren por miedo a ser asesinados. Y como lo subrayo el secretario general de la ONU Ban Ki-moon – “la libertad de expresión crea (…) las condiciones necesarias para la protección y promoción de todos los demás derechos humanos. Pero no se ejerce automáticamente; requiere un entorno seguro propicio para el diálogo en el que todos puedan hablar libre y abiertamente, sin temor a represalias”. Al cierre del ano de 2013, “en Colombia, 63 de 142 asesinatos de periodistas han prescrito. Esto significa que, después de cumplidos 20 años desde la fecha de los hechos, el Estado no tiene posibilidades legales de condenar a los responsables” explica la FLIP. También afirma que 49 expedientes de asesinatos han desaparecido de los archivos de la Fiscalía.

Por otra parte, Reporteros Sin Fronteras ha denunciado la desaparición del reportero gráfico español, Borja Lázaro, este 8 de enero en el departamento de La Guajira, cuando se encontraba haciendo un reportaje sobre los indígenas de la zona. RSF teme que haya sido secuestrado por grupos relacionados con el paramilitarismo que operan en la región. Las zonas rurales y las provincias, son los lugares donde los periodistas corren más riesgo. Precisamente los periodistas asesinados en 2013, trabajaban en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca.

Oidhaco le solicita al Gobierno Colombiano que ponga todos los medios para que la justicia colombiana llame a juicio y condene a los responsables de agresiones, amenazas y asesinatos de los periodistas. “La impunidad es uno de los problemas más graves de ese país”, indica Vincent Vallies, portavoz de Oidhaco, “y requiere de una atención inmediata por parte del Estado colombiano”. “Creemos que la Unión Europea debe hacer un llamado de atención pública al Gobierno de Santos porque en Colombia si no se crean las garantías necesarias ni los periodistas ni los líderes sociales, indígenas y campesinos, ni los sindicalistas, ni los defensores de derechos humanos podrán expresarse libremente. Si lo hacen, sobre ellos pende en muchos casos, una condena de muerte”, afirma Vallies. “Una verdadera libertad de prensa, que no solo sea de papel, es fundamental para que la ciudadanía pueda estar bien informada.

Ver Nota de Prensa abajo.



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No es que las chuzadas se repitan. Es que no han dejado de existir

por Prensa - Colectivo

(foto: semana.com)
Este amanecer febrerino nos topamos con una nueva investigación de la Revista Semana que da cuenta de la existencia de una oficina clandestina a través de la cual, inteligencia militar realizaba labores ilegales contra los negociadores del gobierno en las conversaciones de la Habana, contra dirigentes de oposición, contra ONG y contra “los mismos de siempre” como lo relata uno de sus protagonistas.


Muchos cándidos pensaron que luego de la experiencia con el DAS, la persecución contra organizaciones y personas basada en motivos políticos e ideológicos eran “cosa del pasado”. Cuan equivocados, las labores de inteligencia ilegales no nacieron con el caso DAS, ni terminaron con el cierre de esa nefasta institución. De hecho, basta recordar que al cierre del DAS le precedió la clausura de la Brigada XX para impedir la acción de la justica y el descubrimiento de la verdad sobre la responsabilidad de esa Brigada de inteligencia en graves violaciones a los derechos humanos.

Desafortunadamente para la paz, la democracia y la transparencia institucional, la historia del país está llena de gravísimas violaciones a los derechos humanos a partir de acciones ilegales de inteligencia. El genocidio contra la Unión Patriótica, los asesinatos de activistas sociales, sindicalistas, periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos dan cuenta del uso ilegal y criminal que se le ha dado a los aparatos de inteligencia. Decisiones de la justicia nacional e internacional confirman lo aquí expresado.

Durante los 8 largos años del gobierno de Álvaro Uribe, se puso a todas las agencias de inteligencia en la tarea “restringir y neutralizar las actividades” de personas y organizaciones opositoras del gobierno, o criticas del mismo, o que denunciaban las graves violaciones a los derechos humanos patrocinadas desde el gobierno. Esas labores no se circunscribieron a las interceptaciones de comunicaciones, sino que tuvieron ocurrencia homicidios, torturas, sabotajes, amenazas, propaganda de desprestigio, entre muchos otros delitos. De hecho, Jorge Noguera, entonces director del DAS, purga una condena de 25 años de prisión por su compromiso con el paramilitarismo y por el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andreis.

Llegado el presidente Santos a la casa de Nariño, no cesaron las acciones ilegales de inteligencia contra “los mismos de siempre”. El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” ha denunciado hechos concretos que demuestran fehacientemente que las agencias de inteligencia siguen realizando labores ilegales en su contra, así como en contra de otras personas y organizaciones. Acciones que tampoco se han limitado a las intervenciones de las comunicaciones.

Este nuevo descubrimiento de lo que se sabía, pone en evidencia que hay serios enemigos del proceso que se adelanta en la Habana, así como revela la continuidad de la persecución ilegal contra opositores políticos, activistas de la paz, dirigentes sociales, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

Esta situación también puede explicar que el presidente Uribe haya conocido las “famosas coordenadas”; o que se haya hecho público -con mezquina intención- el viaje de voceros del CAJAR a la Habana con fin de dar a conocer su propuesta sobre un tribunal especial de justicia para la paz. Cabe recordar que este viaje contó con autorización del gobierno colombiano y con el apoyo del gobierno noruego, país facilitador de este proceso.

Queda confirmado que lo primero que hay que cambiar en las agencias de inteligencia son sus manuales de formación fundados en preceptos de la doctrina de seguridad nacional que ha provocado –como se sabe- la comisión de crímenes de lesa humanidad. Mientras esto no ocurra no será posible la paz ni cesarán las violaciones a los derechos humanos, aunque el proceso en la Habana termine exitosamente.

Para consolidar una democracia se requiere que el Estado en su conjunto, incluidas sus agencias de inteligencia, se comprometan a respetar y garantizar los derechos humanos, empezando por el derecho a opinar, a organizarse y a participar; sin que estas actividades sean objeto de persecución y estigmatización alguna.

Este nuevo escándalo que ojalá sea investigado a fondo por la Fiscalía General de la Nación, debe prender las alarmas de los sectores democráticos que repudian esa vieja práctica de instrumentalizar los aparatos de inteligencia para violar los derechos humanos.

No sobra decir que el presidente Santos debe dar un claro mensaje a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional separando de forma inmediata de sus cargos a quienes dirigen los organismos de inteligencia y al propio Ministro de Defensa, quien no precisamente se ha distinguido por respetar y garantizar los derechos de los opositores políticos, de las organizaciones sociales y de derechos humanos, a las cuales ha estigmatizado en sus discursos de forma repetida. No puede ser que todo pase sin que nada pase.

Al cierre de esta nota editorial, hemos recibido un correo electrónico firmado por Comandos Urbanos de las Aguilas Negras en el que amenazan de muerte a las personas que integramos al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, al MOVICE, a Aida Avella, al alcalde Gustavo Petro y a los candidatos al congreso Alirio Uribe Muñoz e Iván Cepeda Castro.
Pedimos a la Fiscalía General de la Nación, que investigue esta nueva amenaza y determine quiénes son los que realmente están detrás de la misma.
ADJUNTAMOS EL TEXTO DE LA AMENAZA ENVIADA E IMAGEN DEL CORREO ELECTRÓNICO REMITIDO

Las « chuzadas » siguen vivitas y campantes…

Cambio Total.

Nuevas denuncias del caso de las « chuzadas » por parte del ejército colombiano a los delegados gubernamentales hablan de la interceptación de más de 5.000 correos electrónicos.

A la par el presidente JMSantos sigue dando reverzasos y dice que Colombia no está « exenta de ataques cibernéticos ». De ello coligen los « sabios » que hay que protegerse de esos ataques y que ello era lo que estaban haciendo en Buggly en Galerías.

Surge entonces la pregunta : Si el local es del ejército, de quiénes se está « blindando » el estado ? De sus propios funcionarios ? De las mentes « inteligentes » de la Inteligencia Militar ?


Ah, cada que dan una explicación la cosa se eles enreda mucho más. No se puede explicar lo inexplicable. No se puede excusar lo inexcusable.

Hay que tener los que sabemos bien puestos para llegar y reconocer que los tienen « chuzados ». Quién ? Su propio ejército !!!

Eso demuestra que los militares no confían ni en ellos mismos. Es como dice la canción cantada por Juan Piña : « Yo mismo me tengo miedo ».

Y reafirma lo sentenciado por CambioTotal y Anncol, hay un « super poder » que está por encima del gobierno, la justicia, el congreso... Es el Terrorismo de Estado de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN).

O sea, el imperio.

Que los militares chuzen a sus propios funcionarios del gobierno y estado, demuestra qué tanto están comprometidos los militares en el « juego » del imperio. Demuestra cuán arrodillados son los militares colombianos ! Demuestra a quiénes ellos obedecen.

Demuestra la clase de « patria » que ellos quieren edificar.

Razón tenía J.E. Gaitán cuando sentenció : « para el pueblo la metralla homicida y una temblorosa rodilla hincada ante el oro americano ».

Por ello lo asesinaron. Por ello asesinana a cuanta persona tenga un mínimo de dignidad.

Militares hacen lo que les dé la gana

Por Juan Diego Restrepo E.Revista Semana.

OPINIÓN. Un poder en la sombra son aquellos sectores de las Fuerzas Militares que no se dejan subordinar. Su independencia podría afectar el futuro del proceso de paz con las Farc.

Foto: SEMANA

Nadie los controla, son bastante independientes de la rama Ejecutiva y operan según sus propios cronogramas, marcados por una formación excepcionalmente anticomunista, que los lleva a ver el ‘enemigo’ en todos lados. Son obsesivos por naturaleza. Así son algunos sectores de las Fuerzas Mi
litares colombianas.

Las revelaciones hechas por Semana.com sobre la existencia de un equipo especial de intervenciones telefónicas ilegales, compuesto por militares y civiles, dedicado a escuchar a los miembros del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con la guerrilla de las Farc en La Habana, es una muestra fehaciente de la manera cómo sectores de las Fuerzas Militares recaudan información para acceder a las discusiones internas de los encargados de dirigir el país hacia una paz estable y duradera con este grupo insurgente. 

Es entendible el comportamiento de determinados sectores de las Fuerzas Militares. Hace parte de su formación académica e ideológica. Vienen de un adoctrinamiento anticomunista que enquistó en sus conciencias un profundo odio por todo lo que pueda representar una alternativa de izquierda. Se les enseñó a ver en el otro distinto, con ideas liberales, un potencial enemigo al cual hay que destruir, acabar, neutralizar, así sean del propio gobierno. En ello radica su insubordinación. Y su peligrosidad.

Tal como lo advierten algunos analistas norteamericanos, “ejecutar operaciones de contrainsurgencia requiere la dedicación de muchos recursos tanto humanos como materiales”, y ello se refinó durante los dos cuatrienios del presidente Álvaro Uribe Vélez, de cuyo gobierno, como Ministro de Defensa, participó el actual mandatario, Juan Manuel Santos. Toda una paradoja.

¿Dónde está la semilla del comportamiento de ese sector de las Fuerzas Militares que hoy le teme a un proceso de paz con las Farc? Una revisión de los manuales de contrainsurgencia que han sido diseñados por el Ejército norteamericano darían las pistas suficientes para entender lo que viene pasando en el país. 

Lo primero es determinar qué se entiende por contrainsurgencia. Según Ian Beckett, no solo es un problema puramente militar, también requiere otros aspectos: “la coordinación de ambos esfuerzos civiles y militares deben ocurrir en todos los niveles así como aprovechar el suministro de inteligencia”. Y así lo han entendido sectores poderosos de las Fuerzas Militares, quienes detentan un poder superior en las filas y fuera de ellas.

Observando los comportamientos de esos sectores insubordinados cobra vigencia lo que conceptúa Thomas X. Hammes, coronel retirado del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, quien centra sus análisis en cómo combatir la insurgencia moderna. Según este ex oficial, “la guerra contrainsurgente de hoy en día es una competencia entre redes humanas, nuestras y suyas. Para entender sus redes, debemos entender los vínculos preexistentes de las redes y el contexto cultural e histórico de la sociedad”. 

Ello explica, metodológicamente, por qué se escucha al equipo negociador. A través de sus voces, de sus análisis, de sus discursos, sectores militares profundamente anticomunistas construyen la trayectoria que viene trazando el diálogo con las Farc y para ello es útil determinar cómo se tejen las redes de las decisiones. Una vez conocidas esas trayectorias, es mucho más fácil torpedearlas. Y con ello afectar el curso de las negociaciones con las Farc.

En ese sentido, cobra importancia lo que escribieron Kyle Teamey y el teniente coronel Jonathan Sweet, expertos norteamericanos en el tema de información durante conflictos insurgentes: “El propósito de la obtención de inteligencia en la lucha de contrainsurgencia es el de determinar cuáles son los factores que impulsan a la insurgencia y proporcionar tal información a los comandantes para determinar la manera en que pueden atacarlos o mitigarlos”. Siguiendo esa línea de reflexión, no me cabe duda que a los negociadores se les estaba escuchando con la intención de sabotear el proceso de paz.

Teamey y Sweet reiteran en sus reflexiones que el análisis de inteligencia en la contrainsurgencia es un gran desafío: “Los analistas deben entender una compleja red formada por la sociedad y el conflicto, las percepciones y la cultura, el sinnúmero de personalidades, así como las relaciones entre los actores claves (…) En muchas formas, el análisis en la contrainsurgencia tiene más similitud con las actividades policíacas que con la guerra entablada en un gran teatro de operaciones”.

Uno de los aspectos relevantes en el caso de las interceptaciones reveladas por Semana.com es el uso de civiles en las operaciones encubiertas. Y no de cualquier civil, sino de expertos en el área de informática. ¿Qué tanta responsabilidad penal recae sobre ellos? ¿Qué les ofrecieron para participar en ese proyecto?
Esa combinación de “esfuerzos civiles y militares” de los que habla Beckett ya se probaron, con extrema crueldad, durante las décadas del ochenta, noventa y buena parte del dos mil cuando surgieron las fuerzas paramilitares, apoyadas por sectores de la Fuerza Pública. Lo que se observa hoy es una modernización de las estrategias, pero el fondo no cambia mucho: lo ilegal lo hacen los civiles, sea cual sea su experticia.

Expertos en actividades y estrategias militares indican en sus análisis que la “inteligencia fluye desde abajo hacia arriba en la contrainsurgencia, y todos los escalones son tanto productores como consumidores de inteligencia”, por tanto no creo que en el caso de la operación ‘Andrómeda’, el flujo haya sido distinto y lo escuchado se haya quedado entre los que hacían las escuchas. Algo tiene que haber más allá y son muchas las explicaciones que deben darse.

Al respecto, es pertinente preguntarse: ¿Qué tipo de detalles en las conversaciones estaban extractando como relevantes? ¿Qué proyecciones pretendían hacer con los datos recaudados? ¿Qué modelos de análisis estaban empleando para procesar la información? ¿Quién y dónde estaban procesando los datos obtenidos? Y más importante aún: ¿El fin de estos análisis era sabotear el proceso de negociación con las Farc? Son muchas las dudas que surgen cuando los militares hacen lo que les dé la gana.
En Twitter: @jdrestrepoe
*Periodista y docente universitario.

Plan Colombia: EE.UU. advierte que aministías otorgadas por crímenes de guerra afectarían ayudas a Colombia


Falsos positivos aumentaron más del 150 % con Uribe (y con Santos MinDefensa)

Revista SEMANA

CONFLICTO. Profesores de la Universidad de la Sabana y la Universidad del Externado detallan por qué este incremento entre el 2002 y el 2010.

Durante sus dos períodos presidenciales, Álvaro Uribe basó sus políticas en tres pilares, uno de los cuales fue la llamada seguridad democrática. Aunque el objetivo era recuperar el territorio que habían tomado los grupos ilegales, el camino se desvió en varias partes, y en múltiples ocasiones terminó con los asesinatos de campesinos que eran presentados como guerrilleros muertos en combate.

Estas ejecuciones extrajudiciales, llamadas ‘falsos positivos’, no eran nuevas en el país pero sí aumentaron de manera drástica: 154 % entre el 2002 y el 2010, según el estudio ‘La política de seguridad democrática y las ejecuciones extrajudiciales’. Este fue realizado por Édgar Villa y Ernesto Cárdenas, profesores de la Universidad de la Sabana y la Universidad Externado de Colombia, respectivamente. 

El promedio de los 10 años anteriores a la elección de Uribe como presidente de Colombia es mucho menor a los ocho años que él estuvo en el Gobierno, aun incluido un período tan violento como los 90. Desde principio de esa década hasta el 2001, hay una tasa de 0,095 falsos positivos por cada 100.000 habitantes pero esa cifra aumenta de manera desproporcionada entre el 2002 y el 2008, siendo de 0.385, según los datos recopilados por el estudio. 

El Centro de Investigación para la Educación Popular registró entre 1990 y 2009 un total de 1.613 de ejecuciones extrajudiciales. El panorama podría ser peor, pues sólo entre el 2004 y el 2008 hubo 3.000 víctimas de esa violencia, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

El control y el sometimiento de la guerrilla era uno de los pilares de la política de seguridad democrática. El estudio señala que la cifra de guerrilleros dados de baja también aumentó, pero no en el mismo ritmo que las ejecuciones extrajudiciales, pues las muertes de guerrilleros ascendieron en 52 % durante el gobierno de Uribe. 

El error de la seguridad democrática

En su investigación, los docentes demostraron que el pecado capital de dicha política fue no pensar en un control específico a la fuerza pública dentro del fortalecimiento judicial. Con ello se daba por seguro que los militares respetarían las leyes y los derechos humanos. 

“Es un elemento importante a la hora de establecer la relación entre la seguridad democrática y el aumento de los falsos positivos porque implica un desconocimiento de los incentivos que determinan el comportamiento final de los militares”, señala el análisis. 

A esto se suman los ya conocidos incentivos a los miembros de la fuerza pública que al final de mes registraran el mayor número de combatientes dados de baja. Recompensas en dinero, permisos de vacaciones, capacitaciones en el exterior e incluso ascensos eran varios de los premios. 

“Este tipo de incentivos generó un afán desmedido por mostrar resultados satisfactorios en la lucha contra los grupos al margen de la ley”, apunta el informe. 

Así quedó evidenciado en su momento con las declaraciones de varios militares. “Uno de los incentivos que nos otorgaban a los comandantes de contraguerrilla de cada batallón era una licencia por todo el mes de diciembre a los pelotones que más sumaran muertos en el año. O sea que si mi pelotón del Batallón Calibío era el que más había dado muertos en el año, yo y mi gente salíamos todo el mes de diciembre [...] También se dijo que el soldado que más diera bajas sería incentivado con enviarlo al Sinaí o a un curso fuera del país”, relató un militar para la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Sin pruebas

Los investigadores señalan que el Gobierno promovía los incentivos pero no tenía manera de comprobar si los muertos eran o no guerrilleros. 

Desde la administración gubernamental, se daba el dinero necesario para que la inteligencia militar detectara la presencia de posibles agentes ilegales. Cuando se tenía la operación planeada, enviaban a una brigada que operaba sin un control estricto. 

“Cuando la unidad militar no obtenía resultados y decidía realizar operaciones de falsos positivos, pagaba a un informante ficticio para justificar su solicitud de recursos”, indica el análisis. 

Pero ese supuesto informante no se quedaba con todo el dinero, pues debía darles una parte del botín a los comandantes de la escuadra, los mismos que asignaban presupuesto a los soldados para que consiguieran víctimas y armas para ponerle al cuerpo. El resultado final era un civil que hacían pasar por guerrillero, dos semanas de permiso para el soldado y las felicitaciones para el oficial encargado. 

“El problema fundamental de la seguridad democrática es la falta de control de las acciones de las unidades militares, las cuales son no observables directamente por el Gobierno”, concluye el estudio. 

Seguimos jodidos; deficiencia médica para pobres y seguros privados para los ricos

Pedro Echeverría V.

1. En denuncia firmada por Ana Cristina Laurell y unas 30 personas mas, publicada en La Jornada, se señala que "El gobierno prepara una reforma que afectará el sistema de salud y seguridad social. Su idea es fundir el "Seguro Popular" con el IMSS y el ISSSTE, pero, a diferencia de estas dos últimas instituciones que hoy atienden todos los padecimientos, el nuevo seguro unificado estará limitado a un número reducido de intervenciones. Los asegurados deberán pagar por la atención no incluida en el seguro, por lo que recortarán derechos a los afiliados del IMSS y del ISSSTE. La reforma busca trasladar fondos públicos a empresas privadas que ofertarán servicios de seguro reducido".

2. Estoy de acuerdo, de entrada, en que todos los mexicanos tengamos los mismos derechos de trabajar, producir, alimentarnos, tener una vivienda cómoda, educarnos y de tener servicios eficientes de salud; también los mismos deberes de trabajar, producir y agruparnos en comunidad. Es una obligación del Estado proporcionar servicio de salud para todo la población de manera igualitaria, sin privilegios; es correcto fundir Seguro Popular con el IMSS y el ISSSTE, así como que se unan otras instituciones para crear una donde sean atendidos por igual el pueblo y todos los políticos, los empresarios, los miembros del clero y de los medios de información: servicios de salud igual para todos.

3. Pero en el sistema capitalista dominado y sojuzgado por la gran propiedad y el capital, donde hay clases sociales muy diferenciadas, sólo los ilusos y tontos pueden pensar en que algo pueda ser igual para todos. El IMSS y el ISSSTE han sido siempre "seguros populares" en los que formalmente descuentan cuotas mensuales a los trabajadores, en el SEGPOP -como es o fue la Secretaría de Salubridad- sólo hay cuotas voluntarias, pero en este caso es igual. Lo que el gobierno busca formalizar son servicios médicos deficientes para el 90 por ciento de la población y servicios médicos privados caros para quienes puedan pagarlos.

4. Bien dicen Laurell y las denunciantes: “A diferencia de estas dos últimas instituciones (IMSS e ISSSTE) que hoy atienden todos los padecimientos, el nuevo seguro estará limitado a un número reducido de intervenciones. Los asegurados deberán pagar por la atención no incluida en el seguro, por lo que recortarán derechos a los afiliados del IMSS y del ISSSTE”. Están madreando por el gobierno no solamente a los asegurados del IMSS y del ISSSTE, sino a todo el pueblo de México (al 90 por ciento de la población) que sólo ha tenido servicios de salud de tercera clase; porque de primera clase solamente los ricos, aquellos que cuentan con servicios particulares y médicos de cabecera.

5. ¿Qué esperamos los que desde hace varias décadas venimos denunciando esa realidad? Pues lo mismo que los maestros, los electricistas, los de Mexicana de Aviación, los estudiantes de lo que fue el 132, los campesinos, que están en pie de lucha porque al fin se han dado cuenta de que todo es lo mismo en el sistema capitalista. Lo que han estado haciendo los gobiernos del PRI y del PAN: el absoluto abandono de los servicios del IMSS y del ISSSTE, la creación por Fox del llamado Seguro Popular, así como el anuncio de crear un solo servicio de salud para los pobres y miserables que son el 80 por ciento de la población es una provocación o un sacudimiento para que el pueblo despierte.

6. A veces me pregunto: ¿No será como aquella obra teatral de Villebaldo López de hace 40 años en el que un burgués hijo de hacendado cansado de exhortar al pueblo a rebelarse contra su padre el explotador feudal, al ver que el pueblo seguía sumiso, decidió maltratarlos más, mentarles la madre, golpearlos, hasta lograr que se rebelen incluso contra él hasta matarlo? La realidad es que es desesperante observar que nos estén jodiendo, nos estén pisoteando, y no hagamos nada por agruparnos y devolverles a los explotadores y gobernantes sus madrizas. Hoy yo mismo me siento un limosnero cuando solicito citas mensuales y medicinas ya casi imposibles en el ISSSTE. Sólo miento madres y pienso en revolución.

Blog del autor: http://pedroecheverriav.wordpress.com

Cristina de Borbón se presenta hoy ante el juez


Durante el carnaval rural de Zubieta, en Navarra, una pareja porta las máscaras de la infanta Cristina y su marido, el empresario Iñaki Urdangarin. La revista satírica Mong-hola! sacó un número especial que muestra a Cristina de Borbón, tras las rejas y llena de tatuajes, hablando de su nueva vida de presidiariaFoto Reuters.
 
El operativo de seguridad para su comparecencia costará a España 200 mil euros.

No se grabará el interrogatorio ni tendrá que caminar a la corte para responder por el caso Nóos.
 

Madrid, 7 de febrero.

La hija menor de los reyes de España, la infanta Cristina, comparecerá hoy como imputada ante un tribunal de Palma de Mallorca, en el marco de la investigación de la trama presuntamente ideada y ejecutada por su marido, Iñaki Urdangarin, para desviar fondos públicos, blanquear capitales, falsi- ficar documentos y evadir al fisco. Cristina de Borbón –la séptima en la línea de sucesión de la corona española– es la primera integrante de una monarquía europea en responder ante un tribunal por delitos tan graves.

Cristina de Borbón y Grecia, de 49 años y madre de tres niños, se ha convertido en la protagonista involuntaria de la actualidad española por su presunta implicación en una trama de corrupción político-empresarial en la que se calcula se evadieron fondos públicos por más de 15 millones de euros (270 millones de pesos).

Hoy, en la capital de las Islas Baleares, entrará al juzgado de José Castro –el instructor del caso–, se sentará en el banquillo de los acusados y responderá a las cientos de preguntas que plantearán el fiscal y las acusaciones particulares, que son el llamado Frente Cívico y el sindicato Manos Limpias, que luchan contra la corrupción. Se prevé que la comparecencia se prolongue más de ocho horas, debido a numerosas interrogantes sobre el verdadero papel que jugó la infanta en esta compleja trama criminal.

La infanta Cristina comparecerá ante le juez Castro a pesar de la oposición frontal de la Fiscalía, que actúa bajo la influencia del gobierno del conservador Mariano Rajoy. El testimonio tiene numerosos elementos poco habituales en el funcionamiento del juzgado: la hija de los reyes llegará hasta la puerta del tribunal en coche y no a pie como hacen el resto de los comparecientes, que tienen que caminar unos 200 metros al ser zona peatonal; habrá un hermético dispositivo de seguridad por tierra, mar y aire, cuyo costo se calcula en más de 200 mil euros; no se grabará ni la voz ni la imagen de la comparecencia, como sí ocurre en el resto de los casos; no habrá nadie más en la sala que no sea el juez, la compareciente, sus abogados, el fiscal y los abogados de la acusación particular; se prohibirá terminantemente que al interior de la sala haya teléfonos, tabletas, ordenador portátil o cualquier otro dispositivo apto para la captación de imágenes o sonidos. Sólo se hará un registro sonora de la comparecencia, que se guardará en una caja fuerte y se hará un escrito público, del cual se entregarán copias tanto a la Fiscalía como a las partes.

El caso que ha traído a la infanta Cristina ante un tribunal es el llamado caso Nóos, que lleva su nombre en referencia a la red de asociaciones y empresas que crearon Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, para conseguir contratos públicos de las administraciones y que llamaron Instituto Nóos, además de otra sociedad llamada Aizoon.

En ambos casos la Infanta es propietaria al 50 por ciento de las empresas y, por tanto, firmó la mayoría de las ejecuciones legales que acometieron durante su existencia.

 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

Colombia Invisible - Unai Aranzadi

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Basta de Terrorismo de Estado

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