Cuando se habla de Santa Bárbara de Iscuandé, quizás se piensa en la costa del Pacífico. Si se agrega que hubo una docena de muertos en ese lugar, muchos pensarán que no cuadra la cosa. ¿Muertos en una mina de oro en Iscuandé? ¿Acaso hay socavones en los manglares? Pues no. Socavones no, pero minas de oro, sí.

Sí, porque el oro que se está sacando por toneladas en el litoral Pacífico se saca usando retroexcavadoras, buldóceres, dragas, mercurio y muertos. En Iscuandé puede haber 300 o 400 retroexcavadoras. Cada una obtiene, en promedio, una libra semanal; remueven miles de toneladas de tierra y dejan huecos en los que no se recuperará la vegetación ni sembrando yarumos, un árbol que se da en todas partes. Es tierra envenenada que ha pasado por las uñas de las retroexcavadoras, por los canelones llenos de mercurio y por las manos de los negros que la vuelven a lavar con una batea de madera para sacar, si la suerte les ayuda, un adarme de oro, o sea lo que pesa un grano de maíz blanco y criollo.

Las retroexcavadoras entran sin licencia y pasan frente a las autoridades —legítimas e ilegítimas—, que cobran por dejarlas entrar a trabajar y luego cobran por dejar sacar el oro. Las retros hacen huecos que pueden tener 50 metros de diámetro. Remueven horizontal y verticalmente lo que llaman, con asepsia encubridora, “material”. En realidad es la delgada capa vegetal —donde antes había selva— más piedras, arenas y gredas. Todo. Los negros van detrás de las retros, o mejor, a su lado, y en cada tronera que abren las máquinas se meten 100 o 200 barequeros. Las retros escarban y ahondan y las paredes de ese “material” se derrumban sobre la gente que está trabajando. En general son miembros de la misma comunidad con la que el patrón de la retroexcavadora ha hecho un trato. A veces les pagan con plata, a veces con una moto, con un par de celulares, con un revólver. Todo depende del cateo que el patrón haya hecho para saber cuánto oro puede dar la veta, o el sitio.

La costa del Pacífico está toda cateada por las compañías de empresarios mineros y por las grandes empresas auríferas colombianas, canadienses, surafricanas. El único que no sabe cuánto oro hay, ni donde está, es el Estado. Y no quiere saberlo, porque los gobiernos locales ganan por un lado o por el otro con esa explotación y dejan que el gobierno central conserve su calculada inocencia.

Circula en los medios de comunicación la noticia de muertos, heridos y sepultados en una mina de oro. Las autoridades competentes, para llamarlas como las llaman, y que son todo lo contrario, no saben cuántos muertos son porque la Armada Nacional dice que es muy difícil llegar allá, a esos manglares que están bajo su responsabilidad militar, y por donde se saca madera, oro, coca, cocaína, y entran armas, insumos.
A los muertos —que pueden ser muchos— los sacarán en “helicópteros medicados”, como dice la información que circula. Los sacarán y la gente los llorará con sus gritos eternos y después de nueve noches volverán con sus bateas a seguir sacando lo que dejan las retros y lo que el Estado —de cosas— permite.

Varios países renunciaron a los aranceles y a los controles de capitales y aceptaron que el manejo del tipo de cambio lo determine por vía de la tasa de interés internacional, la Reserva Federal.

Lo menos que se puede hacer ante esta amenaza es anticiparse a los ajustes con nuevas modalidades cambiarias, aplicación selectiva de aranceles y controles a los movimientos de capitales. En lugar de los despliegues efectistas para firmar tratados  y bajar aranceles, los líderes de América Latina debían juntarse para demandarle a Estados Unidos que cumpla las reglas que les exige a los socios.

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  Escrito por  Yira Castro

Treinta asesinados, veintiséis amenazas, la destitución ilegal de su principal dirigente, montajes judiciales, y estigmatizaciones; y aun así el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón, atreve a decir que,  "no hay ninguna organización que pueda ser perseguida en Colombia…

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Hernando Hernández Tapasco
Resulta extraño o más bien insensato siquiera pensar que en Colombia haya existido alguna vez democracia; menos aun garantías democráticas.

¿Acaso una democracia se sostiene con mentiras, con torturas, con desaparición forzada, con masacres, con asesinatos selectivos, persecución política, muerte política, delito de opinión o el genocidio de un partido político?

¿Qué tan demócrata es un Estado que no previene, no sanciona, no investiga la permanente amenaza y estigmatización a las madres de cientos de los humildes jóvenes asesinados que luego fueron hechos pasar como bajas en combate, en el mal denominado caso de los “falsos positivos”?

¿Acaso se puede hablar de garantías democráticas para la oposición, cuando todos los días la oposición es amenazada por los paramilitares, que según los informes gubernamentales se decía que todos habían sido desmovilizados? Y sin embargo, estos paramilitares desmovilizados, siguen asesinando, desplazando e incluso promoviendo paros armados en sendas regiones del país.

¿Quién realmente gobierna al país, las tres ramas del poder o los militares?

Y si son los militares los que en la historia de Colombia han torpedeado toda iniciativa de paz, de reconciliación, de construcción de justicia social, ¿podría decirse catalogarse a Colombia como una democracia? ¿O nuestra democracia, ha involucionado o existe una especie de democracia restringida con súper-poderes para los militares?

¿O por el contrario, la democracia más estable del continente es simplemente una marioneta de los negocios de los militares y su defensa con tanques de la democracia? ¿Y si hay paz, estarán de acuerdo los militares con el fin de su lucrativo negocio de la guerra?

¿Quién estuvo detrás de los asesinatos de Jaime Garzón, Jesús Bejarano, Edudardo Umaña Mendoza, Carlos Pizarro, Jaramillo Ossa, Pardo Leal, Luis Carlos Galán ? ¿No estuvieron detrás los militares? ¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, no ha condenado al Estado colombiano por ser connivente por acción y omisión con el paramilitarismo?

El Presidente Santos ha tenido una postura tímida con respecto a los militares y su permanente cuestionamiento del proceso de paz, como puede demostrarse en las permanentes intervenciones del Ministro Pinzón, la punta de lanza del militarismo, quien además de cuestionar los acuerdos alcanzados entre los plenipotenciarios del gobierno y la insurgencia de las FARC, ha dejado entrever tácitamente, el desacuerdo existente entre los militares y el ejecutivo nacional, incluso haciendo alegoría a los años maravillosos de la relación ejército – gobierno, en la época de Uribe.

Las chuzadas a los plenipotenciarios del gobierno confirmaron ese desacuerdo existente, siendo este desacuerdo, inequívocamente una desafortunada señal para la contraparte en la Mesa de paz de La Habana y no solo por la inexistencia de desacuerdo, sino por las implicaciones políticas derivadas de la carencia de unidad y de mando.

También puede entenderse como un boicot la mesa de La Habana, que efectivamente pone en riesgo los acuerdos y la permanencia de la misma. No obstante, las intervenciones o chuzadas son especialmente graves por las fisuras al interior de las fuerzas militares, con autonomía incluso de espiar y filtrar información confidencial del alto gobierno.

El Ejército y la Policía Nacional, tienen la potestad para intervenir las comunicaciones, si y solo sí hay autorización judicial, procedimiento violado por los oficiales de inteligencia del ejército en este caso de chuzadas a los plenipotenciarios en La Habana.

Esta forma de intervenciones y chuzadas, ratifica la existencia de una política de inteligencia controlada por las fuerzas militares, por lo que no se trata de manzanas podridas o de ovejas negras como lo definiera el entonces presidente Alvaro Uribe Vélez. En otras latitudes, el problema se solucionaría declinando aspiraciones y modificándose las estructuras de mando de los ejércitos, por menos se ha recurrido a estas acciones.

En Colombia, no solo no basta con que el Ministro Juan Carlos Pinzón, le explique al país lo acontecido. Tampoco basta con su renuncia, irrevocable e inmediata.

La nefasta política de inteligencia militar, de los tiempos de la guerra fría cuando se decía que para ganar la guerra, se debía quitar el agua al pez, política que condujo a desapariciones, masacres, asesinatos, en síntesis a la agudización del conflicto social y armado, debe cesar definitivamente. Una nueva política de inteligencia sin intervenciones ilegales, aplicando los procedimientos y protocolos convenidos y sin la injerencia de la CIA, son la necesaria condición para la reconciliación nacional.

Pero para que exista democracia, una verdadera y sólida democracia, con participación de todos y todas, urge renovar la estructura de mandos en las fuerzas militares, por oficiales sin manchas en sus hojas de vida. Por oficiales respetuosos de los derechos humanos, formación que comprometa éticamente al oficial y al soldado; que deje de ser el saludo a la bandera como hasta ahora ha sido.

Los colombianos no podemos adaptarnos a esta sociedad, porque como diría Krishnamurti, “No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma”.


(*) Hernando Hernández Tapasco es Representante a la Cámara por la circunscripción especial indígena, integrante del Movimiento de Unidad Indígena y Popular por Colombia.