Si
alguna imagen caracterizó la semana pasada no fue Santos haciendo
campaña, ni Petro despidiéndose de la Alcaldía, ni el avión perdido en
el mar, sino la tragedia de cientos de chigüiros en el Casanare
agonizando de sed en medio de otros centenares de animales muertos en
una tierra árida
resquebrajada por la sequía. El espectáculo
definitivamente evocaba el titulo de la canción de Carlos Vives “La
tierra del olvido”. Pero como no hay mal que por bien no venga, ese
drama de la naturaleza ha servido para abrirle los ojos a los
colombianos de la dimensión de los problemas ambientales del país y
crearles conciencia de la necesidad de hacer algo.
Y
el Casanare no es el único lugar donde la naturaleza sufre. Esta semana
se hizo pública una investigación que enumera los conflictos
ambientales del planeta con un ranking de los países que más padecen
estos flagelos. Colombia ocupa el primer lugar del continente y el
segundo del mundo. El
Atlas Global de Justicia Ambiental,
financiado por la Unión Europea, registra 1.000 conflictos
significativos, de los cuales el país tiene 72. Solo la India, con 102,
lo supera. A Colombia le siguen Brasil y Nigeria con 58; Ecuador, 48;
Turquia, 45; España, 35 y Estados Unidos, 34.
Ese
“decoroso segundo lugar” para uno de los países más biodiversos del
planeta es por decir lo menos un fuerte campanazo. Colombia tiene
problemas ambientales en casi todas las regiones. El Atlas reseña, entre
otros, las fumigaciones con glifosato, los madereros en el Chocó, los
hoteles en el Tayrona y la hidroeléctrica el Quimbo (ver recuadros). Y
lo que llama la atención es que casi la mitad de todos los casos
señalados en el estudio están relacionados con la extracción de dos
minerales: el oro y el carbón.
El
río que se perdió por el oro - Zaragoza, Valle del Cauca. La minería
ilegal ha arruinado prácticamente el río Dagua, reseña el Atlas. A punta
de dragas y barequeo, se cree que más de 8.000 personas y 300
retroexcavadoras le han sacado las entrañas al río que hoy ya perdió su
color y la pureza de sus aguas.
La minería
es la principal fuente de despojo de la naturaleza en todos los
rincones. Tal vez uno de los principales retos que enfrenta el país es
cómo manejar el dilema entre el desarrollo económico y la conservación
de sus recursos. Hasta el momento va ganando lo primero. “El crecimiento
económico del país se ha dado a costa de la destrucción de una parte de
las inmensas riquezas que tenemos”, señala Claudia Martínez, directora
de la Alianza Clima y Desarrollo. El Atlas da cuenta de la validez de
esa afirmación. Según el estudio en Colombia el sector minero energético
incrementó su participación en el PIB de 2 por ciento al 11 por ciento
entre 1975 y 2012 y la inversión extranjera en el sector extractivo pasó
del 14 por ciento en 1994 al 55 por ciento en 2012.
El
profesor de la Universidad del Valle Mario Pérez, quien hace la reseña
de Colombia en ese estudio, señala que “hay una clara relación entre la
cantidad e intensidad de los conflictos ambientales y el modelo de
desarrollo extractivo de los últimos gobiernos”. El informe destaca que
en el gobierno de Álvaro Uribe se crearon el 63 por ciento de los
conflictos ambientales existentes. En ese periodo los títulos mineros
aumentaron de 2.000 a 8.000. La explosión fue tan brutal que el
exministro de Minas, Carlos Rodado, describió como una “piñata” la forma
como fueron adjudicados esos títulos. Esa repartija se dio en los
parques naturales, en los páramos y en los humedales. Por eso, el
exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, dijo que el país estaba “ad
portas de una catástrofe ambiental”.
Juan
Manuel Santos prometió en su gobierno revertir esa tendencia. Cerró la
ventanilla para entregar nuevos títulos mientras “reordenaba la casa por
dentro”. Pero es poco lo que ha podido ordenar. Ni siquiera en los
temas de bulto hay claridad. Por ejemplo, el título minero en el Parque
Yaigoje Apaporis, que tiene la canadiense Cosigo en la selva amazónica,
lleva casi cinco años sin solución por conflictos con las comunidades
indígenas a la espera de un fallo de la Corte Constitucional. Es tan
grave lo que pasa allá que Wade Davis, el explorador de National
Geographic, sentenció que “una mina en el Apaporis es como construir un
pozo de petróleo en la Capilla Sixtina”. También hay pujas por cuenta de
proyectos como La Colosa en el Tolima, Marmato en Caldas, la operación
de Drummond en el Cesar y Santa Marta y la explotación de Cerromatoso en
Córdoba.
Foto: León Darío Peláez - Semana
Los
Líos de Drummond - Cesar y Santa Marta. La empresa carbonera tiene
varios de los conflictos del ranking. Los hoteleros la acusan de que el
polvillo de ese mineral ha afectado sus playas. También reseñan las
consecuencias ambientales y sociales que su operación ha tenido en La
Jagua de Ibirico, el municipio donde está la mina. Los habitantes
soportan un aire contaminado y la riqueza del carbón no se ha traducido
en riqueza para el pueblo.
Parte
de la explicación de que Colombia tenga tantos de estos conflictos está
en la debilidad institucional del sector ambiental. Aunque el
presidente Juan Manuel Santos se posesionó con los mamos de la Sierra
Nevada de Santa Marta, la verdad es que su cartera verde no ha tenido
prioridad ni continuidad. Han pasado cuatro ministros en cuatro años.
Santos hizo algo muy positivo al separar el Ministerio de Ambiente del
de Vivienda, pues Uribe los había fusionado. La primera ministra,
Beatriz Uribe, se encargó de hacer ese proceso, pero en su gestión primó
más la vivienda.
Frank
Pearl lideró proyectos importantes, pero el presidente lo encargó
simultáneamente de los diálogos con las Farc. Su reemplazo, Juan Gabriel
Uribe, periodista y político, no tenía experiencia en ese tema. La
ministra actual, Luz Helena Sarmiento, es la primera que tiene
conocimiento técnico pues había sido la directora de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales. Por otro lado, aún no ha podido ser
presentada al Congreso una de las banderas del presidente, la gran
reforma de las corporaciones autónomas regionales (CAR), que tramitan el
95 por ciento de los permisos ambientales del país.
Colombia,
que en el pasado había sido un ejemplo mundial en conservación, ha
perdido en los últimos años esa conciencia. Hasta el final del siglo
pasado, el país siempre había estado en el top 10 del índice de manejo
ambiental de la Universidad de Yale con Columbia. En 2010 pasó al
puesto 17, en 2012 al 27 y en 2014 al 85. Los resultados de este índice
ni siquiera salieron en los medios. Como dijo el exministro Manuel
Rodríguez, “hay gran preocupación nacional por mantener el puesto cinco
en la Fifa y ninguna por su lamentable puesto 85 en el desempeño
ambiental”. Aunque ese bajonazo tiene algo de injusto pues en parte
obedece a cambios en la metodología, llama la atención que los
resultados no hayan dado para un debate nacional. Colombia también
aparece en otros rankings y estudios menos honrosos. Hoy es el primer
emisor de mercurio de América, según Naciones Unidas. Un reciente
estudio, financiado por Usaid, alertó que en 2030 una quinta parte de la
Amazonia colombiana desaparecerá y otro estudio del Ideam sostiene que
en 30 años el país perderá todos sus nevados.
Foto: Guillermo Torres - Semana
El
agua o el oro - Santurbán, Santander. Los bumangueses detuvieron a
punta de marchas el megaproyecto de la GreyStar (hoy EcoOro) para
extraer ese metal precioso de sus páramos. Esta semana sale la
delimitación del páramo que ha tenido en vilo al sector minero y ha
generado todo tipo de conflictos entre los habi-tantes de los pueblos,
las empresas, los ambientalistas y el gobierno.
Muchos
colombianos no entienden por qué si el país es tan rico en naturaleza,
vive situaciones como la sequía del Casanare. La verdad es que el agua
es un factor clave de conflicto. Se calcula que del total de agua dulce
de la Tierra solo el 1 por ciento es potable. La otra está en el mar,
los glaciares, las aguas subterráneas. Según The Economist, Colombia es
uno de los nueve países que tiene el 60 por ciento de este recurso. Pero
ese privilegiado lugar también está en peligro. Hasta finales de los
años noventa, el país era el cuarto país con mayor cantidad de agua
dulce disponible por habitante del mundo. Pero, el crecimiento de la
población y la degradación de sus ecosistemas bajaron al país al puesto
24. La distribución del agua es muy desigual, por eso 21 millones de
colombianos viven en zonas donde existen dificultades en el suministro,
el 53 por ciento de la población no tiene acueducto y el 82 por ciento
no tiene alcantarillado. Y los conflictos se generan cuando no es claro
quién debe primar en el uso de la que hay, como en el caso del Casanare
(ver siguiente artículo) donde hay una clara disputa entre la industria
petrolera y los campesinos por la poca agua disponible en este momento.
Para
la ministra Sarmiento, los conflictos ambientales son positivos porque
enriquecen el debate en un país en donde el desarrollo, por cuenta de un
conflicto armado de 60 años, llegó en un momento en el que el mundo ya
tenía una conciencia ambiental. “No hay ningún otro país en el
continente en que la disputa por los recursos naturales esté tan ligada a
la guerra”, sostiene el ambientalista Rodrigo Botero. Y por ejemplo,
la minería ilegal, que destruye cientos de bosques y ríos, no se ha
podido frenar precisamente porque financia a varios grupos armados que
la defienden a tiros. Por eso, Carlos Lozano, asesor de la organización
Aida, agrega que “buena parte de la guerra acontece en zonas
inmensamente ricas en recursos naturales”.
Quizá
por esta razón la violencia es una de las principales formas de
resolver los problemas ambientales. El estudio registra 105 muertes,
desapariciones y amenazas relacionadas con este tema. En Colombia
defender el agua o los páramos puede costar la vida. El año pasado, por
ejemplo, fue asesinado César García, el campesino que se oponía al
proyecto minero en La Colosa. También le pegaron un tiro a Reinel
Restrepo, el párroco de Marmato, quien lideraba la oposición a una mina
de oro. Y eso para no mencionar los 40 guardaparques que han muerto en
los últimos años o al líder indígena Kimy Pernía, que se oponía a la
represa de Urrá, a quien Carlos Castaño mandó a asesinar.
Todo
lo anterior curiosamente había sido objeto de interés y preocupación
más para el resto del mundo que para los colombianos. Las recientes
tragedias ambientales como la sequía del Casanare y los 12 días de
incendio en Unguía, Chocó, han puesto en los titulares de los noticieros
de televisión el país de la tierra del olvido. Ojalá ese campanazo
sirva para que los colombianos se den cuenta que lo que se está
definiendo hoy es el país que le van a dejar a las futuras generaciones.
El gran biólogo de la evolución, Edward Wilson, decía que la
biodiversidad es a Colombia lo que el petróleo ha sido para Arabia
Saudita. El país todavía no se ha dado cuenta de esa riqueza.
Foto: Juan Carlos Sierra - Semana
Los
hoteles del Tayrona - Santa MArta, Magdalena. La intención de la cadena
hotelera Six Senses de construir una sede en el parque Tayrona generó
una ola de rechazo en las redes sociales. La directora de Parques
Naturales, Julia Miranda, ha liderado la idea de que el ecoturismo se
haga en las comunidades vecinas de las zonas protegidas para conservar
mejor esos refugios. Los hoteleros insisten en las cortes poder
desarrollar sus proyectos.
Una
Semana de infierno. El impresionante incendio de Unguía evocaba el
título de la canción de Carlos Vives “La tierra del olvido”. Solo una
semana después de que las llamas arrasaban los bosques llegó la ayuda
para atender la emergencia.
El
dorado de la anglogold - Cajamarca, Tolima. Se ha dicho que La Colosa
sería la mina de oro a cielo abierto más grande de América. Los
habi-tantes de los pueblos en donde es-taría el proyecto se han
movilizado en contra. Piedras incluso hizo una consulta popular en la
cual ganó el No a la multinacional sudafricana. El proyecto estaría en
una zona que hoy es una reserva forestal rica en fuentes hídricas, según
el Atlas.
El
polémico glIfosato - Putumayo. La erradicación de los cultivos ilícitos
por medio de fumigaciones aéreas ha sido siempre controvertida. Aunque
es una herramienta del Plan Colombia, se le acusa a este método de
causar enfermedades entre los pobladores y los indígenas, además de
terminar también con otras especies de plantas y animales.
