No se trata, como parecen creer algunos, que el gobierno de Obama va a poner en libertad a los centenares de prisioneros que mantiene arbitrariamente. 

El imperialismo norteamericano, encabezado  por el monstruoso George Bush, desató la llamada Guerra contra el Terrorismo a partir del 11 de septiembre de 2001, tras los más que sospechosos ataques contra Las Torres Gemelas. Eso al calor de los cantos del Nuevo Siglo Americano, la teoría de dominación universal implementada por la más rabiosa ultraderecha fascista de ese país.

Todos los pueblos del mundo quedaron notificados de que en adelante, levantarse a luchar por la independencia y la soberanía, desataría contra ellos la más terrible de las guerras, en la que el imperio emplearía todas las armas de aplastamiento. Invasiones, ocupaciones, bombardeos, masacres, asesinatos y arbitrariedades a granel. Todos conocemos los ejemplos de su aplicación.

En medio de tan repetidas muestras de brutalidad, la humanidad entera se conmueve e indigna  de manera especial ante el drama de los prisioneros en esa supuesta guerra antiterrorista, gentes secuestradas en cualquier lugar del mundo por la CIA o sus amigos de la OTAN,  y trasladadas en secreto a Guantánamo u otras mazmorras preparadas en la clandestinidad.

Invocando el Acta Patriótica decretada al comenzar su guerra, el gobierno de los Estados Unidos decide de manera secreta a quien echar mano, para encerrarlo y someterlo a los más infames tratos, dentro de los cuales se considera legítima la tortura, sin presentarlo nunca ante una autoridad judicial, ni informar a nadie de su estado, por todo el tiempo que le venga en gana.

Eso sí, de lo que se cuidan las autoridades norteamericanas es de no trasladarlos a su propio país, porque entonces, según lo dicho por su Corte Suprema, tendrían que otorgarles todos los derechos y garantías que reconoce la ley a cualquier persona acusada de un hecho ilícito. Es decir, tendrían que liberarlos de inmediato por haber violado sus derechos elementales como persona.

Palabras más, palabras menos, el gobierno de los Estados Unidos se arroga la facultad de secuestrar en cualquier país del mundo a quienes considere sus enemigos, mantenerlos privados de la libertad por el tiempo que quiera, torturarlos y hacer con ellos lo que quiera, por encima de sus propias constitución y leyes, sin consideración por ningún tratado o ley internacional.

Su poderío económico y militar les otorga también la colaboración y hasta la sumisión de muchos otros Estados y gobiernos, como los de sus pares de la OTAN, muchos de cuyos servicios de inteligencia se prestaron para secuestrar ciudadanos extranjeros y retenerlos en cárceles secretas a disposición de los investigadores. Todo eso se hizo público años atrás sin que pasara nada.

La cuestión es que el Presidente Obama subió a la Presidencia de los Estados Unidos con la promesa de poner fin a esos horrores institucionalizados por el gobierno republicano de Bush, sin que hubiera podido cumplir. El poder de la ultraderecha militarista del Pentágono terminó por demostrarle quién es el que manda en verdad en Norteamérica.

Ya en su segundo período presidencial, Barack Obama, sin duda presionado por muchísimos sectores de su propio país y el mundo, ve la necesidad de salvar la imagen de los Estados Unidos y parece dispuesto a acabar por lo menos con la cárcel existente en Guantánamo, que por ser una base militar norteamericana, así esté ubicada en Cuba, le genera serias repercusiones.

Es ese el fundamento de la solicitud que hace el gobierno de los Estados Unidos a varios países suramericanos, para que le hagan el favor de recibir en sus territorios a esos prisioneros. No se trata, como parecen creer algunos, que el gobierno de Obama va a poner en libertad a los centenares de prisioneros que mantiene arbitrariamente.

Se trata de que gobiernos amigos se hagan cargo materialmente de encarcelar esos secuestrados, que jurídicamente seguirán siendo prisioneros del gobierno de los Estados Unidos. O como quien dice, alivien a los Estados Unidos de las presiones políticas y hasta jurídicas de sus propias cortes, puesto que podrán alegar que en estricto sentido no tienen prisioneros dentro ni fuera de su país.

¿Y a qué título podrían estar encarcelados en Colombia, por poner un ejemplo, si la Constitución y las leyes prohíben tener privado de su libertad  a alguien sin orden de autoridad judicial competente, y existen unos términos muy precisos para ordenar su libertad inmediata? En apariencia habría que torcer la juridicidad colombiana para permitir algo así.

A menos que claro, se invoque uno de esos acuerdos secretos firmados con frecuencia entre el gobierno colombiano y el norteamericano, los cuales según las razones de seguridad nacional que se alegan, no pueden ser conocidos ni discutidos por nadie en nuestro país, ni siquiera por el Congreso de la República o las altas cortes judiciales.

Eso nos hace recordar los tan recientemente alabados acuerdos de colaboración militar y de inteligencia entre Colombia y la OTAN, que incluso llevaron al Presidente Santos, en un arrebato de emoción, a expresar orgullosamente que nuestro país sería admitido en esa alianza dentro de breve plazo. Vaya uno a saber las infamias que se acuerdan a espaldas de todos los colombianos.

Queda perfectamente claro que tan solo pensar en admitir que Colombia se haga cargo de esos prisioneros, implica admitir que la llamada guerra contra el terrorismo decretada por el gobierno norteamericano es legítima, como que son legítimos todos sus procedimientos salvajes, incluidos desde luego el secuestro, la tortura y las condenas arbitrarias sin las menores garantías.

Pensar en esa posibilidad, por cuenta de la sugestión que sea, conlleva a sumarse a la institucionalización del terrorismo internacional. El día de mañana ya no serán necesarios trámites como los de la extradición, sino que el gobierno norteamericano o sus aliados podrán hacer que se secuestre, torture y condene en cualquier lugar del mundo a quien consideren su enemigo.

Parodiando a uno de los personajes del novelista alemán Paul Heyse, hay cosas que un hombre que se respete a sí mismo no puede aceptar, por muy inclinado que se sienta a ello. Ningún colombiano, ningún latinoamericano, ningún habitante de los cinco continentes puede contribuir con su silencio o su apoyo a la legalización de semejante arbitrariedad.

Montañas de Colombia, 6 de abril de 2014.