• Escrito por  Delegación de paz FARC-EP

En entrevista con EL TIEMPO, Luis Carlos Villegas, embajador de nuestro país en los Estados Unidos, ha dicho que Colombia no renunciará a herramientas como la extradición, y que esta podría convertirse en un instrumento para garantizar la no repetición de crímenes por parte de las FARC. ¿Pero, de qué habla este personaje que es artífice de los criminales TLC, que hoy tienen en la miseria a la mayoría de familias colombianas, muchas de las cuales han sido empujadas a sobrevivir vinculándose a la explotación de cultivos de uso ilícito?

Es evidente que este tipo de declaraciones desafortunadas, lejos de aportar a la paz que anhelamos todos, mete ruidos de chantaje que son inadmisibles. Pues, si para Villegas la extradición es el principal instrumento de prevención de no reincidencia en el narcotráfico, no serían las FARC, precisamente sus destinatarias, si se considera que el problema de la producción y comercialización de drogas ilícitas ha sido asunto que durante décadas permeó el conjunto de la vida nacional comenzando por sectores oligárquicos vinculados al capital financiero, hoy por hoy boyantes, entre otras razones, por el blanqueo de dineros provenientes del narcotráfico y otros no tan santos.

Es el narcotráfico un negocio transnacional de orden capitalista que evidentemente penetró la institucionalidad y la economía nacional y entró a sumarse como factor de corrupción en la vida política y en la dinámica de la violencia, agravando las causas de índole social que la generaron. Precisamente el narco-paramilitarismo que tanto daño ha causado, sobre todo a inmensas capas de  población humilde, ha estado amamantado por este flagelo.

Las FARC-EP, como organización político militar que lucha por un cambio revolucionario que establezca la justicia social y la democracia, considera necesario asumir una responsabilidad colectiva que de solución a todos los problemas que generaron y mantienen la miseria, la exclusión, las injusticias y la confrontación, incluyendo el problema del narcotráfico que se suma a un recrudecimiento de la violencia que coloca obstáculos a la construcción de la paz, y a que nuestro país se enrumbe por senderos de desarrollo y reconciliación.

Persistir en la insensatez de chantajear sin tener autoridad moral, o esa de seguir envenenando el medio ambiente con fumigaciones aéreas que han sido cuestionadas por todos los expertos que estudian el fenómeno de los cultivos de uso ilícito, configura una torpeza que obstruye el buen ritmo de los avances en materia de construcción de los consensos requeridos para concretar el Acuerdo Final.

Las FARC expresan su firme condena y rechazo al narcotráfico en todos sus aspectos, y reafirma su compromiso de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación, mediante acciones prácticas, a la búsqueda de solución al fenómeno de la producción y comercialización de drogas ilícitas, al tiempo que expresa su convencimiento en que con el concurso mancomunado de la sociedad y las autoridades, asumiendo la ejecución de una nueva política de lucha contra el flagelo, que se fundamente en un enfoque de derechos humanos, de salud pública y atención social, logre sacar de una vez por todas a Colombia de esta vorágine de males.

Bajo estas reflexiones, las FARC-EP, asumen como propias las recomendaciones que desde el mundo de los especialistas se hacen respecto a cómo encontrar el camino de las soluciones, y propulsa en consecuencia los siguientes planteamientos:

1. Buscar un debate abierto y promover políticas que reduzcan efectivamente el consumo que prevengan y reduzcan los daños relacionados con el uso de drogas y con las políticas de fiscalización de drogas. Incrementar la inversión en investigación y análisis del impacto de diferentes políticas y programas, y remplazar la criminalización y el castigo de las personas que usan drogas, por la oferta en salud y tratamiento para quienes lo necesitan, alentando que los gobiernos experimenten modelos de regulación legal de los que están diseñados para socavar el poder del crimen organizado y salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos.

2. Establecer mejores mediciones, indicadores y metas para medir el progreso, y cuestionar, más que reforzar, los conceptos erróneos comunes sobre los mercados de drogas, el uso de drogas y la dependencia de drogas. Los países que continúan invirtiendo mayormente en un enfoque de aplicación de la ley (a pesar de la evidencia), deben enfocar sus acciones represivas en el crimen organizado y los traficantes de drogas violentos, para reducir los daños asociados con el mercado de drogas ilícitas.

3. Promover penas alternativas para vendedores de pequeña escala y vendedores de drogas primarios e invertir más recursos en prevención basada en evidencia, con un foco especial en la juventud. Se debe ofrecer una gama de opciones amplia y de fácil acceso para el tratamiento y la asistencia de la dependencia a drogas, incluyendo tratamientos de sustitución y de prescripción de heroína, con especial atención a aquellos más en riesgo, que incluya a quienes están en prisiones y otros contextos de encierro.

4. El sistema de las Naciones Unidas debe proporcionar liderazgo en la reforma de la política de drogas global. Esto implica promover un enfoque efectivo basado en evidencia, apoyar a los países para que desarrollen políticas de drogas que se adapten a sus contextos y respondan a sus necesidades, y asegurar coherencia entre las diversas agencias, políticas y convenciones de la ONU. En conclusión, actuar con urgencia: puesto que la guerra contra las drogas ha fracasado, se necesita cambiar las políticas ya.

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COMUNICADO:

El Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano de las FARC-EP informa a la opinión nacional e internacional:
PRIMERO: Que el día 3 de mayo, realizamos la entrega al Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, de tres menores de 15 y 16 años (omitimos sus nombres para proteger su identidad), quienes hallaron el modo de ser ingresadas a las filas de distintas unidades de las FARC-EP, ocultando su verdadera edad, antes de haber cumplido los 15 años, en clara violación de las normas de reclutamiento de nuestra organización, que prohíben incorporar a menores de quince años, en concordancia con lo establecido en el artículo 38 de la Convención de los Derechos del Niño.
SEGUNDO: Indagando acerca de la situación irregular de su ingreso y su particular forma de comportarse en filas, se determinó, mediante procedimientos de contrainteligencia y por versión libre de las tres jóvenes, que antes de cumplir los 15 años y previamente a su ingreso a las FARC-EP, ellas ya habían sido reclutadas junto a otros 7 menores para cumplir esa misión específica, por unidades de la Policía Nacional, a escondidas de sus familias, y preparadas en elementos básicos de milicia e inteligencia de combate, bajo el estímulo de recibir una paga mensual y otra suma mayor como recompensa cuando cumplieran la misión.
Su permanencia en la guerrilla debía ser por un tiempo preciso, con el objeto de conseguir información para dar de baja o ayudar en la captura de mandos guerrilleros, realizar acciones de sabotaje y contribuir a la localización del grupo, para proceder a bombardearlo.
Este hecho constituye un reclutamiento de menores de 15 años efectuado por las fuerzas armadas colombianas que, incluso aunque no hubiera sido efectuado para realizar tareas de infiltración y espionaje a las FARC-EP, constituye un crimen de guerra.
TERCERO: Las menores, procedentes del área rural de Magüí Payán, en Nariño, y El Bordo, en el Cauca, cumplida la misión, debían desertar convidando a otros guerrilleros activos y presentarse con el armamento en la Policía de esas localidades.
Las labores de sabotaje y espionaje al servicio del enemigo están penadas gravemente en nuestro reglamento de régimen disciplinario, como en el de cualquier ejército en guerra. Al margen de que durante su tiempo de permanencia en la organización no alcanzaron a cumplir ninguna acción de sabotaje o de espionaje que condujera a la muerte o la captura de ningún guerrillero, dada su condición de menores de edad, hemos procedido a aplicar lo establecido en el artículo 4.3 c) y d) del Protocolo II adicional a las Convenciones de Ginebra, y conforme a lo establecido en el apartado e) de la citada norma, también hemos procedido a poner el caso en conocimiento de sus familiares y a entregarlos al Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- para que pueda ayudárseles a rehacer de algún modo sus vidas.
CUARTO: Denunciamos ante la opinión nacional y la comunidad internacional esta práctica criminal, sistemática y perversa por parte del Estado colombiano que, en violación a todos los códigos que rigen las leyes de la guerra y el DIH, practica el reclutamiento de niños para Infiltrarlos en nuestra organización y enviarlos como carne de cañón y sin mayor preparación a cumplir tareas tan riesgosas como son las actividades de espionaje.
QUINTO: En cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario  que inspiran nuestro reglamento y normas disciplinarias, -fundamentos imperativos de la juridicidad guerrillera-, se aplicarán acciones disciplinarias a los mandos que omitiendo el obligado deber de verificación exhaustiva permitieron el ingreso a las tres menores a nuestra organización en calidad de  combatientes, contraviniendo las anteriores normas que rigen los procedimientos de reclutamiento de las FARC-EP en forma acorde con las Convenciones de Ginebra y los tratados internacionales que establecen la edad mínima de 15 años para incorporación a filas.
SEXTO: Hacemos un llamado para que en momentos en los que la paz con justicia social es objeto de diálogos en La Habana y de un amplio debate nacional, el Estado colombiano y sus fuerzas armadas proscriban definitivamente esas ilegales prácticas, deshumanizadas, viejas e inútiles, que tan solo revelan la verdadera catadura criminal del régimen que las usa, a la vez que manifestamos nuestra disposición para, en un proceso de esclarecimiento, explicar con detalle las circunstancias que han llevado a que menores de edad se hayan vinculado a nuestra organización (nunca como combatientes mientras son menores de 15 años, sino en la retaguardia)
Un acuerdo de naturaleza humanitaria resultaría más que oportuno para aliviar la situación de los combatientes y la población no combatiente que el Estado se obstina en involucrar en el conflicto a través de redes de informantes y sucias prácticas como esta que hoy estamos denunciando.

En el plató de Cubainformación TV está Miriam Emanuelsson, periodista hondureña cuyo trabajo fue fundamental para visibilizar el movimiento de resistencia popular al golpe de estado de 2009.
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