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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

Hey loco, No dispares!

Vamos a Cuentiarnos la Paz

LOS RICOS NO VAN A LA GUERRA

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Los falsos positivos de González

El excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya. / David Campuzano El cuestionado coronel (r) Róbinson González del Río. / El Tiempo

Habló sobre 27 ejecuciones extrajudiciales

Se refirió al general (r) Mario Montoya como ‘cerebro’ de estos crímenes.
Por: Redacción Judicial, El Espectador.
A mediados de 2011 un coronel, el excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, Luis Fernando Borja, escandalizó al país al confesar su participación en 57 falsos positivos. Ahora, el coronel (r) Róbinson González del Río protagoniza una controversia similar al reconocer su responsabilidad por 27 ejecuciones extrajudiciales y decirle a Noticias RCN que sabe de, por lo menos, otros 400 falsos positivos. Además, el uniformado —preso por unos falsos positivos en Caldas— vinculó al excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya, con el escándalo de los falsos positivos —que se destapó, precisamente, meses antes de la salida de Montoya de las Fuerzas Militares— y al empresario —y hermano del expresidente Álvaro Uribe— Santiago Uribe con un encuentro con ‘paras’. La Fiscalía y el Ministerio de Defensa siguen guardando silencio ante las declaraciones de González del Río y su posible colaboración con el ente investigador.

El general (r) Mario Montoya

Sobre el excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya, el coronel (r) González del Río sostuvo que lo escuchó decir: “Yo no quiero regueros de sangre. Quiero ríos de sangre. Quiero resultados”, y dijo que algunos comandantes se comprometían “a hacer 30 bajas en el año. Firmaba el compromiso y tenía que cumplirlo. El general Montoya hacía un famoso top 10 de las unidades del país clasificadas según la cantidad de bajas”. Al respecto, el general en retiro —investigado por su presunta participación en algunos falsos positivos y por irregularidades en la operación Orión, en Medellín— ha dicho que denunciará a González del Río por sus señalamientos y que todo lo dicho por el coronel (r) es falso.

Sobre Santiago Uribe Vélez

De acuerdo con RCN, el coronel (r) González del Río no tiene información sobre presuntos nexos entre el empresario —y hermano del expresidente Álvaro Uribe— Santiago Uribe y la banda de los 12 Apóstoles, pero sí de un encuentro de Uribe con ‘paras’. “Voy a relatar un episodio que tiene que ver con reuniones que sostuvo en su finca con miembros de grupos paramilitares de Puerto Valdivia (Antioquia)”, informó el uniformado en un documento dado a conocer por el periodista Daniel Coronell. Jaime Granados, abogado de Uribe, ha dicho que el empresario nunca se ha reunido con ‘paras’ ni conoce al coronel (r) González.

Los falsos positivos de González del Río

En la entrevista, el coronel (r) González del Río acepta su participación en varias ejecuciones extrajudiciales en Cauca y el Valle. “La responsabilidad mía es en el Valle del Cauca y Cauca. Se hicieron 17 operaciones donde existieron alrededor de 27 falsos positivos, los cuales voy a aceptar. Yo creo que víctimas de falsos positivos hay aproximadamente 400 en esa zona del Pacífico”. Por estos falsos positivos, González dice haber obtenido “fines de semana, me daban $4 millones o $5 millones (por cada muerto) para que uno disfrute con la familia”. El uniformado se encuentra preso por su presunta responsabilidad en falsos positivos perpetrados en Caldas.

El Ejército del Norte

De acuerdo con González del Río, el general (r) Mario Montoya creó, en su momento, un grupo conocido como el Ejército del Norte, luego denominado Comando Conjunto del Caribe. “La mayoría de falsos positivos se dio en ese Ejército del Norte. Si usted mira, fueron dados de baja 1.000 combatientes. Pero si vamos a mirar, no estoy diciendo que todos fueron falsos positivos. Yo me atrevo a decir que un 20% correspondían a ese grupo (en referencia a los falsos positivos)”. Y agrega que “los oficiales que pasaban por ese famoso ejército eran los llamado a ascender, llamados a estímulos, a premios”. El uniformado dice tener información de la participación de, por lo menos, seis generales en estos hechos.

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La grieta de la seguridad democrática

Foto: SEMANA

Por Juan Diego Restrepo E.Ver más artículos de este autor

Bajo la sombra de ese concepto creció, se reprodujo y se consolidó la mayor organización del narcotráfico que tiene hoy el país. En varias regiones se padece el control social y dominio territorial.

Que un candidato como Oscar Iván Zuluaga repique una y otra vez que en los últimos cuatro años se abandonó la seguridad democrática, con el fin de vender la idea de que bajo su gobierno se recobrará esa iniciativa, es una bocanada de humo, pues cuando se revisa la historia reciente y se visitan
algunas regiones de Antioquia lo que se observa es una cruda realidad gestada en el segundo periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2006-2010).

La profunda grieta de la seguridad democrática la representa lo que hoy se llama “el Clan Úsuga’, es decir las autodenominadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ o lo que es lo mismo, ‘Los Urabeños’. Mientras los discursos uribistas se concentraron, y siguen concentrados en las guerrillas, el proyecto armado de quienes surgieron una vez concluyó en agosto del 2006 el proceso de desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) bajo los acuerdos con el gobierno nacional, se expandió sin mayores tropiezos por buena parte del país y para finales de 2010 ya se habían consolidado.

Uno de los departamentos que hoy padece el dominio territorial y el control social es Antioquia. Recientemente he viajado varias veces a zonas rurales y urbanas del Bajo Cauca y Urabá en razón de mi trabajo periodístico y en cada visita conozco mayores detalles y me tengo que someter a restricciones de movilidad por culpa de la presión que ejercen ‘Los Urabeños’ en las comunidades rurales y urbanas.

Un caso emblemático de control territorial lo representa el corregimiento Piamonte, del municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, un antiguo fortín de quien fuera el máximo jefe del Bloque Central Bolívar, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, extraditado en mayo de 2008 a Estados Unidos para que respondiera por delitos asociados con el tráfico de drogas. Ni durante su comandancia ni posterior a su desmovilización grupos armados derivados de su estructura criminal han perdido el dominio de esa zona. Ningún ciudadano extraño puede ingresar allí libremente. Literalmente tiene que pedir permiso al “paraestado” que se ha constituido en ese lugar para ingresar.

Lo que constaté hace pocos días es que las veredas aledañas, sobre todo aquellas que dan hacia el municipio de Caucasia, en la vía que conduce a El Bagre, tienen un fuerte control social, al punto que les han impuesto horarios de movilidad a las comunidades campesinas. En algunas de ellas no se puede transitar entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. 

Y justamente otro de los territorios afectados por la presencia y control de ‘Los Urabeños’ es el municipio de El Bagre, también en el Bajo Cauca antioqueño. Las recomendaciones que me hizo un oficial de policía destacado allí es que tuviera cuidado con tomar fotografías porque podría meterme en problemas. Otra señora, dueña de un restaurante, me recomendó que no caminara de noche por algunos barrios. “Por allá mandan ellos”, dijo. 

Iguales restricciones ocurren en Puerto López, de esa localidad. Campesinos con los que me he entrevistado me cuentan que varios kilómetros antes de llegar al casco urbano de ese corregimiento de El Bagre, hay jóvenes apostados en la vía con radios de comunicación informando qué vehículos van llegando y si hay extraños en ellos. “Todo lo controlan esos Urabeños”, afirmó.

La situación también es compleja en el norte del Urabá antioqueño, compuesto por los municipios de Necoclí, Arboletes, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá. Allí se concentró el núcleo de poder de ‘Los Urabeños’ desde agosto de 2006, sin que se aplicaran medidas eficaces durante la vigencia de la seguridad democrática para intentar romperlo y acabar con esta naciente estructura armada ilegal. Desde ese año, las comunidades rurales y urbanas viven agobiadas con su dominio y control, y alegan, con justa razón, que la desmovilización de las Auc no trajo paz a la región.

A finales de ese año, se tejieron dos hipótesis acerca de la creación de este grupo armado ilegal y las funciones que cumpliría una vez se desmovilizaron los distintos bloques y frentes de las Auc: de un lado se comenzó a decir que era una nueva estructura con fuerte presencia en los municipios de Necoclí y San Pedro de Urabá, que continuaría ejerciendo el control social, político y económico de esa región, lo que incluía asuntos del tráfico de drogas: del otro, se afirmaba que sólo sería una estructura que de alguna manera “administraría” la zona de embarque y exportación de estupefacientes a los mercados internacionales previo pago de un “impuesto”, lo que dejaría al grupo como una estructura al servicio del narcotráfico. 

Sin embargo, ambas circunstancias no eran excluyentes y, por el contrario, se quedaron cortas en el análisis, pues ese nuevo grupo no solo se constituiría en una férrea estructura dispuesta a hacerle frente a todos aquellos que intentaran hacer presencia en sus territorios, sino que comenzaría desde allí su expansión por buena parte del norte del país, particularmente en aquellas zonas donde tuvo su hegemonía el Bloque Norte de las Auc.

Quienes padecen en mayor medida el control social son las víctimas de las Auc, sobre las que se ejerce un control especial, pues se les tiene prohibido hablar en voz alta de temas como la restitución de tierras, un asunto sensible sobre todo en San Pedro de Urabá, por donde ingresó Fidel Castaño y su organización criminal a comienzos de la década del noventa, y donde, una década después, nacieron ‘Los Urabeños’.

Cuando el candidato Oscar Iván Zuluaga habla del “abandono de la seguridad democrática” se le olvida que bajo el imperio de ese concepto nacieron y se consolidaron ‘Los Urabeños’, aquellos que, supuestamente, celebraron su triunfo en la primera vuelta electoral enviando un panfleto amenazante a un reclamante de tierras de Urabá, toda una grieta en sus pretensiones de recuperar “la seguridad democrática”.

En Twitter: @jdrestrepoe
*Periodista y docente universitario.

¿Echarle una mano a la derecha?

Manuel Humberto Restrepo Domínguez

Colombia atraviesa por una realidad política de la que muchos quisieran escapar, unos a la escondida, otros invocando posturas inamovibles o sencillamente con indiferencia. Las justificaciones son validas, solo que esta vez es momento de explicaciones. El resultado electoral próximo quizá fije el rumbo del país por varias décadas. El contexto deja ver un pacto social roto, un estado tomado por mafias, por particulares, por empresarios y por militares, todo mezclado. Una clase social enquistada en el poder que ha eliminado a la sociedad civil en cada momento histórico. Una democracia al servicio de elegidos que se heredan entre sí representaciones, cargos y mandatos. Empresas electorales que compran y venden bolsas electorales. Elegidos sin interés por sus electores y electores que reconocen a sus elegidos por fotos de campaña, no por sus programas. Una política de izquierda distante de los millones de excluidos del sistema y una lucha social en sus máximos niveles.

El marco del conflicto armado es de guerra prolongada entre el estado y unas insurgencias sostenidas en el tiempo, que se adecuan rápidamente a nuevas y cambiantes situaciones al amparo de un proyecto socialista. La violencia sigue extendida en todas sus escalas, la degradación ambiental crece sin limite y la riqueza en bonanza es acelerada por trasnacionales. Empresarios e inversionistas que solo conocen la ideología del despojo. Militares que fijan reglas de impunidad y acomodan su agenda de guerra. Conquistas sociales del siglo anterior reducidas a firmas en papel sellado del que se borran las letras lentamente. Luchas de resistencia que combinan la vindicación de nuevos derechos con la reivindicación y exigencia para el cumplimiento de lo ya ganado.

Los hechos ponen en evidencia la existencia de dos Colombias, una política, asociada a partidos y leyes que resuelve votando, y otra social, asociada a necesidades y carencias que resuelve luchando. Las dos son inseparables pero están separadas. Los gobernantes herederos de la primera independencia y seguidores del espíritu de libertad de 1789, configuraron la Colombia política a su medida y se olvidaron del resto y durante doscientos años han bloqueado las luchas por descolonización y liberación. El pacto entre clases sociales antagónicas que se orientó a derrotar la monarquía y su régimen feudal y fijó unas reglas de convivencia en democracia, basadas en derechos fue roto. Los resultados presentan un estado inviable, que sin embargo deberá elegir un presidente. La disputa es entre dos versiones de la misma clase, que políticamente se sitúa en la derecha, con diferencias en el modo de acción y en sus distancias hacia el centro una y hacia la extrema otra.

Quizá políticamente todo parezca perdido, pero también quizá sea el momento para emprender desde las urnas la reconstrucción del pacto. Si es así la Colombia social podrá definir el curso de las acciones. La abstención electoral hace tiempo pasa la factura de ilegitimidad al sistema pero la legalidad se impone y se encarga de negarla en las urnas. Otra vez se elegirá a un presidente de derecha y el perdedor hará oposición de derecha en el congreso. La decisión final electoral es de derecha contra derecha, pero no dependerá de las cuentas propias de los partidos y sus militancias, si no de los votos que salgan del país social, el de los movimientos y las movilizaciones, que con independencia de lo que ocurra tendrá que continuar sus luchas de resistencia y en búsqueda de ejercer poder por justicia y dignidad y contra la sobrevivencia que le propone la derecha.

Las experiencias de luchas indígenas, raizales, afros, campesinos, mineros, estudiantes, maestros, obreros es alentadora y de máxima importancia en este momento crucial para tomar decisiones, ellos han sabido persistir insistir y mantenerse en el tiempo de sus luchas, en el espacio de sus victorias, su existencia política es resultado de su capacidad indoblegable e incorruptible para poner en la agenda del estado sus derechos, sin dejar de luchar por justicia y dignidad. La movilización social, sus activistas y anónimos participantes tienen en sus manos la posibilidad de seguir con el No o decidir apostar esta vez con la herramienta poco usada de los votos, la ruta del futuro inmediato, en todo caso, para convocar a la reconstrucción del pacto. 
En este carril político del país social no hay claudicación de principios, ni de convicciones ideológicas, hay realismo político de que nada cambia, salvo los modos de acción del poder y el uso de técnicas para ejercerlo. No es un carril de izquierda aunque también está, hay inconformes, librepensadores, mujeres, estudiantes, campesinos, intelectuales, victimas, luchadores sociales, defensores de derechos, académicos, indígenas, trabajadores, en fin, hombres y mujeres apoyando con sus votos un muro de contención y garantía tratando de impedir el regreso del régimen Uribe.

Talvez sea un buen momento para llevar al pacto cosas en serio. Decirle a Santos que efectivamente ninguna madre quiere prestar un hijo mas para la guerra y emprender la abolición del servicio militar obligatorio regido por la ley 48 de 1993; cambiar el tono de la guerra total y empezar a eliminar las causas que mantienen vigentes los levantamientos armados. También es momento para que el movimiento estudiantil trace la ruta de la política universitaria; los campesinos la ruta de soluciones de fondo; indígenas y mineros la ruta de recuperación de riquezas y soberanía e; igual se trace la ruta para la salud y la justicia como asuntos públicos y de derechos.

En fin es un momento político relevante para que el país social, a través de sus voceros, reafirme con urgencia la necesidad de paz con transformaciones y defina el inicio de reconstrucción del gran pacto social. El momento político convoca al país social a impedir el regreso del régimen del odio sin entrar en alianzas ni caer en chantajes, sin tampoco abandonar la tarea opositora. La clase tradicional en el poder, representada por Santos hoy esta cerca de su derrota y expuesta a ser juzgada, no por el pueblo con el que la clase en el poder suscribió el pacto que rompieron, si no por la vengativa y mas temible criatura política nacida de ella misma, convertida en una maquina de terror imparable. Así como la esperanza le pertenece a la vida y no a nosotros, habrá la opción de votar en blanco, de no votar o de echarle una mano a la derecha tradicional, la misma que rompió el pacto. En ese caso tendrá que ser como apuesta previa para reconstruirlo y de paso evitarle que sea juzgada por la extrema del régimen de Uribe, que la misma derecha califica de revanchista y camorrera y que para los sectores populares retrasò en doscientos años las conquistas de derechos ya ganadas.

Colombia Día del Estudiante Caído 8 y 9 de junio

Por una educación Digna “Unidad, organización y lucha”
 
En el contexto de la lucha por nuestros sueños, por un país digno, una educación digna y de calidad que corresponda con las necesidades del pueblo han sido asesinadas, reprimidas y perseguidas generaciones enteras de compañer@s que decidieron enarbolar las banderas de la lucha popular, la lucha por la construcción de otra Colombia,  la lucha por un modelo de educación radicalmente diferente.
 
El 8 y 9 de junio es un día para recordar la histórica lucha de los estudiantes, de aquellos en los cuales su pensamiento trascendió el tiempo y la muerte para dar vida a un contingente de jóvenes luchadores incansables por un mejor mañana. A lo largo de décadas de resistencia del movimiento popular, l@s estudiantes hemos sido actores protagónicos de las mayores gestas de la inconformidad transformada en digna rebeldía. Nuestros pasos articulados al conjunto del movimiento social y popular han recorrido durante la historia de nuestro país los caminos de lucha por el cambio y transformación de un modelo injusto económicamente y políticamente excluyente.
Hoy recordamos y conmemoramos aquellas generaciones de estudiantes revolucionarios que pelearon y se manifestaron en contra del detrimento de la educación en todos sus niveles, básica, media y superior. A quienes continúan desde distintos sectores del movimiento popular enarbolando banderas de cambio y transformación, a quienes exigen la re estructuración del Estado corrupto, cerrado, clientelar y violento hacia un Estado construido y dirigido por las necesidades populares.
 
Mantenemos vigente en nuestra memoria a aquell@s compañer@s que como Jhonny Silva, Julián Andrés Hurtado, Katherine Soto, William Ortiz víctimas de la mano criminal del Estado, sus fuerzas militares legales e ilegales. Continuamos exigiendo la inmediata liberación de los estudiantes Carlos Lugo, Jorge Eliecer Gaitán y Omar Marín victimas de montajes judiciales en el marco del Paro Nacional Universitario de 2011. Continuamos denunciando  la ilegitimidad del régimen colombiano, su estrecha y limitada democracia al igual que su reproducción es todos los escenarios de la vida nacional incluidos nuestros campus universitarios.
 
Hacemos el llamado entonces, a redoblar fuerzas en el fortalecimiento del proceso organizativo del estudiantado y su movilización por la exigencia de un nuevo modelo de educación, cimentado bajo la concepción de derecho fundamental y bien común, articulando nuestra fuerza a las diferentes luchas sociales que hoy se gestan desde diversos sectores por la profundización de la democracia, la soberanía nacional, el cambio de modelo económico, político y social que conduzcan realmente a una paz estable y duradera.
 
¡¡¡Por la memoria y legado de aquellos que se organizaron del lado
De los intereses populares
Lucha y Resistencia!!
Por nuestros muertos, ni un minuto de Silencio
Toda una vida de lucha y combate!!!

Víctimas del Terrorismo de Estado

Allende La Paz, Cambio Total.

Empieza a tratarse el tema de las víctmas en el conflicto interno colombiano. Apenas empieza y ya los victimarios están haciendo “sonar los sables”, sabedores que "el que pega adelante pega dos veces". Mas esta vez se equivocaron. Por mucha pataleta que hagan los victimarios del Terrorismo de Estado tendrán que “poner la cara” y aceptar su alta cuota de responsabilidad.


Responsabilidad que según las cifras del Informe Basta Ya! reconoce –apenas- 220.000 víctimas, cuando ya cifras de otros funcionarios estatales hablan de 966.000 víctimas mortales y 5,7 millones de desplazados forzosos internos. Si extrapolamos la responsabilidad estatal –por acción y/u omisión- tendremos que el 83% en masacres, el 83,2 en ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” y el 97,7% de desapariciones forzosas son acciones cometidas por funcionarios estatales –especialmente militares, policías, narco-paramilitares y “civiles” ganaderos-terratenientes-, tocará entonces cuantificar cuantos de esos 966.000 víctimas mortales fueron producto de las modalidades delictivas de las masacres, las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Modalidades delictivas cometidas por agentes del estado en aplicación del Terrorismo de Estado, política adelantada por el Estado.


Produce satisfacción que las FARC-EP haya –de cara al país- definido con el gobierno de JM Santos una hoja de ruta para este escabroso tema. Sabemos que una cosa es la consuetudinaria aplicación del Terrorismo de Estado (DSN)que ha inundado de sangre el suelo patrio, y otra el escaso porcentaje de las FARC en cuanto a responsabilidad. No es igual la gran responsabilidad estatal con el poco porcentaje de responsabilidad de las FARC-EP.


Quizás lo que más ha molestado a la oligarquía tradicional-terrateniente-ganadera ha sido el haber tenido que “cotizar” dos veces el impuesto de guerra. Uno al estado colombiano y otro a las FARC. La lógica es simple y contundente. Si paga al estado tiene que pagarle también a la guerrilla, naciente estado. Y la renuencia a hacerlo les ganaba unas “vacaciones” en los campamentos de la guerrilla, en donde -hay que decirlo tambien- recibían tratamiento de “hotel cinco estrellas”, con buena comida y whiskey incluído. Otra cosa era lo que pagaban los militares y policías en poder de las FARC como prisioneros de guerra.


En este tema ya veremos cómo la verdad nos va a mostrar que la gran mayoría de “retenciones” –secuestro le llama el estado- era producto de la “industria del secuestro”, en el cual participaban –y participan- no pocos miembros de las fuerzas militares y policiales, los cuales, aliados con bandas criminales, secuestraban –ahí sí- al objeto de su estudio criminal para obligarlo a una “distribución de riqueza”, aunque ellos percibían sus salarios de militares y policías, muy por encima del salario mínimo que perciben los trabajadores colombianos.

Así las cosas, serán muchos los militares y policías que tendrán que reconocer sus crímenes y quedarán ante los ojos de la sociedad como lo que son, criminales que aprovechando el conflicto interno adelantaban una “guerra sucia” contra su propio pueblo. Ello no implica que el Estado como tal no tenga que plantear su enorme responsabilidad y asumirla ante la comunidad nacional e internacional. Una vez reconocida esa culpabilidad la sociedad entera impartirá el perdón y exigirá el no volver a repetir esos crímenes.


En este momento será necesario retomar o tocar el papel que ha jugado la Doctrina de Seguridad Nacional al interior de las fuerzas militares-policiales colombianas, y su contubernio impúdico con los narco-paramilitares para adelantar el Terrorismo de Estado con el derramamiento de sangre con sevicia inaudita. De allí nacerá irremediablemente la necesidad imperiosa de reemplazar esa Doctrina por una Doctrina Bolivariana, para que el conjunto de la nación entera llegue a sentirse algún día orgullosa de sus fuerzas militares y no avergonzada por el triste espectáculo de asesinar para seguir escondiendo sus crímenes, su corrupción generalizada, su alianza impudica con el narcotráfico, etc, etc. Lógicamente que si queremos limpiar de una vez por todas ese inmenso estercolero se hará necesario investigar los capitales que han amasado algunos altos oficiales de las fuerzas militares-policiales, lo cual es imposible con el salario que gana un mayor o un general.


Estamos claros que lo que queremos los colombianos es superar las causas que dieron origen al conflicto interno y una vez de allí empezar la construcción de la Paz en Paz para poder vivir la vida en Paz. Ello requerirá denodados esfuerzos y sacrificios. Mas el reto no nos arredra. Estamos dispuestos a lo que sea para conseguir la Paz. Incluso a aplastar la resistencia de los “enemigos de la Paz”.

El coronel Churio y sus ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos"

Cambio Total.

Que hay muchos oficiales de las fuerzas militares y de policía que trasgreden el border line que separa delincuencia de cumplimiento legal de sus funciones no hay duda. Que son unos criminales simple y llanamente, tampoco. La sevicia conque actuaban -y actúan- los mandos militares contra personas civiles, indefensas, desarmadas, para asesinarlos y presentarlos como "guerrilleros dabos de baja en combate" muestra a las claras una mentalidad criminal. Mentalidad que ante la imposibilidad de vencer a la guerrilla recurren al asesinatos de civiles.

Quiénes son los responsables de que los militares piensen y actúen así. Qué Doctrina sustenta ésta criminal conducta? Evidentemente que toda la vida ha habido "falsos positivos" o ejecuciones extrajudiciales. Mas por qué los últimos años la situación se ha vuelto totalmente intolerable e inaceptable? Detrás de todo estaba -y está todavía- la presión por obtener resultados en la lucha contrainsurgente y detrás de esa presión está la Doctrina de Seguridad Nacional. No le dé más vueltas a la hoja. Y detrás de ese aumento inusitado sólo hay un personaje: Uribe Vélez.

Ahí radica el sustento de tan aberrante y criminal conducta.

Abajo lo dejamos con una nota de El Espectador que señala a un coronel responsable de tan criminal práctica. Es apenas un caso. Cuántos miles hay?

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Un falso positivo en Bello (Antioquia)

Asesinato que enreda al coronel Churio

Al oficial Félix Gabriel Churio Marcucci se le impuso medida de aseguramiento después de que varios soldados de su compañía prendieran su ventilador.
Por: Santiago Martínez Hernández
Asesinato que enreda al coronel Churio En Colombia ha habido varias manifestaciones por falsos positivos como los endilgadas al coronel Churio. / Archivo
 
En una reciente decisión de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía se ordenó dictar medida de aseguramiento contra el teniente coronel Félix Gabriel Churio Marcucci, un oficial del Ejército que fue señalado por sus propios soldados de ser responsable de una ejecución extrajudicial en el barrio París del municipio de Bello (Antioquia) en 2006. Junto a él, también fue recluido en una cárcel el sargento (r) Luis Bernardo Ramos Descanse, quien, según el ente investigador, trabajaba en inteligencia y era el encargado de organizar los falsos operativos para dar de bajas a civiles y presentarlos como guerrilleros muertos en combate.
La historia que hoy enreda a Churio Marcucci y a Ramos Descanse ocurrió en plena época decembrina hace poco más de ocho años. El 26 de diciembre de 2006, un grupo de antiguerrilla del Batallón General Pedro Justo Berrío del Ejército en Bello, comandando por el subteniente Gerson Castillo Galvis, consignó en un informe que en la noche de ese día se había presentado un enfrentamiento con miembros de las Farc que planeaban un atentado terrorista. Asimismo, registraron que, supuestamente, uno de los subversivos, identificado como Rigoberto Mesa Cardona, había sido ultimado.

En un principio los únicos que denunciaron que todo se trataba de un homicidio fueron el hermano y la pareja sentimental de la víctima. Sin embargo, el caso empezó a tomar forma hace dos años, luego de que la Fiscalía iniciara sus pesquisas y les tomara declaraciones a los soldados que esa noche estuvieron cumpliendo con una orden emitida desde el comando central —el segundo al mando era el coronel Churio—, quienes advirtieron que todo se trataba de una ejecución de un civil y no de un operativo militar que buscaba enfrentar a cinco miembros de las Farc.

La operación ‘Élite’ de la misión táctica ‘Dinastía’ —esos fueron los nombres claves que le dio Churio Marcucci al operativo— se basó en una información de inteligencia que había entregado el sargento (r) Ramos Descanse. Según este último, una facción de las Farc intentaría destruir una torre de energía, por lo que se ordenó enviar una patrulla al sector. Sin embargo, todo resultó ser un falso operativo que montó este hombre con el fin de demostrar resultados operacionales. Así lo han venido denunciando tres soldados profesionales y dos suboficiales que han colaborado con la justicia desde septiembre de 2013.

Los primeros en declarar fueron los soldados profesionales Eliber Chalarca y Sergio Alejandro Ruiz Arenas. Ambos participaron en el crimen de Rigoberto Mesa y manifestaron que el coronel Churio tenía conocimiento preciso de todos los movimientos que realizaba la unidad, ya que era el jefe de operaciones del Batallón. El suboficial Juan Andrés Álvarez Guerrero ratificó la versión de los uniformados y agregó que Churio Marcucci firmaba las órdenes de operaciones y que solicitaba únicamente resultados, sin importar de qué manera los consiguieran. Este último militar agregó que tanto Ruiz como Chalarca eran muy cercanos con los comandantes.

Álvarez Guerrero también contó el 26 de septiembre de 2013 que “el sargento Ramos era conocedor de cómo y dónde salían las informaciones y de cómo se obtenían resultados, así como las funciones que cumplían en el momento de perpetrar los hechos, que consistían en llamar a la Fiscalía para el levantamiento de cadáveres y pasar un informe para el pago de recompensa. Los dineros eran legalizados por Ramos y un mayor, y con estos se les pagaban a los miembros de autodefensas, ya que ellos suministraban víctimas”.

Para la Fiscalía, otro de los testimonios fundamentales es el del soldado Wílder Alfonso Higuita Valle, quien el 3 de febrero de este año aseguró que había una abogada de nombre María Teresa Vélez, quien intervenía en las investigaciones para que sus declaraciones no afectaran a los comandantes del batallón, entre los que se encontraba Churio. “Mentir para cubrirles la espalda”, precisó Higuita. “Los soldados Higuita Valle y Ruiz Arenas y el suboficial Guerrero encontraron reparos en la actuación de sus comandantes, pues no es gratuito que digan que se les preparaba para mentir a la justicia con base en favorecer a quienes lideraban las operaciones militares”, puntualizó el ente investigador.

Mientras que el sargento Ramos decidió no musitar palabras durante los interrogatorios de la Fiscalía, el coronel Churio Marcucci argumentó que todo se trataba de un montaje de parte de unos soldados con los que tenía enemistad y que sus colaboradores, especialmente Ramos, lo habían engañado. “(Churio Marcucci) cuando se declara inocente no tiene ninguna lógica ni amerita credibilidad, puesto que esa ajenidad a los hechos la desvirtúan las pruebas (…) Se ejecutó a una persona en un acto cobarde, con el propósito de dar resultados operacionales y acrecentar estadísticas (…) La responsabilidad del oficial resulta seria y gravemente comprometida”, fueron las palabras de la Fiscalía para arrestar al oficial.

Este no es el único caso por el cual ha sido cuestionado el coronel Churio, ya que también fue investigado por la muerte de Julio Arol Martínez, un campesino de Pauna (Boyacá) que murió producto de una explosión ocasionada por un comando del Ejército en 1995. En ese entonces, Churio era uno de los líderes de la tropa. Asimismo, la Unidad de Derechos Humanos tiene en el radar a este polémico oficial por declaraciones de otros uniformados que lo han relacionado con más casos de ejecuciones extrajudiciales.

smartinezg@elespectador.com
@santsmartinez

Nacimiento de las Farc: Capítulos I, II, III

Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, fundador de las Farc y considerado como el guerrillero más veterano del mundo, murio en marzo de 2008. / Archivo - El Espectador

Capítulo Primero

Pasos de animal grande

Primera entrega del Especial 50 años de conflicto armado, una reflexión histórica y periodística sobre los orígenes de la guerra entre el Estado y las Farc, que se inició en el mes de mayo de 1964.
Según el Diario de la resistencia de Marquetalia, de Jacobo Arenas, la ‘Operación Marquetalia’ comenzó el 18 de mayo de 1964, exactamente hace 50 años. El Espectador tituló ese día: “Con 3.000 soldados se inició anoche la operación militar de Marquetalia”. No obstante, la ‘Operación Soberanía’, como la bautizó el gobierno de Guillermo León Valencia, había comenzado en realidad el 20 de octubre de 1961, cuando Álvaro Gómez Hurtado, en un debate sobre la reforma agraria —de la que era un acérrimo enemigo— sostuvo que la política de tierras del Frente Nacional había dejado en la orfandad algunas zonas del país, lo que condujo a la creación de territorios autónomos: “Hay la república independiente de Sumapaz. Hay la república independiente de Planadas, la de Riochiquito, la de este bandolero que se llama Richard y ahora tenemos el nacimiento de... la república independiente de Vichada”. Gómez plagió el término de Primo de Rivera al referirse a Cataluña durante la Guerra Civil. Durante el gobierno de Lleras Camargo la tesis no tuvo eco público, pero fue en ese período presidencial (1958-1962) cuando triunfó la revolución cubana y se aplicaron en América Latina con rigor la doctrina de la seguridad nacional y la tesis del enemigo interno. Como comandante del Ejército, Alberto Ruiz Novoa, quien había dirigido el Batallón Colombia en la guerra contra Corea del Norte, elaboró el Plan Laso, pero Lleras se abstuvo de aplicarlo. Su sucesor Guillermo León Valencia (1962-1966) nombró a Ruiz Novoa ministro de Guerra y como tal puso en ejecución el Plan Laso, que, según Jacobo Arenas, era la sigla de Latin American Security Operation.
Marquetalia es una vereda del corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas, Tolima, situada en la falda occidental del nevado del Huila; una región que suena desde entonces a guerra, no sin razón porque los enfrentamientos militares entre la guerrilla y el Ejército son frecuentes hasta hoy. Una de las preguntas más inquietantes es por qué el sur del Tolima y el norte del Cauca fueron la cuna de las Farc y por qué son regiones que aún están envueltas en el conflicto. La respuesta está vinculada a varios dos grandes litigios históricos vigentes en esos territorios: la lucha por la tierra de los indígenas —paeces y pijaos— y la de los campesinos por el reconocimiento de sus derechos políticos.

La primera tendencia está representada por las peleas del indio Quintín Lame en las regiones de Tierradentro y Chaparral entre 1922 y 1945. Hay que recordar de entrada que el resguardo o parcialidad indígena fue creado por la Corona española en la segunda mitad del siglo XVI para defender a la población indígena del tratamiento de esclavos que le daban encomenderos, pero también para obligarlos a pagar tributos. Fue una institución que —según Friede— hizo a los indígenas partidarios del rey. La República los hizo “hombres libres” para despojarlos de las tierras y convertirlos en terrazgueros. El siglo XX conocerá el renacimiento de la lucha del indio por la tierra.

Quintín Lame nació en una hacienda cerca de Popayán, donde su padre era terrazguero y por tanto obligado a pagarle al patrón en trabajo o en especie el permiso de vivir en la hacienda. Participó en la Guerra de los Mil Días en Panamá como ordenanza del general conservador Carlos Albán y después, a órdenes del general-guerrillero Avelino Rosas, defendió “el tricolor nacional de la invasión ecuatoriana entre 1903 y 1904”, según sus palabras. Avelino Rosas fue subalterno de Maceo en la guerra contra España y trajo de Cuba el Código Maceo, un verdadero manual de guerra de guerrillas. Quintín Lame comenzó su lucha contra la política del general Reyes de liquidar los resguardos; fue nombrado “jefe y representante de los cabildos de Pitayó, Jambaló, Toribío, Puracé, Cajibío y algunos otros” en 1910. Entre 1914 y 1918 movilizó a los indígenas del Cauca por la recuperación y la creación de resguardos, hasta caer preso en 1915. La persecución política, la división del movimiento y la masacre de Inzá en 1916 lo obligaron a refugiarse en Natagaima, sur del Tolima, donde fundó, en compañía de José Gonzalo Sánchez, el Supremo Consejo de Indias, que creó el resguardo del Gran Chaparral.

Las reivindicaciones de Lame marcan un territorio de luchas que se extiende entre el río Cauca y el río Magdalena sobre el lomo de la Cordillera Central, entre Popayán y Chaparral. El Movimiento Armado Quintín Lame toma su nombre de ese caudillo porque, según uno de sus fundadores, fue “un personaje que agotó toda la parte legal para lograr metas, pero la parte armada también influyó mucho, como la misma toma de Paniquitá, la toma de Inzá y las de otras poblaciones donde él por la vía de la fuerza dio a entender que en el Cauca a esa clase de terratenientes no era fácil darles el golpe por el lado legal”. Por la misma razón el poeta Guillermo Valencia, su enemigo a muerte, lo llamó “asno de los montes”. Una de las obsesiones de Quintín Lame fue la educación del indio. Su secretario, Abel Tique, afirmaba: “Antes de llegar el general estábamos en la oscuridad, pero él nos trajo la doctrina y la disciplina para defendernos”. Estos dos términos —doctrina y disciplina— se encuentran a menudo en las preocupaciones de Manuel Marulanda.

El segundo gran hecho es la colonización campesina de la Cordillera Central. Desde mediados del siglo XX, pero particularmente después de la guerra de 1876, una punta de colonización proveniente del Quindío llegó al norte del Tolima y fundó pueblos como El Líbano, Fresno y Padua; poco a poco avanzó por la cota cafetera hacia el sur del departamento, donde entró en conflicto con las grandes haciendas cafeteras que se expandían al ritmo de la economía cafetera y se apropiaban de los baldíos nacionales. Similares choques sucedieron en el Tequendama y Sumapaz, en Cundinamarca. El principal motor del café en Tolima fue la firma Rocha Hermanos, que se enorgullecía de cultivar 300.000 cafetos en su hacienda Providencia. A su alrededor crecieron otras grandes haciendas —Irco, Calibío, Banqueo, Guadual, El Jazmín y un pequeño pueblo de peones y arrendatarios llamado El Limón— .Numerosos trabajadores sin tierra se convirtieron en tabloneros, aparceros o terrazgueros y muchos indígenas abandonaron su resguardo para trabajar en las haciendas. La ola colonizadora aceleró el crecimiento o la fundación de pueblos como Rioblanco, Planadas, Herrera, San Antonio, Gaitania y Roncesvalles.

Los litigios de tierras en la región fueron particularmente intensos, lo que explicaría el espíritu del primer intento de reforma agraria formulada por Murillo Toro a mediados del siglo XIX —“el cultivo es la base de la propiedad”— y desarrollada por otro chaparraluno, Darío Echandía, como función social de la propiedad en la reforma constitucional de 1936. . En 1905, los colonos de Ataco se movilizaron contra la pretensión del Gobierno de gravar los baldíos. A mediados de los años 30 los enfrentamientos entre propietarios y trabajadores facilitaron la agitación de María Cano y de Jorge Eliécer Gaitán. En 1931 la Policía asesinó a 17 indígenas en Llano Grande, sede del cabildo de Chaparral.

Monseñor Germán Guzmán, en el libro La violencia en Colombia, anota que uno de los antecedentes de la violencia de los años 50 en el Tolima fue el choque entre “el prurito latifundista de expandir sus propiedades y el espíritu avasallador de los paisas que llegaban acosados por el hambre y la pobreza… la Policía, seguida por los terratenientes del Plan del Tolima, sometió al desahucio a sus arrendatarios con el incendio de sus ranchos”. La violencia en el Tolima fue particularmente sangrienta y constituyó, en realidad, una prolongación de la Guerra de los Mil Días y de los conflictos sociales que se desarrollaron en la colonización antioqueña a partir de 1850, y que Esteban Jaramillo llamó la lucha entre el hacha y el papel sellado. Entre 1948 y 1957, según concluyó la Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia de 1958, en el Tolima fueron asesinadas 35.294 personas y se abandonaron 93.882 fincas. “Tolima fue arrasado por el fuego”, comenta monseñor Guzmán”. La respuesta fue la organización de 33 comandos armados en toda la región; en el sur se formaron 12 grupos. Los más importantes fueron los de José María Oviedo, alias Mariachi, en Planadas; Rafael Valencia en Las Hermosas; Ciro Trujillo, alias Mayor Ciro, en Monteloro; Hermógenes Vargas, alias Vencedor en La Profunda; Teodoro Tacumá en Natagaima; Leopoldo García, alias Peligro, en Herrera; Prías Alape, alias Charro Negro, en Gaitania, y Gerardo Loaiza, en Rioblanco. El territorio es un nudo de cordilleras, una estrella fluvial y una zona que colinda con el Valle, el Huila, el Caquetá y está enmarcada por las llanuras del Pacífico, las Selvas del Amazonas y los Llanos del Orinoco. En síntesis —opina Francisco Leal— es una región muy propicia para la guerra irregular.

Justamente a este último comando se incorporó Pedro Antonio Marín, quien, según la versión más consistente, nació en Génova, Quindío, el 13 de mayo de 1928. Muy joven trabajó con su tío en una finca lechera en Ceilán, Valle del Cauca. El 9 de abril de 1948 fue testigo de la reacción del pueblo liberal contra los conservadores a quienes encarcelaron los insurrectos. Una semana después fueron liberados por el Ejército y su tío acusado de complicidad con los liberales. Pedro Antonio se refugió en la cordillera Occidental. “Para subsistir —cuenta Balín, uno de sus guardaespaldas— compraba fríjol en Betania y lo vendía en El Naranjal; ahí compraba panela y la vendía en El Dovio” (Trochas y fusiles). Después de las elecciones del 5 de junio de 1949, ganadas por el liberalismo, la cordillera Occidental fue conservatizada a sangre y fuego por los pájaros, comandados por Ángel María Lozano, el Cóndor, y Leonardo Espinosa. El incendio de El Dovio y Betania, primero, y luego la sangrienta toma de Ceilán obligaron a quien más tarde sería apodado Tirofijo a organizar en Génova una pequeña cuadrilla de 19 hombres, la mayoría parientes, para tomarse el pueblo en protesta por la elección de Laureano. El grupo era débil y mal armado, y optó por agregarse al comando del viejo Gerardo Loaiza y sus cuatro hijos en Rioblanco. “Eran de Génova, más propiamente —palabras de Marulanda— de una vereda llamada El Dorado, y el viejo don Gerardo, casado con la hermana de mi mamá, se había ido a fundar por los lados de Rioblanco. Él colonizó esa zona con otros caldenses” (Trochas y fusiles). Los Loaiza eran liberales y prósperos —don Gerardo llegó a ser candidato a la Alcaldía de Rioblanco— y estaban aliados con otros dos jefes liberales: Leopoldo García, alias Peligro, y Efraín Valencia, alias general Arboleda. Marín incursionó con sus hombres —varios paisas como Mundoviejo y Llaveseca— por las cuencas de los ríos Atá y Cambrín, y organizó a sus hombres en la región de San Miguel; incluso acampó un tiempo en la hacienda el Támaro, que mucho después se llamaría Marquetalia en honor al pueblo de Caldas. Hoy se conoce el caserío como Villarrica.

Las regiones Santiago Pérez, Planadas y Gaitania fueron objeto de varias comisiones de policía chulavita a partir del 48. Los testimonios son numerosos y las coincidencias no dejan lugar a dudas: se trató de un gran operativo contra los colonos liberales. Hubo varios ataques sangrientos registrados por Guzmán: “13 personas muertas en El Limón; en Chaparral comisiones mixtas de Policía y civiles saquean negocios y amenazan a dirigentes liberales; en Coyaima desaparecieron totalmente pueblos y parcialmente Santiago Pérez y Gaitania, y contabilizaron más de 50 muertos entre Chiparco y Pole”. En abril del 48 el Directorio departamental liberal del Tolima llamó a los reservistas a defenderse y tomarse los pueblos. La reacción conservadora fue violenta: masacres, casas incendiadas y semovientes robados. Todas eran tierras fértiles de vertiente trabajadas por colonos caldenses y campesinos tolimenses, muchos descendientes de indígenas paeces y pijaos. Como sucedió en todo el país, la gente se defendía, durmiendo en el monte, una estrategia simple de sobrevivencia complementada con la organización de “avanzadas” que vigilaban las veredas y daban aviso cuando los chulavitas entraban en ellas. Se trataba de una modalidad de defensa propia de donde salieron los primeros grupos guerrilleros, como reacción meramente instintiva. En Santander, Antioquia, Cundinamarca y los Llanos la situación fue idéntica. En el sur del Tolima, los pocos jefes armados que había en la zona de Gaitania y Planadas organizaron marchas con la gente “huyente” hacia San Miguel, donde podían defenderse mejor. Eran campesinos y liberales rasos que formaron grupos armados al mando de Ciro Castaño, en Monteloro; Prías Alape, en Peña Rica; Jesús María Oviedo y Pedro Antonio Marín, en el Cambrín, todos vinculados al comando de los Loaiza, que para esos días agrupaba unos 150 efectivos.

De otra parte, hay que anotar que desde los años 30 María Cano y Raúl Mahecha tenían una fuerte influencia en el sur del Tolima que facilitó la creación de Ligas Campesinas y la organización de células del Partido Comunista. El más importante dirigente de esta tendencia fue Isauro Yosa, nacido en Irco, donde existían grandes cafetales y donde comenzó a trabajar en la Hacienda Providencia de los Rocha. “El dueño de la tierra —cuenta Yosa— daba la tierra, o mejor el monte, porque había que abrirlo, tumbarlo y quemarlo. El arrendatario tenía que trabajar la tierra en café, y el patrón le reconocía a los dos años un peso por palo y además compraba el café a ocho centavos la arroba”. No se podía hacer finca porque —puntualiza— toda la tierra les pertenecía a los nombrados Rocha, a los Caicedo, los Castillo y los Iriarte”.
 
El café era el principal negocio en toda la región. El precio del café en el exterior mejoró sostenidamente desde la primera posguerra hasta mediados de los años 30 para volver a coger precio a partir de la segunda posguerra. En 1918 se pagaba la libra a 15 centavos de dólar y en los años 50, a 60 centavos. La economía cafetera prosperaba a la par con el conflicto de tierras. En el sur del Tolima, la colonización cafetera campesina chocó de frente con el modelo hacendatario. Isauro Yosa, conocido como Mayor Lister —nombre de guerra que usó en honor a Enrique Lister, el legendario general de la guerra civil española (1936-1939)—, organizó en la población de El Limón, anexa a la hacienda de los Rocha, un movimiento contra la adulteración de las pesas —o romanas— y luego contra el sistema de aparcería. Los aparceros quedaban prácticamente desempleados cuando la cosecha de café terminaba y por esa razón organizaron “partidas” o “cuadrillas” de 100 o 200 hombres para tumbar monte en tierras baldías reclamadas por los hacendados. La Ley 200 y el liberalismo en el poder ampararon estas iniciativas hasta que, cercado por Laureano Gómez, López, en su segunda administración, promulgó la Ley 100 de 1944, que dio un paso atrás. Al subir Ospina —sobre todo después del asesinato de Gaitán—, los pájaros y los chulavitas abrieron el fuego prometido por el Cojo Montalvo. Isauro Yosa organizó el Comando del Combeima y aliado con los liberales de Loaiza y de Peligro dirigió una marcha de campesinos desplazados y amenazados hacia la región de El Davis en Rioblanco, entre los ríos Anamichú y Cambrín. El desplazamiento se llamó Columna de Marcha Luis Carlos Prestes, en honor al dirigente comunista brasileño que había organizado en 1924 una protesta con 1.500 hombres que recorrieron 25.000 kilómetros por tres estados exigiendo tierra y salarios justos. Yosa mandaba sobre 200 familias apoyadas por hombres armados de escopetas y el recorrido fue de unos 100 kilómetros. Se fundó entonces el comando de El Davis, una región donde se refugiaron comunidades campesinas para defenderse de los ataques de la Policía y de los grupos de civiles armados. Yosa convocó a los jefes que estaban apostados en San Miguel a refugiarse en El Davis. En efecto, a principios de 1950 llegaron 100 familias con sus haberes a cuestas, que se sumaron a otras 300 que ya estaban asentadas. Era población civil defendida por grupos armados con escopetas y armas hechizas que rápidamente adoptaron un reglamento simple para poder vivir y trabajar en comunidad y unas normas de defensa armada para rechazar el hostigamiento conservador. Fue, más que una táctica de autodefensa, una alternativa obligada. Años más tarde Manuel Marulanda llamó El Davis “corazón de la resistencia” y por Jacobo Arenas, “matriz del amplio movimiento campesino dirigido por el Partido Comunista”.

El Davis fue el prólogo de las que serían bautizadas —provocadoramente por Álvaro Gómez— Repúblicas Independientes. En realidad las denuncias del senador constituyeron un misil contra el gobierno de Alberto Lleras, que preparaba la promulgación de la Ley 135 de 1961 de Reforma Agraria. El ataque de Gómez fue hecho en octubre y la ley fue firmada en diciembre de ese año.

Segundo capítulo

Limpios y Comunes

El escritor y sociólogo que mejor conoce las zonas de conflicto en Colombia viajó a La Habana para reconstruir con los fundadores de las Farc los episodios que llevaron al surgimiento de esa guerrilla hace 50 años. Hoy, la historia de El Davis.
Por: Alfredo Molano Bravo / Especial para El Espectador

Limpios y Comunes Manuel Marulanda ‘Tirofijo’ escribió en ‘Cuadernos de Campaña’ sobre El Davis: “Era un inmenso refugio humano en el corazón de la zona de operaciones”. / Archivo - El Espectador
 
El Davis fue una hacienda ganadera en la hoya del río Cambrín, sobre el lomo de la cordillera Central, en el sur del Tolima, donde los Loaiza crearon un comando guerrillero. Con la llegada de las columnas de marcha que venían de Coyaima, Irco, Chaparral, y de cientos de familias sueltas, el movimiento llegó a ser un pueblo de más de 2.000 habitantes. “Era —escribió Manuel Marulanda en Cuadernos de Campaña— un inmenso refugio humano en el corazón de la zona de operaciones, cuya vida transcurría en condiciones de organización exiliada en una región liberal”.

En esa época de asedio de los chulavitas, y un poco más tarde del Ejército, los bienes eran colectivos —“hasta la ropa era compartida entre familias”— y la comida muy escasa. Los adultos conformaban partidas para salir de la zona a buscar comida o a realizar operativos militares. Las mujeres se encargaban de coser y lavar la ropa y de la “rancha” o preparación de alimentos; los viejos cultivaban maíz, fríjol, yuca, plátano y caña panelera, y los niños ayudaban en diversas labores, incluida la preparación militar en un comando llamado Batallón Sucre. Un guerrillero recuerda: “Nadie podía estarse quieto o haciendo pereza. Todos y todas teníamos que estar haciendo algo, aportando para la subsistencia”. Había hospital, campo de paradas, fábrica de cotizas de fique, almacén general o comisariato, comedores generales, armería, escuela, guardería para niños, juez, y se llegó a construir refugios antiaéreos.

Las comisiones que salían a combatir solían ser mixtas, compuestas por unidades de los Loaiza o limpios o liberales, y de los comunes, es decir, comunistas, y para coordinar las operaciones fue creado el Estado Mayor Unificado, compuesto por ambas fuerzas. Con el pasar de los días, las acciones conjuntas dieron lugar a una diferencia profunda: las armas ganadas en los combates —alegaban los comunistas— no eran propiedad privada de los comandantes sino propiedad colectiva del movimiento. En realidad, la organización de los limpios era una especie de gamonalismo armado contra los conservadores y la policía chulavita. Los comunistas, orientados por el Partido, tenían un programa social que reivindicaba los derechos a las tierras baldías y las garantías políticas a la oposición. Hacia finales de 1951 El Davis se dividió en dos sectores: El Davis propiamente dicho, mandado por Isauro Yosa, Mayor Lister, y Luis Alfonso Castañeda, alias Richard, llamados “Comunes”, y el sector de La Ocasión de los liberales, o “Limpios”, donde vivían don Gerardo y sus leales.

El rompimiento definitivo se produjo cuando los comunistas adoptaron el programa aprobado por la llamada Conferencia del Movimiento Popular de Liberación Nacional, conocida como Conferencia Boyacá, reunida el 15 de agosto de 1952, a la que asistieron delegados de las guerrillas del Llano, de Santander, de Antioquia y de Sumapaz. La Conferencia —cuyo verdadero lugar de encuentro fue Viotá, Cundinamarca— se proponía la construcción de un gobierno popular que restableciera libertades democráticas, decretara una reforma agraria —“que pusiera en práctica el principio de la tierra es para quien la trabaja”—, devolviera la integridad de las comunidades indígenas, nacionalizara las minas, separara la Iglesia del Estado, creara un ejército nacional y democrático y adoptara una política internacional independiente.

Los liberales no asistieron a la reunión y el conflicto entre ambas tendencias quedó planteado. Los combates entre liberales y comunistas fueron frecuentes y muy fuertes porque “se llevó a cabo —escribió Marulanda— entre hombres de ley que prefieren morir antes que huir”. En un ataque liberal al comando de El Davis perdieron la vida dos hijos de don Gerardo Loaiza y uno de los García. Charro Negro, Ciro Trujillo y Marulanda se solidarizaron con la causa comunista.

La Conferencia Boyacá se desarrolló mientras El Davis era cercado por las tropas del gobierno y, quizá por esta razón, como una estrategia para reducir la presión sobre su centro, las guerrillas intentaron tomarse la base aérea de Apiay, que por lo demás fue un descalabro, y provocaron combates en zonas periféricas como Calarma, Las Hermosas, Gaitania y Santiago Pérez. Hay que recordar que por aquellos días las guerrillas de Guadalupe en el Llano emboscaron un contingente del Ejército en Puerto Gaitán, Meta, y le causaron 98 bajas. Ramsay, un investigador norteamericano, calcula que en 1951 las guerrillas del Llano tendrían unos 3.000 hombres; las del sur del Tolima, 6.000, y las de Cundinamarca y Antioquia, 12.000. Es decir, unas 36 unidades orgánicas en conjunto, sin unidad de mando. Por su parte, el Ejército tenía 15.000 soldados, y la Policía, 25.000. La situación era muy peligrosa para un gobierno debilitado en lo político.

En el sur, la respuesta del gobierno conservador fue la represión brutal con las FF. MM. o con las bandas de chulavitas y pájaros. Se masacró el pueblo de Belalcázar, Cauca; se bombardeó El Líbano; los diarios El Espectador y El Tiempo y las casas de López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo fueron incendiados. Según el libro La Violencia en Colombia, había en el país focos de resistencia armada contra el gobierno que tendían a conformar un movimiento guerrillero unificado del que la Dirección Liberal Nacional fue un apoyo vergonzante y calculador y el Comité Central del Partido Comunista un orientador clandestino. No cabe duda de que esta amenaza fue un factor definitivo del golpe de Estado contra Laureano Gómez encabezado por Rojas Pinilla —13 de junio de 1953— e impulsado por el liberalismo y por una mayoría conservadora.
Rojas Pinilla inauguró su gobierno bajo el lema “No más sangre, no más depredación; paz, justicia y libertad para todos”. A los pocos días decretó una amnistía y un indulto general, tanto para guerrilleros como para aquellos servidores públicos que “por causa de excesivo celo en el cumplimiento de sus funciones” hubiesen cometido delitos. Los aviones del gobierno bombardearon con hojas volantes las zonas de conflicto llamando a la entrega de armas.

Tras un corto período de completo desconcierto y con el respaldo de la DLN, entregaron armas las fuerzas del Llano, Magdalena Medio, Antioquia, Cundinamarca. Al sur del Tolima llegó a caballo una comisión encabezada por los doctores Rafael Parga Cortés, Ismael Castilla y Severiano Ortiz, conocidos jefes liberales de Chaparral, a negociar la entrega. Por otra vía, Alfonso Mejía Valenzuela, mayor del Ejército, y un sacerdote Larrazábal buscaron acuerdos con los liberales, quienes, cansados de la guerra, aceptaron poco a poco las condiciones.

Los generales Mariachi, Valencia y Pasillo, que habían pertenecido al sector comunista y que constituían una de las fuerzas más representativas de los limpios, entregaron sus armas en Santa Ana. Los demás mandos fueron haciéndolo paso a paso. Don Gerardo Loaiza fue nombrado alcalde de Rioblanco. Los comunes sospecharon que se trataba de una nueva fase del conflicto en la que los limpios se volverían aliados del gobierno y cambiarían sus viejos fusiles por armas de dotación oficial contra las fuerzas de los comunes.
Las guerrillas del Bloque Sur o de El Davis no aceptaron los términos propuestos por Rojas, al que llamaron “el delincuente más villano del país, quien conquistó su título a base de asesinatos y masacres… (como) la matanza colectiva en la Casa Liberal de Cali siendo comandante del Ejército en 1949”, y uno de los más develados “servidores del imperialismo norteamericano y su política de guerra”.

Cabe recordar que Marulanda fue testigo en ese año de las quemas de Ceilán, El Dovio, La Primavera y de la más cruda violencia en el Valle, dirigida por un aliado de Laureano Gómez y de Rojas Pinilla, Ángel María Lozano, alias el Cóndor. Ante el Senado, en 1959, Rojas confesó: “…él me ayudó en la pacificación del departamento (del Valle)”.

En octubre de 1953 el Bloque Sur llamó a continuar la lucha como movimiento de autodefensa de masas hasta lograr “el retiro de todas las fuerzas represivas; la devolución de las fincas a las víctimas de la política de sangre y fuego; la reconstrucción de sus viviendas; la reposición de sus bienes; el suministro de auxilios en dinero, semillas, herramientas; la construcción de escuelas, centros sanitarios, vías de comunicación, y la parcelación de tierras”. Ante la división con los limpios, los comunes crearon el Ejército Revolucionario de Liberación, con una organización “similar a la del Ejército Nacional”: compañías, escuadras y guerrillas, jerarquías —mayores, capitanes, sargentos— y un estricto reglamento, que incluía a la población civil.

Rojas Pinilla había decretado la amnistía y el indulto de manera condicional y dio un plazo para la entrega de armas, al término del cual volvió a declarar la guerra al movimiento guerrillero, que brevemente operó de manera unificada. Hay que tener en cuenta que Rojas fue un protegido de Mariano Ospina Pérez, que lo nombró director de Aerocivil y ministro de Comunicaciones. Toda la región se vio entonces envuelta en sangrientos combates. Más de 5.000 hombres, dice Marulanda, apoyados por la aviación y estrenando fusiles punto 30, cercaron El Davis. Los liberales pactaron de nuevo un acuerdo; los comunistas constituyeron las “comisiones rodadas” al mando de Ciro Trujillo, Charro Negro, y Andrés Bermúdez, El Llanero, se quedó con 75 hombres en la zona para defenderla; finalmente fueron copados por el Ejército y sus mandos fusilados. La población civil fue evacuada al ritmo y en la medida en que los comandos se abrían paso.

Al desintegrarse El Davis, Richard salió con su gente para Calarma; Avenegra, otro de los mandos, se perdió por los lados de Natagaima, y Yosa se refugió en Gaitania. Marulanda escribió: “Al cesar en el año 53 la lucha guerrillera, por entrega de la mayoría de los combatientes liberales, los comunistas subjetivamente no podían continuar por su cuenta y riesgo” el movimiento. Entonces optó por constituir, en compañía de Charro Negro, un comando clandestino, “absolutamente móvil”, que se conoció como el de “Los Treinta”, con 26 hombres y cuatro mujeres.

La gran mayoría de cuadros —tanto liberales como comunistas— se fundaron como colonos en las regiones de Gaitania y San Miguel. “Toda esa tierra la abrimos a hacha y sembramos comida y café”, cuenta Jaime Guaracas. Balín, quien fue guardaespaldas de Marulanda, recuerda: “colonizamos la zona entre los 30 que quedamos. Hicimos trochas para sacar madera y hacer fincas, comisionábamos para el Cauca y para el Huila, para Caldas y para el Valle; en todas partes creábamos cadenas y enlaces; se consiguieron préstamos de la Caja Agraria para cultivar café, se sembró comida y hasta ganado llegamos a tener”.

Los Treinta se emplazaron entre Marquetalia —llamada en ese tiempo el Támaro— y Riochiquito, mientras Lister, Richard, Cardenal formaron una columna de marcha que se desplazó con armas, mujeres, niños y bestias desde Gaitania hasta Villarrica, en el oriente del Tolima, por los caminos de Prado, Dolores, La Colonia. Allí encontraron a Ciro Trujillo. Las organizaciones que existían en Sumapaz y Tequendama albergaron el destacamento. Años después, Isauro Yosa contaba: “Villarrica era una región donde uno podía moverse tranquilo porque todos sabían quiénes éramos y a qué habíamos venido. Los camaradas eran muy respetados. Yo me mantenía dando charla, dando orientación, organizando, porque sabíamos que la calma era corta. Si la paz anochecía, no amanecía”.


El líder izquierdista Juan de la Cruz Varela (centro) cuando ya era el líder campesino que inspiró el movimiento guerrillero. / Fotos: Archivo - El Espectador

Un viaje hasta La Habana para reconstruir con los fundadores de las Farc los episodios que llevaron al surgimiento de esa guerrilla hace 50 años.
Por: Alfredo Molano Bravo /Especial para El Espectador.
Quienes impulsaron y festejaron el golpe de Rojas Pinilla tenían calculado que su papel de árbitro duraría entre el 13 de junio de 1953 y el 7 de agosto de 1954. Rojas no pensaba así y presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente (Anac) que sesionaba —desde cuando fue convocada por Laureano Gómez— dos proyectos íntimamente ligados: la elección de Rojas Pinilla como presidente legítimo y una ley que prohibía el comunismo. Sustentó el primer proyecto en la imperiosa necesidad de consolidar el orden público y el segundo en la infiltración comunista.

Los partidos tradicionales, que ya comenzaban a temer la instauración de una dictadura militar —salvo el laureanismo y sectores marginales del Partido Liberal—, sentaron su protesta. Mariano Ospina, mentor del general y jefe supremo, quien además presidía la Anac, hizo aprobar las normas en la reunión convocada para agosto de ese año. El movimiento estudiantil, muy cercano al liberalismo, organizó en junio una manifestación en memoria de Gonzalo Bravo Pérez, caído durante una protesta contra Abadía Méndez en 1928.

En la puerta de la gloriosa Universidad Nacional cayó esta vez Uriel Gutiérrez. Al día siguiente hubo otra manifestación aún más grande y el batallón Colombia, acabando de regresar de Corea, disparó contra los estudiantes: 10 muertos y 40 heridos. El Gobierno declaró que infiltrados comunistas y agentes laureanistas habían disparado contra la tropa. Durante tres meses el Gobierno agitó esta acusación por todos los medios: “El comunismo soviético busca apoderarse de la patria”.

La ley anticomunista fue aprobada como acto legislativo número 6, firmado por Mariano Ospina Pérez y el ministro Lucio Pabón Núñez. La ley colombiana fue copiada de The subversive activities control act of 1950, impulsada por el senador Joseph McCarthy. Esta enmienda, pieza maestra de la Guerra Fría, fue la herramienta para desplegar la más brutal persecución de la izquierda norteamericana, cuyas más conocidas víctimas fueron los esposos Julius y Ethel Rosemberg, acusados de espionaje a favor de la URSS y ejecutados en la silla eléctrica en 1953. Fueron perseguidos también Charles Chaplin, Arthur Miller, Elia Kazán, John Steinbeck.

Con base en esta ley se impidió la entrada al país de Pablo Neruda. La ley que prohibía el comunismo en el país se sustentaba en los hechos del 8 y el 9 de junio y en el levantamiento del 9 de abril. La Corte Suprema de Justicia concluyó en diciembre que “en las muertes de los estudiantes no tomaron parte el comunismo ni la subversión laureanista”.

Los culpables de pertenecer, colaborar, simpatizar con el comunismo podían ser condenados a prisión entre uno y cinco años o confinados en una colonia penal agrícola. El Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) fue el encargado de definir quién era “rojo”. Para Rojas, “guerrilleros intelectuales” eran Eduardo Santos y Alberto Lleras. De otro lado, la ley buscaba ganar el apoyo del gobierno de EE. UU. para la reelección del “segundo libertador”, como gustaba ser llamado el jefe supremo. La política de guerra fría adoptada por Rojas Pinilla tuvo su más cruel y brutal desarrollo en la llamada Guerra de Villarrica, situada en la falda occidental del Páramo de Sumapaz, en el oriente del Tolima.

A partir de los años 40 el movimiento agrario entró en una fase política y muchos de sus dirigentes fueron a elecciones con distinta suerte. Juan de la Cruz Varela fue elegido a la asamblea del Tolima entre 1945 y 1949. Gaitán ganó las elecciones de 1947 y al año siguiente fue asesinado. En Fusa y Pasca, los nueveabrileños se tomaron la alcaldía y apresaron a las autoridades, igual a lo sucedido en Ceilán, Valle, y en muchos municipios liberales del país. El levantamiento duró una semana.

En Villarrica, que era un pueblo liberal, hubo tres muertos conservadores el 10 de abril, pero rápidamente se retornó a la normalidad. En agosto, Laureano había dicho desde España: “Creo que la guerra civil es inevitable, quiera Dios que la ganemos nosotros”. La violencia conservadora comenzó en agosto en San Bernardo, donde miembros de la policía chulavita asesinaron a tres y dejaron 15 heridos.

En octubre, Juan de la Cruz sufrió un atentado en Arbeláez, pueblo eminentemente conservador, después de lo cual el dirigente se refugió en el alto Sumapaz. Justamente en ese año fue nombrado director de la colonia de Villamontalvo Eduardo Gerlein, un barranquillero que andaba siempre escoltado por la chulavitas y que había llegado a conservatizar la región. Según Rocío Londoño, pocos días después asesinaron a 140 personas en la vereda San Pablo cuando los llevaban presos para la cárcel de Cunday.

Los homicidios, la quema de ranchos y la violación de niñas continuaron durante todo el año. Al final los campesinos habían organizado su resistencia bajo la modalidad de autodefensas campesinas. Su primera operación consistió en atacar una patrulla del Ejército, allí resultaron muertos 19 soldados. El Gobierno bombardeó la vereda de Mercadillas, donde se desarrolló la acción.

Varela fue uno de los principales organizadores de la autodefensa. Los más importantes grupos se organizaron en las veredas El Roble y Galilea, en Villarrica, y El Palmar, en Icononzo. En esta vereda ingresó Varela al Partido Comunista en 1952. Una asamblea de autodefensas lo eligió comandante del grupo junto con otros campesinos: Luis Enrique Hernández, alias Solito; Salomón Cuéllar, alias Vencedor, y Rafael Castellano, Tarzán, originalmente de las autodefensas de Viotá; Víctor Jiménez, alias Roncerías, y Luis Mayusa, alias Gavilán, que había sido parte del comando de Chicalá, Tolima, bajo el mando de Isauro Yosa.
El ataque a El Palmar se produjo en diciembre de 1952 y dio lugar a otra marcha de unas 4.000 personas hacia Villarrica. Los enfrentamientos fueron constantes y sangrientos. De Villarrica la marcha continuó hacia el alto Sumapaz buscando refugio en el páramo, donde Varela reorganizó a la gente y formó las autodefensas de la región. Los insurgentes atacaron el puesto militar de La Concepción, la base militar más importante del Ejército en el alto Sumapaz.

Con Varela en el Partido Comunista, el grueso de las autodefensas siguió las directrices del comité central, uno de cuyos más ilustrados dirigentes, Gilberto Vieira, había orientado la lucha agraria en la región del Tequendama. Varela participó en la célebre Conferencia Boyacá en 1952; en julio de 1953 tomó contacto con el general Duarte Blum, a raíz de lo cual el Gobierno atendió las demandas de las autodefensas y convinieron una entrega de armas que, según los viejos guerrilleros, fue más bien un acto simbólico porque la mayoría de armas buenas quedaron en manos de los guerrilleros. Uno de los puntos principales de la exigencia de los campesinos fue un plan de parcelación y de devolución de las tierras despojadas por los conservadores a sus legítimos propietarios. En la entrega de armas apareció Avenegra, que llegó de la región de Natagaima, donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior.

El Gobierno creó la Oficina de Rehabilitación y Socorro y el Instituto de Colonización e Inmigración. El Partido Comunista, que conocía de sobra el anticomunismo del general, no compartió del todo la decisión y adicionó a las demandas agraristas la amnistía general y el levantamiento del Estado de Sitio, para lo cual creó el Frente Democrático. Seis meses después se hicieron regulares las quejas de los campesinos —que al regresar a sus tierras las encontraron ocupadas o vendidas— y los programas de rehabilitación nunca arrancaron.

El mismo general Duarte Blum, que había hecho los acuerdos y recibido las armas, declaró a la misión militar norteamericana que “esas promesas de ayuda económica no se han cumplido”. El tesorero del Partido Liberal dijo: “Se ofrecen pajaritos de oro y todo no queda más que en un pantalón de dril, una camisa y un salvoconducto”. En estas condiciones, numerosos grupos de campesinos que se habían desmovilizado se enmontaron de nuevo con sus familias.

El coronel Cuéllar Velandia, cinco días después de ser nombrado jefe civil y militar del Tolima, en marzo de 1955, denunció “la agitación comunista en Ortega y Villarrica” y dio comienzo a una “drástica limpieza… a fin de poner coto a la depredación”. Poco después, el oriente del Tolima fue declarado zona de operaciones militares: se decretó el toque de queda, se levantó un empadronamiento general y se construyó un campo de concentración en Cunday.

Hubo redadas generales a mediados de abril en las que fueron “trasladadas a centros de trabajo” unas 4.000 personas y 250 presos fueron remitidos al campo de concentración. Uno de ellos fue Isauro Yosa, Mayor Lister. Paralelamente, el Gobierno emitió un decreto que limitaba la libertad de prensa e impedía entregar información relacionada con actos ilegales o deshonrosos de las FF. AA., bajo pena de cárcel. La guerra comenzó de nuevo. A fines de abril de 1955 el Gobierno informó de manera sucinta sobre las operaciones militares, que “en primera fase se habían hecho para despejar el eje Cunday-Villarrica-Berlín.

El Batallón Colombia se apostó cerca de Villarrica y los combates entre fuerzas reagrupadas del Sumapaz y el Ejército fueron aumentando en frecuencia y en composición de fuerzas. En mayo hubo un enfrentamiento que duró tres días, en el que aparece ya la figura de Luis Morantes, que el país conocerá como Jacobo Arenas, y quien había continuado la agitación emprendida por Erasmo Valencia.

Juan de la Cruz Varela le escribió al Gobierno denunciando que la represión del Ejército había obligado a 2.000 trabajadores a refugiarse en las montañas para salvar sus vidas. El Gobierno aducía que la región había sido infiltrada por el comunismo soviético y que si había problemas de tierra era porque los comunistas se habían apoderado de las tierras de humildes labriegos.

Navas Pardo, amigo íntimo de Rojas y jefe del Ejército, decía que en el país había 15.000 bandidos en operación, de los cuales 3.000 era comunistas. Los militares hablaban de que en el Tolima se habían creado “superestados”. Al embajador norteamericano le comunicó que Lister, “un líder de la guerra civil española”, había muerto con otros de origen alemán, checo e inclusive ruso.

El embajador de EE. UU., en un informe al Departamento de Estado escribió que el análisis de la Brigada de Orden Público del Tolima ha llegado a la conclusión de que “todos los habitantes del área rural son bandidos en potencia”. Pero el análisis falla en presentar evidencia satisfactoria de infiltración e inspiración comunistas en la acción guerrillera. “La lucha en los alrededores de Villarrica —recordaba un guerrillero— duró entre seis y ocho meses defendiendo posiciones… decíamos que tenían que matarnos para poder sacarnos de ahí”.

Los guerrilleros, bajo el mando de comandantes que tenían experiencia de la resistencia tanto en Sumapaz como en el sur del Tolima, organizaron la que se llamó “La Cortina”, una línea defensiva de trincheras donde esperaban impedir el avance de las tropas oficiales. res, inclusive colchones, camas, gallinas” (ver recuadros).

La embajada norteamericana informó a su gobierno que entre el 7 y el 10 de junio Villarrica había sido destruida por el bombardeo aéreo y por el incendio causado por las bombas napalm. La Fuerza Aérea “nos informó privadamente que la FAC arrojó aproximadamente 50 bombas napalm fabricadas aquí (en Colombia)”, lo que permitió la captura de la Colonia, que había sido zona de colonización desde los años 40 y que el Ejército consideraba la sede del movimiento comunista. Felipe Salazar Santos, jefe liberal del Tolima, escribiría más tarde: “Fue una ocupación militar y política de ‘tierra arrasada’… contra todo lo sospechoso de comunista”. Según Navas Pardo, la ofensiva “rompió la organización comunista en el oriente del Tolima.

Desde el golpe militar, Rojas entró en conversaciones con el gobierno de EE. UU. para comprar armas por un valor de 150 millones de dólares, suma que era superior al total de asistencia militar a América Latina. Se dijo que el Gobierno gastó la cosecha cafetera de 1954, que alcanzó los más altos precios de la década, en armas y pertrechos. En mayo de 1955 había comprado 3.000 bombas napalm, que, como se sabe, son gasolina espesada que al estallar se derrama a una temperatura de 700 grados centígrados. No obstante, el embajador norteamericano cuestionó el negocio de las armas, consideradas por él mismo como “de terror” porque supondría un uso que podría ser desaprobado por todo el continente.

Sin embargo, ante la insistencia de los militares colombianos que habían determinado que la guerra contra las guerrillas se debía terminar el 8 de junio para conmemorar el golpe de Estado, aceptó que “la misión aérea en Bogotá auxiliara técnicamente a la FAC en la preparación de bombas. Así concluyen Silvia Galvis y Alberto Donadío en su biografía sobre Rojas Pinilla: “El bombardeo fue de manufactura múltiple: asesoría norteamericana, materia prima europea y mano de obra colombiana”.

La violenta y desproporcionada ofensiva de las FF. MM. sobre Villarrica obligó a los guerrilleros no sólo a romper la cortina, sino a cambiar radicalmente de estrategia y a convertir su fuerza en lo que se llamó guerrilla rodada o móvil. Estas guerrillas hostigaron al Ejército con el objetivo de permitir que la población civil fuera evacuada hacia el alto Sumapaz, donde el movimiento de autodefensa organizado por Varela había sido y seguía siendo muy fuerte, El Ejército temía el enfrentamiento y en cierta medida lo evitó a pesar de bombardeos y ametrallamientos esporádicos. Otro contingente civil compuesto emigró hacia la Hoya de Palacio en las cabeceras del río Duda, que bota sus aguas al Guayabero. Fueron marchas verdaderamente heroicas. Cientos de familias sin comida, con niños, animales domésticos, bártulos.

Perseguidas por tierra y aire por las FF. MM., lograron en seis meses escapar de la ofensiva e instalarse en las regiones altas del macizo de Sumapaz. Otras fueron evacuadas y fundaron colonizaciones en las vertientes del río Guayabero, del Ariari y de El Pato. Toda la vertiente del Orinoco. Algunas regresaron a Villarrica.

Rocío Londoño afirma que los comandantes guerrilleros formaron cinco contingentes, “uno al mando de Richard que, como se recordará, había llegado desde El Davis; el segundo al mando de Diamante; el tercero al mando de Palonegro; el cuarto con Avenegra, también del sur del Tolima, y el quinto con Tarzán, venido del Tequendama, y de Luis Mayusa, Gavilán. En diciembre se reunió una conferencia de comandantes a la que asistieron, entre otros, Varela, Vencedor, y Anzola, dirigentes guerrilleros, con el fin de organizar la resistencia armada y la colonización de las regiones de La Uribe y El Duda.

También se habló de crear un ejército de liberación nacional. Entre 1955 y 1957 las dos estrategias complementarias de sostener una guerra de guerrillas rodadas desde el Guayabero y el Caguán hasta el Magdalena, y al mismo tiempo colonizar la vertiente oriental del Sumapaz desde el Ariari, en Meta, hasta El Pato, en Caquetá-Huila, se pusieron en práctica. Fue lo que se ha llamado la colonización armada. Mientras esto sucedía y Rojas fundaba la Tercera Fuerza, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez firmaban el Pacto de Benidorm en España, base del Frente Nacional.

En el oriente del Tolima, Juan de la Cruz Varela entró en conversaciones con Rafael Parga Cortés —que conversaba también con Mariachi en Planadas, en el sur del departamento—, exigiendo garantías del Gobierno para volver a sus fincas y regresar a sus dueños legítimos las tierra usurpadas, abrir líneas de crédito barato, dotar de herramienta e insumos a los agricultores, abrir la cárceles, adjudicar baldíos sin costo, levantar el estado de sitio y desmontar las “guerrillas de paz” y las bandas de pájaros y chulavitas.

El gobierno de Alberto Lleras instituyó el Plan Nacional de Rehabilitación Nacional. Manuel Marulanda Vélez se acogió y, sin entregar armas, fue nombrado inspector de la carretera entre Planadas, Gaitania, San Luis y Aleluya. Los combatientes y sus familias que se refugiaron en las regiones de Marquetalia y Riochiquito y los que lo hicieron en el Ariari, el Guayabero y El Pato, adelantarían el desmonte de selvas y la fundación de fincas. Serían las que los militares y Álvaro Gómez llamarían Repúblicas Independientes.

Los nostálgicos

Por Antonio CaballeroVer más artículos de este autor

Lo suyo es lo que un escritor francés llamó "la nostalgie de la boue": la nostalgia del fango.

Tiene razón el poeta y columnista William Ospina en su provocador artículo de apoyo al títere uribista cuando escribe que “Uribe y Zuluaga representan ya a otro sector de la sociedad”, distinto de la “vieja élite” que encarna Santos. Eso es verdad; pero no necesariamente implica mej
oría, como quiera darlo a entender Ospina con el adverbio “ya”. Para poner un ejemplo extremo (el de siempre): Hitler representaba ya algo distinto de la “vieja élite” aristocrática prusiana encarnada en el mariscal Von Hindenburg. Y así le fue a Alemania. (Tampoco le había ido bien con los aristócratas prusianos, de acuerdo).

Óscar Iván Zuluaga no es Hitler, por supuesto. Ni siquiera su patrón Álvaro Uribe es Hitler (aunque hace años hiciera yo aquí mismo esa comparación caricaturesca en los albores del uribato). No creo que Uribe y su títere vayan a emprender una “solución final” de exterminio para las “razas inferiores” (no paisas), así cuenten con la bendición apostólica del Gran Inquisidor Alejandro Ordóñez y con la colaboración tecnológica del Gran Electrocutador Pachito Santos. Pues ni siquiera en la eficacia práctica es Uribe comparable con Hitler: hay que ver las autopistas apenas carreteables que nos dejó en ocho años su Gran Planificador, su Albert Speer, Andrés Uriel Gallego. Antioquia no es Alemania.

No dice William Ospina qué sector nuevo es el que representan Uribe y su muñeco. Pero basta con echarle una ojeada al muy próximo pasado de sus ocho años de gobierno para saber cuál es: es el sector del narcoparamilitarismo, que hace unos años era llamado “clase emergente” y hoy recibe el nombre eufemístico de “bacrim”. Y es el equivalente, guardadas proporciones, de lo que representaban Hitler y sus pistoleros nazis en la Alemania de los años treinta: un sector rufianesco y gangsteril al que se aliaron, tras la toma del poder, terratenientes, industriales y banqueros: el gran capital, que siempre gira, como los girasoles, hacia el sol que más alumbra.

Lo de hoy aquí es apenas una parodia cómica de la inmensa tragedia de allá. Pero la comicidad no le quita su parte de tragedia: también aquí corre la sangre. El combo de Álvaro Uribe lo conocemos ya, y no es casualidad que tantos de sus amigotes estén presos o sean prófugos de la justicia. Sus parlamentarios, sus embajadores, sus ministros, sus jefes del DAS, sus comisionados de paz ante los paramilitares. Sus vecinos rurales del creciente latifundio de El Ubérrimo, como Mancuso, el jefe de las AUC a quien Uribe trajo ante un parlamento de uribistas que le recibió la visita con aplausos y le aplaudió también el discurso patriótico-uribista. Sus parientes, como su primo Mario, el hoy expresidiario que iba detrás comprando fincas abandonadas en la estela de las motosierras; su cuñada y su sobrina, reclamadas en extradición por narcotráfico; su hermano Santiago, señalado como jefe del grupo paramilitar de “los doce apóstoles”; sus hijos Jerónimo y Tomás, meteóricamente enriquecidos gracias al regalo paterno de zonas francas; su difunto padre, cuya avioneta personal fue encontrada en las cocinas de Tranquilandia del Cartel de Medellín, y cuyo cadáver fue a rescatar el mismo Álvaro Uribe en un helicóptero que le pidió prestado al narcotraficante y asesino Pablo Escobar. Sus colaboradores más cercanos: esos consejeros jurídicos que recibían en los sótanos del palacio presidencial a narcotraficantes que a continuación caían asesinados, esos compadres que canjeaban notarías por vacas, esos generales palaciegos que narcotraficaban, esos comisionados de paz que hacían montajes teatrales de rendición de falsos guerrilleros de guardarropía y recibían de falsos paramilitares armas de utilería. Y los responsables de la más innoble y horrenda farsa: la de los “falsos positivos” en los que tres mil –tres mil– inocentes, inocentes en todos los sentidos de la palabra, fueron asesinados para que sus cadáveres disfrazados con uniforme de guerrilleros engordaran las cifras triunfalistas de la “seguridad democrática”. ¿Qué responsables? El entonces ministro de Defensa Camilo Ospina, que dio la largada, los capitanes y coroneles y generales que ampararon la infamia, y el propio presidente Uribe que la justificó diciendo con desprecio sobre los asesinados: “No estarían cogiendo café…”

A un nivel más modesto y subalterno, también Óscar Iván Zuluaga estaba haciendo por entonces sus pinitos en la desvergüenza: destituyó al superintendente financiero que pretendía estorbar con normas de vigilancia las maromas del compinche de negocios del presidente Uribe y novio de su secretaria, José Roberto Arango.

A diferencia de todo lo que dice el expresidente Uribe, que es comprobadamente falso, todo lo que vengo diciendo en este artículo es rigurosamente cierto.

Y entonces ¿por qué tanta gente quiere volver a vivir esos horrores? No todos los millones que votaron por Zuluaga son beneficiarios de la corrupción del uribato, y más bien saldrían perjudicados por su restablecimiento, ahora a perpetuidad. Así que ¿por qué escogen votar por el muñeco de Uribe? No veo más que una razón, de índole psicológica. No es que hayan olvidado los horrores del uribato, sino que les gustan. Lo suyo es lo que un escritor francés bautizó como “la nostalgie de la boue”: la nostalgia del fango.

Nota:
Pero ¿y lo del senador Robledo? Llama a votar en blanco porque los dos candidatos le parecen idénticamente malos. Pero su postura, dictada por el ansia de pureza del rigor mortis me recuerda una famosa inscripción de lápida de cementerio. La de un peatón atropellado por una tractomula cuando cruzaba confiadamente la calle con el semáforo en verde, sin mirar: “Aquí yace Jorge Enrique Robledo. Llevaba la vía”.
 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

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