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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

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Falsa democracia

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[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

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Los derechos humanos de los colombianos y los planes de guerra oligárquico-imperiales

Allende La Paz, Cambio Total.

En el galimatías en que quiere meternos la oligarquía y su gran prensa juega papel preponderante las llamadas “víctimas”. Es desde luego una forma de escamotear la responsabilidad estatal en el tema ya que en las “víctimas” se mete todo el mundo. Y así no debe ser la cosa. Tenemos que precisar que las “víctimas” son las víctimas de las violaciones de derechos humanos, violaciones adelantadas por el Terrorismo de Estado de la Doctrina de Seguridad Nacional, las cuales llegan a 6´887.229 víctimas.
 
De ellas más de 966.000 son víctimas mortales mediante las modalidades delictivas de las masacres, la desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” –otra expresión del galimatías oligárquico-. De entre ellas, por lo menos, óigase bien, por lo menos el 83% de las masacres, el 83,2% de las ejecuciones extrajudiciales y el 97,7% -casi todas- de las desapariciones son responsabilidad estatal, adelantadas con sus instrumentos asesinos de las fuerzas militares-narcoparamilitares, verdaderos engendros del mal que desde siempre han asesinado colombianos inocentes, inermes, desarmados.

El desplazamiento, las élites de Fedegan y la SAC y la responsabilidad estatal.

En lo que compete al desplazamiento tenemos que consignar que sigue en aumento. Colombia tiene desde 1985 hasta 2013 la escalofriante cifra de 5´921.229 desplazados forzosamente (últimas cifras compiladas por CODHES). 

Como se ven en las imágenes de abajo, la responsabilidad de Andrés Pastrana es escalofriante -1´351.389 desplazados según Codhes y 1´781.570 según Uariv-, y aún así tiene el cinismo de continuar “vivo” en la política de su partido Conservador (aliado a Uribhitler), seguida por la responsabilidad de Uribe Vélez –Uribhitler- con un reporte de 1´026.612 según Codhes y 1´461.872 según Uariv; con un descenso en la administración de Santos -3 años- a 734.962 según Codhes y 650.638 según Uariv, sin que eso signifique que la política de desplazamiento forzoso no siga siendo aplicada por las élites que agrupadas en Fedegan y la SAC se van aprovechando del desplazamiento, cuando no son ellas las causantes directas, o cuando el mismo estado les va “adjudicando” los terrenos baldíos que deberían es ir a parar a manos de los verdaderos campesinos. Si la tendencia del desplazamiento forzoso aplicada sigue igual, la administración Santos superará 1 millón de desplazados, cifra para nada despreciable y que en ningún momento significa mejoría, sino por el contrario nos muestran que el fenómeno persiste a pesar de los anuncios presidenciales




Desplazamiento y Plan Colombia

La política de guerra continuada con el Plan Colombia es evidenciada en que durante el período desde cuando se comenzó a poner en práctica ese Plan las cifras nos muestran que 3´769.629 colombianos fueron desplazados por un lado por la guerra desatada en todo el terriotiro nacional y, de otro, por las políticas aprovechadas por los terratenientes-ganaderos, quienes en contubernio impúdico con las fuerzas militares-narcoparamilitares adelantaqban la política del despojo de tierras, ganados, etc.

Éstas cifras nos arrojan que el Plan Colombia al producir 3´769.629 desplazados desde el año de inicio en el 2000 hasta el 2014, es decir, el 65,33% del total, lo cual muestra que las políticas de guerra implementadas por las élites en el poder con la ayuda del imperio estadounidense han sumido al pueblo colombiano en un inmeso drama humanitario del cual sólo podremos salir parando la guerra y buscando una salida política al conflicto interno colombiano.

La derrota del Plan Colombia, enfrentado y contenido por el accionar de las FARC-EP y el ELN, corre a la par de la sevicia conque las fuerzas estatales tratan a los campesinos, indígenas, obreros, trabajadores, mujeres, niños, etc, que los ven como “enemigos internos” a quienes se debe exterminar a toda costa.

El imperativo de una Mediación Pedagógica para la Paz en Colombia

Mirando a ver


Por: Alfredo Molano Bravo

El Incora y el Incoder, según la investigación de Carlos Salgado y Oxfam, han repartido más de 23 millones de hectáreas, pero nadie sabe en manos de quién está esa tierra. Lo más probable, digo yo, es que se haya ido concentrando en predios grandes. Es la tradición. Una vez se otorga un título, más dura un merengue en la puerta de una escuela que un predio en manos de un campesino. Los comerciantes de tierra y los terratenientes van a la zaga de los colonos comprándoles los derechos o raponeándoselos. La guerra es la condición y la mejor estrategia para el despojo, y el despojo cumple dos funciones: acumular tierra y obligar a los campesinos sin tierra a trabajar. Esa ha sido la clave de la historia agraria en el país. Los terratenientes ganan por uno de dos lados: poniendo a producir sus tierras o dejándolas valorizar con el tiempo.

La posesión de tierras baldías ha sido una de las razones más poderosas de los enfrentamientos entre colonos y terratenientes. La colonización cafetera fue una pelea por terrenos baldíos entre concesionarios de tierra y colonos. La Violencia de los 50 se echó andar sobre todo en las zonas cafeteras al elevarse el precio del café de manera sostenida desde el final de la Segunda Guerra, y el valor de las fincas se disparó. Los dueños de las haciendas cafeteras en Cundinamarca y Tolima, para citar dos casos bien conocidos, no sólo no mejoraron las condiciones de sus arrendatarios y aparceros, sino que las empeoraron. El resultado fue la invasión de predios por los colonos y el rechazo de los terratenientes con policía o con peones armados. Gaitán se montó en esa ola. Las Farc nacieron de la pelea en Tolima donde los hacendados de Chaparral trataban de ampliar sus posesiones —o propiedades— a costa de las tierras de arrendatarios y colonos. En Cauca, con los indígenas, y en Antioquia, con los campesinos, la historia fue la misma.

Llevamos 50 años de muertos y la cosa no se resuelve. El Gobierno aceptó a regañadientes en la mesa de La Habana la figura de zonas de reserva campesina, creadas por la Ley 160 de 1994, porque ni a la SAC ni a Fedegán les gusta la idea y menos a las Fuerzas Militares, que las consideran un engendro de la guerrilla. 

Pero en la oficina del ministro de Agricultura hacen cola los empresarios de palma, de bosques comerciales, de caña de azúcar, para abrirle de nuevo a la ley un boquete por donde puedan meter leasing sobre tierras, arriendos a largo plazo y el derecho al vuelo forestal. El ministro no habla sino ese idioma, a pesar de saber que está en ciernes un nuevo paro campesino para recordarle al Gobierno sus promesas preelectorales.

Sergio Jaramillo tendrá que explicarle con paciencia al señor Lizarralde que las zonas de reserva campesina no sólo impedirán que el día de mañana —o sea, al otro día de firmada la paz— las tierras entregadas a los campesinos regresen a manos de los terratenientes, sino que son la solución más justa para que los miles de campesinos hoy armados regresen a trabajar sus predios sin miedo a volver a ser despojados. Es simple, señor ministro, no piense que todo el mundo come caña. A esos miles de muchachos levantados en armas no se les puede tirar a la calle a que se rebusquen, porque lo hacen y lo harían de una manera poco amable.

Los títulos sobre tierras baldías entregadas por el Incoder durante el uribato deben ser aclarados; la opinión pública debe ser informada de quiénes son los dueños de esos predios dados a dos manos por Uribe y sobre los que el actual ministro de Agricultura monta su estrategia principal de desarrollo agropecuario. Son, léalo bien, ministro: 23’431.557 hectáreas. Ahorita cuando Fedegán cumple 50 años de fundada —los mismos años que tienen las Farc de lo mismo—, el señor José Félix Lafaurie, que fue superintendente de Notariado y Registro durante los ocho años de trampas y represión de Uribe, podrá ayudarle a poner en limpio esa incógnita.
 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

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