El proyecto de tan sólo seis artículos es desastroso y ofende la inteligencia. Se trata de crear un tribunal especial para que durante los próximos 12 años revise todos los fallos condenatorios proferidos “contra los miembros de la Fuerza Pública, por eventuales delitos cometidos en servicio activo y con ocasión del mismo, a partir del 1º de enero de 1980” para sustituirlos por sentencias absolutorias inapelables. Esto es lo más parecido a una ley de punto final, con las que se han amparado varias dictaduras, pues el objetivo es pulverizar 35 años de decisiones judiciales.

El proyecto, además de inconstitucional, es malintencionado. En efecto, pretenden dejar sin efecto las condenas impuestas por jueces ordinarios contra militares por hechos acaecidos en servicio activo. Quienes redactaron el proyecto de marras no pueden haber olvidado que las condenas contra militares por delitos cometidos en servicio activo no las imponen los jueces ordinarios sino la justicia penal militar, siempre complaciente y generosa con las tropas. ¿Se equivocaron en el uribismo? Por supuesto que no, el proyecto viene envenenado porque lo que busca es diseñar un instrumento legal que les permita a los militares que han sido condenados durante los últimos 35 años descalificar los fallos, pero sólo los proferidos por jueces ordinarios. Por tan tramposo camino, los oficiales sancionados podrán alegar que un juez ordinario los condenó por un hecho acaecido en servicio activo aun cuando no haya sido así, y conseguir la revisión y la absolución de delitos tan execrables como masacres, asesinatos fuera de combate, ejecuciones extrajudiciales y obviamente los “falsos positivos”.

A los proponentes de esta insidiosa reforma constitucional no les pasó por su cabeza incluir la posibilidad de revisar las miles de sentencias absolutorias proferidas por la justicia penal militar, sólo las de los jueces ordinarios. Claro, no estaban pensando en la justicia sino en legalizar la impunidad.

Muchos estaríamos de acuerdo con que se expidiera una ley que concediera beneficios judiciales a los militares condenados por hechos acaecidos en servicio activo, pero no a cualquier precio. Eso, además de que sería una bofetada a la Rama Judicial, expondría el país al escarnio mundial, pues semejante solución no la contemplaron los dictadores argentinos y ni siquiera el sátrapa de Pinochet.

Un sendero legal para abrirles a los militares las puertas de las prisiones sería expedir una ley que los excarcele, pero a cambio de verdad, justicia, reparación y la promesa de no repetición. Liberarlos sólo porque son ellos sería inmoral y peligroso. Por ejemplo, en el caso doloroso de la brutal retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, el país estaría dispuesto a perdonar lo que allí sucedió siempre y cuando nos cuenten de una vez por todas si el Ejército sabía previamente del asalto, si hubo un complot para asesinar a los maestros Alfonso Reyes Echandía y Manuel Gaona Cruz, quién dio la orden de ejecutar a los civiles inocentes de la cafetería del Palacio, por qué, dónde están sus cadáveres. Lo que no entenderían los colombianos de ahora y de la posteridad es que de la noche a la mañana terminen absueltos quienes hoy están condenados, gracias a los artificios del uribismo.

Es evidente que esta insensata y provocadora propuesta la tenían cocinada en el Centro Demoníaco para hacerla realidad si Óscar Iván hubiese ganado, pero como perdieron, ahora quieren cumplir la promesa a quienes creyeron que este esperpento legislativo podría ser acogido. Otra de la que nos salvamos.
Adenda. “En Colombia no hay perseguidos políticos”, dice Santos. Pregunto: ¿y entonces, los perseguidos por razones políticas por el procurador Ordóñez y la contratadora Morelli qué venimos siendo?

 Por fin, después de tres años de engaños, el acueducto se desplomó. El escándalo siguió en Santa Marta: una ciudad turística, la Perla de América, muriéndose de sed al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta y al lado de los ríos Guachaca, Córdoba, Piedras, San Diego, Fundación. La ola fue creciendo: calores de 41 grados en Valledupar, de 40 en Barranquilla, de 39 en Sincelejo. Lo nunca sudado. Se destapó el infierno. En La Guajira mueren 15.000 reses, 10.000 hectáreas para cultivos han quedado como el desierto de Gobi. En la costa se han declarado 642 incendios forestales que no saben con qué apagarlos y los ganaderos hablan de que se les murieron 32.000 vacas. En Cesar los arroceros denuncian haber perdido 1.000 hectáreas de cultivos que cuestan $5.000 millones. En la Mesa de los Santos se han asfixiado un millón de pollos. En Córdoba se está vendiendo baratísimo el ganado en pie. En los próximos meses la lista crecerá. Y los damnificados pedirán auxilios al Gobierno, a las secretarías departamentales de agricultura, a Naciones Unidas, a la FAO, a Rusia, a China.

El doctor José Félix Lafaurie Rivera —a quien su esposa le prepara un nicho en el cielo— ha diagnosticado que “El Niño se nos vino encima”. El defensor del Pueblo da un paso más y grita desde su escondite: Hay que salir a paliar el asunto. El Gobierno decreta el diagnóstico: El Niño está dando sus primeros latidos, y formaliza su política para resolver el drama: hay que ser más responsables, hay que ahorrar agua, hay que ser más responsables. Y a partir de aquí comienzan las soluciones, o mejor dicho, los contratos: 24 talleres para explicarle a una media docena de alcaldes y a sus secretarios para “concientizarlos y explicarles qué es El Niño y como se puede mitigar su crudeza”; se ordenó la compra de una flotilla de helicópteros con sus equipamientos para sofocar los incendios forestales, se autorizó la construcción de pozos profundos en La Guajira para mitigar la sed y se habilitaron 200 molinos de viento —“paralizados por el abandono”— para llenar los jagüeyes; en Magdalena se darán algunos (sic) subsidios para ayudar a los ganaderos. En Santa Marta “se darán al servicio cuatro pozos y se pondrán en operación otros 11”. El inefable doctor prometió la construcción de silos para alimentar las vacas que están enflaqueciéndose y que amenazan con encarroñarse. El Gobierno mandó asignar a la Unidad Nacional de Riesgo $23.000 millones que, sumados a los 30.000 que ya consignó, dan un gran total de 53.000 millones. Para rematar la feria, giró o girará 25.000 millones para los bomberos. En síntesis, la culpa es de El Niño y la solución son los contratos.

La ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ha declarado, digamos, que la culpa de todo la tienen los colonos por talar ilegalmente los bosques, los mineros ilegales por abrir huecos y los campesinos por sustituir bosques por cultivos agrícolas. ¿Ignora la señora ministra que en Colombia se tumbaron entre 2011 y 2012 la friolera de 300.000 hectáreas de monte, equivalentes a casi el doble de la extensión del departamento de Quindío?

Las selvas del Pacífico, desde el Atrato hasta el San Juan y desde el Dagua hasta el Mira, están siendo arrasadas como fue arrasada la Sierra Nevada de Santa Marta; los bosques de galería de la tierra plana, todas las selvas del piedemonte llanero han sido abatidas por colonos empujados por la violencia y obligados por el hambre para convertirlas en enormes haciendas ganaderas; en el Magdalena Medio, en el sur de Magdalena y Cesar, en el Catatumbo, en Meta, en Tumaco, la palma africana ha hecho lo mismo que la caña en el Valle: acabar con caracolíes, samanes. El agua no se acaba sola, la acaban, y no propiamente —aunque también— para embotellarla.

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