La luna de miel de Santos con los movimientos populares ha comenzado a agotarse. Pasado el entusiasmo en la lucha electoral contra los uribistas y habiendo quedado atrás el momento en que la “paz” parecía ser una tolda en la que cabía todo el mundo, la política de Santos para su segundo período se revela calcada a la del primero: apagar incendios cuando estalla alguna crisis, mamar gallo a la protesta social con negociaciones que no lleven a ninguna solución real, reprimir la protesta legítima y militarizar los territorios, criminalizar a los movimientos populares. Todo esto mientras se sigue avanzando a todo vapor con la locomotora minero-enérgica y la entrega de los recursos naturales del país, con el consecuente despojo en contra de las comunidades. Ya no hay cabida para las vanas ilusiones de sectores de izquierda que, ignorando la naturaleza del santismo, creían que podrían dar un giro “progresista” a la gestión del presidente. Incluso aquellos que se imaginaron en algún cargo burocrático, han visto sus esperanzas destrozadas, al constatar, con la nominación del gabinete, que la mermelada no alcanza para todos.
El encantador de serpientes muestra su cara real, nuevamente; se evidencia la manera en que Santos se burló de los sectores populares para aplacar el descontento acumulado contra su gestión y garantizar un clima de gobernabilidad conducente a su re-elección. Los dirigentes de la Cumbre Agraria ya han protestado que el gobierno no les cumplió nada de lo prometido cuando se desactivó el paro agrario de finales de Abril y principios de Mayo, y amenazan nuevamente con salir a la calle [1]. Pero Santos ya ganó su re-elección así que podrá reprimir tranquilo, todo lo que quiera, sin mayores consecuencias políticas en lo inmediato.
Sin embargo, pese a las vacilaciones, al desgaste y los equívocos de la dirigencia de izquierda, el pueblo colombiano, con la persistencia de ese viejo topo que mencionara Marx, sigue socavando, de manera casi imperceptible, las bases del régimen. Es la dinámica misma de la lucha de clases, no la política de aparatos en la estratosfera, la que va iluminando los caminos para forjar una alternativa popular, libertaria, en la actual coyuntura. Los paros cívicos que han sacudido al Putumayo, al Pacífico nariñense y caucano, a la Guajira y al Urabá, son síntomas visibles de este malestar profundo que recorre al país desde la periferia, que se expresa en una resistencia multiforme, tenaz, valiente y creativa.
Urabá
En esta región se vivió un paro de trabajadores bananeros y platanicultores del 4 de Agosto al día 6, convocados por Dignidad Platanera, entre otras cosas, por la reducción del pago de la caja de plátano de 9 a 8 dólares, situación económica que se agravó por el vendaval de Julio que afectó 5.000 hectáreas de plátanos. Como si eso fuera poco, empresas comercializadoras multinacionales como Unibán y Banacol no han pagado a 5.000 productores, a algunos hace incluso 11 semanas, adeudando un total de $2.200.000. Todo lo cual se suma a una situación de abandono absoluto de la región y la falta de servicios básicos como la electricidad [2] (ver Apéndice 1).
El bloqueo de miles de personas en protesta finalmente logró hacer que el gobierno decretara la emergencia, así como algunos paliativos, subsidios y apoyos económicos con los cuales mantener a flote el sector en medio de la crisis [3] . También lograron que los pulpos de Banacol se comprometieran a pagar ¾ partes de lo adeudado para poner fin a la protesta, comprometiéndose a pagar el resto en un plazo de tres meses [4]. Sin embargo, el precio que tuvo que pagar el pueblo urabeño para lograr esta victoria parcial fue altísimo: 24 heridos, 14 de ellos por impacto de bala (entre ellos cuatro menores de edad), y un joven de 23 años, muerto de un disparo al tórax, en el corregimiento de Currulao (Mutatá), así como 23 capturados que han quedado en libertad como parte del acuerdo de levantamiento del paro [5] .
Pacífico (Nariño y Cauca)
En ocho municipios del Pacífico de Nariño ( El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Santa Bárbara de Iscuandé, Mosquera, Barbacoas, Magüi Payán y Roberto Payán ) y tres del Pacífico de Cauca (Guapi, Timbiquí y López de Micay), con epicentro en Iscuandé, se viene desarrollando desde el 10 de Agosto un paro cívico convocado por las organizaciones afrodescendientes y campesinas, cuyo principal eje articulador ha sido exigir que se investigue y sancione a las autoridades corruptas. Pero el movimiento no solamente denuncia la corrupción estructural del aparato estatal, sino que además ofrece como salida la asamblea nacional constituyente y la creación de mecanismos de democracia directa y participativa que permitan una fiscalización permanente de la comunidad hacia las autoridades. Llaman también la atención y exigen respuesta a la situación social calamitosa de esos municipios en temas como salud, infraestructura, vivienda y educación. Por último, también el movimiento exige la paz con justicia social, un fin a la militarización de estos municipios, cese al fuego bilateral y protestan contra la presencia de multinacionales en sus territorios (ver Apéndice 2). Unas 240.000 personas se han sumado a este movimiento que ha paralizado totalmente la Costa Pacífico en estos departamentos [6] .
Aún cuando todavía no se presentan actos de violencia física contra los manifestantes, medios alternativos señalan que se ha bloqueado de manera premeditada la señal de Internet en esta región para aislar su voz del resto del país [7] .
Putumayo
Desde el lunes 11 de Agosto 52 comunidades y cuatro cabildos indígenas del corredor Puerto Vega-Teteye se han declarado en paro cívico protestando la ampliación de las licencias ambientales para las petroleras a expensas de los derechos de las comunidades, así como la militarización del territorio y la política de erradicación forzada de cultivos ilícitos, que en opinión de las comunidades movilizadas, busca “aburrir al campesino” para desplazarlo y así despojarlo de su tierra para ponerla a disposición de la locomotora minero-energética[8]. La propuesta de las comunidades se resume a tres puntos: derogatoria de la licencia ambiental para las petroleras, fin de las fumigaciones y respeto a los derechos humanos[9] (ver Apéndice 3).
Guajira
En una entrevista con Semana, la pediatra norteamericana Alicia Genisca decía que “la experiencia de desnutrición en Colombia es igual que en Etiopía” [10] . La situación de la Guajira es una de las más catastróficas en este panorama: el departamento cuanta con 37.000 niños desnutridos, siendo este un problema de carácter crónico; 30% de los niños menores de 5 años están desnutridos y mueren dos niños al día por falta de atención, deshidratación o hambre. Es decir, por pura pobreza. Y lo peor es que aún estas alarmantes cifras son un subregistro: el mismo reportaje de Semana cuenta el caso de un wayú Francisco Uriana ha perdido cinco hijos por física hambre y no ha reportado ninguno a las autoridades por las dificultades que existen para movilizarse desde las zonas rurales [11] . Como él, hay miles de casos.
La reciente sequía, que causó la muerte de 23.000 cabezas de ganado, ha vuelto explosiva la crisis permanente en que vive ese departamento. Pero esta crisis ambiental es expresión de la profunda desigualdad, la falta de acceso a recursos o a infraestructura adecuada, así como el impacto a largo plazo, ambiental y socio-económico que ha tenido la megaminería, particularmente la explotación carbonífera en la región, donde están las explotaciones del Cerrejón. Esto motivó que desde el 11 hasta el 12 de Agosto miles de guajiros se declararan en paro cívico exigiendo que se atendieran sus demandas: mejoras en la provisión de servicios e infraestructura, que el 20% de las regalías que genera el departamento se queden para financiar la inversión social, apoyo a proyectos productivos sostenibles –principalmente de carácter agropecuario y turístico-, mayor planificación en la utilización de los recursos naturales y creación de un fondo especial para pagar la deuda social del gobierno con el departamento [12] (ver Apéndice 4).
Después de dos días de paro cívico, con un saldo de diez heridos a manos del ESMAD y varios detenidos, se logró concretar un acuerdo con las autoridades. Como resultado de este acuerdo, los detenidos fueron puestos en libertad y no serán judicializados. También se creará una comisión que operará desde el 20 de Agosto para negociar el pliego del Comité Cívico de la Dignidad por La Guajira. Pero están claros que sentarse a negociar no es lo mismo que solucionar los problemas agudos del departamento, como lo declara Felipe Rodríguez, vocero del comité cívico, cuyas declaraciones reflejan el déficit de credibilidad de un gobierno que el pueblo ve como tramposo: “ como no confiábamos mucho en la palabra del presidente J.M. Santos, ni en el gobierno central, por ello estamos en un proceso de movilización para que la presión popular sea la que demuestre su fuerza, implique y obligue al gobierno a sentarse, dialogar y cumpla con los acuerdos a que lleguemos ”[13].
En resumen, se ve que, pese a que no exista una coordinación entre estos movimientos, sí hay problemas estructurales, de fondo, que atraviesan estos cuatro paros: la falta de apoyo a la producción campesina; las multinacionales y las locomotoras santistas que arrasan todo a su paso; la militarización que reprime y desplaza. En realidad, todo es parte de un modelo depredador de desarrollo, un modelo rentista y parasitario que ve al campesino, a las comunidades, como un estorbo para el gran Capital transnacionalizado, buscando encuadrarles manu militari. La integración de este modelo rentista-depredador con formas de violencia pública y privada, nos recuerdan que no se puede disociar el conflicto social del armado. La militarización se está utilizando para desplazar comunidades en beneficio de las multinacionales y para acallar la protesta social en contra de este modelo de acumulación por despojo. Por eso no se equivocan las comunidades del Pacífico cuando dicen en su pliego que la paz, para ser efectiva, sólo puede ser con justicia social; es decir, con transformaciones de fondo en las estructuras opresivas que reproducen una violencia estructural, sorda, constante, letal, sistemática, que si no mata a balas mata de hambre. Pero de que mata, mata. No es que la “justicia social” sea algo sencillamente deseable, pero no imprescindible, en la lucha por la paz; por el contrario, es su condición sine qua non.
Quizás el problema más grande para los sectores populares es el de pensar la paz en clave de cambios sociales profundos, y no como si negociaciones y transformación social fueran dos procesos paralelos, confusión que se generalizó en el contexto de la segunda vuelta presidencial [14]. De la mano de fórmulas equívocas como “estamos con Santos sólo por la paz, pero no con lo demás”, se fue desvinculando la justicia social como un aspecto integral de la apuesta de paz de los de abajo. La paz, en realidad, está íntimamente ligada a “todo lo demás”. La paz, vista como un concepto elástico, demasiado amplio, ignora las concepciones disímiles y hasta antagónicas que existen respecto a ella en el mundo popular y en los círculos de poder. Son esas concepciones opuestas de paz las que deben aflorar, evidenciarse, polarizar si es necesario, en lugar de crear consensos tan artificiales como superficiales en base a fórmulas vagas. El anhelo de paz no nos une con Santos, como algunas figuras de izquierda han dicho. Él anhela una paz con injusticia social, paz para que las multinacionales despojen y se apropien de los recursos a su antojo, sin resistencia. Nada más alejado de la visión de paz que han desarrollado durante décadas diversas expresiones del movimiento social.
Otra cosa es la defensa del espacio de negociación como mecanismo de superación del conflicto armado, pero esto no debe ser visto como sinónimo de apaciguamiento del conflicto social, como lo entiende el liberalismo y los sectores de izquierda que le siguen a la cola: antes bien, la mesa de negociaciones, al plantear visiones disímiles del tipo de sociedad que se quiere construir para superar el enfrentamiento armado, es un espacio más de lucha y confrontación. La paz es un proceso en disputa y el conjunto del pueblo debe abrirse un espacio en él. Un espacio el cual el movimiento popular debe conquistar desde la movilización social, desde la articulación de esas demandas ignoradas por siglos, rechazando enérgicamente que el Estado utilice las armas para seguir acallándolas -hecho que originó, en primera instancia, la resistencia armada, mutación del conflicto social ahogado en sangre. Ni la elección de Santos (ni de nadie) es garantía de paz, ni las reformas estructurales están garantizadas de antemano, sino que dependen de la capacidad de lucha de los sectores populares. Por eso es tan importante insistir en eso de que hay que “meterle pueblo al proceso”. De esto son conscientes los propios insurgentes como lo deja en claro un revelador artículo del comandante de las FARC-EP Carlos Antonio Lozada: “Sabemos que la culminación exitosa del proceso, así como la profundidad y el alcance de las trasformaciones económicas, políticas y sociales que se acuerden, dependen de la capacidad de movilización del pueblo colombiano. Nunca hemos creído que la salida a la encrucijada nacional pueda encontrarse sin contar con el concurso de las más amplias mayorías, única garantía de poner freno a las fuerzas que abogan por la continuidad de la guerra” [15]. Guerra que se hace en función de preservar un determinado modelo económico, social y un determinado tipo de Estado.
Lo hemos dicho una y mil veces: lo que decide es la lucha. Estos paros comienzan a marcar pauta de lo que será la resistencia popular al modelo que defenderá Santos en su nuevo mandato, a su agenda de prioridades, así como al concepto de paz con injusticia social que tratará de imponer. Al calor de estas luchas ojalá que veamos forjarse nuevos liderazgos colectivos y nacer propuestas políticas frescas, como las demandas de democracia directa en el Pacífico. Como siempre, los de abajo, los burlados de siempre, están demostrando que su resistencia es fecunda y creativa.
NOTAS:
[14] http://anarkismo.net/article/27091 Paradójicamente, la actitud adoptada por sectores de la izquierda en la segunda vuelta, que aparecieron haciendo campaña por Santos como si fuera candidato propio, y hasta tomándose foticos sonriendo juntos, facilitó que hoy sea el uribismo quien aparezca ante la opinión pública, de manera totalmente espuria, como la “oposición”. Quizás esperaban algún cargo burocrático y una dosis más o menos generosa de mermelada, pero nada: el gabinete santista no les dio cabida a la hora de repartirse el botín de los cargos público. Esta paradoja política fue reflejada mejor que nadie por una figura del uribismo, Juan Carlos Vélez Uribe, quien dijo hace un par de días en su cuenta de Twitter que “Así no haya representantes de la izquierda en gabinete de Santos esta tendrá que responder por resultados de dicho Gobno porque votó por él” http://www.semana.com/nacion/articulo/el-gabinete-de-santos-que-se-quedo-sin-afrocolombianos/398888-3 Triste pero cierto, y aunque los dirigentes de izquierda no lo quieran ver así, esta asociación quedó grabada en amplios sectores sociales.
Apéndice 1
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA, ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y COMUNIDAD INTERNACIONAL
Turbo, julio 15 de 2014
Los productores de plátano de Urabá – Darién – Caribe Colombia, ante la decisión de las comercializadores (UNIBAN, BANACOL, BANUR, CONSERBA) de rebajar en un dólar (US$ 1.0) a partir de la semana 27 del presente año, el precio de compra de la caja de plátano de 25 Kg (primero US$ 0.20 y ahora US$ 0.80) la restricción en los altos cupos para recibir la fruta producida en las fincas, sumado a la devaluación de dólar, el alto costo de fertilizantes e insumos; los transportes, y además, los efectos de la naturaleza (sequia, vendaval, invierno, inundaciones, plagas y enfermedades), y el no pago de BANACOL a sus productores, con 9 semanas atrasadas, suma aproximada a los 2 millones de dólares (US $ 2´0), unos $ 4.000´000.000 millones de pesos, manifestamos a la opinión pública y al gobierno nacional nuestra gran preocupación e inconformidad por la situación que estamos padeciendo los platanicultores, quienes estamos en riesgo de desaparecer en estas condiciones, debido a la descompensación entre costos de producción y el precio de venta, sin que contemos con apoyo alguno por parte de las entidades gubernamentales y de la comunidad internacional que se alimentan con nuestros productos.
Ante esta situación y el silencio de cada una de las instancias tanto públicas como privadas, comprometidas en este mercado alertamos a la comunidad en general sobre este hecho, que afecta, de manera directa, a por lo menos 15.000.000 familias campesinas que derivamos nuestro sustento de este cultivo, e indirectamente de un número considerable de mano de obra, quienes además padecemos de la falta de seguridad social, la carencia de los más elementales servicios públicos como son agua potable y saneamiento básico, vivienda digna, atención integral en salud, educación y asistencia técnica para la producción; vías de acceso y en general la falta de infraestructura de servicios, que nos permitan vivir de manera digna.
Lo que está en juego hoy es la estabilidad económica de 15.000 familias platanicultores de Urabá a quienes se les quiere sacar del bolsillo casi cinco millones de dólares (US$ 5’0), aproximadamente, diez mil millones de pesos ($ 10.000’0), por la rebaja de un dólar por caja, casi 5’0 millones de cajas para la exportación desde Urabá, (4’8 millones de cajas en 2013, según cifras de Augura), la garantía del mercado para nuestros productos, hoy hay restricción en los cupos sobre la producción de las fincas que cada día es más frecuente, aun no estando en cosechas y la afectación, aun mayor, a minino vital del sustento de las familias a quienes BANACOL, adeuda 9 semanas de embarque, somos pequeños productores que derivamos el sustento del producido semanal de nuestro trabajo.
Se está castigando así a los pequeños productores para que asumamos las cargas de la supuesta descompensación del mercado al decir de las comercializadoras, sin la mínima garantía del derecho a defendernos; por estas razones nos declaramos en alerta máxima, en espera de que el Gobierno Nacional, en cabeza del Sr. Presidente de la República, Minagricultura y Mincomercio, nos den una respuesta oportuna y satisfactoria a nuestras peticiones en tal sentido, de lo contrario tendremos que proceder con acciones de hecho y de derecho para lograr de que se nos reconozca la descompensación en los costos de producción, se nos permita sacar nuestros productos directamente por el puerto de Urabá y se nos cancele las deudas atrasadas, por eso solicitamos el apoyo de todos los productores agrícolas de la región, de todas las fuerzas vivas, del sector comercio, transporte y fuerza laboral en general, nos acompañen en esta justa petición de nuestro gremio, tendiente a exigir nuestros derechos como productores Colombianos, dignos de todas las garantías constitucionales y legales que nos debe garantizar el Estado.
COMITÉ CENTRAL PRODUCTORES PLATANEROS DE URABÁ – DARIEN – CARIBE
Apéndice 2
MANDATO CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA COSTA PACÍFICA
1. Exigimos una asamblea nacional constituyente que garantice la transparencia de las administraciones públicas. Revocamos los mandatos de los actuales gobiernos y su régimen municipal, caracterizados por la corrupción e ilegitimidad; como también las personas que hayan ejercido las alcaldías o cualquier cargo administrativo y se les haya hecho cuestionamientos por corrupción; no podrán volver a aspirar a ningún cargo público. En este orden de ideas imponemos la ejecución de peculado con toda la fuerza de la ley.
2. Todo Esquema de Ordenamiento, Plan básico, Plan de desarrollo o actividad que use recursos públicos tienen que ser creados, aprobados y vigilados por asambleas populares en cada municipio; en conjunto con el concejo municipal o alcalde municipal según sea el caso. La asamblea tiene la función de vigilar, suspender, revisar, revocar y exigir toda información, con el objeto de hacer cumplir con el mandato establecido en la asamblea popular.
3. Prohibimos el ingreso de transnacionales a nuestros territorios, declarando que nuestras comunidades tiene autonomía propia para hacer uso del suelo y del subsuelo del país.
4. Declaramos que la paz tiene que ser con justicia social, donde todos los colombianos y colombianas se nos garantice de forma equitativa y real frente a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Colombia y el Derecho Internacional Humanitario. Apoyamos los diálogos de la Habana y demandaremos del gobierno que se firme un acuerdo de cese bilateral al fuego mientras se logra un acuerdo de paz.
5. El pueblo en su autonomía de elegir a sus mandatarios y funcionarios públicos, evaluará los resultados administrativos de los mismos por medio de asambleas populares, respetando la soberanía declarada constitucionalmente para todos los colombianos y colombianas. Y con libertad tomará todas las medidas del caso cuando no se cumpla a cabalidad con las funciones públicas.
6. Las fuerzas armadas retomarán las funciones para las cuales fueron creadas: “Salvaguardar la soberanía del pueblo colombiano con respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” y saldrán de los cascos urbanos y rurales cercanos a la población civil. Basta ya de represión estatal y violaciones de derechos humanos, herramientas utilizadas por el estado para respaldar la debilidad e impotencia administrativa de los gobernantes de turno, frente a la libre expresión del descontento de pueblo con las administraciones corruptas.
7. Ordenamos al gobierno nacional que brinde las garantías y recursos necesarios para la difusión, socialización y educación de la ley 70 de 1993 de las comunidades negra a nivel de la región pacífica Colombiana.
8. Ordenamos al gobierno nacional que reglamente la ley 70 de 1993. Es de prioridad para el desarrollo de nuestras comunidades la definición de los mecanismos legislativos que consoliden una eficaz y equitativa normativa que permita la plena autonomía en la toma de decisiones de peso para el desarrollo estratégico integral de nuestra región.
9. En nuestro territorio se respetará el derecho a la consulta previa, libre e informada, plasmado en la ratificación del artículo 169 de la OIT, la ley 70 de 1993 y el Decreto 145 de 1995.
10. Las condiciones de cambio y revolución las generamos nosotros mismos desde estos espacios. Nadie nos otorga la libertad y la igualdad que son nuestras y que establecen nuestra dignidad, soberanía y autonomía, reclamadas y luchadas desde el tiempo del libertador.
Compañeros y compañeras el llamado es hacia la lucha organizada por la transformación de nuestra sociedad.
POR UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE PARA ACABAR CON LA CORRUPCIÓN, HOY LEVANTAMOS NUESTRA VOZ EN UNIDAD DE LUCHA POR UN PACÍFICO MEJOR EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN.
Apéndice 3
Razones del paro cívico en Putumayo
Les damos a conocer a todas las comunidades del corredor Puerto Vega – Teteye el por qué nos encontramos en esta manifestación. Le ponemos alma, corazón y vida a la situación actual que vive nuestro corredor. Estamos preocupados por:
1. La ampliación de la licencia ambiental 0551 de 30 de mayo de 2014. Esta licencia presenta muchas inconsistencias, declarando que en este territorio no hay indígenas, afrodescendientes y mucho menos campesinos. Nos vimos en la necesidad de organizarnos y salir a la vía con el propósito de paralizar la empresa petrolera que opera en este territorio, queremos manifestar que no estamos de acuerdo con la ampliación de esta licencia ambiental ya que pretende el despojo del territorio.
2. La erradicación forzada: el gobierno nacional con esta política nefasta pretende acabar con lo poco que produce nuestra tierra con el objetivo de aburrir al campesino. No es un secreto que si el objetivo no resulta de la acción de los erradicadores, entran a operar las fumigaciones de manera indiscriminada para que el campesinado se desplace y abandone el territorio, para con ello poder aplicar la política minero energética (explotación minera de oro, coltán, petróleo, entre otros) y ampliar la explotación en 148 pozos solo en nuestro corredor.
3. La violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario: Falsos positivos, judicializaciones, intento de homicidio, señalamientos, empadronamientos, ametrallamientos, bombardeos, amedrentamientos y allanamientos ilegales y ocupación de caseríos, escuelas y casetas comunales por parte de la fuerza pública.
Días antes, cuando las comunidades presentaron el pliego de peticiones que manifiesta su inconformismo, la respuesta del gobierno nacional fue enviar más fuerza pública y ordenó la militarización de las vías y campos para defender el negocio de las petroleras.
No al saqueo de nuestros recursos naturales, los campesinos del corredor Puerto Vega Teteye en pie de lucha por la defensa del territorio
Acompañemos esta movilización: el agua, el oxígeno y la tierra son patrimonio universal.
¡Defendámoslas entre todos, vamos a recuperar nuestras tierras!
Apéndice 4
PUNTOS CENTRALES DEL PLIEGO DE PETICIONES: POR LA DIGNIDAD DE LA GUAJIRA
1.- Creación del Fondo de Desarrollo y Compensación por la Dignidad de la Guajira, mediante el cual, el Estado Colombiano pagará la centenaria e inmensa deuda social que tiene con el pueblo guajiro y en el que, las multinacionales explotadoras del carbón y el gas pagaran los inmensos e irreversibles pasivos ambientales, sociales, económicos y culturales al pueblo guajiro de casi 30 años de explotación minera, lo mismo que, adquirir los seguros de responsabilidad social tendientes a cubrir las eventualidades que se presenten en la explotación de los recursos naturales no renovables.
2.- Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, previendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo las sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños causados.
3.- Plan de choque para la reactivación, el impulso y la promoción de proyectos productivos para los sectores agropecuario, industrial, acuícola, y de turismo, con el fin de generar empleos productivos y estables y garantizar la soberanía alimentaria departamental.
4.- Mejorar la calidad de vida de las comunidades guajiras, de tal manera, que la riqueza generada por la explotación de los recursos económicos se comparta y todos los agentes sociales tengan beneficios en empleos dignos, servicios públicos de calidad, alimentación, salud, educación y vivienda.
5.- El Estado Colombiano debe garantizar el goce pleno de la democracia a los guajiros, al igual que la promoción y uso de derechos y libertades públicas.
8 de Agosto de 2014
(*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net. Autor de "Problemas e Possibilidades do Anarquismo" (en portugués, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro "Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina" (Quimantú ed. 2010).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
