Hemos insistido que todo aquel que decide hacer la guerra
debe tener presupuestado el fin de ésta para alcanzar la Paz. En el caso
colombiano nunca ha habido una política de Paz y sí una política permanente de
guerra contra el pueblo, lo que demuestra que los gobiernos legislan para su
clase, la oligarquía y los terratenientes-ganaderos, cuando no entregan la
soberanía nacional a las Multinacionales.
Lo más prudente y acertado es, entonces, la promulgación de
una Política Estatal de Paz que se convierta en una ”hoja de ruta” para el fin
del conflicto interno –en sus dimensiones económicas, políticas, sociales,
culturales, etc-, y construya un Nuevo País en el cual podamos vivir todos. Es
evidente que casos de otros países nos van mostrando la certeza deesta
aseveración.
No podemos decir que éste u otro punto de la discusión de la
Mesa de La Habana es más importante, pero hay dos puntos que señalan la
dirección a seguir. La tenencia de la tierra –que en Colombia con su política
de despojo y desplazamiento- es uno de esos puntos, pero es tal el atraso en
que nos han sumido que los otros puntos adquieren relievancia. Cada punto que
se aborda muestra ese estado aberrante de cosas y el otro punto de la
participación política –no de los guerrilleros porque ellos están ejerciendo la
política por medio de las armas-, la participación del conjunto del pueblo en
condiciones de seguridad, en primer lugar el respeto al derecho a la vida.
Lo que nos lleva a las víctimas –en muestra de la unidad
dilaéctica del todo con las partes-, que hoy se está discutiendo el último
Informe de la CIDH y la sacada de la ”lista negra” de países violadores de
derechos humanos. Aún el trepidar de los fusiles y las bombas van abriendo paso
a alcanzar una manera civilizada de resolver conflictos, mas hay todavía puntos
que merecen discusión. Por ejemplo, no se entiende que una de las partes –el estado-
ejerza el ”derecho” a juzgar a las FARC-EP por las violaciones por ellas
cometidas, mientras ese mismo estado –que ha realizado más del 85% de todas las
violaciones- arroja un manto de impunidad por esa gran mayoría de violaciones
cometidas por él.
Esa asimetría jurídica sólo podrá ser resuelta cuando se entienda
que en esto de la justicia, más que cuestiones jurídicas, lo que hay es que
plantear soluciones políticas porque política fue la causa que desencadenó la
guerra. El imperio y la oligarquía nativa cipaya decidieron políticamente
decretar la guerra y de esa manera hay que resolver ese nudo. Debemos entender
que es necesario crear una ”nueva justicia” que la saque del entorno de la
actual justicia burguesa –contra quién las FARC está en combate al igual que
las otras partes del estado, ejecutivo, legislativo y militar- y establezca
nuevos derroteros.
Por ello la propuesta de una Asamblea Constituyetne, única
vía real de garantizar que los Acuerdos totales que se alcanza en la Mesa sean
acatadas por todos. En los actuales momentos aún no estamos ni más allá de la
guerra ni más acá de la Paz. Estamos en un punto medio que de acuerdo con lo
que se logre en la Mesa, veremos si hemos avanzado o no en nuestro camino para
lograr la solución política del conflicto interno colombiano. Mientras, la
política todavía la siguen haciendo las armas por la terquedad del gobierno de
no acordar un Cese Bilateral de Fuegos.
