Cambio Total.
La palabra victimario en
su sentido etimológico viene del lat. Victimarĭus
que significa 1. m. y f. homicida y 2. m. Sirviente
de los antiguos sacerdotes gentiles, que encendía el fuego, ataba las víctimas
al ara y las sujetaba en el acto del sacrificio.
Es por
tanto, una profesión. Y como tal, miraremos a la luz de la realidad de Colombia
quiénes tienen esa ”profesión”. Profesión que significa un ordenamiento estatal
ya que desde cuando el hombre creó el Estado contó con la superestructura
jurídica, el poder encargado de juzgar y aplicar castigos a los que supuestamente
infringían el ordenamiento establecido.
Quiénes
practican la ”pena de muerte” en Colombia? Entendiendo que hay unas
orientaciones institucionales –”los comunistas se mueren”, o ”la escoria se
desecha” y otras-, el Estado pasa a ser victimario de su propia población.
Las
fuerzas militares por siempre han ejecutado la ”pena de muerte”. Mucho más
desde que el ”fantasma del comunismo” recorre Europa, América y todo el mundo.
Si cayó el ”comunismo”, inventan otra excusa –otro ”enemigo”- como el ”terrorismo”,
o el ”narcotráfico”, y después será otro. Total, siempre el estado sigue
aplicando la ”pena de muerte” así no haya ”pena de muerte” en el ordenamiento
constitucional estatal, como en nuestro caso.
Es más,
basadas en la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) las fuerzas militares actúan
como ”ejército de ocupación” y aplican la ”pena de muerte” a todo aquel que sea
considerado ”enemigo interno”, ocupándose de otras funciones que no son
propiamente militares, mas bien son labores policiales. Sabido es que los
militares son ”profesionales”, que reciben un salario por su tarea.
Surge
entonces la transformación de las fuerzas militares de defensoras de la
soberanía nacional y las fronteras patrias en ”victimario” ya que son casi un
millón de víctimas producidas por la llamada ”guerra interior” que fue
decretada por la oligarquía en 1964, cuyos orígenes se remontan a la Masacre de
las Bananeras, y quizás más atrás.
El 83%
de las ejecuciones extrajudiciales, el 83,3% de las masacres, el 97,7” de las
desapariciones forzadas –detención arbitraria, tortura y ejecución del
detenido, amén de la desaparición de sus restos mortales-, son la gama de
delitos cometidos por los ”servidores públicos”.
Esa
política ha sido ejecutada a lo largo del territorio nacional y todo el tiempo
para que ahora las fuerzas militares quieran presentarse como ”palomitas” que
no hacen nada sino ”defendiendo la democracia, maestro”. Mas la verdad es que
los objetivos de los victimarios tienen un sello de clase. Las víctimas son
campesinos, líderes sindicales, maestros, políticos de izquierda y populares,
etc, dándole esa impronta clasista.
En
contadas ocasiones los muertos son de la clase oligárquica. Las armas del
estado se vuelven contra sus dirigentes, como en los casos de Luis Carlos Galán
y Álvaro Gómez Hurtado, cuyos crímenes todavía después de 20 años siguen en la
más completa impunidad, pero las lentas investigaciones del aparato judicial
tiene encartados a militares en su determinación y ejecución (general Miguel
Maza Márquez, por ejemplo).
En
ocasión de las conversaciones de la Mesa de La Habana el Estado –gobierno y
demás- pretende echarles toda el agua sucia a las FARC-EP por los errores o
efectos colaterales de sus acciones, como si esos efectos fueran la totalidad
tratando de tapar la inmensa mayoría de víctimas producidas por el Estado y
como si la guerrilla tuviera ”orientaciones institucionales” de afectar la
sociedad civil. La orientación que han demostrado la guerrilla que tiene es la
de combatir a las fuerzas militares-narcoparamilitares.
En ese
orden de ideas, el Estado es el primer y único victimario (porque su
ordenamiento tiene victimarios profesionales), y más del 80% de las víctimas son producto de
sus políticas. Es más, aún conversando en La Habana siguen aplicando la política
del Terrorismo de Estado de la DSN.
Ahí
están las nuevas víctimas de este gobierno de JM Santos, quien en aberrante
miopía política –o quizá porque el amo del Norte no le da la orden- persiste en
sus políticas de Terrorismo de Estado, victimizando a los pobres, y se niega
siquiera a acordar un Cese Bilateral de Fuegos que pararía el desangre de las
fuerzas en contienda, mas no así las victimas civiles que ocasiona el accionar
de las fuerzas militares-narcoparamilitares estatales. Nuevas víctimas que son
imputables a JM Santos.
El
Estado, único victimario, sigue adelante con sus políticas y sigue victimizando
colombianos pobres, civiles. Esa es la triste realidad.
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