Los prisioneros en Colombia recientemente han ganado nueva visibilidad. Las acciones de protestas son un factor. El otro es la discusión en las conversaciones de Paz de la Habana de los prisioneros como víctimas del conflicto armado.

Lo que sucede en las conversaciones prontamente llega a ser del conocimiento público en Colombia y en cualquier lugar. Eso se debe a que los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alientan discusiones de sus puntos de negociación en Colombia y los publican en el Internet. Noviembre de 2014 marcó el segundo aniversario de las conversaciones entre las FARC y el gobierno colombiano.

Comenzando el 20 de octubre, huelgas de hambre y el rechazo de las reglas de la prisión se extendieron a través de 14 prisiones colombianas. Portavoces del Movimiento Nacional Carcelario (MNC), organizador de las protestas, denunciaron hacinamiento, cuidados de la salud miserables, impedimentos para la visita familiar, pobre alimentación, condiciones sanitarias inmundas, y agua escaza y contaminada. Ellos acusaron a las autoridades de la prisión de tortura, represalias y corrupción.

Prontamente ellos llamaron a una declaración de emergencia humanitaria, la aprobación de la Ley 82 la cual reduce las sentencias en un 20%, 8 horas de visitas familiares, soluciones “reales, definitivas e inmediatas” a la crisis de salud de la prisión; y no más extradiciones . Un acuerdo entre Colombia-Estados Unidos proporciona la extradición de 15 a 20 colombianos mensualmente a cambio de un subsidio de Estados Unidos. La mayoría enfrentan cargos por narcotráfico .

Los guardias en la Prisión de Cómbita empeñados en la intimidación, pusieron a los prisioneros políticos en aislamiento. La Prisión de la Tramacúa en Valledupar fue citada como “el centro número uno de tortura y violación a los derechos humanos ”. La Tramacúa, algunos dicen, es el “Guantánamo de Colombia”.

El Movimiento Nacional Carcelario organizó huelgas de hambre en múltiples prisiones en abril de 2013. El Movimiento Nacional Carcelario entonces hizo un llamado a la prevención y la educación a cambio del encarcelamiento, sentencias reducidas o alternativas y un reconocimiento de estatuto especial para los/as prisioneros políticos.
 
Crisis Humanitaria

Recientemente el periódico El Tiempo de Bogotá, publicó un informe, con fotos, documentando el escándalo de la prisión en Colombia. Uno se entera que, a partir de Junio, 2014, las 138 prisiones de Colombia, originalmente construidas para acomodar a 76.553 prisioneros, estuvieron albergando a 117.018 prisioneros – o 40.465 sobre el límite. La prisión de mediana seguridad en Riohacha, en el nordeste de Colombia, tiene 538 prisioneros ocupando el espacio para 100 prisioneros .

De acuerdo al informe, 34.5 por ciento de los prisioneros, algunos encarcelados por seis años, aún no han sido condenados o sentenciados. Los prisioneros con enfermedades mentales son parte de la población general de la prisión, 108 niños viven con sus madres en prisión, y el empleo está disponible para únicamente 1.441 prisioneros. Las actividades de resocialización y educativas son imposibles ya que 117.018 prisioneros deben compartir las 544 áreas comunes de la prisión.

Las expresiones de solidaridad de las FARC con las protestas se sumaron a la preocupación pública. En una declaración del 28 de octubre, la delegación de paz de las FARC, “levanta [ron] su voz en solidaridad con los presos y los prisioneros políticos que han participado en una huelga de hambre y desobediencia pacífica”. Las FARC dieron un respaldo a las demandas del Movimiento Nacional Carcelario y mencionaron a cinco prisioneros quienes murieron sin una adecuada atención médica.

La declaración condenó la “muerte y destrucción” siguiendo a un reciente incendio en la prisión de Barranquilla y denunció la violenta represión a los manifestantes en la prisión de Cómbita. Las FARC instaron “ solución[es para] los problemas estructurales y la profunda crisis del sistema nacional carcelario decadente y descompuesto convertido [ahora] en un escenario de tortura, crímenes y flagrantes violaciones de los Derechos Humanos .”

El equipo de negociadores de las FARC proporciona informes en sus “propuestas mínimas” sobre varios puntos de la agenda, más recientemente aquel de las víctimas. Ese informe, enfocándose más en los prisioneros políticos que en la población general de la prisión, identificó víctimas y asignó responsabilidades. Las FARC consideran como prisioneros políticos tanto a los insurgentes capturados, como a los disidentes no combatientes encarcelados.

Los derechos humanos de los prisioneros políticos están siendo violados, reclamaron las FARC, y ellos son “víctimas del conflicto”. Los negociadores de las FARC buscan el establecimiento de una “comisión especial de estudio con respecto a la situación de los prisioneros políticos”. La comisión “ deberá identificar las víctimas del sistema estatal de administración de justicia que por razones políticas hayan sido objeto de montajes judiciales.”
  
Víctimas del conflicto de clase

Al nombrar a los prisioneros como víctimas del conflicto armado, junto con las otras, los negociadores hicieron resaltar la tendencia de sucesivos gobiernos colombianos para englobar a los grupos de resistencia armada, disidentes pacíficos, insurgentes armados y prisioneros de conciencia no violentos juntos como enemigos del Estado. El cisma dentro de la sociedad colombiana es evidente.

Los gobiernos colombianos durante mucho tiempo le han servido ante todo a los grandes terratenientes, pero también a las élites empresariales y financieras. Los gobernantes han procurado proteger su uso y control de la tierra. Aquellos que reclaman hablar y actuar en nombre de la mayoría de la población colombiana están en el otro lado. Así, el contexto dentro del cual el destino de los prisioneros está conformado es uno del conflicto entre clases sociales.

Hay esas otras víctimas: cientos de trabajadores del banano en huelga asesinados en Ciénaga en 1928, miles de pequeños campesinos hambrientos asesinados antes del crimen de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, 200.000 campesinos rebeldes asesinados durante los siguientes 10 años, y decenas de miles de disidentes políticos, reales e imaginados, asesinados después de 1964 cuando las FARC entraron en existencia. Los insurgentes de las FARC originalmente fueron pequeños agricultores defendiendo su derecho a la tierra. Millones de colombianos desplazados de la tierra son víctimas también.

En un conjunto de sus “Propuestas Mínimas”, los negociadores de paz de las FARC identificaron a las partes responsables por la producción de víctimas. Que el gobierno de los Estados Unidos sea una de ellas además confirma la naturaleza clasista de la victimización de los prisioneros. La hostilidad de ese gobierno a las movilizaciones de la gente pobre o trabajadora es bien conocida.

El equipo negociador de las FARC reconoce “la responsabilidad central de los Estados Unidos en el origen, persistencia, y dinámica de expansión, escalamiento, e intensificación del conflicto en diferentes fases y facetas. El resultado ha sido generar procesos de sistemática victimización”.

El testimonio en video de un prisionero

En semanas recientes, delegaciones de víctimas colombianas viajaron a la Habana para testimoniar ante los negociadores de paz. La cuarta de tales delegaciones consistente de 11 ex prisioneros se hizo del 3 al 5 de noviembre. Ninguno era prisionero político, aunque una silla vacía en su audiencia habría sido ocupada por el prisionero guerrillero de las FARC Tulio Murillo. Las autoridades colombianas le negaron el permiso para viajar y testimoniar.

La reproducción de un video del testimonio de Murillo llegó a ser un dramático punto culminante. Como lo reportaron en pacocol.org, Murillo dio voz a los prisioneros demandando que la crisis humanitaria en las prisiones colombianas sea superada. Ellos están en prisión, él culpó, por las vagas acusaciones de “rebelión” o “terrorismo” y porque los procesos penales producen “falsos positivos judiciales”. Según Murillo, “ Que el presidente Juan Manuel Santos haya accedido a un diálogo sin cese de hostilidades bilateral no quiere decir que en las cárceles continúe la violación de los derechos humanos. Es inconcebible”,

El ejército colombiano capturó a Tulio Murillo durante operaciones de combate. La tortura en prisión le produjo heridas que llevaron a que su pierna fuera amputada . El vídeo de rendición de su testimonio, grabado en la prisión de Cúcuta en medio de una multitud de prisioneros, muestra imágenes de la vida en prisión.

El académico Francisco Javier Tolosa , él mismo un ex prisionero, señala que : “En medio de la aguda crisis carcelaria y judicial que vive el país, “[nosotros] existimos en Colombia cerca de 11 mil procesados políticos que requerimos nuestro reconocimiento como tal, y como víctimas de este conflicto social armado, que debemos tener viva voz en la construcción de una paz estable, duradera y democrática.” (1)

Los prisioneros víctimas de la lucha de clases recientemente consiguieron un estímulo internacionalista de una carta enviada por el poeta Marcos Ana de España. Un firme antifascista, Ana pasó 23 años en las prisiones de la dictadura de Franco y fue dos veces condenado a muerte.

Ana escribió: “La solidaridad no tiene fronteras ni distancias y todos conocemos vuestra existencia y estamos orgullosos de vuestra lucha y vuestros sacrificios. (…) Os arrancaremos de las sombras, os devolveremos la luz del día y la libertad que os arrebataron. Que hay cien pueblos os llaman y os buscan con sus lámparas rojas avanzando desde las cinco partes de la tierra!”.

David Rabelo, un líder del Partido Comunista Colombiano, está cumpliendo una condena de 18 años de cárcel. Ana le envió un libro de sus poemas. En su interior Rabelo encontró un mensaje inscrito: “Nos hirieron, nos golpearon y hasta nos dieron muerte, pero jamás nos doblaron.” (2)

Notas:
1. La cita es del libro de Tolosa titulado “Colombia en el Camino de la Libertad y la Paz”, Capítulo dos.
2. De la “autobiográfica” en el folleto “Poemas desde la Cárcel” por David Ravelo.

Fuente, en inglés: http://mrzine.monthlyreview.org/2014/whitney111114.html 

El estado colombiano y las transnacionales tienen discurso propio con el que afrontar en los medios de comunicación los diálogos de la Habana y los escenarios de violencia que subyacen a los conversatorios. Blanca Lucía Valencia Molina, defensora de los derechos humanos, miembro de la asociación Paz con Dignidad y de la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste de Antioquía, analiza los fines y contenidos de las campañas publicitarias en la siguiente entrevista. “El estado colombiano y las transnacionales tratan de opacar los conflictos mediante campañas de reconciliación”, afirma. Colaboradora de la revista Pueblos y del periódico Periferia, Blanca Lucía Valencia Molina ha participado como ponente en el seminario “Comunicación, Poderes y Democracia”, organizado en Donostia por la revista Pueblos y la asociación Paz con Dignidad.-¿Cuál el discurso oficial de los medios de comunicación colombianos sobre los diálogos de La Habana? ¿Qué visión trasladan a la opinión pública medios como Caracol, RCN o El Tiempo?
-El discurso oficial del gobierno es que son necesarias las negociaciones, que la guerrilla se desmovilice y que haya una confianza en Colombia para las inversiones de multinacionales. En especial, para el desarrollo de la “locomotora” minero-energética. Por otro lado está el discurso “guerrerista” de la ultraderecha que encabeza Álvaro Uribe Vélez y el mismo ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, a quien Santos ha hecho callar. Yo creo que es una pantomima. Los medios difunden que el país está seguro. Nos han dibujado una realidad post-conflicto en la que no va a haber más guerra en el campo, en la que los campesinos van a poder volver a sus tierras, en la que habrá reparación para las víctimas….Éste es el discurso habitual en los medios masivos de comunicación.
-¿Cómo se aprecia este poder de las transnacionales en los medios de comunicación? ¿De qué modo “venden” su discurso?
-A la par que se inician las negociaciones, aparecen una serie de campañas publicitarias apoyadas por los grandes medios, cuyos patrocinadores son las empresas. Por ejemplo, a partir de 2013, cuando se dieron grandes movilizaciones, paros y marchas en febrero, marzo y luego en agosto… El país se bloqueó durante 24 días, hubo 80 muertos de campesinos en carreteras, paro cafetero, minero, paros populares y urbanos por la salud…Entonces se empezó a ocultar esta realidad que estaba emergiendo. Y empiezan una serie de campañas publicitarias, como “Reconciliación Colombia”. Allí estaban las transnacionales mineras, las de servicios públicos y comunicaciones.
-¿Se producen después iniciativas similares?
-Seguidamente asistimos a otra campaña después de las movilizaciones, de un año y medio para acá. Asistimos también a un escalamiento del conflicto. Por un lado el enfrentamiento entre las FARC, las guerrillas y el ejército; por otro lado los paramilitares siguen haciendo de las suyas en zonas como Buenaventura, el principal puerto del país que necesitan además ya para el TLC Alianza-Pacífico. Trataron de opacar lo que pasaba en Buenaventura con una “campaña de reconciliación”. Allí mueren cada día varias personas a manos de los paramilitares. Hay varios informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, además de varias organizaciones nacionales, pero eso no sale en los medios. La arremetida en Buenaventura empezó hace dos años, pero aún permanece. Allí se vive una guerra constante.
-Las empresas “maquillan” su proceder mediante operaciones publicitarias…
-En las páginas Web o en papel, medios como El Tiempo, Semana o cualquier periódico regional, en las campañas publicitarias siempre está Pacific Rubiales, que controla el petróleo y el carbón en Puerto Gaitán (Meta) o La Guajira. A su vez tiene convenios con mineras y acciones en empresas palmeras. En Colombia también hay un fenómeno, además de los monocultivos, que es la “extranjerizacion” de la tierra. Los grandes periódicos siempre sacan la publicidad de estas empresas. A Pacific Rubiales nos la ponen ahora porque hay un conflicto muy grave en Puerto Gaitán y La Guajira con esta empresa. Para opacarlo, sacan publicidad diciendo que Pacific Rubiales atiende a los niños, o un niño diciendo “yo quiero a Pacific Rubiales porque nos ha hecho una escuela muy bonita”.
-¿Se encubre también con estas iniciativas propagandísticas la violencia paramilitar?
-Para nosotros, para el pueblo colombiano, las Bacrim son el reacomodo del paramilitarismo. No se desmovilizaron. Hoy están cumpliendo un papel, que es limpiar la imagen del estado colombiano, que ha sido un genocida. Por un lado está el ejército, con sus vídeos y campañas. Lo que dicen este tipo de campañas es que, cuando se llegue a una negociación, la responsabilidad por todos los crímenes que se han cometido en este país durante 50 años va a ser de todos. Justo en la Semana por la Paz organizada por el movimiento social y popular surgió la campaña “Soy Capaz”, lanzada por 120 empresas. “Yo soy capaz de perdonar” (al militar que ha ejecutado a mi hijo), “Yo soy capaz de reconciliar”, “Yo soy capaz de retornar”, “Yo soy capaz de contribuir al desarrollo”… Y eso nos lo ponen en los cajeros, en la bolsa que llevamos al mercado, en las bolsas de leche, en el azúcar para echarle a una taza de café. Lo tenemos en todos lados. Es la campaña más importante que hay ahora mismo. Es un discurso que nos dice que nos olvidemos de los problemas sociales, y que seamos capaces de ponernos en los zapatos del otro.
-Frente al mensaje de los medios y las empresas, ¿hay ejemplos de medios públicos que traten de contrarrestar el discurso hegemónico?
-Te cuento la experiencia del canal regional de Bogotá, el Canal Capital. Las alcaldías tienen supuestamente la responsabiliad por ley de dirigir los canales regionales. En Bogotá es el único que, con la alcaldía de Gustavo Petro, se ha podido incluir a un periodista como Hollman Morris, muy cercano al movimiento social. Cuando se presentó el año pasado el informe “Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad” se hicieron una serie de sesiones. También programas sobre paz y derechos humanos, o sobre la voz de las víctimas. Hoy en día este canal se lo quieren cargar. Dicen que es “el canal de los guerrilleros” y han sucedido una serie de señalamientos y amenazas a su director. Últimamente también aparece el estado en los archivos de inteligencia de las nuevas chuzadas “El local Andrómeda”, desde donde se está chuzando (espiando) a los negociadores de La Habana, incluyendo los negociadores del gobierno.
-¿Qué aspectos de la realidad colombiana suelen ocultar los grandes medios?
-Lo que más ocultan son las protestas sociales, porque casi siempre son reprimidas con detenidos y muertos. En la región del Catatumbo hubo una protesta en mayo de 2013 que duró cuatro meses, y donde el ejército se metió en los campamentos donde estaban los campesinos y asesinó a siete. Además de los asesinatos, se infiltraron en las marchas y en las concentraciones…Eso no se ve en los medios de comunicación. Si lo vemos luego, es en los medios alternativos. El discurso que se “vende” es que las FARC y el ELN han presionado a los campesinos para que salgan a la calle. En mayo de 2014, cuando se instaló la Cumbre Agraria Étnica y Popular, ésta también fue muy reprimida. Lo que se decía era que había presiones desde La Habana, o que “esto lo están dinamizando las FARC” o “esto lo está llamando el ELN para presionar en la negociación con el gobierno”. Todas estas marchas han estado señaladas. Casi siempre dependiendo de la zona, se la endilgan a las FARC o al ELN.
-¿Cuál es, por otro lado, la realidad de los medios de comunicación alternativos?
-Contamos con muy pocos medios de comunicación alternativos. En las emisoras comunitarias de los pueblos más lejanos, todo lo controlan el ejército y la policía. Las emisoras que se escuchan en las zonas campesinas son las del ejército y la policía nacional. Se intenta que haya medios populares y comunitarios, pero son muy locales. Yo no sé si la tecnología punta nos ha bloqueado. Porque a veces tenemos mucha dificultad para comunicarnos hasta por celular. Si se está desarrollando un operativo, podemos durar días o semanas sin señal. En esos casos, las emisoras que han venido avanzando con tecnología de Internet quedan bloqueadas. Puede pasar, por ejemplo, un día en Medellín en el que ha caído toda la red. ¿Qué pasó? Al día siguiente se dice que se iba a atentar contra el ministro de Defensa. Pero son cosas que se fabrican, se inventan para “vender” luego que es el terrorismo.
-¿Y en cuanto a las iniciativas concretas?
-Sí que el movimiento social, como el Congreso de los Pueblos, Clamor Social por la Paz, Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario o el Polo Democrático intentamos sacar periódicos alternativos, páginas Web o redes. Ahora mismo existe una agencia alternativa, Colombia Informa, que intenta estar en todos los sitios y sacar noticias de lo que pasa en los pueblos y ciudades. También la Red de Medios Alternativos de Comunicación para la paz. Al lado del movimiento social y popular, que está muy vivo, están surgiendo ahora muchas redes de medios de comunicación alternativa, como Periferia o Desde Abajo, la revista Cepa, Kavilando...