Allende La Paz, Cambio Total.
Con bombas y platillos el gobierno de JM Santos lanzó las
ZIDRES. No sobra recalcar que las voces que se oponen a la ”nueva” ley son los
que siempre han luchado por los derechos de los campesinos. Sin embargo
queremos señalar cómo el Ejecutivo ha legislado en contravía de los intereses
nacionales si se entiende por nacionales el ferviente deseo de los colombianos
de alcanzar la Paz.
Es una constante de los gobiernos colombianos acordar algunas
cosas en una Mesa de Negociación y, al tiempo, ir sentando las bases legales
para favorecer a la clase oligárquica-terrateniente en contravía de lo acordado.
El gobierno está negociando con las FARC-EP el conflicto armado, económico,
social y político, y al mismo tiempo ha ido creando espacios para ganar en la Mesa
de Negociación lo que no ha podido en el terreno militar, vencer a las FARC.
Así ha sido con el llamado ”Plebiscito” para imponer su
concepción de que después de 60 años de guerra ”aquí no ha pasado nada”, mientras
las FARC-EP propone para blindar los Acuerdos de la Mesa de La Habana una
Asamblea Constituyente. Igualmente, el lanzamiento con ”bombas y platillos” de
las llamadas ZIDRES que reforma la ley de Baldíos para poder entregarles en ”concesión”
la tierra que debía ir a manos de los campesinos a los ”empresarios
agro-industriales”, o sea, a los ricos oligarcas y terratenientes y las multinacionales.
Sigo insistiendo que lo que se está discutiendo en la Mesa de
La Habana es el Conflicto Interno colombiano y no solo el conflicto armado como
lo prensa burguesa –Caracol, RCN, etc- lo está presentando, al igual que sus
altoparlantes desde la ”izquierda”. Si no, que me expliquen los sesudos ”analistas”
burgueses si la tenencia de la tierra no es parte del conflicto económico –base
fundamental del conflicto interno-, o si la discusión sobre la imprescindible
garantía para que las FARC-EP participe en política sin la tenebrosa realidad
de ser asesinados y borrados del mapa político –parte fundamental del conflicto
interno político-, como sucedió con la Unión Patriótica, no es parte del
conflicto interno político… Y así en todos los puntos y aspectos que se han ido
discutiendo en la Mesa de La Habana.
Es claro que el gobierno colombiano trata por todos los
medios de presentar que su accionar ha resultado triunfador y por ello están
sentado en la Mesa de La Habana. Nada más alejado de la realidad. El más grande
esfuerzo financiero y militar realizado por los gobiernos colombiano y de los
Estados Unidos, el Plan Colombia, fue contenido y superado por las fuerzas
insurgentes colombianas. Por ello está el gobierno colombiano –con la venia de
su amo gringo- sentado en la Mesa de La Habana, o lo que es lo mismo, el ”empate
negativo” logrado por una guerrilla insurgente como las FARC-EP es la derrota
de todos los gobiernos colombianos y estadounidenses.
Lo único que tienen los prohijadores del Plan Colombia para
mostrar son los miles de miles de civiles asesinados, masacrados, desaparecidos,
desplazados. Si de mostrar sinceramente el compromiso de arrepentimiento y no
repetición –ellos proponen con la judicialización de los comandantes de las
FARC-EP-, y la necesidad de que no haya ”impunidad”, pues los primeros en ir a la
Cárcel serían los ex-presidente y presidentes en ejercicio colombianos ya que
las frías estadísticas nos muestran que ellos son responsables –como máximos
comandantes de las Fuerzas Militares estatales- del 83% de las masacres, del
83,2% de las ejecuciones extrajudiciales (”falsos positivos”), del 97,7% de los
desaparecidos, y del 100% de los desplazados, a quienes les han robado 8,2
millones de hectáreas. Igual podríamos decir de los presidentes
estadounidenses.
Estadísticas que tienen su corporeidad en los más de 80.000
desaparecidos -22.000 desaparecidos
forzados- y la impunidad del 94,4% que rodea este típico delito estatal; de más
de 4.000 masacres con más de 12.000 víctimas; más de 3.000 sindicalistas asesinados por políticas estatales; de más de
3.500 jóvenes asesinados mediante los ”falsos positivos” cuando JM Santos y
Uribe eran ministro de Defensa y presidente de Colombia; y de más de 6,5
millones de desplazados y la pérdida de más de 8,5 millones de hectáreas.
Definitivamente, los gobiernos colombianos y estadounidenses
deberían, por lo menos, hacer un acto de contricción y comprometerse a no
repetir estas conductas criminales.
