Tanta indignación produce el caso de Rosa Elvira como el de nuestros pacientes de cáncer que tienen, teóricamente, el derecho de prolongar o de salvar sus vidas aunque la farmacéutica Novartis deje de ganar unos miles de dólares al año que no le hacen falta para nada, puesto que es la tercera en el planeta en su negocio, con ventas netas reportadas, en 2014, de US$58.000 millones.

Extraño que no haya cadenas en las redes sociales ni manifestaciones en las calles para protestar por las amenazas de la multinacionacional suiza contra Colombia desde cuando se anunció la eliminación de la exclusividad que tiene su droga conocida como Glivec y cuyos precios exorbitantes se deben al monopolio que ejerce en el mercado. En cambio, Novartis se ha movido: logró que sus pares en el dominio mundial de medicamentos, el gobierno y el Congreso de Estados Unidos y hasta la organización europea del ramo, se unieran a su causa inmoral contra este país pobre y marginal. Le resulta muy fácil frenar la competencia a los precios de su Glivec amenazando con sanciones diplomáticas y económicas al país. Y tal vez lo logre: al diablo con los leucémicos. ¡Quién los manda a enfermarse aquí y no en el primer mundo!

Este es un resumen de la ofensiva que han recibido nuestras embajadas y las notificaciones sobre los castigos que recibiremos: la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) —agencia presidencial encargada de recomendar y desarrollar la política comercial— y el Comité de Finanzas del Congreso norteamericano (TPSC) declararon su “inquietud” por el anuncio del Ministerio de Salud y pidieron cita al embajador Pinzón para manifestarle su “preocupación mayor” por este asunto, advirtiéndole que “un grupo significativo de congresistas relacionados con la industria farmacéutica” podría actuar “creando un inconveniente en la aprobación de los recursos” para el programa Paz Colombia.

El jefe republicano del Comité de Finanzas del Senado, Everett Eissenstat, fue más allá: intimidó a Colombia con la posibilidad de aplicarle un “tratamiento especial” como nación violadora de los derechos de propiedad intelectual, y con “interferir” intereses de nuestro país en Estados Unidos; la Asociación norteamericana de Manufactura de Farmacéuticos hizo saber por escrito que “no existe una situación de emergencia pública” que justifique ponerle competencia a Novartis; la Federación Europea de Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA), con un tono más moderado, pero, en todo caso, exhibiendo su poderío, afirma que “no es claro” para Europa cuáles son las razones que justifiquen enfrentar un medicamento genérico al costoso Glivec. Novartis se las trae, no solo conquistando la política internacional. También lo hace con la nacional: consiguió, en 2012, que el Consejo de Estado fallara a su favor y contra una decisión de la Superintendencia de Industria que le había negado la patente monopolística para Glivec. La consecuencia de tal decisión judicial es la que estamos viviendo hoy: una tableta de 400 mgs., dosis día, cuesta $129.000; el tratamiento mensual asciende a $4 millones; y el anual a $46 millones. Antes del funesto fallo del Consejo de Estado, esos precios se redujeron a la mitad. Y si hubiera medicamentos genéricos hoy, estos costarían, en su orden, $23.000 día, $708.000 mensual y $8 millones anualmente. Esto es lo que la gente llama, con razón, el capitalismo salvaje.