Actualmente existen 37’788.000 colombianos en edad de trabajar, mayores de doce años, de los cuales solo 24’136.000 ofrecen su mano de obra, los demás estudian o ya no buscan empleo por diversas razones; de esta oferta laboral, sólo 12’376.000 logran conseguir un trabajo digno y 7’061.000 más tienen un contrato laboral pero en actividades muy por debajo de su nivel educativo y con remuneraciones paupérrimas, mientras que 2’564.000 compatriotas viven del rebusque, sin contrato alguno, ni prestaciones sociales, ni nada. Pero los que más sufren son los 2’135.000 desempleados que, a pesar de pasar muchas hojas de vida y entrevistas, no logran ninguna oportunidad y ni siquiera viven del rebusque.

Sacando la proporción que estos desempleados representan en el total de colombianos que ofrecen su mano de obra al mercado (2’135.000/24’136.000), tenemos el 8,85 % del que tanto se vanagloria el director del DANE diciendo, además, que los mismos conceptos para sólo las 13 principales ciudades arrojan el dato “más favorable” de los últimos 16 años, pero ocultando que el veneno de esta cifra está en el denominador de tan manipulable cociente, el cual se redujo en el último año en 449.000 personas, las cuales, absolutamente frustradas, ya dejaron de ofrecerse en tan deplorable mercado laboral.

Esta disminución en la oferta de mano de obra tiene varias razones como, por ejemplo, ponerlas a estudiar cualquier curso en el Sena, muchos de ellos inútiles por cierto, o porque definitivamente se aburrieron de buscar empleo. La realidad es cruda y terrible: No se generan puestos de trabajo suficientes y los que existen tienden a una menor remuneración.

La creación de puestos de trabajo está estancada, no solo en Colombia sino en el planeta entero; por ello, esconder la realidad no ayuda en absoluto y es más el daño que se hace. No conviene vender ilusiones falsas, pues de los 76.000 nuevos ocupados en el último año, todos son catalogados de subempleo, y el número de desempleados solo se ha reducido en 16.000 personas. Que el engaño no sea política de Estado, por favor.

@jrobertoacosta1; jrobertoacostaopinion@gmail.com

Para los campesinos la vereda es su mundo: ahí viven los abuelos, los vecinos, los amigos; ahí se conoce cada camino, cada atajo, cada quebrada, cada árbol. Hay viejos que saben sobar las coyunturas, curar los dolores de barriga, conocer los tiempos; hay hombres recios que saben mandar y arriar bestias; mujeres que han sido amadas y aman y ayudan a parir a las vecinas. En fin, la historia va dejando su huella en ese mundo, en esos territorios que los vecinos cruzan, donde trabajan, viven, se defienden. Tienen nombres muy bellos: El Encenillo, El Linde, La Sonora, La Media Luna, Dos Aguas, Horizontes. En las zonas de colonización no se habla de veredas sino de trochas: la trocha ganadera, la trocha de los boyacenses, de los santandereanos, de los opitas. En general no hay trochas paisas, pero sí muchas tiendas y fondas.

La vereda es un camino, la trocha también, pero ambas son áreas definidas que recuerdan por dónde se llegó, o dónde pega el viento, o qué se ve. Otras toman el nombre de la hacienda que dominó o domina la vida económica de la región. Para quien nació ahí, sus límites son precisos: de la quebrada, o del caño, al quiebre de aguas; del claro aquel al camino de…

En una vereda hay autoridades respetadas, hay historias conocidas, hay apellidos que dominan y se cruzan. Hay obras que se hacen en común: una carretera, un acueducto, una cooperativa. Una vereda es el gentilicio más simple, el primero, el que no se olvida. Pero una vereda o una trocha es para los municipios, sus cabeceras político-administrativas, un feudo electoral, un por allá de donde vienen a pedir o a donde hay que ir a traer al muerto recién muerto. Los municipios absorben y se sorben las veredas, las suplantan, las usan y las ignoran. Pero la vereda, como el barrio, es, después de la familia, el lazo más simple de unión colectiva, de identidad ciudadana, de poder local. Las juntas de acción ciudadana las representan. A pesar del peso del clientelismo, en esas células funciona una democracia directa, cara a cara. En general la vereda es manejada por el municipio y sus derechos son apropiados y expropiados por la cabecera. Las “partidas” —es decir, la plata que por ley se les debe dar— se contabilizan, pero raramente llegan. Los contratistas de obras veredales son del municipio o del departamento y siempre —invariablemente— de la cuerda del alcalde, y contribuyen con sobreprecios a financiar las campañas electorales.

Es necesario, urgente, que ese poder local sea reconocido como una nueva unidad político-administrativa. O mejor, que se le reconozcan sus derechos de ser fuente del poder para poder hacer en su provecho. Si la familia es, según se dice, la célula de la sociedad; en el campo, la vereda es el tejido y el órgano primo. En un futuro no lejano, la nueva Asamblea Constituyente tendrá que ocuparse del reordenamiento territorial sobre la base no de los intereses electorales del clientelismo histórico, sino de un auténtico poder local, la vereda, la comunidad, la comarca, la región.

Si se quiere institucionalizar la propiedad en Colombia con base en el trabajo, es imperativo reconocer la vereda, en ella se esconde su secreto y su tradición. ¡El asunto que tanta sangre ha costado!