En los últimos meses, la Asamblea de Madrid (España) ha realizado ocho debates a la empresa Canal de Isabel II, que desde hace más de 160 años se ha encargado de proveer y tratar el agua en esta comunidad. Lo que más polémica ha generado entre los diputados de todos los partidos son las inversiones que tiene en América Latina, en particular en Colombia a través de la Triple A de Barranquilla, Metroagua de Santa Marta, Asaa de Riohacha y Recaudos y Tributos.

En esos debates, a los que asistió el director general de Canal y varios directivos antes de ser despedidos o destituidos, se cuestiona cómo una empresa pública terminó creando, al otro lado del océano, un grupo empresarial que se manejaba como si fuera privado, en especial en el manejo de recursos. De hecho, el presidente de Inassa para América Latina y Colombia, Edmundo Rodríguez Sobrino, prácticamente fue destituido en medio de uno de esos debates.

Resulta que Rodríguez apareció dentro de los Papeles de Panamá relacionado con tres sociedades offshore con sede en Hong Kong, lo que no fue bien recibido en España, no solo porque es la cabeza de Canal en Colombia y varios países de América Latina -a través de la empresa Inassa- sino porque desde 2011 hacía parte del grupo directivo de esa histórica empresa española. Se supo que a Rodríguez le pidieron su renuncia, pero frente a su negativa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, decidió retirarlo.

Dentro de los debates, liderados por partidos como el PSOE, Podemos y Ciudadanos, les preguntaron a varios directivos cómo se financió la operación en América, por qué a sus usuarios –en su mayoría de escasos recursos– se les incrementaron los servicios hasta en un 1.000 por ciento en la última década, y si era cierto que usaban medidas de fuerza para cobrar la factura. El presidente del Consejo de Administración, Ángel Garrido García, manifestó que Canal de Isabel II no financió esas inversiones sino, que las mismas filiales lo hicieron a partir de los fondos recaudados en cada uno de los países. Y que entre 2002 y 2015 sus filiales generaron utilidades por más de 62 millones de euros, en su mayoría provenientes de Colombia.

“Nuestras filiales se limitan a realizar pequeñas inversiones, debido a que el grupo actúa como un simple operador de redes construidas y financiadas por el Estado o por las administraciones locales o departamentales”. El mismo Edmundo Rodríguez Sobrino, quien compareció en esa comisión, manifestó que la manera de obtener las concesiones en América Latina era a través de las buenas relaciones con los alcaldes y gobernadores de ciertas provincias, quienes facilitan al holding acceder a las concesiones. En otras palabras, compraron las empresas con la cédula, las fortalecieron con la misma plata de los usuarios y, además, les habrían sacado millonarias utilidades no solo para el grupo, sino para directivos y políticos españoles, especialmente del PP.

Lo sorprendente de estos debates es que prácticamente pasaron desapercibidos en Colombia, a pesar de que Inassa es el principal accionista de la Triple A de Barranquilla, que factura más de 650.000 millones de pesos, tiene el 37 por ciento de Metroagua de Santa Marta y de Asaa de Riohacha, entre otras empresas y actividades. Como se recuerda, Inassa fue constituida en 1996 en Barranquilla por Aguas de Barcelona, que en ese momento había sido contratada como socia operadora de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la ciudad. Al llegar, adquirió el 13 por ciento de las acciones. En 2002, cuando se había expandido en varios países, Inassa fue adquirida por Canal de Isabel II a través de Canal Extensia, una filial creada para expandirse en América Latina. Colombia fue la cabeza de playa de esa operación.

A partir de ese momento, y a través de unas cuestionadas operaciones de disminución de capital, revalorización del patrimonio o emisión de nuevas acciones de la Triple A, Inassa fue aumentando su participación en detrimento de Barranquilla, que terminó con los años con solo el 13 por ciento de la propiedad. La única explicación que el Distrito ha dado es que cada vez que había que hacer inversiones o se emitían acciones, Inassa aumentaba su participación porque Barranquilla no tenía cómo capitalizar. Sin embargo, lo que ahora está al descubierto es que lo habría hecho con dineros de la propia empresa.

En 2002, Inassa pasó de tener un capital de 20.000 millones a 100.000 millones de pesos, a través de un incremento del valor de las acciones, pero en el acta registrada en la notaría no se demostró cómo ocurrió ese aumento.

Después, en operaciones similares, como las ocurridas en 2006 y 2012, Inassa también hizo complicadas operaciones que finalmente le permitieron quedarse con más participación de la Triple A, al parecer sin poner un peso. El cerebro, o por lo menos quien tiene el secreto de cómo una empresa española terminó haciendo un emporio sin poner un solo peso, es Rodríguez Sobrino. Incluso, las utilidades de la Triple A y de otras empresas en Colombia terminaron financiando la adquisición de nuevas filiales.

Sin embargo, las autoridades de la ciudad y del gobierno nacional, que han invertido millonarios subsidios y recursos a través de esa empresa para mejorar los servicios públicos, o los organismos de control, nunca han investigado lo ocurrido. Fuentes cercanas de la Triple A y del distrito de Barranquilla dijeron que el ruido en el que está la empresa y sus directivos es un coletazo del pulso político que se libra entre los cuatro partidos españoles.

A raíz de la destitución de Rodríguez Sobrino, el periódico El Confidencial reveló hace pocos días que el gerente de ‘la Joya del Canal’, refiriéndose a la Triple A, Ramón Navarro Pereira, también podría ser destituido por presidir otra sociedad offshore con sede en las Islas Vírgenes, que también salió a relucir en los Papeles de Panamá. En una breve declaración a SEMANA, Navarro Pereira manifestó que “esa empresa está legalmente constituida y declarada ante las autoridades colombianas y en ningún caso interfiere ni genera conflicto de intereses con mis responsabilidades profesionales en la empresa donde trabajo. Y sobre el rumor de mi salida, no he sido notificado y no le encuentro justificación a esa posibilidad”.

La portavoz del PSOE, Mercedes Gallizo, quien ha liderado los debates en Madrid, manifestó que su partido va a solicitar la comparecencia de los directivos de las 21 sociedades que controla el Holding Canal Extensia a través de Inassa en América Latina “para que den detalles acerca de cómo se conformaron, cómo se contrata, qué retribuciones tienen, quién controla sus cuentas y si se han hecho pagos a personas, funcionarios o exfuncionarios por obtener ciertos beneficios”.No es la primera vez que Inassa es cuestionada por la forma como opera en Colombia. La diferencia está en que por primera vez los documentos y testimonios de todo lo que se ha hecho están saliendo a la luz pública. Algo que debería también hacerse en el país, por lo menos para saber si las empresas públicas de varias ciudades del Caribe fueron adquiridas por una empresa foránea con plata real, proveniente de España o de una entidad financiera, o si el dinero salió del bolsillo de cientos de miles de personas, en su mayoría de escasos recursos.

Las bolsas de basura

Uno de los episodios más sonados alrededor de Canal de Isabel II, desde que se encuentra en manos del Partido Popular hace 15 años, tiene que ver con su anterior presidente Ignacio González González, a quien en enero de 2009 siguieron hasta Cartagena unos investigadores y lo encontraron ingresando a una casa en la ciudad colonial cargando unas bolsas. Lo acompañaban dos directivos, Ildefonso de Miguel, quien ya se retiró de la empresa, y el recientemente destituido presidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino.

Se especula que las bolsas estaban llenas de dinero y se habla del reparto de comisiones para los directivos de Canal de Isabel II, que habrían salido de las arcas de las filiales latinoamericanas de la compañía.

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