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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

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LOS RICOS NO VAN A LA GUERRA

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Perdón y Reconciliación. Las FARC adelanta jornadas en todo el país. Cuándo comenzará a pedir perdón el Gobierno colombiano?

José María Carbonell, Cambio Total.

Estamos presenciando las muestras de reconciliación expresadas por las FARC-EP. Bojayá, los 11 diputados del Valle del Cauca, La Chinita, etc, y así vemos que ese espíritu de reconciliación se va extendiendo por todo el país en los que cometieron errores derivados por la insania de una guerra fratricida.

El perdón dependerá de despojarse del odio. Odio que se deriva de las acciones –concientes o no- cometidas por las FARC y que se anidó en algunos corazones y espíritus que salieron victimizados para no salir de allí jamás. Mas estamos viendo lo que hace el pedir perdón y el otorgar perdón. Las FARC han pedido perdón en ceremonias especialmente emotivas, no faltaba más. Los familiares de las víctimas han mostrado su grandeza de espíritu y su disposición a construir otro país, una Nueva Colombia sin odios, sin Guerra, en Paz con Justicia Social.

La cara que las FARC-EP han mostrado es la cara de la moneda. Y el sello? Sabido que las FARC son responsables si acaso del 15% de los daños causados a las víctimas.

El Estado es causante al menos del 85% de esos daños. Mas no estamos presenciando ninguna ninguna ceremonia en donde el Estado pida perdón. 82% de responsabilidad en masacres, 83,2% de responsabilidad de ejecuciones extrajudiciales, el 97,7% de responsabilidad en desapariciones forzosas, de casi el 100% del desplazamiento forzoso, hacen imprescindible que el Estado, sus tres ramas, pidan perdón.

No sabemos cuál será el mecanismo y la forma. Si una ceremonia nacional o ceremonias regionales. Pero el Estado tendrá que pedir perdón por cuanto él es el principal y primer responsable de la victimización que ha sufrido el pueblo colombiano.

Pareciera que los medios de comunicación burgueses solo miraran las víctimas de su lado. Las del pueblo son miradas y tratadas como víctimas de 2a o 3a categoría. Ellas son producto del Terrorismo de Estado, el cual lamentamos informarle al general Mejía no ha sido extirpado como doctrina rectora del accionar de las fuerzas militares. Esa culebra está vivita y muerde duro hasta producir la muerte. Y se mueve en batallones, brigadas, aviones, fragatas, automóviles de la Fuerza Pública.

El asesinato de líderes populares, rurales, sindicales, reclamantes de tierras, de la Marcha Patriótica, continúa en todo el país. En el Cauca, en el Cesar, en todo el país. Será que el gobierno Santos va a lograr exterminar a los líderes populares mientras logra un Acuerdo Final para cesar el Conflicto Armado con las FARC?


Respondan! El pueblo lo exige!!!

Los 13 líderes asesinados después de la firma del acuerdo de paz

 Néstor Iván Martínez, líder de las comunidades afro del Cesar, fue asesinado este lunes 12 de septiembre. Foto: Fotomontaje SEMANA
Desde el 26 de agosto casi a diario ha muerto violentamente un líder regional. La mayoría provienen de Nariño y Cauca.
Néstor Iván Martínez y Maria Fabiola Jiménez de Cifuentes son los últimos nombres que aparecen en el listado de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el país en los últimos 18 días (del 26 de agosto al 13 de septiembre). Según la Defensoría, 11 personas más completan el lamentable registro.

Martínez, líder de las comunidades negras de Cesar y opositor férreo a la minería, fue asesinado este lunes en su propia casa en San Juan del Cesar. El mismo día la líder antioqueña María Fabiola Jiménez recibió varios disparos en el bus en el que se transportaba en Barbosa, Antioquia.
Estos hechos están alimentando el miedo y la zozobra en los líderes de las regiones. Carlos Andrés Guevara, coordinador del programa Somos Defensores, aseguró que esta organización ya había advertido que "en tanto se vaya acercando la firma de los acuerdos, este tipo de violencias se van a hacer más críticas”.
Según Guevara, detrás de la mayoría de estos asesinatos hay un perfil claro. Las víctimas son líderes que hacen pedagogía por la paz, son defensores del medio ambiente y opositores a actividades como la minería y la siembra de cultivos ilícitos, o están librando batallas por la tierra. Son, además, líderes locales.
“Venimos advirtiendo que los posacuerdos en otros países dieron como resultado la focalización de la violencia –aseguró Guevara–. Lo mismo está pasando en Colombia: la violencia se está concentrando en líderes de zonas rurales, muy poco visibles, que hacen un trabajo muy local. El blanco no son los líderes con alto nivel de visibilidad porque estos asesinatos tienen un costo político y social muy alto”.
“Al Gobierno también lo alarman estas cifras y rechaza estos asesinatos. Nos parece que es un número realmente indignante”, le dijo a Semana.com el viceministro del Interior, Guillermo Rivera.
Rivera aseguró que “coincide parcialmente” con la teoría de Somos Defensores, al relacionar algunas de estas muertes con la minería ilegal. Según el viceministro, la hipótesis de la Fiscalía sobre el asesinato de dos indígenas awá en Nariño (que hacían parte de la guardia indígena de esa comunidad) apunta a su rechazo a la extracción minera.
En el caso de los asesinatos de tres defensores del medio ambiente en Almaguer (Cauca) y de cuatro campesinos en Sucre (Cauca), la hipótesis de las autoridades apunta al ELN. “El propio partido Comunista ha denunciado ataques del ELN a líderes de izquierda de ese partido. Todas esas hipótesis se están evaluando”, señaló Rivera. El Partido Comunista aseguró recientemente que en los últimos 30 años esta guerrilla ha matado a 40 de sus miembros.
Guevara, de Somos Defensores, lamentó que el Gobierno sólo esté reaccionando “en la medida en que haya muertos. Después de la firma de los acuerdos va a venir una violencia generalizada, ¿qué se está haciendo para reaccionar a eso? Hay una fuerte presencia de grupos oscuros cuya configuración no se sabe; muchos de ellos que provienen del paramilitarismo. Pero también hay un ejercicio de acopamiento de espacios por parte del ELN. No se dice públicamente porque todavía no se puede confirmar, pero cada vez se ve más cómo se están moviendo”.
Los acuerdos de paz de La Habana contemplan la protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Según el viceministro Rivera este lunes ya se dio un paso en esa dirección: se creó una “Comisión de alto nivel de garantías de seguridad para el ejercicio de la política”. Además, Rivera aseguró que la Fiscalía y la Policía recibieron “una directiva para priorizar las investigaciones” relacionadas con líderes sociales, y que la Unidad Nacional de Protección está “haciendo una revisión de los esquemas de seguridad” de los líderes sociales de Nariño y Cauca.
Según Somos Defensores, en lo que va del 2016 han sido asesinados 51 líderes en todo el país. Esta lamentable radiografía es también un reto mayúsculo para el Gobierno, que además de silenciar los fusiles de las FARC, deberá hacer lo mismo con los que están intimidando a los líderes sociales.
Así han sido silenciados campesinos, indígenas y líderes, en las últimas tres semanas:
26 de agosto. Roberto Taicus Bisbicus (50 años). Tumaco, Nariño
Líder del pueblo indígena awá y profesor del centro educativo de la comunidad El Hojal La Turbia, en zona rural de Tumaco. El día del asesinato Taicus había retirado dinero de un banco en Tumaco y se dirigía a su casa, cuando una motocicleta interceptó el taxi en el que se transportaba y desde allí le dispararon. Taicus tenía un papel activo en el proceso político y de resistencia de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa).
28 de agosto. Diego Alfredo Chirán Nastacuas (24 años). Barbacoas, Nariño
Indígena awá. Su cuerpo fue encontrado en la vía que conduce de Tumaco a Pasto amarrado cerca de un retén militar, con signos de tortura y siete impactos de bala. Un grupo de hombres se lo había llevado a la fuerza de su vivienda en el corregimiento El Diviso, municipio de Barbacoas.
29 de agosto. Luciano Pascal García (23 años) y Alberto Pascal García (21 años). Tumaco, Nariño
Los dos indígenas awá pertenecían a la guardia indígena de su comunidad. Recibieron varios disparos desde una motocicleta, mientras se desplazaban del corregimiento de Llorente (Tumaco) hacia el resguardo Hojal La Turbia.
28 de agosto. Nereo Meneses, Joel Meneses y Ariel Sotelo. Almaguer, Cauca
Líderes de Cauca, defensores del medio ambiente y miembros del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA). Asesinados en la vereda La Herradura del municipio de Almaguer, en el sur del departamento. Seis hombres vestidos de camuflado y fuertemente armados los interceptaron en la carretera, los condujeron a la vereda Monteoscuro y allí los mataron. Eran abiertamente opositores a la minería y a la siembra de cultivos ilícitos en su territorio.
5 de septiembre. Simón Álvarez Soscué (64 años), Martha Pipicano (65 años), Libio Antonio Álvarez (36 años) y Salvador Acosta. Sucre, Cauca
Los cuatro campesinos fueron asesinados en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Sucre, Cauca. Ocho hombres vestidos de negro y portando armas de largo alcance atacaron a Simón Álvarez y a Salvador Acosta. Luego prendieron fuego a una casa aledaña, propiedad de la familia Álvarez Moncayo. En su interior fueron encontrados los cuerpos incinerados de Martha Pipicano y Libio Antonio.
8 de septiembre. Cecilia Coicué (58 años). Corinto, Cauca
Líder indígena y campesina. Fue encontrada muerta cerca de una quebrada que linda con su finca El Vergel, ubicada en la vereda La Cominera del municipio de Corinto. Fue atacada con arma blanca a la altura del cuello. La mujer planeaba alquilar sus tierras para instalar una zona veredal transitoria de normalización, acordada entre el Gobierno y las FARC.
8 de septiembre. Maria Fabiola Jiménez de Cifuentes (69 años). Barbosa, Antioquia
Líder comunitaria de la vereda Las Lajas, del municipio de Barbosa, Antioquia. La mujer, quien viajaba en el segundo asiento de un bus, recibió siete disparos de una persona que también iba en el vehículo. El ataque se presentó a la entrada de la vereda Isaza, a unos cinco minutos del casco urbano de Barbosa.
11 de septiembre. Néstor Iván Martínez. San Juan del Cesar
Líder del Congreso de los Pueblos, vocero de la Comisión de Interlocución y miembro del consejo comunitario de las comunidades negras de la Sierra, El Cruce y La Estación, en el Centro de Cesar. Hombres armados que se movilizaban en motocicletas arribaron a su finca en la zona rural de la Sierrita, en el municipio San Juan del Cesar, amarraron al administrador de la finca y esperaron la llegada de Martínez para asesinarlo. Era ampliamente conocido por su trabajo en defensa del territorio y el medio ambiente, y en contra de la minería.

Impunidad de cuello blanco

No, no todos quieren la paz: la cúpula del uribismo, hija doctrinaria de quienes promovieron hace 70 años la carnicería de la Violencia, toca sin pudor a la guerra.
Por: Cristina de la Torre - El Espectador.

Así diga que también ella busca la paz, para protegerse con el mismo manto de impunidad que sus antecesores se echaron sobre los hombros. Mientras tanto, parece desplomarse el número de quienes por justificado resentimiento hacia las Farc votarán No. Y se multiplican líderes de la comunidad internacional —el papa comprendido— escandalizados de que haya todavía quien quiera oponerse a la paz en este país, tras medio siglo de guerra crudelísima. Desnuda brutalidad que volvió a proferir amenazas de muerte este 5 de septiembre a las 6 am por la línea telefónica de Leonard en Buenaventura. Ejemplo de elocuencia y entereza, el joven dirigente popular venía de arrojar cuatro verdades al rostro del temible Álvaro Uribe. Le dijo, “con todo respeto”, que no podía el expresidente seguir envenenándolo todo y sembrando incendios en un país abierto por fin a la reconciliación. Que “somos los pobres los que ponemos los muertos, (pues) los ricos no van a la guerra”.
Pero, hoy como ayer, querrán los animadores de la conflagración ocultar su feo rostro tras la máscara del héroe o el santo. No rinden cuentas, nadie los juzga, nada arriesgan. Y la jerarquía de la Iglesia traiciona su deber moral de defender la vida, tras una supuesta neutralidad ante el plebiscito, que podrá resolverse en masacre continuada de inocentes. Manes de su papel en la Violencia. Querrá pasar esta élite, como aquella, sin romperse ni mancharse por la historia. Sin verdad, sin juicio, sin castigo. Sin reparación a las víctimas de la incontinencia verbal y política que en los ejércitos de la extrema derecha movió el gatillo contra la población inerme. Quienes hoy peroran contra la impunidad son los herederos de los que azuzaron aquel salvajismo.
Todas las investigaciones y testimonios coinciden en que la violencia de mediados del siglo pasado fue concebida, calculada y desatada desde arriba. Monseñor Germán Guzmán, coautor de la obra La Violencia en Colombia, dijo que “mientras algunos (altos políticos) vengan al Congreso otorgando respaldo moral a los asesinos a cambio de votos (…) es inútil pretender que cese la violencia. Si los bandidos hablaran, saltarían en átomos muchos prestigios políticos de quienes condenan el delito, pero apelan a sus autores”. Y todo se cocinó en la consigna de hacer invivible la república. De no escatimar en ello la acción intrépida y el atentado personal, al uso entre los fascios de Mussolinni, de quien Laureano Gómez se proclamó seguidor.
León María Lozano, el Cóndor de Tuluá, y Leonardo Espinosa en Trujillo, por ejemplo, fueron patrocinados por el Directorio Conservador y, después, por la propia Gobernación del Valle. Les ofrecieron dinero, respaldo político y armas para volver azul la cordillera occidental del departamento. De allí resultó, entre crímenes sin cuento, la masacre de Betania, donde murieron 300 pobladores. Cualquier parecido con las Convivir, huevo del paramilitarismo, no es coincidencia.
Si la opción del No (a la paz) se impone en el plebiscito, ¿cómo responderán sus promotores ante la historia, ante el pueblo de Colombia y ante el mundo por los nuevos muertos de la guerra? ¿Mandarán a sus hijos al frente de batalla? ¿O todo el peso de esta infamia recaerá de nuevo sobre los sacrificados de siempre: los soldados y los Leonard y los guerrilleros sin oportunidades ni futuro, para que los niños bien puedan indignarse todavía contra el Gobierno afeminado que se rinde al comunismo? Será coartada perfecta para la impunidad de cuello blanco. La de ayer y la de hoy.

The New York Times cuestiona desmovilización de paramilitares en 2008

Con un artículo que fue parte de la portada dominical, el diario estadounidense asegura que los extraditados son presos privilegiados en ese país.
Por: Redacción Política - El Espectador.

La “impunidad” es, para los promotores del “No” en el plebiscito del 2 de octubre, uno de los argumentos principales para rechazar los acuerdos alcanzados entre las partes en La Habana. Por eso, The New York Times comparó el proceso de desmovilización de los guerrilleros de las Farc con el último que se registró en el país: el de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en 2008, autorizado por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Velez, del que poco hablan los seguidores del hoy senador.
El prestigioso diario estadounidense no solo comparó, sino que también criticó, el proceso de desmovilización y extradición de los paramilitares. Ocho años después del proceso el diario pudo realizar una investigación, puesto que durante mucho tiempo los casos de los paramilitares fueron llevados casi que en secreto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Por eso, el acceso a la documentación básica era imposible. Incluso Deborah Sontag, autora del artículo, asegura que hubo información que se ocultó y hasta se eliminó de los sumarios.
Justamente este martes será sentenciado Hernán Giraldo Serna, alias ‘El patrón’ o ‘El taladro’ (por su insaciable atracción hacia las menores de edad). Por eso, su caso fue uno de los ejemplos dados por el diario para cuestionar el tiempo en prisión, el trato dado y los beneficios a los que podrían acogerse los extraditados una vez finalice su condena. Calculan que esas penas no pasarán de siete años y medio “por haber introducido en Estados Unidos toneladas de cocaína”, según indica el artículo, que compara las penas que se dictan a los capturados por vender crack y cocaína en las calles de ese país: aproximadamente 12 años de cárcel, y eso cuando son ventas de no más de 25 gramos.
Pero el tráfico de drogas no fue el único punto que discutió el diario. Tras el análisis de 40 casos de paramilitares extraditados, la publicación asevera que fueron “premiados generosamente”. De hecho, aseguran que gracias a su cooperación con la justicia norteamericana lograron ser juzgados como personas sin antecedentes penales, incluso conociéndose su extenso prontuario delictivo en Colombia.
Asimismo, controvierte que a los paramilitares se les haya reducido su tiempo en prisión por las condenas que pagaron en cárceles de Colombia, cuando uno de los argumentos para extraditarlos fue que desde esos penales seguían ordenando y hasta participando de acciones delictivas.
El nombre Álvaro Uribe aparece más de 15 veces en el artículo. Por eso, el expresidente y senador por el Centro Democrático respondió rápidamente a la publicación con una serie de trinos. En una de sus respuestas, Uribe asegura que los paramilitares extraditados deberán regresar a Colombia para responderle a la justicia, pues muchos fueron extraditados interrumpiéndose abruptamente el proceso de Justicia y Paz, con el que se recogieron testimonios de más de 50.000 crímenes que confesaron los paramilitares.
Este es el otro polémico punto que el diario presenta. Para The New York Times, el regreso a Colombia de los paramilitares es casi una utopía, debido a los beneficios a los que desde ya se han acogido los extraditados. Aunque la justicia colombiana tiene acusaciones formales contra varios excabecillas paramilitares, hay dos (Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’, y Carlos Mario Aguilar, alias ‘Rogelio’) que ya tienen permiso para residir en Estados Unidos una vez finalice su condena. Y hay otros tres que están tramitando la misma solicitud. Herbet Veloza García, conocido con el alias de ‘HH’, podría ser el primero en disfrutar de ese beneficio, pues este otoño saldrá de prisión y planea quedarse en ese país. En Colombia, a ‘HH’ le espera una sentencia por 85 delitos.
Las familias de estos paramilitares extraditados también han recibido varios beneficios. El más destacado es el asilo político que brinda EE.UU., pues han argumentado que al llegar a Colombia serían torturados por el gobierno de Juan Manuel Santos.
“Justicia interrumpida: Paramilitares en Colombia, presos privilegiados en Estados Unidos”, título del artículo, arremetió contra lo que en últimas considera como una impunidad y silencio absoluto que hubo en el proceso de Justicia y Paz. Para la publicación, la extradición no fue más que una estrategia de Álvaro Uribe para silenciar los testimonios de los líderes paramilitares, pues el proceso tenía unas 200.00 víctimas que exigían conocer una verdad que de a poco estaba siendo contada por los hoy extraditados, y que involucraba a personas cercanas al expresidente.
“Los propios comandantes creían firmemente que Uribe los había enviado a Estados Unidos para silenciarlos. Y muchos de los defensores de las víctimas pensaban lo mismo”, asegura la nota que el domingo apareció en portada, junto a sucesos globales como el cese el fuego en Siria y el cada día más polémico programa nuclear de Corea del Norte.
La respuesta de Uribe hacia la publicación fue corta, pero tocó todos los puntos que le fueron criticados. La primera respuesta fue obvia e incluso estaba en el artículo: que los paramilitares fueron extraditados porque seguían delinquiendo desde las cárceles. El senador también aseguró que Estados Unidos aceptó la condición que le puso su gobierno de permitir acceso de Colombia a los extraditados en sus cárceles.
El expresidente no desaprovechó para comparar el proceso de desmovilización con el de las Farc. “Unos se quejan por poco tiempo carcelario de paras, y piden cero cárcel para violadores de niños en FARC”, aseguró Uribe, como parte del discurso contra la impunidad, en el que se ha sostenido desde que se conoce que el plebiscito será el mecanismo para refrendar los acuerdos alcanzados en La Habana, a los cuales ha dado un “No” rotundo. El mismo “No” que espera que sus seguidores marquen el próximo 2 de octubre.
 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

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