U.P.

Hoy, septiembre 15 de 2016, se ha realizado un acto en el palacio presidencial con participación representativa de las víctimas de la Unión Patriótica y la dirección del partido.

En este acto el presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos ha hecho reconocimiento y ha aceptado responsabilidad del Estado por las víctimas de la UP.

Más de seis mil de nuestros militantes; miembros del partido comunista, de la juventud comunista, independientes, sectores provenientes de los partidos tradicionales, de las organizaciones sociales de trabajadores, campesinos, intelectuales y artistas, fueron asesinados, torturados, desplazados y desaparecidos.

La causa del exterminio a la Unión Patriótica fue su lucha consecuente, por una salida política al conflicto armado. Hoy después de 30 años vemos como una realidad la posibilidad de la paz a partir de los acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC-EP. Estas negociaciones nos animan para seguir guiando la acción del pueblo por un rumbo democrático, la Unión patriótica es y será siempre la paz.

Es el momento de profundizar este paso democrático hacia la reparación política de la UP y producir acciones de fondo de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de este genocidio; que se reconozca el proceso adelantado por más de 20 años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El hecho histórico que hoy se da, deber ser un significante para la no repetición, el reconocimiento de todas las víctimas, y las garantías para la participación política de todos y todas; también es un llamado a respetar el derecho a la movilización y protesta social por justas reivindicaciones.

Convocamos a un pacto político nacional para que en este país nunca más se asesine por pensar diferente, el respeto es la esencia de la democracia que debemos alcanzar en Colombia.

Comité Ejecutivo Unión Patriótica

Él, luego de permanecer siete años como rehén, dos de ellos agobiado por el dolor de la muerte de sus compañeros, tuvo además que soportar que la Fiscalía lo acusara de ser cómplice del múltiple secuestro y de que algunos medios, obsesionados por el afán de la chiva y de aumentar sintonía, divulgaran esa imputación de un falso testigo, logrando así que la gente desfilara frente a la casa donde vivía con su mujer y sus hijos, y les gritara “asesinos”.

Y Patricia Nieto, su esposa, quien con los familiares de los diputados asesinados se encontró en La Habana con los jefes de las Farc para gritarles su dolor acumulado durante años y escucharlos pedirles perdón, me dijo: “Era muy doloroso tener en frente a quienes tuvieron tantos años a Sigifredo y no expresaron a tiempo que él era inocente. Sentía una gran incertidumbre. Los de las Farc entraron. Les dimos la mano. (Los jóvenes no lo hicieron). Me presenté. Los miré a los ojos. Sentí ganas de gritar. Lloré. Todos lloramos, les dijimos todo, no nos guardamos nada. Ellos se secaban las lágrimas”.

Entonces Catatumbo dijo: “No vamos a evadir la responsabilidad. Estaban en nuestras manos, y no se puede reparar lo irreparable, se trata de resarcir el daño, que es distinto (…) La muerte de los diputados fue lo más absurdo de lo que he vivido en la guerra, el episodio más vergonzoso, no nos enorgullecemos de él. Hoy, con humildad sincera, pedimos perdón. Ojalá ustedes puedan perdonarnos”.

Patricia me relató que Sebastián Arizmendi, quien tenía cuatro años cuando secuestraron a su padre, dijo que, al enterarse —a los 9 añitos—, de que él había muerto en la masacre, “estalló en ira, rompió vidrios y cuadros y juró que a los de las Farc los iba a matar. Pero al ir a La Habana y oirlos pedir perdón, sintió paz”.

“Escucharlos pedir perdón hace que el corazón de los familiares tenga algo de sanación, y ese es el comienzo del perdón”, agregó ella. “Prefiero la verdad y el perdón. La justicia es algo complementario. Ellos van a pagar una pena social”.

Pero falta que los medios que reprodujeron la calumnia contra Sigifredo, sin dicernirla, también le pidan perdón. No basta que lo haga RCN, que divulgó el video que lo inculpaba. Ya las Farc aclararon que su único delito “fue haber sobrevivido”. Y la Fiscalía y el Estado le pidieron perdón. Queda que los periodistas hagamos autocrítica y, los que la deban, paguen su pena social, que no es otra que rectificar en el mismo lugar y con el mismo despliegue en que divulgaron la falsa noticia. Así lo manda la ética de la profesión. Sin modestia digo que cuando capturaron a Sigifredo lo defendí sin conocerlo (http://bit.ly/2cAj6uu). Era tan disparatada su acusación…

Y falta, también, que los que masacraron a las personas cercanas a las Farc, y los que pagaron para que otros las mataran, les pidan por igual perdón...

A ver si así empezamos a construir la verdadera paz.

* * *

Hoy los invito a ir a las 10:30 a.m. a la plazoleta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, para marchar luego hasta llegar a las 12 al Parque de los Periodistas, y gritar al unísono: ¡Sí a los acuerdos de paz!

#ObvioQueSí

¡Y gracias a tantos que me enviaron estrofas para que Marta Gómez crezca su canción Para la Guerra, NADA! Espero más.

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa

Por el contrario, aspira a regularizarla mediante la formalización de siete millones de hectáreas para garantizar los derechos de pequeños y medianos propietarios y poseedores de tierras, frente al riesgo de despojo. Además, prevé la distribución gratuita de tres millones de hectáreas para hombres y mujeres trabajadores agrarios sin tierra o con tierra insuficiente. Estas últimas provendrán de predios ilegalmente adquiridos, cuyo dominio se haya extinguido judicialmente, o de baldíos recuperados por la Nación, o de bienes sustraídos a zonas de reserva forestal, así como de tierras donadas y también de fincas inexplotadas o expropiadas con previa indemnización, conforme a la legislación existente. No hay en esta materia ninguna innovación extraña a lo establecido institucionalmente.

Lo que sí hay es el compromiso de adelantar una “reforma rural integral”, basada en el reconocimiento de la importancia de la economía campesina, familiar y comunitaria, “en coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción agropecuaria”. Dicho compromiso se orienta a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de derechos básicos en el campo. Estos objetivos son válidos y valiosos en sí mismos, pero, además, deben beneficiar al conjunto de la población colombiana al generar más alimentos y el desarrollo y al prevenir la violencia ligada a la concentración de tierras.

Una meta central es lograr, en diez años, “la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de la pobreza rural en un 50 %, así como la disminución de la desigualdad” y “la convergencia en mejores niveles de vida en la ciudad y en el campo”. Para el efecto, el Gobierno se comprometió a diseñar y poner en práctica 12 planes en cuatro áreas: infraestructura (vías terciarias, riego y drenaje para la economía campesina, electrificación y conectividad rural); desarrollo social (salud rural, educación rural, vivienda y agua potable); estímulos a la producción (fomento a la economía solidaria rural, asistencia técnica y a la investigación, generación de ingresos campesinos, promoción de la comercialización de la producción, garantía de derechos de los trabajadores rurales) y alimentación (garantía progresiva de este derecho para la población rural).

El mecanismo de ejecución de estos planes está en los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Tales programas se priorizarán en las zonas donde haya mayores niveles de pobreza, de afectación por el conflicto armado, de debilidad institucional y de presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas. En todas las acciones primará el enfoque de género, se respetarán y se promoverán los derechos de las comunidades étnicas y se apoyarán las zonas de reserva campesina (ZRC) y demás formas de asociación solidaria.

Habrá una instancia de alto nivel para formular lineamientos generales sobre uso de la tierra, mecanismos de resolución ágil de conflictos, una jurisdicción agraria y, en siete años, la actualización del catastro rural.

Dan ganas de vivir en Colombia si todo lo anterior se cumple. ¿O usted prefiere votar No?

*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)

Por: CCEEU.

Se siguen presentando casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes estatales, podrían convertirse en prácticas sistemáticas en la nueva etapa del post conflicto.

La Mesa de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos, a partir del estudio de 65 casos de homicidios ilegítimos perpetrados en el año 2015 por agentes estatales pudo constatar la existencia de nuevas pautas o modalidades de ejecuciones extrajudiciales y para su encubrimiento, las cuales documentamos a partir de lo sucedido en el año 2015.

 A pesar de que desde el año 2012 las autoridades del Ministerio de Defensa han expresado que no conocen de nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes estatales, estas se siguen presentando. El año 2015, en tanto fue un año de tránsito hacia la finalización del conflicto armado, con una notable reducción de acciones de confrontación armada, de muertes de civiles y combatientes y cercano a una situación práctica de cese de hostilidades y desescalamiento de la guerra, permitió aflorar nuevas realidades.

 El 2015 ofreció una adecuada perspectiva para observar tanto las nuevas formas que ha venido adquiriendo la violencia socio-política de origen estatal en el país, -mostrando que tanto están vinculadas o no con el contexto de conflicto armado-, así como las nuevas modalidades de perpetración y encubrimiento de homicidios ilegítimos de civiles ocasionados por responsabilidad de agentes estatales.

Este informe recoge solo una muestra parcial de los casos presentados, pero pudo documentar al menos 65 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales de responsabilidad de agentes estatales, de los cuales sólo el 30% aparecen directamente vinculados a la situación de conflicto armado, y el 70% se presentaron por fuera de este contexto. 16 casos corresponden a víctimas que fueron presentadas como “falsos positivos” y 39 a otras modalidades de ejecuciones sumarias, que de no ser adecuadamente controladas y sancionadas, podrían convertirse en prácticas sistemáticas en la nueva etapa del post conflicto.

 A mediados de julio de 2015 en la Sentencia sobre las víctimas de ejecuciones sumarias de civiles a manos del Ejército en Cajamarca, el Consejo de Estado hizo explícita su preocupación por la ocurrencia masiva de casos  de ejecuciones extrajudiciales en el país, señalando que “es preocupante el número de casos en los cuales miembros de la Fuerza Pública encubren, bajo la apariencia de muertos en combate, los homicidios que se presentan bajo diversas circunstancias”, y le dio un plazo de dos meses al Ministerio de Defensa y las Brigadas y Batallones de todo el país “con el fin que se diseñe un plan integral de inteligencia dirigido a lograr un control estructural efectivo para evitar que se presenten los casos de ejecuciones extrajudiciales”.

Por ello este informe ofrece además una serie de recomendaciones para superar las fallas sistémicas que han ocasionado y siguen propiciando lamentables casos de muertes intencionales e ilegítimas de civiles a manos de agentes estatales en la perspectiva de que se constituyan en garantías para la no repetición de estos crímenes. En este sentido, es un aporte a las necesarias transformaciones de la Fuerza Pública para avanzar en la garantía de una paz sin nuevas víctimas de falsos positivos ni de otras modalidades encubiertas de ejecuciones extrajudiciales.

Para su conocimiento y difusión descargue el informe