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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

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Por qué no creo en la justicia colombiana

Allende La Paz, Revista Cambio Total. Twitter. Facebook.

Por qué yo no creo en la justicia colombiana? Por qué las FARC-EP no creen en la justicia colombiana? Por qué los de abajo no creen en la justicia colombiana?
Las razones sobran.

Porque la justicia colombiana –como todo el estado- está permeada por la corrupción. Los jueces y magistrados dictan sentencia de acuerdo con el fajo de billetes que el procesado coloca en los bolsillos del juez o magistrado o que deposita en su cuenta (muy pocos lo hacen porque cuidan sus espaldas). Igualmente, cuando el negocio es de narcotráfico se frotan las manos porque el pago será en verdes, los malditos dólares verdes del narcotrafio y del narco-paramilitarismo.

Porque la justicia colombiana se aplica a los de ruana. Siempre los pobres, los desclasados, son los que llevan del bulto. A ellos se les desaloja –como en el Bronx de Peñaloza- y ningún derecho los cobija, así se desgañiten los funcionarios diciendo que tienen programas para los desvalidos. A ellos les cae todo el peso de la ley.

Porque la justicia favorece a los de cuello blanco. Solo en los casos de escándalos la justicia se ”mueve”. De resto padece de una inmovilidad que parece muerta.
Porque la impunidad de toda clase de delitos es casi total, 97%. Desde hace muchos años ha sido denunciada la impunidad como uno de los “cánceres” de la justicia colombiana, justificada por falta de jueces y sobrecarga de trabajo.

Porque un narco-paramilitar nombrado el No 82 en la lista Clinton llegó a ser presidente de Colombia durante dos períodos (8 años), cometió toda clase de delitos (amenazas a periodistas, amenazas y señalamientos de líderes populares y de derechos humanos, con frases como “te doy en la jeta, marica” (sic), qué lenguaje edificante en boca de un presidente!).

Porque nunca ha judicializado de manera adecuada el problema de tierras que persiste por la persistencia de los actores que la dinamizan: los terratenientes, ganaderos, “empresarios del campo”, que hacen la guerra (ejército anti-restitución) y despojan, asesinan y desplazan a miles de miles de campesinos cada año sin que nadie desde el Estado haga nada.

Porque la justicia colombiana es racista, machista y excluyente. Los “blancos” magistrados odian a los negros y por ello sentencian en contra de los derechos de los negros. Porque son machistas y se van hacia el lado del “macho” que golpea a su esposa, mujer o amante (como el Bolillo). Porque excluye a sectores minoritarios que son diversos, que tienen otra escogencia sexuales (LGTBI).

Porque la justicia colombiana ha sido hecha con la visión de la Doctrina de Seguridad Nacional y siempre se espera “castigar” –detener sin fórmula de juicio, condenar al máximo de penas, desaparecer, matar políticamente, etc- al proceso, siempre con la sospecha de ser ”guerrillero”, auxiliar de la guerrilla o colaborador de ésta. En el momento actual hay 10.000 presos políticos, muchos de ellos con largos años de estar encarcelados sin que se les resuelva su situación, y soportando maltratos, hacinamiento, y desapariciones.

Imagino que las sospechas de la inefectividad de la justicia es mayor por parte de los guerrilleros de las FARC-EP y por ello negociaron con el Gobierno la conformación de un Tribunal Especial de Paz. Que conste que no se trata de suplantar la justicia ordinaria. No. De lo que se trata es de hacer que la justicia sea real, esclareciendo la verdad, y que haya cero impunidad, no como el  remedo de justicia contemplada en la  Ley de Justicia y Paz. aprobada en 2005, que de  31.671 miembros de las narco-paramilitares desmovilizados se acogieron a esa ley 4.000 miembros y solo se han producido 52 sentencias, a pesar de la confesión de miles de miles de ejecuciones, massacres, desapariciones, torturas, uso de motosierras para cometer los asesinatos, etc.

Y seguiría enumerando razones. Por ello yo no creo en la justicia colombiana ya que soy un exiliado político porque la justicia nunca resolvió mi caso: “acusación por un oficial de la policía de ser guerrillero”.  Así también piensan los colombianos pobres cuando dicen “la justicia es para los de ruana*”.
No, definitivamente, en esa justicia yo no creo ni un tris.

* * * * * * *
* Ruana: Tejido de lana. amer. Especie de poncho o capote de monte usado por los campesinos de la región de Boyacá y alrededores.

Uribe Vélez defensor del statu quo. Verdades incontrovertibles.

José María Carbonell, Cambio Total. Twitter. Facebook.

Ya está claro a qué le apuesta el narco-paramilitar  No 82 ex-presidente y ahora senador, Uribe Vélez, con su propuesta. Quiere mantener el campo colombiano en la miseria –el statu quo-  como lo mantuvo durante sus 8 años en la “Casa de Nari”, llamada así por los narcotraficantes que eran atendidos en Palacio por la puerta de atrás.

Veamos este artículo de Salomón Kalmanowitz del 6 de octubre 2013 en El Espectador  titulado “La expansión del Ubérrimo”:

La expansión del Ubérrimo


En junio de 2007 escribí una columna sobre las finanzas de Montería, en la que observaba que contaba con una excelente infraestructura de vías y que el entonces presidente Uribe había inaugurado un puente sobre el río Sinú, pagado por la Nación.

Por: Salomón Kalmanovitz – El Espectador.

Las finanzas de la ciudad, sin embargo, eran exiguas: el impuesto predial que se cobraba era bajo y casi inexistente para las fértiles haciendas que rodean la ciudad. Insinué que el nuevo puente debió valorizar, entre otros, al Ubérrimo, propiedad del presidente y su familia, pues quedaba cerca del mismo.
El presidente me llamó a mi celular y me dijo que todo lo escrito era falso, colocando una presión indebida sobre este columnista. Le dije que si me mandaba la información que demostraba mis errores, haría la corrección del caso. Me hizo enviar entonces información catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que confirmaban que el impuesto predial rural que se pagaba al municipio de Montería era muy pequeño.
 Le dije que si me mandaba la información que demostraba mis errores, haría la corrección del caso. Me hizo enviar entonces información catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que confirmaban que el impuesto predial rural que se pagaba al municipio de Montería era muy pequeño.
Traigo a cuenta lo anterior para señalar la gran preocupación de Uribe Vélez por la imagen pulcra que quería mantener ya durante su segundo mandato. Sin embargo, esa preocupación desapareció en sus actuaciones subsiguientes, como veremos.
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR-CDSA Nº 0660 de 2013) señala que el presidente y su familia resultaron beneficiados de inversiones por parte del Incoder y a cargo de Corpoica que privilegiaron el distrito de riego Mocarí. Allí se ubican los 59 predios que conforman la Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. (sociedad por acciones simplificada), que a la fecha suman 1.479 hectáreas. Según el representante Iván Cepeda, la familia Uribe Moreno adquirió 17 predios adicionales entre 2008 y 2012. Antes de eso, se había beneficiado con cuatro terrenos baldíos y adquirido un predio de reforma agraria, sin esperar el plazo que prohíbe su enajenación.

La función del Incoder no era la de emprender inversiones en distritos de riego y drenaje, por lo cual su cambio de misión en la Ley de Desarrollo Rural fue declarado inexequible. Corpoica, por su parte, tiene como función la investigación y asistencia técnica y era ilegal que interviniera como contratante de obra en los distritos de riego. Sin embargo, el decreto 732 de 2008 privilegió a Mocarí para recibir inversiones públicas de Corpoica que beneficiaron el patrimonio familiar de los Uribe Moreno, sin que el presidente advirtiera que existía impedimento alguno cuando lo firmó, junto al entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. En un debate sobre el problema agrario que organizó Semana por esa época, el exministro Arias me acusó de mentiroso, pateando el tablero del debate.
Las inversiones públicas en Mocarí fueron del orden de $3.302 millones, de los cuales $1.411 millones se destinaron a canales de drenaje que beneficiaron predios de la mencionada sociedad. Hay que recordar que las S.A.S. fueron creadas por ley de diciembre 2008, no requieren de revisor fiscal y pueden declarar todos los costos que quieran con facturas simples, de tal modo que la mayor parte de ellas terminan exentas del impuesto a la renta. El actual director de la DIAN manifestó la inconveniencia de las S.A.S., pues se convirtieron en vehículo de evasión y elusión de impuestos.

De esta manera, el segundo gobierno de Uribe redujo el recaudo tributario, al tiempo que privilegiaba gasto público a favor del patrimonio familiar del gobernante.

¿Paz en Colombia?

Desde los Márgenes.  27 de julio de 2016, por Javier Giraldo M. , S.J.
Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones.
Colombia ha vivido en los últimos 4 años una búsqueda de acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, luego de 60 años de conflicto armado que ha dejado muchos millones de víctimas y ha llevado a la degradación progresiva de la guerra en muchos aspectos. Este proceso ha ido revelando progresivamente los laberintos, a veces sin salida, en que es necesario internarse para buscar acuerdos de paz. El país ha vivido ya 33 años de procesos de paz fracasados durante el último ciclo de violencia, sin contar las negociaciones, acuerdos y eliminaciones de ex combatientes de ciclos anteriores que se identifican con las mismas causas. Una larga tradición demuestra que los acuerdos no se cumplen y que los combatientes rebeldes son eliminados tras el desarme, pero no sólo ellos sino las fuerzas sociales y políticas que les son cercanas.

Hace pocos días se firmó en La Habana un documento que define el penúltimo de los 6 puntos de la agenda acordada al comienzo de los diálogos, incluyendo ya el compromiso de un cese de fuego bilateral y supuestamente definitivo. Sin embargo el país se encuentra profundamente polarizado por el crecimiento y poder creciente de posiciones políticas de extrema derecha. Parece que reviven las posiciones de la Guerra Fría, potenciadas por el monstruoso poderío económico de un empresariado multinacional que defiende rabiosamente sus intereses excluyentes con medios muy poderosos.

Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones. Algunos analistas más críticos llaman la atención sobre ciertas contradicciones como las siguientes:

1) Se percibe un doble lenguaje: en uno de ellos se afirma que el proceso no se ha enfocado como una rendición de rebeldes delincuentes sino como un reconocimiento de una guerra que tenía raíces sociales y en la cual los dos polos cometieron crímenes; el otro lenguaje, usado por el gobierno fuera de la mesa de diálogos, tiene todo el enfoque de la rendición, la derrota y el sometimiento a una legalidad y una estructura de poder supuestamente democrática. El gobierno y la clase dominante repiten que el proceso es fruto de un triunfo militar del Estado que ha doblegado a la guerrilla y la ha obligado a sentarse a la mesa de negociación.

2) Aunque en los formalismos de la mesa de negociaciones se aceptó discutir las raíces del conflicto, sobre todo en los temas de tierra y democracia, predominó la negativa rotunda del gobierno a tocar en lo más mínimo el modelo económico y el modelo político, quedando todas las propuestas relativas a esas raíces del conflicto como “salvedades” o “constancias” de lo que fue imposible discutir. El gobierno repite que no negocia el modelo vigente y que sólo invita a la guerrilla a que, una vez dejadas las armas, se presente a los debates electorales para solicitarle a la sociedad que apoye sus propuestas de reformas. Esto sería normal si hubiera democracia, pero el gobierno sabe que mientras no reforme el sistema electoral, uno de los más corruptos del mundo, y el sistema de propiedad de los medios masivos de información, ni la guerrilla ni ningún movimiento de oposición podrá conquistar triunfos democráticos.

3) Muchas polémicas interminables llevaron finalmente a los rebeldes a aceptar la simetría de trato a los combatientes de ambos lados, desconociendo la gravedad enormemente mayor de los crímenes de Estado y las características del delito político y del derecho a la rebelión. También tuvieron que aceptar la inmunidad de los ex presidentes frente a la justicia y la ruptura de las responsabilidades de mando, ambos principios consagrados en el Estatuto de Roma cuyo desconocimiento refuerza y amplía la impunidad rutinaria.

4) El desarrollo de los diálogos ha producido perplejidad en las capas más conscientes de la sociedad, al comprobar que el Estado ha recurrido simplemente a la negación de los obstáculos más grandes para la paz, considerándolos como inexistentes o realidades del pasado ya superadas: el paramilitarismo, la doctrina militar del enemigo interno y de la seguridad nacional y la criminalización de la protesta social. Nadie puede entender tampoco que las negociaciones no hayan llevado a un acuerdo sobre la reducción de la fuerza armada del Estado sino más bien a anunciar que esa fuerza se va a aumentar y a reforzar. Todo el mundo se pregunta: ¿si es verdad que se acaba la guerra, por qué el monstruoso gasto militar no se va a acabar sino a aumentar?

5) El recurso a la justicia transicional, que ha sido el punto de llegada en el tema de las víctimas del conflicto, uno de los aspectos más polémicos y que más tiempo han consumido en las negociaciones, no deja tranquilos a numerosos analistas de ambos lados. Se pactó una Jurisdicción Especial para la Paz, diseñada por un grupo de juristas de alto nivel, dentro de los criterios básicos de la justicia transicional. Supuestamente el derecho nacional no operará allí sino sólo los tratados internacionales; habrá magistrados también extranjeros; los que confiesen crímenes internacionales, sean guerrilleros, militares, empresarios u otros, tendrán penas alternativas y no de prisión, y los que no confiesen serán condenados a prisión. La fórmula ha sido elogiada por muchos aunque se critica la violación flagrante de algunos artículos del Estatuto de Roma para favorecer a los gobernantes. Sin embargo dicha fórmula alberga dos principios que pueden dar al traste con las escasas expectativas de justicia: los principios de priorización y de enfoque hacia los máximos responsables. Ya hay aplicaciones en curso de esos principios por parte de la justicia colombiana, frente a modalidades concretas de genocidio, que anuncian la utilización corrupta de esos dos principios, como mecanismos privilegiados de impunidad. Esto hace mirar el acuerdo de justicia con reservas.

6) En general, las motivaciones de disuasión que han sido utilizadas para promover los acuerdos de paz, descansan en gran parte en la imposibilidad práctica de lograr cambios sociales por medio de la lucha armada, dado el poder monstruoso y apabullante de las armas estatales respaldadas por el poderío imperial de mayor alcance destructivo en la historia reciente de la humanidad: los Estados Unidos. Brilla por su ausencia, sin embargo, toda consideración ética de los clamores y sufrimientos que llevaron a levantarse en armas a los combatientes contra el Estado. El discurso político predominante es pragmático y egoísta y muestra indiferencia arrogante por posibilidades reales de justicia. Los discursos del Presidente Santos en el exterior han insistido, ante todo, en una paz que beneficiará a los empresarios e inversionistas transnacionales, quienes podrán intensificar su extracción de recursos naturales, pero entre tanto su gobierno reprime con una violencia cruel las protestas sociales de las comunidades afectadas por la destrucción ecológica y social que han causado y siguen causando esas empresas multinacionales.

Desde la extrema derecha se condena el proceso porque favorece la impunidad de los rebeldes, seguramente responsables de no pocos crímenes de guerra, pero desde el movimiento popular se teme más a la impunidad de los poderosos y de los agentes del Estado y del paramilitarismo, cuyos crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios superan enormemente en cantidad y en crueldad los crímenes de la insurgencia y su impunidad se traduce en la continuidad de un poder represivo que seguirá afectando a los sectores más desprotegidos de la sociedad y bloqueará con violencia las reformas sociales que se reclaman con urgencia.

A pesar de los esfuerzos formales por construir un Estado de Derecho, sobre todo desde la Constitución de 1991, el poder real lo sigue ejerciendo una minoría poderosa articulada a intereses transnacionales, llegando a configurar un Estado esquisofrénico en el cual lo formal se apoya en lo legal y lo real se apoya en las mil redes clandestinas de violencia paraestatal cuya relación con el Estado es negada rotundamente por los funcionarios del régimen y los medios masivos de información.

La primera experiencia reciente de justicia transicional la realizó un gobierno de extrema derecha –el del Presidente Álvaro Uribe- en 2005, mediante la ley 975 llamada paradójicamente “Ley de Justicia y Paz”. Hubo entonces una negociación con los paramilitares, quienes a todas luces apoyaron su candidatura a la presidencia. Luego de negociaciones con los líderes paramilitares más connotados, obtuvo su sometimiento a una justicia indulgente en que la pena máxima fluctuaba entre 5 y 8 años aunque los crímenes atroces en cada caso sumaran muchos millares. Supuestamente se desmovilizaron 32.000 paramilitares autores de 42.000 crímenes atroces pero sólo fueron condenados a las penas mínimas 22 de ellos y casi todos están en libertad desde 2015. A esa estrategia de negociación con grupos que no podían identificarse como delincuentes políticos puesto que eran agentes clandestinos del mismo Estado, el ex Presidente Uribe añadió otras estrategias para que el paramilitarismo continuara activo: la configuración de un paramilitarismo legalizado, vinculando a varios millones de personas a tareas de guerra mediante redes de informantes y cooperantes y remodelando los estatutos de las compañías privadas de seguridad para vincularlas a tareas bélicas como auxiliares de la fuerza armada oficial. El paramilitarismo ilegal, en grandes franjas, retornó muy pronto a sus acciones criminales con sus mismos objetivos, a saber: persecución a todo movimiento social o de protesta mediante escritos de clara inspiración contrainsurgente, anticomunista y fascista; respaldo incondicional al gobierno y a sus fuerzas armadas; apoyo a las empresas transnacionales cuya destrucción ecológica denominan “progreso”, y sustento financiero en las redes más poderosas del narcotráfico. El gobierno ha acuñado para ellos nuevas siglas que los inscriben en la delincuencia común ajena a toda relación con el Estado. Hoy se articulan y coordinan con calculada astucia las franjas legales y las ilegales del paramilitarismo, cobijadas por un lenguaje que las cubre con la negación rotunda de su existencia.

Desde el comienzo de las negociaciones actuales, las FARC habían afirmado que jamás se someterían a la justicia colombiana, dada su extrema corrupción, su responsabilidad en la impunidad monstruosa de los crímenes más atroces del Estado y del paramilitarismo y su desvergonzada parcialidad y dependencia del régimen, conceptos que comparten grandes franjas de población que consideran la justicia como éticamente colapsada. Muchas fórmulas se propusieron para buscar imparcialidad, incluyendo la creación de una corte penal regional apoyada por regímenes progresistas de América Latina. Y mientras la insurgencia buscaba estructuras judiciales más independientes, los agentes del Estado eran atormentados por la evaluación de lo ocurrido en otros países que emitieron leyes audaces de impunidad para militares y funcionarios, leyes que fueron posteriormente invalidadas por tribunales internacionales. El ex Presidente César Gaviria lanzó una carta pública pidiendo que se blindaran de manera definitiva las medidas de impunidad, para protegerlas de un eventual desconocimiento posterior por tribunales internacionales o por las mismas cortes nacionales, por ello el Acuerdo incluye también unos mecanismos de blindaje hacia el futuro, no sea que tribunales internacionales o nacionales puedan desconocer lo acordado. Esos blindajes no dejan de ser frágiles y en su análisis se descubre con mayor contundencia la dependencia del derecho respecto a la política y a los vaivenes de los poderes de turno.

En el momento en que escribo aún no se ha firmado el Acuerdo definitivo, pero ya se piensa que el proceso es irreversible y que en pocas semanas se convocará a la ceremonia solemne de la firma. Se ha concertado ya un calendario de entrega de las armas a las Naciones Unidas y de concentración provisional de los guerrilleros en 23 zonas rurales mientras comienzan a implementarse los diversos puntos de los acuerdos. Como lo reconoce el cerebro de las negociaciones de parte del gobierno, lo que se firmará no es propiamente la paz sino un cese de fuego. La paz habrá que comenzar a construirla, principalmente en las zonas en que la guerra ha sido más intensa. La polarización es muy grande en este momento y muchos opinamos que, mientras no se solucionen las raíces más profundas del conflicto, como son la extrema desigualdad, la concentración de la propiedad de la tierra, la falta de democracia y la criminalidad estatal tendiente a reprimir toda protesta social y a destruir todo movimiento de base que busca modelos alternativos y justos de sociedad, el conflicto se puede reactivar sin que sean previsibles sus consecuencias.

Es necesario anotar, que el Acuerdo no se va a firmar, por el momento sino con la guerrilla de las FARC. La otra guerrilla que tiene importancia numérica e histórica: el Ejército de Liberación Nacional, no ha logrado aún llegar a acuerdos mínimos de agenda para iniciar el diálogo con el gobierno, aunque ha dado pasos significativos.

Javier Giraldo Moreno, S. J.
Roma, julio 4 de 2016 -

Un héroe de teflón

Los héroes en Colombia sí existen y nos han salvado de tragedias como la llegada del comunismo a la tierra del Sagrado Corazón.
 Joaquín Robles Zabala.
En “Apocalípticos e integrados” el escritor y semiólogo Umberto Eco estudia el mito de Supermán, un héroe excepcional, venido de otro planeta pero cuyos antecedentes pueden rastrearse en algunos personajes de la literatura clásica: Pantagruel, Hércules, Sigfrido y Orlando. Y otros como Sherlock Holmes, Peter Pan y Robín Hood. Todos seres con una inteligencia superior a la media y, de alguna manera, con un sentido vertical de la justicia.
Las circunstancias en las que surge el héroe y el momento en que Jerry Sieguel y Joe Shuster le dan vida al hombre de acero, se remontan a 1933, un momento sumamente difícil en la historia social de los Estados Unidos, pues su economía estaba por el piso, la delincuencia se había disparado y un poco más del 70 % de su población se encontraba desempleada. El mundo pedía a gritos un superhéroe, un hombre que pudiera detener la debacle en la que se encontraba la gran nación del norte. Y, por supuesto, surgió Supermán, un hombre milagroso que tenía el poder de vencer la fuerza de gravedad, convertir un trozo de carbón en diamante, volar más rápido que una bala y combatir a los delincuentes.
Todos los héroes de los comic surgen en momentos críticos, incluso aquellos arquetipos a los que la fantasía religiosa les da vida. Incluso Jesucristo, un héroe trágico que tenía la facultad de caminar sobre los mares y lagos, convertir el agua en vino y con una sola oración llenar varias canastas de pan y multiplicar los peces como un Harry Potter con su vara mágica.
Adolfo Hitler fue también para los alemanes de la década del 30 un héroe: creó un superejército, invadió a los países vecinos, les robó toda su producción y convirtió a Alemania en una potencia europea. Los germanos se rindieron a sus pies, pues no solo salvó la economía del país sino que también expandió los límites de la nación, como en su momento lo hizo Alejandro Magno y siglos después el gran Imperio Romano. La imagen del Führer era venerada como se reverencia la de un dios con uniforme militar y bigotes chistosos. Nadie se atrevía a cuestionar su autoridad y todo aquel al que le retiraba su afecto protector caía en desgracia y tenía que encerrase en su habitación y darse un tiro.
En Colombia los héroes también existen y nos han salvado de tragedias inconmensurables como la llegada del comunismo y la rebelión de campesinos que pedían se les fueran tenidos en cuenta para el desarrollo de sus parcelas. La respuesta de nuestros patriotas a la petición de esos señores armados hasta los dientes con machetes y azadones fue un cruento ataque del ejército que dejó varias docenas de muertos y sus tierras arrasadas.
Cuatro décadas antes, un 6 de diciembre de 1928, otros héroes emplazaron un nido de ametralladoras en la plaza de un pueblo del Magdalena y soltaron varias ráfagas de disparos que dejó una estela de cadáveres que hasta la fecha no se sabe con seguridad el número exacto de los caídos. El 9 de abril de 1948, un agitador de multitudes que tenía el sueño de tomarse con los votos la Casa de Nariño fue acribillado por un lobo solitario que salvó a la patria de un facineroso que quería meternos desde el gobierno ese cuento del socialismo del que hablaba un señor llamado Karl Marx en un libro desastroso titulado El Capital.
Esos héroes hacen parte hoy de los anales de la historia de Colombia y están en esa larga lista de los presidentes que gobernaron este país y tiñeron de sangre los campos y mancharon de rojo los ríos. Fueron los mismos héroes que se inventaron los grupos paramilitares dedicados a perseguir liberales a partir de los 40, a los que sacaban en las noches de sus casas y les disparaban frente a sus esposas e hijos.
Pero ninguno de los héroes anteriores le gana en sagacidad, brillantez e inteligencia a nuestro héroe de teflón. Un hombre que apenas mide 1.60 metros de estatura pero que tiene la fortaleza de cinco leones juntos y el instinto de una manada de lobos. El no camina sino que vuela. Puede sumergirse las veces que quiera en una poza séptica y salir mucho más limpio que un bebé recién bañado. Es también un vengador, o más bien, un defensor de la democracia, de la familia y las buenas costumbres. La Constitución es su almohada, puesto que no la abandona ni para ir al baño. “Dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada”, repite como un Nicolás Maduro cuando está frente a las cámaras de televisión.
Cuenta la leyenda que fue muy cercano a otro héroe que tenía el don de convertir el polvo en dólares. Era un tipo milagroso. Tenía tanto dinero que no sabía qué hacer con él. Nuestro héroe de teflón le ayudó a construir todo un imperio de exportaciones desde su lugar de poder, pero por ser un tipo tan modesto como un cura en la homilía, siempre lo ha negado porque eso de lanzarse de un avión sin paracaídas y rebotar en el piso como bolita de caucho no la hace nadie. Su teflón reforzado es aprueba de balas, de explosiones. Hace poco aseguró para CNN en Español que han intentado asesinarlo 17 veces, pero nada. Sus enemigos siempre se dan de cara contra la armadura que lo protege de todo mal. “Le voy a dar en la cara, marica”, suele decirles en broma para espantarlos.
Todos aquellos que lo han denunciado ante la justicia por cometer errorcillos como enviar a sus amigos a evangelizar a los ateos, por razones inexplicables terminan muriendo de oxidación, una rara enfermedad que se produce por contacto con el plomo. Sus hijos, por supuesto, unos muchachos encantadores, heredaron los dones del padre, pues como lo hizo Jesucristo suelen multiplicar ya no los panes sino los pesos. Son unos rey Midas que convierten la basura en oro: pasaron de tener una empresa de 10 millones de pesos a una que hoy supera los 40.000 millones.
Nuestro héroe de teflón parece estar blindado contra todo. Nada lo penetra. Todo le resbala. Sus seguidores lo adoran, tanto que lo han convertido en un santo y su imagen ha remplazado la del Sagrado Corazón. Su capacidad para influir en las masas es reverenciada en el salón de la injusticia, una secta religiosa con característica de partido político que se inventó para recuperar el palacio que perdió y al que prometió regresar, así sea en cuerpo ajeno, como dicen los abuelos, porque este país tiene memoria a corto plazo, y él lo sabe.
* Docente universitario - En Twitter: @joaquinroblesza - Email: robleszabala@gmail.com.

Obispos y Sacerdotes vinculados con crímenes del Paramilitarismo en Colombia

CONTAGIO RADIO - 02 Jul 2016
Por lo menos 21 obispos y sacerdotes católicos tendrían vínculos con el paramilitarismo y habrían apoyado o justificado sus crímenes en varias regiones del país. Pacific School of Religion en Berkeley, California, y su programa de Changemaker Fellowship, realizaron un informe como insumo para la comisión de la verdad, agrupando más de 40 casos en los que se demuestran la participación activa de la iglesia católica en la guerra.
Las pruebas van desde testimonios acerca de acciones realizadas por obispos y sacerdotes como documentos obispales en los que se invita a “combatir la amenaza comunista” y abarcan casi todos los departamentos de Colombia, especialmente Santander y Antioquia donde los obispos y sacerdotes participaron de manera importante en el actuar de las organizaciones paramilitares.
Presentamos algunos de los casos...

MONSEÑOR ÁNGEL MARÍA OCAMPO OBISPO DE TUNJA 

“Necesidad de vida o muerte”, era la expresión de Monseñor Ángel María Ocampo en Tunja a entre 1950 y 1970, en unas de sus cartas, dirigidas a sus feligreses para conformar autodefensas anticomunistas.

MONSEÑOR JOSE IGNACIO LOPEZ OBISPO DE CARTAGENA

En las elecciones de 1949, monseñor Jose Ignacio Lopez, obispo de Cartagena, declaró que todo aquel que profesaba un pensamiento comunista sería excomulgado de la iglesia católica.

SACERDOTE JUAN ANGEL ORTIZ EN SAN LUIS, HUILA

A mediados de los años 5o el padre Juan Angel Ortiz, fue un destacado miembro de los chulavitas en San Luis, Huila, propiciando junto con la policía Nacional, el hostigamiento y cacería de liberales, que para ese entonces, se consideraban como herejes.
Tiempo después, a finales de los 60`s y principios de los 70`s en el municipio de Orapa, Huila, el Padre Juan Angel Ortiz, conformó la organización conocida como las Autodefensas Campesinas Anticomunistas. en las zonas rurales y en cascos urbanos, junto con líderes católicos.
Estas Autodefensas Campesinas se distribuían oficios que eran dictaminados por el Pbro Juan Angel Ortiz, que consistían en repartir propaganda católica y anticomunista, hacer patrullaje armado e instalar retenes que controlaban el ingreso y acercamiento de forasteros en las diferentes veredas del municipio de Orapa.

PADRE LORENZO TORRES, PÁRROCO DE UVITA BOYACÁ EN 1952 A 1953

El Padre Lorenzo Torres, párroco de Uvita Boyacá entre 1952 y 1953, organizó autodefensas con sus feligreses “para evitar el avance de la guerrilla CHITA”. Este grupo de autodefensas, estaba compuesto por grupos heterogéneos entre niños, jóvenes y adultos organizados en las veredas de San Ignacio, El Carmen, Cañita y la Vereda Vargas.

VICARIO DE VÉLEZ, GUSTAVO MARTINEZ

En 1979, el líder campesino y catequista Jacinto Quiroga, fue torturado, privado de su libertad y asesinado por la fuerza pública bajo el estatuto de seguridad nacional de Turbay Ayala. Fue entregado a la Brigada Militar del Socorro por el Vicario de Veléz, Gustavo Martinez, quien en un principio se ofreció a salvaguardar su vida y lo pidió a las religiosas misioneras que lo ocultaban para salvar su vida.
Jacinto Quiroga, expresó su indignación por la participación de sacerdotes quienes legitimaban y absolvieron las manos sucias de los militares involucrados en esos métodos de interrogación basados en la tortura, Quioga afirmó, en uno de sus escritos, que las mujeres eran gravemente maltratadas y violadas por los uniformados. Jacinto Quiroga fue posteriormente asesinado por militares.

MONSEÑOR MANUEL LÓPEZ OBISPO DE VÉLEZ 

En 1980 y 1985, el monseñor Manuel López, cercano a los militares expulsó misioneros, misioneras  y sacerdotes que promovieron una concientización política en Santander, prohibiendo del mismo modo su entrada al departamento.

PADRE ELÍAS LOPERA Y EL PADRE HERNÁN CUARTAS DE LA ARQUIDIÓCESIS DE MEDELLÍN  

A principio de los 80`s  el padre Lopera y el padre Cuartas generaron un escándalo en los medios de comunicación nacional por sus nexos con el narcotraficante y promotor del sicariato en Colombia Pablo Escobar, liderando sus programas sociales.

CARDENAL LÓPEZ TRUJILLO DE MEDELLIN 

En 1984 se pronunció ante los escándalos mediáticos frente a las relaciones existentes entre Pablo Escobar y sacerdotes de la diócesis de Medellín, hecho que nunca desmintió. No condenó a los sacerdotes vinculados con el narco paramilitarismo, defendió ante medios de comunicación extranjera a Pablo Escobar Gaviria.
En junio de 1986, el cardenal López Trujillo allanó junto con un sacerdote, un sicario y civiles armados, la parroquia de padre Eliseo Tobón de Medellín, con el fin de encontrar una carta firmada por 80 sacerdotes que denunciaban varios conflictos que sostenía el cardenal con otros sacerdotes y laicos y sus vínculos con el narcotráfico.
Generó con ayuda del sector conservador y católico de Alemania, la persecución a cristianos liberales, sobre todo a sacerdotes que basaban sus prácticas desde una perspectiva de la teología de la liberación, hostigando a varios miembros de esta institución eclesiástica y llegando al punto de expulsarlos de sus parroquias.
En 1987 tras la muerte del padre Jaime Restrepo, sacerdote liberal, quien manifestó su miedo y preocupación frente a diversas amenazas, Trujillo pronunció que no tenía conocimiento alguno de la situación del Padre Restrepo.

MONSEÑOR DARÍO CASTRILLÓN OBISPO DE PEREIRA

En 1971 y 1992 el monseñor Darío Castrillón, Obispo de Pereira, estableció nexos financieros con Carlos Ledher Rivas, quien hizo parte del Cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar Gaviria, llegando a bendecir el dinero del narcoparamilitar Rivas y  sus posesiones terrenales.
En 1989 trascendió en la vida eclesial nacional e internacional, el enfrentamiento de Monseñor Castrillón con las misioneras de la Madre Laura, en razón de su trabajo con los indígenas en la diócesis de Pereira. El 15 de mayo de 1985, las misioneras de la madre Laura hicieron una clara denuncia del crimen atroz del que fueron víctimas tres indígenas, entre ellos un niño, oriundos  La Pradera, municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda. En la lógica recurrente del discurso anticomunista, en la Conferencia Episcopal Castrillón las señala de distribuir propaganda marxista y las relaciona con la guerrilla del M-19.

PADRE LUIS ÁNGEL, PÁRROCO DE NECOCLÍ

En 1982 en Necoclí, Antioquia, el Pbro. Luis Ángel bendijo pertenencias del narcotraficante José Ocampo. El padre Gutiérrez recibía contribuciones del narcotraficante para las fiestas del municipio, como contraprestación el Párroco  bendecía en estas actividades.

PADRE RAFAEL GARCIA HERREROS, MINUTO DE DIOS. 

Entre 1957 y 1992, pese a que el padre Rafael Garcia Herreros, impulsó varios programas de acción social,  con el que construyó el barrio , la universidad y el colegio "minuto de Dios", también demarcó su posición anticomunista, ya que en alguna ocasión no respaldó alguno de sus colegas por su postura política e ideológica. Por otro lado, excusó y apoyó de forma mediática al reconocido Pablo escobar, quien le otorgó recursos para ayudas humanitarias.
El exsacerdote Rene Garcia Lizarralde, quien hizo votos de pobreza y se alejó de los bienes materiales que le otorgaba su familia, fue rechazado por palabras explícitas del padre Rafael Garcia Herreros, por su posición política, el comunismo.

PADRE CARLOS ENRIQUE CIRO PARRA PUERTO BOYACÁ 

En 1982, el paramilitar Ivan Roberto Duque, afirmó que el padre Carlos Enrique Ciro Parra, en el púlpito, en el confesionario, en las calles y en las reuniones de la comunidad, propagaba un discurso anticomunista, que señalaba a los partidarios de esta ideología como ateos y cercanos del diablo, discurso que se integró para el fortalecimiento y entrenamiento de las fuerzas paramilitares.

PADRE GONZALO JAVIER PALACIOS, YARUMAL, ANTIOQUIA.

En 1993 y 1994 el padre Oscar Javier Palacio Palacio se vio involucrado con varios acciones del grupo paramilitar los 12 apóstoles, en las que se tomaron la vida de 30 personas, que eran señaladas como supuestos insurgentes. En sus declaraciones ante la fiscalía, reconoce sus actos, defendiendo a comerciantes y terratenientes y ocultando la identidad de quienes hacían parte de este grupo paramilitar.
Así mismo, según declaraciones del Capitán Meneses de la Policía de Yarumal, quien proporcionó en ese entonces armas al grupo paramilitar los 12 apóstoles, afirma que el sacerdote Palacios oculto en su parroquia las municiones proporcionadas al grupo paramilitar. De igual forma también se vio involucrado en la creación del fondo de seguridad, que tenía como fin sostener al grupo paramilitar.
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