La Fiscalía da a conocer datos de Los 12 Apóstoles
El ente investigador asegura en el expediente contra el ganadero que la impunidad en los crímenes de Los 12 Apóstoles se debe a un pacto de silencio que tan solo fue posible romper casi 20 años después de ocurridos.
La noticia de que Santiago Uribe, hermano del senador Álvaro Uribe Vélez, tendrá que responder ante un juez por sus nexos con paramilitares, llega en un escenario político en el que el uribismo parecía respirar después de un año de muchos líos judiciales en contra de sus principales alfiles. El mismo Santiago Uribe, el juicio contra Jorge Pretelt y la captura de Andrés Felipe Arias en Estados Unidos son solo los más destacados.
El llamado a juicio de Santiago Uribe coincidió con un momento político complejo, pero era inevitable que se tomara una decisión, pues según los tiempos legales del proceso, la semana posterior al plebiscito se debía tomar la decisión de si se archivaba por supuestos nexos con el grupo paramilitar llamado Los 12 Apóstoles –como lo solicitó la Procuraduría– o si sería en los estrados judiciales que se definiría la suerte de Santiago Uribe. Ahora, debido a la reciente decisión de la Fiscalía, será ante un juez que la Fiscalía tendrá que comprobar los señalamientos en contra de Uribe por la conformación de grupos armados y por la muerte de Camilo Barrientos, un hombre que fue señalado de auxiliar a la guerrilla.
No obstante, le dijeron a El Espectador fuentes cercanas al proceso, la decisión no se había tomado por lo voluminoso del expediente y por los recursos que la defensa de Uribe había interpuesto para que el caso fuera trasladado. Según argumentaron los abogados del ganadero, el fiscal delegado ante la Corte Suprema que lleva el caso, Carlos Iván Mejía, supuestamente tomó medidas que no se ajustaban a los procedimientos legales durante su captura y además, no sería el encargado de investigarlo, pues este no goza de fuero constitucional, quienes son los que deben se investigados por este tipo de fiscales.
A estas alturas, al hermano del expresidente Uribe solo le queda acudir a los estrados para defenderse, pues el pasado 6 de octubre se vencieron los términos para que solicitara la nulidad de su proceso. En el expediente la Fiscalía estableció que el 99 % de los crímenes de Los Doce Apóstoles, cometidos en el norte de Antioquia, continúan en la impunidad y que se trata de delitos de lesa humanidad.
El expediente y sus pruebas
El argumento de la Fiscalía es que los homicidios de casi 400 campesinos y pobladores –ocurridos entre 1990 y 1998– se dieron en un contexto generalizado y discriminatorio al ser señalados como auxiliadores de la guerrilla. Entre la lista de víctimas está Camilo Barrientos, un conductor de chiva que fue acusado de hacerle favores a la guerrilla y por tal motivo habría sido asesinado el 24 de febrero de 1994.
Según la Fiscalía, la impunidad en estos casos se dio gracias a un pacto de silencio que durante décadas existió en la región. Casos como el asesinato de ocho agentes del CTI en 1996 que se atrevieron a indagar sobre la alianza entre militares, hacendados y paramilitares, es el claro ejemplo de la dificultad que tuvieron las autoridades para develar las alianzas criminales. Fue tan traumática la investigación de estos delitos que muchos testigos declararon bajo reserva de identidad. De hecho, el proceso de Santiago Uribe en un principio fue archivado en agosto 25 de 1999, pero con la aparición del mayor (r) Juan Carlos Meneses, un testigo clave, se reabrió en septiembre de 2010.
La defensa de Santiago Uribe ha insistido en que el proceso es un complot político que busca afectar la imagen del expresidente Álvaro Uribe, quien al cierre de esta edición no se había pronunciado sobre el llamado a juicio de su hermano menor. Asimismo, que existen irregularidades en las declaraciones de los cinco principales testigos del caso, al afirmar que en ningún momento los conoció y que las supuestas reuniones de Los Doce Apóstoles que se hicieron en la finca La Carolina nunca se realizaron cuando el inmueble era de su propiedad. Tal ha sido la controversia de los testimonios, que la defensa solicitó investigar por falso testimonio al coronel (r) Pedro Benavides, al exagente de Policía de Yarumal Alexánder Amaya, al mayor (r) Juan Carlos Meneses y al ganadero Álvaro Vásquez.
Sin embargo, la Fiscalía tiene otra hipótesis sobre las supuestas incongruencias en los relatos de los testigos: “Existe evidencia sobre la interferencia de Santiago Uribe Vélez, por interpuestas personas, para controlar los resultados de las investigaciones penales a favor de otros miembros de la organización armada y como estrategia para garantizar su silencio. Existe una concertación de testigos que están faltando a la verdad para favorecer los intereses de Santiago Uribe Vélez y desviar la investigación”.
En pocas palabras, que Santiago Uribe ha presionado a los testigos para que cambien su versión de los hechos. Uno de los principales testigos que presentará en juicio la Fiscalía es el agente de Policía Alexánder Amaya Vargas, quien además era escolta en la época de los hechos de otro declarante estrella, el mayor (r) Juan Carlos Meneses. Amaya habló con las autoridades por primera vez el 9 de agosto de 1996 bajo reserva de identidad y dijo que había sido testigo de una reunión de Los 12 Apóstoles en la finca La Carolina.
A su testimonio se sumó el de Juan Carlos Meneses, quien reapareció en 2010 cuando en una entrevista con el premio nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel, reveló que supuestamente Santiago Uribe había patrocinado grupos paramilitares. En su relato dijo que llegó a comandar la Policía de Yarumal en 1993 y que al recibir el cargo, su antecesor, el entonces capitán Pedro Benavides, le dijo que debía “colaborar” con un grupo de limpieza social de la región. Con el testimonio de Meneses fue que la Fiscalía ordenó la captura de Santiago Uribe. Además, le entregó a la Fiscalía una prueba más: un video en el que se escucha al hoy coronel en retiro Pedro Benavides aceptando que tuvo relación con el grupo de Los 12 Apóstoles.
La defensa de Santiago Uribe ha manifestado que el video es una prueba ilegal, pues fue una grabación clandestina. La Fiscalía respondió que la grabación era una especie de protección para Meneses porque supuestamente desde 2004 era objeto de amenazas. En pocas palabras, una especie de seguro “legítimo”. Además, que con ese video no era “ningún despropósito afirmar que Santiago Uribe, a través de Pedro Manuel Benavides, ha intentado controlar testigos como Meneses o sobornarlos, como el caso de Amaya”. Ya será un juez el que determine la validez de esta prueba.
