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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

La última mentira: Odebrecht también ”corrompió” a las FARC

Por Allende La Paz. Colombia es un país en que todo el tiempo salta de un escándalo de corrupción a otro. Se roban 50 billones de pes...

Hey loco, No dispares!

Vamos a Cuentiarnos la Paz

LOS RICOS NO VAN A LA GUERRA

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Un congreso de espalda al país y que no quiere la Paz

Allende La Paz.

La Cámara de Representantes, la misma que se ha negado a juzgar a Álvaro Uribe Vélez por las más de 250 denuncias que tiene en la Comisión de Acusaciones de esa célula legislativa (la única que puede juzgar a los presidentes), se quedó sin quórum y no se pudo continuar con la aprobación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Es una práctica recurrente de parte de los “padres de la patria” ausentarse de las deliberaciones para evitar que sean aprobados proyectos que favorecen al pueblo. En cambio, se dan correntillas cuando se trata de proyectos de ley que favorecen los interes de los ricos, los empresarios, los ganaderos, los terratenientes, etc. Evidentemente que aquí está presente el clásico “interés de clase” que favorece al Bloque Dominante de Poder. Para el pueblo nada, para los ricos todo.

Mas el pueblo se manifiesta en contra de ese tratamiento dado a sus peticiones, en este caso la implementación del Acuerdo Final para una Paz estable y duradera.

Víctimas se pronuncian en la CIDH

Las víctimas que al paso que vamos van a terminar siendo excluídas de la esperada justicia con el Acuerdo Final de Paz han sentado su voz de protesta porque la Cámara de Representantes –el congreso colombiano está conformado por senado y cámara de representantes- ha excluído a los “terceros civiles” (financiadores del narco-paramilitarismo, empresarios, financistas, ganaderos, terratenientes, etc) de la competencia de la JEP en contra vía de lo firmado en el Acuerdo Final de Paz y han dejado en claro que ésta interpretación amañada de la Cámara genera impunidad para los miles de víctimas asesinadas por el Terrorismo de Estado adelantado por las fuerzas militares-narcoparamilitares.

Las FARC-EP han cumplido

Las FARC-EP han cumplido con las víctimas y han reconocido su responsabilidad de actos derivados del conflicto armado. Prueba de ello es que desde que las FARC-EP decretaron la tregua unilateral de fuegos no se ha presentado ninguna víctima mortal por ella causada ni hay denuncias de ninguna víctima no mortal. Es de señalar que las FARC-EP tambien decretaron el cese de las retenciones como forma de financiamiento de la organización insurgente armada y los más amplios favorecidos son precisamente los sectores que están contra el proceso de paz (empresarios del campo, ganaderos, terratenientes).

El gobierno y el estado han incumplido

El gobierno de JM Santos y el estado en su conjunto –Congreso, Justicia, Fiscalía- han incumplido con las FARC-EP, con el pueblo colombiano y con el Acuerdo Final de Paz. Esos incumplimientos van desde:

  • el escamoteo del reconocimiento de la responsabilidad estatal -83% de las masacres, 83,3% de ejecuciones o asesinatos selectivos, 97,7% de desapariciones forzadas por motivos politicos, 100% de desplazamiento forzado son responsabilidad estatal-,
  • el incumplimiento en la construcción de los campamentos de las zonas veredales,
  • incumplimiento en la liberación de guerrilleros y líderes sociales y políticos presos en las aberrantes cárceles del Sistema,
  • hasta el incumplimiento en la aprobación de las leyes necesarios para continuar con la implementación del Acuerdo Final de Paz.
  • La Fiscalía entra a torpedear la JEP y pretende favorecer a sus “clientes” –como en el caso de Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento Angulo-, como si “hacerse los de la vista gorda” no fuera una forma corrupción.


Sigue activo y asesinando el Terrorismo de Estado

Es evidente que desde el Estado se sigue aplicando el Terrorismo de Estado. El estado sigue desarrollando la guerra al seguirlo aplicando. Muestra de ello son las ejecuciones extrajudiciales -asesiantos selectivos- de 120 líderes populares en el 2016 y de 15 este año 2016.

El pueblo debe tomar atenta nota de quiénes se oponen y quiénes favorecen la aprobación de las leyes del fast track para el Acuerdo Final y castigarlos negándoles sus votos. Apoyar a los sectores que están por la Paz y la Implementación del Acuerdo Final debe ser el imperativo de los ciudadanos en la próxima campaña del 2018.

Debemos con la movilización popular ante las políticas del régimen y con el voto por los sectores afines al proceso de paz comenzar a rediseñar la forma de hacer política en el país, política que debe favorecer los intereses de las amplias mayorías pobres de nuestro país.

La paz empieza a cambiarle la cara al país de la guerra

Por: Luis Trejos, profesor de Ciencia Política, Uninorte
Aunque la paz se firmó el año pasado, lograr que se convierta en realidad es un proceso lento que ya empieza a gestarse. Hace unas semanas, un grupo de profesores de la Universidad del Norte que hacen parte del equipo UN Caribe, visitamos el Punto Transitorio de Normalización (PTN) “Pondores”, ubicado en la zona rural del municipio de Fonseca en La Guajira, como un ejercicio de monitoreo de cómo se está implementando el acuerdo en una de sus partes más determinantes: la desmovilización e integración a la vida de los guerrilleros.
En el lugar pueden percibirse varias cosas, dentro de las cuales destacan hechos como el evidenciar que la reconciliación se inició hace varios meses en esas zonas. Es difícil no conmoverse al ver convivir e interactuar con la mayor naturalidad a guerrilleros y soldados. No solo aquellos que pertenecen al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, sino al mismo interior del PTN.
Es un momento histórico, los otrora guerreros y enemigos ahora empiezan a aceptarse y reconocerse como personas, lo cual contrasta con las resistencias y oposición que han sostenido amplios sectores urbanos contra todo lo relacionado con el acuerdo y el proceso de paz. Muchas de estas voces de rechazo provienen de personas que no han participado en la guerra ni han sido víctimas directas de la confrontación armada.
También es inocultable la voluntad de paz de la insurgencia. Esta ha venido cumpliendo con lo acordado en la mesa de negociación, empezando con el desplazamiento hacia las Zonas Veredales de Transición y Normalización y los PTN. En el caso de la región Caribe, todas las unidades de los frentes 19, 41 y 59 y la Unidad de Bloque, se encuentran reunidas en “Pondores” y “Tierra Grata” (La Paz, Cesar). En esta región no se han presentado disidencias o deserciones que afecten o amenacen el desarrollo del proceso. Aunque al igual que en el resto del país, la desvinculación y entrega de los menores de edad ha sido lenta.
La concentración y la inactividad militar ha posibilitado que las FARC interactúen de manera más dinámica y abierta con la población que habita las veredas que circundan el corregimiento de Conejo. De hecho, el proceso de paz ha servido como vigorizante de la sociedad civil rural, que precisamente ha sido la más golpeada por la confrontación armada. La masiva asistencia de organizaciones sociales y campesinas a la jornada de diagnóstico para la formulación del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial, lo comprueba.
Por otro lado, se presenta un evidente atraso en las obras de infraestructura del PTN. Hecho que llama la atención, pues el acceso al mismo se hace a través de vías carreteables en aceptable estado, lo que facilita el traslado de materiales, así como el acceso a mano de obra, dado que el PTN se encuentra a menos de 20 minutos de la cabecera municipal de Fonseca.
Es innegable que el atraso en la adecuación del PTN, alterará no solo el cronograma de entrega de armamento, sino los tiempos de preparación y formación en oficios, diagnóstico de competencias laborales y formación en competencias ciudadanas de los ex combatientes. Esta improvisación genera ciertas preocupaciones con respecto a las fases posteriores de inserción social y laboral, así como lo referente a la oferta institucional que debiera establecerse en las áreas rurales de estos municipios (Fonseca y La Paz, Cesar), lo que resulta fundamental para el éxito real del proceso, entendiendo que este no termina con la desmovilización y desarme de las fuerzas guerrilleras sino con su efectiva reincorporación social y la construcción de Estado en las zonas donde operó la insurgencia.
Pero lo que sí es una realidad, es que nadie en estas zonas duda de los beneficios de la paz. El fin de las acciones armadas ha abierto el territorio nacional. Las comunidades rurales afectadas directamente por la confrontación armada, han podido quitarse el estigma de habitar zonas rojas, han podido salir del aislamiento de la guerra, no pagan extorsión y no viven con miedo. Estas comunidades han empezado a sentir los logros inmediatos de la paz. Por primera vez en mucho tiempo, son consultados sobre sus necesidades y son incluidos en la planeación básica de sus territorios. 

El palo en la rueda de la JEP

Por  | revista semana. 2017/03/22 

Todo parece indicar que la estrategia de Germán Vargas Lleras y su partido Cambio Radical es obstaculizar la JEP
Cambio Radical ya comenzó a hacer política electoral con el proceso de paz, su propuesta de acotar la presencia de terceros a un ejercicio voluntario y no obligatorio ante la Justicia Especial Para la paz (JEP), revela las intenciones de su candidato presidencial Vargas Lleras.
Ese partido, inmerso en una crisis de credibilidad por motivos ampliamente conocidos, junto con su Fiscal, van al amparo de quienes crearon grupos paramilitares dizque para salvaguardar sus intereses amenazados por la guerrilla.
Quieren atravesarle un palo a la rueda de la JEP que garantiza a las víctimas, centro del acuerdo de paz, Justicia, Reparación, No repetición y, por sobre todo, la verdad para que los millones de supervivientes logren superar lo efectos devastadores del conflicto.

Una y otra vez es necesario recordarle a quienes pretenden ponerle obstáculos a la JEP que la responsabilidad de terceros o civiles en muchos casos financiadores y determinadores del conflicto no se puede escudar, entre otras cosas, en el pretexto de la extorsión para evitar su comparecencia, y eso es lo que pretende Cambio Radical con su propuesta. 

Los casos sobre financiadores de la guerra están ampliamente documentados y son materia de investigación por parte de la justicia. Para la muestra un botón: Chiquita Brands –la célebre empresa bananera representada en Colombia a través de su filial Banadex- y Drummond y Glencor (Prodeco) las mineras del Cesar; así como la Organización Ardila Lulle que ha sido mencionada en múltiples ocasiones por el paramilitar Salvatore Mancuso, como financiadora de grupos pertenecientes a las AUC. 

De Chiquita Brands se sabe que durante 17 años, según investigaciones que reposan en la fiscalía, le dio dinero simultáneamente a guerrilleros y paramilitares para poder operar en la zona bananera de Urabá, y entre 1997 y 2004 decidió que sólo le pagarían a las autodefensas de Carlos Castaño.
Y cómo olvidar el caso de las mineras Drummond y Glencor (Prodeco) mencionadas por postulados en Justicia y Paz –El Samario, Tolemaida etc.- de haber sido financiados por estas multinacionales para crear el grupo paramilitar “Juan Andrés Álvarez” que operó en el norte del departamento del Cesar entre los años 1996 y 2006, según investigación de la Organización No Gubernamental PAX Holanda. 

Flaco servicio se le hace al proceso de paz tratando de favorecer uno de los sectores responsables en el conflicto, como es el caso de terceros. De no tomarse en serio lo acordado, se abre la ventana para que la Corte Penal Internacional mañana asuma su papel por la inoperancia de la Justicia Transicional.
“Algunos de los congresistas actuaron en función de sus intereses (…) Para nosotros lo que ha ocurrido con la ley de amnistía y la JEP es que se han puesto a consideración intereses distintos a los derechos humanos (…) no se puede ver a la JEP como una feria de beneficios, no”, dijo visiblemente molesto el representante del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos en Colombia Todd Howland.
Viene la etapa de conciliación entre Cámara y Senado y se espera que este “mico” anti JEP no prevalezca o de lo contrario se le está aplicando, el harakiri, a la columna vertebral del acuerdo de paz: el punto cinco sobre Víctimas que incluye la Justicia Transicional.
@jairotevi

“El estado colombiano debe desmontar las estructuras paramilitares que atentan contra la democracia”


Por InvestigAction

Jorge Freytter Franco es el hijo mayor del profesor colombiano Jorge Freytter Romero, asesinado en 2001 en la Universidad del Atlántico en el marco del frustrado proceso de paz iniciado por el ex presidente Andrés Pastrana. Tras el asesinato de su padre y el clima de inseguridad y amenaza crecientes en el país, tuvo que exiliarse en Canadá, siguiendo el camino de millones de colombianos desde el inicio del conflicto. En esta entrevista acordada en exclusividad para el Journal de Notre Amérique, por primera vez Freytter Franco nos confía sus impresiones después de una visita al país en el actual proceso de paz. También desentraña la profunda implantación del paramilitarismo en ciertas regiones y alerta sobre su papel estructural en la permanencia de un sistema económico basado en la desigualdad y la injusticia social.

Irse de su país nunca fue sencillo para nadie. Cuéntenos, ¿cómo fue su etapa del exilio en Canadá ?
Yo llegué el 25 de marzo de 2002, después de una espera de 8 meses por los tramites para obtener el estatuto de refugiado. Aunque la provincia de Quebec ya me había aceptado con anterioridad como refugiado, el gobierno de Canadá seguía insistiendo en que debía presentarles pruebas sobre quienes me amenazaban, en este caso los paramilitares, de que ellos me estaban amenazando. Algo así como que le solicitara una certificación a Carlos Castaño o al “Bloque Norte” de los paramilitares de que las amenazas venían por parte de ellos.
Después del asesinato de mi padre continuaron con la negativa, y siete meses después me dieron la residencia y viajé con mi madre, hija y hermana. No conocíamos los idiomas ni teníamos dinero ni ayuda, y pensábamos que nos ayudarían por ser refugiados. Pero no llegó la ayuda por motivos que aún desconozco. Con el tiempo me di cuenta de que realmente ser refugiado en Canadá no era más que un formalismo internacional, pero yo lo veo como una buena forma fácil y rápida de obtener mano de obra barata y en la mayoría de los casos cualificada…

¿En qué condiciones diría que están los exiliados/as políticos en ese país?

En algunos casos se muestra que ayudan a los Sirios o en el conflicto libanés. La ayuda llega con facilidad para muchas cosas, pero son conflictos de mucha más trascendencia, participación e interés para el Canadá. Aun así, al final la historia es la misma mano de obra barata, dificultad de integración, discriminación y racismo entre otras.

Claro que cabe resaltar las nuevas posibilidades que ofrece el país de acogida, pero sigo creyendo que se resumen a cuestiones económicas. De hecho, cuando uno es refugiado o residente permanente, se dice en el “bouche oreille” que lo mejor es no meterse en cuestiones políticas, porque puede ocasionar problemas a la hora de ser ciudadano.

Jorge Freytter Franco (derecha) durante una ponencia junto al investigador belga François Houtart

Y según usted, eso ¿es cierto o exagerado?

Es verdad que en muchos casos, la adaptación y otros.menesteres absorben la mayoría del tiempo y muchos terminan olvidando o dejando de lado la militancia. Además, contribuye a ello el hecho de que los espacios estén liderados en su mayorìa por los grupos y organizaciones de canadienses ya establecidos.
Durante su gobierno, Alvaro Uribe emitió una comunicación al gobierno canadiense en la que se decía que Colombia no era un país en conflicto. Y que no era necesario un programa de refugio. Lo que contribuyó al programa de migración económica y cualificada y los apadrinamientos familiares.

Usted ocupó un cargo de responsable dentro del movimiento estudiantil en la Universidad del Atlántico. ¿Puede explicarnos cuál era el ambiente en la facultad y qué reivindicaciones tenían ?

Yo fui estudiante de Biología en la Facultad de Ciencias. Era un programa y una facultad que en aquel entonces no contaba con promociones de graduados. O sea con ex-alumnos. Y era la curiosidad de mis compañeros y amigos la que nos impulsaba a liderar procesos académicos y de investigación por los ecosistemas del departamento del Atlántico y de la región caribe colombiana.
Pero a las directivas de la universidad no les interesaban esas propuestas. Se inclinaban más bien por la construcción de instalaciones. Entonces, para hacer visible la facultad y los proyectos académicos que teníamos, nos propusimos participar en los procesos de co-gobierno de la universidad como representantes estudiantiles de la Facultad de Ciencias Básicas.

Debido a la crisis administrativa, la corrupción y al debate amañado de las distintas fuerzas, las elecciones fueron interrumpidas o no se realizaron en varias oportunidades. Esas acciones y la suma del aumento de la presencia paramilitar, las acciones del DAS y las doctrinas de privatización de la educación pública dieron como resultado uno de los hechos mas nefastos de la educación pública en Colombia. El asesinato de más de 20 personas, entre los cuales se cuentan profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad del Atlántico. Y otras decenas más exiliadas o desplazadas, muchos de los cuales eran amigos y conocidos.

¿En qué contexto tuvo lugar aquella incursión paramilitar ?

Las incursiones paramilitares fueron en aumento durante los gobiernos de Samper, Pastrana y posteriormente se consolidó y se mostraron públicamente durante el gobierno de Alvaro Uribe. Y fue ahí donde los paramilitares tuvieron vía libre para permear y saquear las arcas de hospitales, entidades territoriales y particularmente las universidades públicas de la región caribe colombiana.

Era una región bastante olvidada por el gobierno central y apoderada por mafias clientelistas de la política local. Esos gobiernos lo sabían y se les hacia saber desde distintos puntos de la sociedad. Pero siempre lo negaron o lo ocultaron.


¿Quién cree usted qué está detrás de la paramilitarización de la Universidad del Atlántico, y demás universidades de la Región caribe en Colombia?

La paramilitarización de las universidades públicas es un capitulo en el plan de las privatizaciones de las entidades públicas y de servicios públicos. Las universidades públicas, particularmente las de la región caribe colombiana, fueron afectadas por el clientelismo político. Ese sistema logró permear las universidades a través del organismo de co-gobierno de las universidades públicas, como en el caso del consejo superior. Es un organismo donde se definen politicas, así como inversiones y se toman decisiones que afectan la academia en última instancia.

De modo que el Consejo superior está liderado por el gobernador del departamento, el representante de los gremios, el representante de los estudiantes, el representante de los egresados, el representante de los profesores e incluso el rector y el representante del ministro de educación y presidencia. Todo eso es un organigrama de corrupción y de clientelismo, toda vez que muchos puestos y contrataciones e inversiones se deciden por la aprobación o no de estos representantes, que muchas veces son cooptados por caciques políticos locales.

Entonces, tras el paramilitarismo ¿existen intereses económicos importantes en juego?

Si. Según tengo entendido, las universidades manejan un gran presupuesto y en particular la Universidad del Atlántico maneja un presupuesto mayor al que recibe la ciudad de Soledad en el departamento del Atlántico, la cual es la segunda ciudad en importancia del Departamento.
Otro ejemplo, los paramilitares ya habían hecho incursiones en los hospitales para afectar sus presupuestos, por medio del Bloque Norte de las Autodefensas unidas de Colombia “Frente José Pablo Diaz “.

Jorge Freytter Franco junto al libro “Presente y futuro de Colombia en tiempos de Esperanza“,
que aborda la memoria y el legado de su padre, el profesor Jorge Freytter Romero

Después de eso, en la Universidad del Atlántico algunos funcionarios colaboraron, a cambio de dinero, con el señalamiento a profesores, estudiantes y trabajadores…los cuales fueron asesinados posteriormente. E incluso se dice que la administración incurría en hechos de corrupción, que facilitaron la incursión de los paramilitares y de la policía, la policía secreta -DAS- , al igual que otros organismos de seguridad del Estado.

La incursión del Bloque y de los jefes paramilitares que operaban en la región caribe fueron favorecidos por el olvido del gobierno central, por el clientelismo y la corrupción política local. De hecho, la gran mayoría de políticos que han incursado en la “para-politica” eran de la región caribe.

En las últimas semanas usted ha estado por la Ciudad de Barranquilla.  ¿Puede explicarnos cómo está la situación social allá?

Pues la ciudad de Barranquilla es la ciudad económicamente hablando más importante de la región caribe. Ademas es donde confluyen el mar y la desembocadura del río Magdalena, el río navegable más importante de Colombia. Este punto geoestratégico importante, además de contribuir a afianzar las mafias políticas locales, ha permitido la entrada de empresas extranjeras. Tanto, que hoy día a Barranquilla se le llama “la capital del TLC (Tratado de Libre Comercio)”.

Las empresas Electricaribe y Aguas de Barcelona, más conocida como la triple A (AAA – Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla) están dentro de las más controvertidas. La Triple A, por sus suspensiones constantes de servicio. Pero además, por su precario servicio en materia de recogimiento y tratamiento de las basuras.En cuanto a Electricaribe, destaca por sus constantes fallas al servicio. Pero por encima de todo, por los altos costos y los abusos a los usuarios, además de la falta de verdaderas soluciones a las ineficiencia eléctricas.


¿Puede dar ejemplos concretos?

Si, han habido casos de electrocución, incendios, redes caídas…Los daños a electrodomésticos se cuentan por cientos cada año, pero el gobierno local y nacional no se percatan de la situación. Sólo se presentó en el 2016 una mofa de intervención estatal, pero no se dio ninguna solución a la población. Esta claro qué intereses politico-economicos hay en juego, y éstos se han visto ayudados con el sistema mediático que oculta la información.

¿La población se organiza para defender sus derechos?

Si, frente a esta situación las comunidades se han manifestado en protestas en las calles, bloqueos de vías, incendios de llantas o ataques a los servicios de transporte. En algunos casos, incluso incurren en acciones contra el servicio eléctrico para poder disminuir sus facturas de pago. Porque Electricaribe, a pesar de que en muchos casos no presta el servicio…de igual forma lo cobra.

Yo puedo darle incluso un ejemplo personal. Llegué a Barranquilla, a la casa de un amigo, que había estado abandonada por arreglos a los servicios de alcantarillado y agua. Pero ya nadie vivía en el lugar, no se consumía ni un solo watts de luz. Pero aun así, Electricaribe estaba cobrando unos 50 euros por el servicio no prestado. Por lo que redacté un derecho de petición, y después de dos meses y de varias llamadas y quejas, finalmente Electricaribe hizo la corrección. Todo esto es el resultado de la privatización del servicio público de energía.


Estamos oficialmente en medio de un proceso de Implementación de los Acuerdos de Paz. A partir de su experiencia personal ¿qué propuestas plantea para la construcción de una cultura de la Paz ?

Como exiliado y retornado, he planteado algunas propuestas en los espacios donde he podido participar. Han sido, por ejemplo, que se desmonte el escuadrón antidisturbios de la Policía – ESMAD. Es un grupo represivo, que en cada una de sus intervenciones viola los derechos humanos representados en la libertad de protesta, la libertad de expresión, de movilización e incluso atenta contra la vida y la integridad física de los ciudadanos.

Estos hechos están documentados en los medios y por los líderes sociales campesinos y grupos indigenas. De igual manera, exijo que el Estado luche por que se desmonten las estructuras paramilitares que atentan contra la normalización política y la justicia social, es decir contra la democracia.
Así mismo propongo que se aumente el salario mínimo de 700 mil pesos a un millón cien mil pesos. Es bien sabido de los escándalos de corrupción que se han destapado en los últimos meses. Reficar, los Nule y las carreteras en Bogotá, así mismo Odebrecht y la Ruta del Sol, donde los colombianos han visto como las mafias políticas despilfarran el dinero del Estado y por ende de las inversiones sociales y económicas.

De igual forma, la clase trabajadora ve como se disputan entre el gobierno y los empresarios por el aumento de unos cuantos porcentajes en el salario mínimo. Sin embargo, el incremento no ha pasado en los últimos años de 20 o 30 euros mensuales, con la excusa de que no hay dinero, o que un mayor aumento del salario afectaría a la economía. Todo esto sucede mientras se roban descaradamente millones de euros hasta ahora, en total impunidad.

Otra de las otras propuestas es la inclusión de los líderes sociales, los refugiados y exiliados en la implementación de los acuerdos. Es importante que se llegue a las regiones, pero no deberían acaparar el protagonismo los candidatos que ya encendieron sus maquinarias políticas con miras a las próximas elecciones. En lugar de eso, deberían ser protagonistas las comunidades, en particular las más afectadas. Pareciera que los acuerdos se negocian, se discuten y se trabajan en Bogotá…y luego se exportan e imponen a las regiones.


Lamentablemente, incluso en este contexto la represión de los líderes sociales y comunidades sigue ocasionando una larga lista de víctimas…De modo que hay un trecho entre la idea de construir un proceso de Reconciliación -tal y como se ha planteado en discursos oficiales – y esa realidad terrible que se perpetúa. ¿Qué opina al respecto ?

En relación a la reconciliación, yo particularmente desde mi punto de vista de víctima y exiliado no quisiera reconciliarme con paramilitares ni con el uribismo y mucho menos con esa clase politico-económica dominante que ha saqueado y empobrecido a los colombianos durante más de los 50 años que estuvimos en guerra.
Hay que reconocer que hay dos Colombias y que la una quiere oprimir a la otra. No la hace desaparecer totalmente, porque después ¿quién va a trabajar ? Entonces lo que nos queda al pueblo es tomar el voto y luchar contra la abstinencia y por el poder popular.

Sin embargo, la reconciliación es una idea que se impone como algo de sentido común…¿Piensa que hayan aspectos que estén quedando relegados a un segundo plano en la opinión pública ?

Si. En Colombia se habla de reconciliación como si la guerra hubiese sido un conflicto étnico entre dos o más naciones como en Sudáfrica. Pero el problema colombiano no fue étnico, siempre ha sido político y social. Ha sido una lucha contra la desigualdad, contra el saqueo y expoliación de los recursos naturales.

Básicamente es un problema de justicia social, y frente a eso la única reconciliación verdadera es el aumento de los salarios a la clase trabajadora, la educación pública y gratuita garantizada, y los servicios de salud óptimos y universales.

Los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP posibilita, tras el abandono de la insurgencia, la emergencia de un nuevo partido político. Sin embargo, el no del referéndum ha planteado incertidumbres sobre la evolución del proceso de paz. ¿Qué influencia tienen en el debate político los sectores económicos contrarios al proceso ?

Los sectores económicos no tienen Dios ni patria. Es el capitalismo, y no están casados con ningún partido o adoctrinamiento. A ellos solo les interesan las ganancias. Poca inversión y muchas ganancias, bien lo dijo en estos días un representante de las empresas españolas: “no invertimos pero sí que sacamos muchas ganancias “.

Si bien es cierto que los sectores económicos influyentes invertirán en las campañas contrarias al proceso de paz, pienso que si el partido de las FARC llega al poder, muy seguramente esos sectores económicos comenzarán a acercarse a la nueva fuerza política.

Teniendo en cuenta la posición defendida por Uribe en el referéndum, ¿cree que Santos haya logrado de manera definitiva abrir un nuevo capitulo de su familia política  respecto a los gobiernos precedentes? O por el contrario, ¿podría verse obligado a hacer nuevas concesiones ?

No, Juan Manuel Santos no se ha separado de su familia política. Ha podido mantenerse con éxito en sus programas de gobierno gracias al sinfin de concesiones y de mermelada que ha repartido. La cuestión con Alvaro Uribe no ha sido más que una disputa ideológica, de un sector al cual Santos nunca perteneció, y solo lo utilizó para su trabajo político. Y es que Alvaro Uribe forma parte de la lumpen-burguesia que salió a flote y logró calar en el imaginario colectivo desde Pablo Escobar hasta los paramilitares.

Pero Juan Manuel Santos es parte de la familia Santos que ha vivido de la política y de los recursos del Estado colombiano durante décadas. Para Santos, resulta difícil no hacer concesiones, teniendo en cuenta que la mayoría de los políticos aliados y que hoy representan a los colombianos están comprometidos -ellos o sus familias, directas o indirectas- en algún tipo de situación ilegal. Así que para poder sacar sus proyectos de paz, viviendas, educación etc., tiene que hacer concesiones.


La creación de una nueva formación política con un programa de transformaciones sociales, tiene como condición la normalización del debate político, así como el acceso a los medios. ¿Qué opciones ve para el desarrollo de un cambio de relación de fuerzas y hegemonía a favor de la izquierda ?

La creación y fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios es importante por la democratización de los medios de comunicación y la participación de nuevos actores y formas de la comunicación social.

Pero más allá de la creación de nuevos canales de televisión y nuevas emisoras, es la regulación de cómo se cuentan las noticias, de cómo se transmite al público. Porque los medios de comunicación tradicionales y hegemónicos parecieran no hacer uso de la libertad de expresión. Lo que a mi parecer hacen diariamente y durante décadas, en total impunidad, es incitar a la violencia política, al odio. Incitan prácticamente al genocidio, y en el conflicto han sido, quizás, uno de los grandes responsables del recrudecimiento de la guerra.

La desmovilización de la insurgencia se produce sin que haya disminuido de manera significativa la presencia del paramilitarismo, los asesinatos de líderes sociales y el hostigamiento en comunidades como la de Catatumbo. ¿Qué recomendaciones sugiere para la prevención de la violencia en las diferentes regiones expuestas al paramilitarismo ?

La veeduría internacional es importante. Además, el desarrollo e implementación de los acuerdos debe realizarse en las regiones y fortalecer los programas sociales. Particularmente en las fronteras, donde el problema del paramilitarismo esta profundamente ligado a la cuestión del tráfico de drogas ilícitas y a la situación fronteriza de informalidad en vías terciarias en mal estado. Es preciso una pronta y real presencia del Estado.

El gobierno de Santos y los gobiernos locales deben comprometerse en un plan de inversión conjunta y de aumento de la presencia del Estado y de un acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales en la implementación de los acuerdos los primeros 2 años.
Además tienen que definir la situación frente al fortalecimiento del EPL y la muerte de alias Megateo. Hay que ver si el gobierno los incluirá dentro de un plan de diálogos hacia la paz, o si por el contrario los atacará y judicilizará como a una banda criminal.

¿Existe una forma de coordinación entre los distintos comités de víctimas ?

Hasta donde he podido observar, los diferentes grupos de víctimas llevan ya varios años trabajando, en algunos casos están articulados y tienen sus propias redes de movilización, información, etc. Algo normal, si se tiene en cuenta que muchos de ellos llevan más de 10 años trabajando.

En algunos casos el trabajo y los intereses políticos van de la mano. Yo veo un poco de alejamiento en los diferentes grupos. Además por la lejanía geográfica, yo creo que los grupos más fuertes por la cercanía a los recursos y al debate político nacional, son los que están arraigados en Bogotá. Mientras que en los de la periferia, el trabajo se afecta y se politiza más.

Por último, ¿Qué llamado le hace usted a los movimientos sociales y políticos frente a la campaña electoral del 2018?

Uno de los problemas ha sido la desunión o la concertación frente a un candidato. Hasta ahora Gustavo Petro y su campaña ” Humana” es uno de los grandes contendientes, pero pareciera más un candidato independiente que quiere imponer un nombre amable y con márketing a lo que él le llama “progresismo”, frente a una población colombiana que se masticó y tragó el cuento del “castrochavismo” de la izquierda.

Petro puede ser buen candidato pero no un buen presidente. Está muy reciente su alcaldía como para ser candidato. Digamos que fue buena su gestión. Pero demonizada hasta el cansancio por los medios. Y eso más que quitarle puntos podría sumarle a grupos como el de Vargas Lleras, muy cercano al uribismo.

Otro actor que se suma es Jorge Robledo, quien al parecer es propenso a una alianza con los verdes. Pero no hará alianza con Petro o con otro grupo de izquierda a menos que haya una segunda vuelta. De todas formas, si no se da una alianza y una consciencia de la construcción de una nueva Colombia por parte de grupos sociales y de izquierda, el candidato de cambio radical se alzará como ganador. Por cierto, este partido es el que se presenta con más políticos investigados y detenidos por corrupción.

México: Seguridad para los burgueses, terrorismo contra los trabajadores

Por OLEP / Kaos.
Ley de Seguridad Interna
Desde que el ejército ha estado en las calles las consecuencias para el pueblo han sido desastrosas: más de 30 mil desaparecidos, 225 mil ejecutados, 170 mil desplazados forzadamente —todo según versiones oficiales–, 3,139 violaciones a los derechos humanos de los defensores de esos mismos derechos. Cuando el gobierno mexicano adoptó las políticas emanadas de la Iniciativa Mérida, diversas organizaciones sociales alzaron la voz para denunciar que dicha estrategia significaría la implementación del terrorismo de Estado en México que, en pocas palabras, significa el uso sistemático del terror con la finalidad de destruir el tejido social, ejercer control social y eliminar cualquier oposición a las políticas neoliberales y antipopulares que lleva a cabo el gobierno. Sin embargo, el proceso de militarización de la vida social lleva muchos años gestándose lentamente, por ejemplo, desde que en 1999 se fundó la Policía Federal Preventiva (ahora Policía Federal), simplemente cambiándole a un grupo de militares el uniforme verde por uno gris, la lógica castrense fue permeando en las tareas de seguridad pública.
La salida de los militares a las calles sólo fue una parte de la punta del iceberg de un proceso más profundo que pasa por la necesidad del imperialismo estadounidense y las oligarquías nacionales de legitimar y legalizar las dictaduras militares en América Latina. En México, con la iniciativa mencionada, se implementó la estrategia de crear un “enemigo interno”, al cual era necesario combatir si no queríamos terminar presos del desorden, el descontrol y la ilegalidad. Fue así que en el 2006 el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, declaró la “guerra contra el narcotráfico” y sacó de los cuarteles a las fuerzas armadas con la justificación de que las instituciones del Estado estaban “infiltradas” y eran incapaces de hacer efectivo el estado de derecho.
Sin embargo, después de 10 años de presencia militar en las calles sabemos que para el gobierno mexicano el narcotráfico no es el enemigo al cual combatir, sino el pueblo organizado; que los militares, mediante el terrorismo de Estado, cumplen tareas de contrainsurgencia con el objetivo de minar la organización popular, ya que cuando hablan de “salvaguardar” el estado de derecho significa combatir a todo aquél que se oponga a la imposición de una serie de políticas antipopulares que sólo benefician a la burguesía y ponen al país en bandeja de plata para la explotación de sus recursos. Queda claro que no estamos frente a un Estado debilitado o fallido, sino todo lo contrario, un Estado fuerte que ha impuesto a sangre y fuego una serie de reformas neoliberales incluidas en el Pacto por México.
A finales del año pasado el Secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, afirmó: “nosotros no pedimos estar aquí. No nos sentimos a gusto. Los que estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes”. A la par de estas declaraciones los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron al poder legislativo tres propuestas para la creación de una Ley de Seguridad Interior, mediante la cual pretenden dar un marco jurídico y “regular” las acciones que las fuerzas armadas vienen realizando en materia de Seguridad Pública.
Según reza la propia ley, el objetivo de la misma será “salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos que determinen las leyes”, por lo cual la intervención de las fuerzas armadas estará justificada cuando ocurran “actos violentos tendientes a quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la Federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional […] o cuando haya fenómenos de origen natural o antropogénico [causados por el hombre]”.
No es casualidad que la propuesta de ley se presente cuando el descontento popular se ha exacerbado, consecuencia del empobrecimiento acelerado que están sufriendo grandes masas de la población, cuando la resistencia y la protesta ha llegado a lugares y sectores en los cuales antes no se manifestaba y cuando la organización popular busca caminos para fortalecerse. Sería ingenuo de nuestra parte pensar que los militares ya se cansaron o que, como dice el general Cienfuegos, “no estudiaron” para las tareas que ahora desempeñan. Eso es totalmente una mentira, los militares sí están cumpliendo con las tareas para las cuales fueron entrenados, los militares están en las calles llevando a cabo acciones de contrainsurgencia y protegiendo los intereses de la oligarquía mexicana, sólo que ahora quieren que la ley legitime sus acciones, para fortalecer a un Estado cuyo principal pilar para imponer sus intereses es la violencia.
En este tenor es que se puede afirmar que con la Ley de Seguridad Interna lo único que se pretende es hacer legal lo ilegal, es decir, que toda la serie de violaciones a derechos humanos que lleva a cabo el ejército dejarán de serlo al existir un marco legal que permita su actuación, ya que ahora será legal, entre otras cosas, “hacer uso de cualquier método de recolección de información” al momento de realizar tareas de inteligencia, léase torturar, desaparecer, ejecutar y demás métodos de coerción utilizados contra la lucha del pueblo. Sólo será necesario un decreto del Ejecutivo Federal o una solicitud del poder legislativo y estatal para suspender legalmente las garantías individuales de la población. Sin embargo, esto no debe atemorizarnos, en la realidad ya hay partes del país en las que están suspendidas las garantías individuales, en donde los métodos de terror son pan de cada día, pero también ahí hay gente resistiendo, luchando y organizándose, porque donde haya una bota militar socavando a nuestro pueblo y abriendo paso a la ferocidad de la burguesía habrá también un socialista organizando, agitando, luchando codo a codo con el pueblo, con la plena convicción de que el peso de la historia está de nuestro lado.

¡Luchar con dignidad, con el pueblo organizado, luchar hasta vencer!

NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección REPRESION del No. 23 de FRAGUA , órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Febrero-Marzo 2017.

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Alemania: Berlín sale a la calle contra nazi-fascismo

Insurgente.org

En el día internacional contra el racismo Alemania reúne a centenares de personas que muestran su solidaridad con los refugiados.
Y abogan por un mundo más justo y sin discriminación. Conciertos, discusiones, música y diversas manifestaciones no solo en el día internacional contra el racismo se están llevando a cabo en Alemania (el país celebra del 13 al 23 de marzo la semana contra el racismo). La discriminación es una tendencia al alza que preocupa y mucho.
Es una lucha permanente, especialmente desde la gran oleada de refugiados que llegó al país, que es el sector más afectado. Las fuerzas de seguridad registraron más de 3.500 ataques contra solicitantes y albergues de asilo en 2016.
A pesar de la lluvia Alemania ha salido a la calle para manifestarse en contra del racismo y dicen, se necesitan este tipo de acciones para demostrar que todavía queda mucho en esta lucha que hacer.
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Washington reduce a la mitad su aporte financiero a la ONU

  
El presidente Donald Trump instruyó a su secretario de Estado, Rex Tillerson, para que reduzca a la mitad el aporte financiero de Estados Unidos al funcionamiento de la ONU para los 3 próximos años.
Esta decisión se produce después de la demanda de que se realice una auditoría que la embajadora de Estados Unidos presentó recientemente ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Desde julio de 2012 y la nominación del estadounidense Jeffrey Feltman a la cabeza del departamento de Asuntos Políticos de la ONU, los recursos de las Naciones Unidas están siendo utilizados por el Estado Profundo estadounidense para tratar de alcanzar sus objetivos de rediseño del Medio Oriente Ampliado y de cortar las dos rutas de la seda.
Aunque la decisión del presidente Trump seguramente dará lugar a una campaña mediática tendiente a presentarla como una medida nociva para la paz [1], en realidad se trata de todo lo contrario.
Es desde la sede de la ONU en Nueva York que se dirigen actualmente las guerras contra Siria y contra las repúblicas autoproclamadas en el Donbass y no será posible restablecer las funciones originalmente asignadas a esa organización sin excluir primero de ella a los representantes del Estado Profundo estadounidense y sin imponerle un cura de austeridad.
El secretario de Estado Rex Tillerson ya escribió a las ONGs miembros del Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, para indicarles que hay que reformar la ONU o salir de ella.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio su aval a las imputaciones falsas según las cuales la Yamahiriya Árabe Libia había bombardeado un barrio rebelde en Trípoli. Esa mentira sirvió de justificación al Consejo de Seguridad para solicitar a la OTAN que “protegiera” a la población libia de la cólera del “dictador”, con lo cual autorizó en realidad un «cambio de régimen» correspondiente a la más pura tradición colonial.
[1] “White House seeking significant cuts to U.S. payments to United Nations”, Karen DeYoung, The Washington Post, 15 de marzo de 2017.
 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

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