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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

Declaración de las FARC-EP a raíz del pronunciamiento de La Corte Constitucional.

Escrito por   Administrador  FARC-EP.CO El fallo contiene el peligro de renegociar una vez más el acuerdo en el Congreso y por qué no d...

Hey loco, No dispares!

Vamos a Cuentiarnos la Paz

LOS RICOS NO VAN A LA GUERRA

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Paz y Política. El momento presente

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo.

No hay ningún contrasentido entre Paz y Política. Por el contrario, ambas se refuerzan una a otra y viceversa. Mas en Colombia, si hay un contrasentido. Es entre Paz y Politiquería.

Sabemos que la Paz es un imperativo ético. Igualmente que es uno de los más preciados derechos humanos, el cual va de la mano con el derecho a la vida. Sabíamos, también, que la Paz firmada entre las FARC-EP y el gobierno Santos correría el inmenso riesgo de ser desnaturalizada en su paso por el congreso, como en efecto está suediendo, y ni se diga con el retorcido “Plebiscito” o en manos de la politiquería en las Cortes.

Hoy día, el problema mayúsculo corre por cuenta de la Corte Constitucional (CC) que se ha alineado con los “enemigos de la Paz”, mejor dicho, ha “pelado el cobre”, y ha declarado ante los colombianos que no quiere la Paz. Una institución estatal, que se esperaría estuviera en consonancia con los nuevos aires que se respiran en Colombia, definitivamente declara ante el mundo que no quiere la paz, así trate de disfrazar su sentencia de leguleyada.

La Paz como política estatal no ha sido una prioridad del establecimiento colombiano. La única política estatal ha sido la guerra y la muestra es que a las instituciones estatales colombianas –ejecutivo, legislativo, judicial, militar- les es supremamente difícil salir del marco legal de la guerra para adelantar con todo grandeza la causa de la Paz, la cual se está construyendo no por el querer de éstas instituciones, sino por el empuje que las FARC-EP y el pueblo han puesto en ello.

Evidentemente que en esas instituciones hay sectores que apoyan decididamente la Paz, el presidente como persona, por ejemplo, pero el conjunto de las instituciones estatales no muestran un decidido apoyo y menos su decisión –y mucho menos su determinación- de echar a andar la locomotora de la Paz hacia adelante y se contentan, como siempre, en torpedear el camino ya de por sí dificil de salir de una guerra interna fratricida de 53 años.

Ello es así porque el establecimiento colombiano no practica la política en toda su extension, sino que viven inmersos en la politiquería, la trapisonda, la corrupción y la maniobra para torcerle el destino al otro, sin saber que en la medida en que practican la politiquería se envilecen ellos aún más.

El pueblo en su sabiduría ha entendido que la Paz no puede ir separada de la imperiosa necesidad de luchar por sus reivindicaciones, precisamente porque en la causa, la base, del conflicto interno están las necesidades políticas, sociales, culturales, económicas, que ha padecido el pueblo colombiano por más de 200 años y que han sido de su exclusión de la toma de decisiones.

No puede ir separada lucha por la Paz, por un lado, y lucha por las reivindicaciones económicas, políticas, sociales, culturales, por el otro, porque todas ellas hacen el summun de una vida en Paz. No hay paz cuando mueren en combate colombianos pobres, pero tampoco hay paz cuando los niños mueren de hambre y desnutrición (violencia estructural), tampoco cuando no se satisfacen las necesidades del pueblo en materia de empleo, salud, educación, cultura, recreación, etc.

Las FARC-EP y el gobierno Santos han dado un gran paso en dirección de la Paz al decretar el Cese Bilateral de Fuegos y al haber firmado el Acuerdo Final del Teatro Colón, pero ello debe ir acompañado de la implementación total del Acuerdo Final ya que no hacerlo implicaría una desastrosa decepción para el pueblo colombiano, el cual está demostrando de qué es capaz cuando se decide a luchar por lo suyo (caso Buenaventura, por ejemplo, o la Marcha Indígena, o el paro de Maestros).


No es mediante la politiquería a que nos tienen acostumbrados los representantes de los sectores económicamente poderosos como vamos a construir una Colombia en Paz con Justicia Social. Es enlazando creadoramente la causa de la Paz entre pueblo, entre ellos FARC-EP –que algunos llaman Paz Grande-, y sectores que amen la Paz, con las reivindicaciones populares. No hay contrasentido en éste desarrollo de la política, entendiendo ésta como el servicio en favor del pueblo, de las clases más desfavorecidas del favor del estado. No podemos desligar la lucha de las clases populares de la Paz ya que una conduce a la otra, y viceversa, y es su sustrato íntimo.

Buenaventura, el puerto del Pacífico condenado al olvido y la violencia.

Por: Andrés Rodas / Foto: Jesús Darío Gonzalez

Buenaventura, ciudad portuaria del pacífico colombiano desempeña un rol muy importante en la economía del país, mueve más del 50% de importaciones y exportaciones de Colombia. Es un lugar estratégico para la inversión nacional e internacional de las grandes empresas, sin embargo también es sinónimo de pobreza, desigualdad, violencia, exclusión y falta de oportunidades.

A pesar de los miles de millones de pesos que se mueven en el principal puerto marítimo de Colombia, la desigualdad socioeconómica es latente. Este rincón de Colombia ha soportado durante décadas, pobreza, violencia y el abandono por parte del Gobierno Nacional, con el agravante de que los grupos armados encuentran en estas condiciones el escenario propicio para su fortalecimiento y accionar.

La situación no ha pasado desapercibida por parte de organismos internacionales como Human Rights Watch, que denuncia la presencia de paramilitarismo en la ciudad, y diversas violaciones de los Derechos Humanos, así mismo hacen responsable al Estado colombiano asegurando que no se ha hecho un trabajo eficiente para combatir esa gran problemática.

En el año 2014 Jean Marc Laforet, embajador francés y representante de la Unión Europea realizaba las siguientes declaraciones tras su visita a Buenaventura: "El puerto de Buenaventura es moderno, pero por fuera todo es muy diferente. Por fuera se ve una ciudad con muchas necesidades". Estas palabras pronunciadas por una persona de origen extranjero nos reafirman en el hecho de que efectivamente, lo que le importa al Gobierno en Buenaventura es el puerto mas no la ciudad.

Como conclusión he de decir que la situación de Buenaventura es responsabilidad directa del Estado, por haber abandonado totalmente a la población creando un amplio caldo de cultivo para que se desarrollen otras problemáticas, pienso que esta situación se ha reflejado en distintos lugares de Colombia, pero sorprende aún más el caso de esta ciudad del Pacífico, pues es un pulmón económico para el país.

La ecuación Estado – Mercado – Comunidad, debe tener igualdad y armonía para gozar de un Estado Social de Derecho como se proclama Colombia, si esta ecuación rompe la armonía surgen dificultades, por lo tanto el principal problema de Buenaventura es que el mercado es mucho más importante que la comunidad, el puerto económico es más importante que los habitantes, es decir, el capital está por encima del ser humano.

En Florencia puede pasar lo mismo que en Mocoa

Agencia de Noticias UN.

La relación entre la ciudad y sus aguas –el río Hacha y sus afluentes como las quebradas La Perdiz, La Sardina, El Dedo y La Yuca– no es la mejor. Según el Plan Maestro, diseñado por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), en 2009 la ocupación de fuentes hídricas y sus zonas de influencia ascendía a 1,3 km2.

BOGOTÁ D. C., 22 de mayo de 2017  
A esta conclusión llegó el equipo de expertos hace ocho años cuando realizó una radiografía de Mocoa, Leticia, Puerto Nariño, Florencia, San Vicente del Caguán y Puerto Leguízamo, principales ciudades de la Amazonia.
En el documento, entregado a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) en 2009, se advirtió que la tendencia descrita para Florencia –capital de Caquetá– podía crecer, y en efecto así sucedió. Incluso hoy se habla de amenaza por crecientes súbitas en sectores como La Vega, San Luis, Los Comuneros, Raicero, 7 de Agosto, Guamal, Bruselas y Tirso Quintero, entre otros.
Así mismo, se recomendó el reasentamiento de las viviendas ubicadas sobre las zonas de riesgo; ocho años después, los mandatarios locales siguen hablando de esta solución sin realizar acciones concretas.
El geógrafo Miguel Castiblanco explica que Florencia está ubicada en una zona de piedemonte que marca la transición entre la montaña –la “joven” y aún activa cordillera Oriental– y la llanura amazónica, donde provienen grandes masas húmedas que vacían todo su contenido y provocan constantes lluvias.
Los peligros de darle la espalda al río
Según el profesor Rene Carrasco Rey, director de la Maestría en Urbanismo de la U.N., los ríos no se han tenido en cuenta en el crecimiento urbano ni en la creación de espacios públicos en los municipios estudiados.
Para poder obtener información completa sobre tal situación, el equipo de la U.N. liderado por el profesor Carrasco -que involucró áreas como la geografía, la ingeniería ambiental, la arquitectura y la sociología– formuló el Plan Maestro de Ejes Ambientales que identificó los problemas principales de cada ciudad y formuló lineamientos para articular las fuentes hídricas con el crecimiento urbano.
Para el estudio geográfico se estableció un mapa preliminar de los municipios abordados con la ayuda de documentación bibliográfica, fotografías aéreas e imágenes satelitales de alta resolución.
Con el trabajo de campo –mediante el cual se estudiaron las condiciones del suelo y se describieron las geoformas, las fuentes hídricas y la cobertura vegetal– se comprobó dicha información, de manera que fue posible establecer la localización detallada de los ríos, las quebradas, los humedales y las montañas. Además, con base en una investigación documental previa, los ingenieros ambientales verificaron los puntos de vertimiento de aguas sucias y residuos sólidos, resultados que se incorporaron a la cartografía.
Después de obtener esa información, el diseño urbanístico, la arquitectura y la sociología entraron en acción. A partir de las dos primeras se estudió la distribución de las diferentes zonas (viviendas, colegios, infraestructura y espacio público) y su relación con los ecosistemas naturales. Con respecto a la última, se realizaron talleres en los que la comunidad expresó lo que más querían para su municipio, desde el punto de vista urbanístico, social y ambiental.
El documento se envió a Corpoamazonia, que contrató al equipo para el estudio, con el fin que de allí se incorporara a los planes de ordenamiento territorial municipales.
Heraldo Muñoz, subdirector de Planificación y Ordenamiento Ambiental de Corpoamazonia, afirma que a partir de 2012 el rol de la gestión del riesgo de desastres se centra en brindar apoyo técnico a los entes territoriales, según lo estipulado por la ley 1523 de 2012.
“Con el insumo brindado por la U.N. hemos formulado diferentes asesorías, y ahora lo hemos retomado para contribuir a la recuperación del área afectada en Mocoa, mediante la implementación de estudios y diseños técnicos de ejes ambientales para la planificación, gestión ambiental y riesgo de desastres sobre los ríos Mulato y Sangoyaco y la quebrada La Taruca”.
Precisamente, el barrio San Miguel, que fue arrasado en la tragedia del pasado 31 de marzo, apenas se estaba terminando de constituir cuando el equipo de la U.N. se encontraba en pleno trabajo de campo. Esta zona, junto con sectores como El Progreso, fue identificada por los investigadores como una de las más vulnerables ante las avenidas torrenciales producidas en un sistema hídrico compuesto por el río Mocoa y las quebradas Mulato, Sangoyaco, Conejo y la Taruca.
Recomendaciones desatendidas
Ya que el área de ocupación sobre fuentes hídricas en 2009 era de 434.563,9 m² y que la tendencia apuntaba a crecer, los expertos recomendaron el reasentamiento de las viviendas ubicadas en las quebradas y sus áreas de influencia, estableciendo incluso una ronda de 20 m alrededor de estas para impedir que cualquier actividad humana se llevara a cabo en el sector.
Estas recomendaciones se plantearon teniendo en cuenta que Mocoa está localizada en una zona de piedemonte amazónico en la que la alta precipitación provoca desbordamientos constantes de los ríos y, por ende, avenidas torrenciales de agua, rocas y sedimento, fenómeno que se acelera por la erosión del terreno ante la deforestación, la minería y la ganadería. El día de la tragedia, la precipitación fue de 129,3 mm, equivalente a lo que llueve allí en 10 días.
En ese sentido, los expertos lamentan que no se hayan atendido los estudios y deslizamientos previos que ya habían alertado sobre la problemática. Por lo pronto, la capital de Putumayo afronta, tras la terrible noche, un nuevo amanecer.
Conozca aquí la radiografía de las otras ciudades estudiadas.http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/los-peligros-de-darle-la-espalda-al-rio.html 
(Por: fin/JFMM/dmh/MAFB)

Venezuela sumida en la guerra civil



Siguiendo el guión pautado por los expertos y estrategos de la CIA especializados en desestabilizar y demoler gobiernos, en Venezuela la contrarrevolución produjo un “salto de calidad”: del calentamiento de la calle, fase inicial del proceso, se pasó a una guerra civil no declarada como tal pero desatada con inusual ferocidad. Ya no se trata de guarimbas, de ocasionales refriegas o de violentos disturbios callejeros. Los ataques a escuelas, hospitales infantiles y maternidades; la destrucción de flotas enteras de autobuses; los saqueos y los ataques a las fuerzas de seguridad, inermes con sus cañones de agua y gases lacrimógenos ante la ferocidad de los mercenarios de la sedición y el linchamiento de un joven al grito de “chavista y ladrón” son síntomas inequívocos que proclaman a los gritos que en Venezuela el conflicto ha escalado hasta convertirse en una guerra civil que ya afecta a varias ciudades y regiones del país. Si algo faltaba para caer en cuenta de la inédita gravedad de la situación y de la determinación de las fuerzas sediciosas de consumar sus designios hasta sus últimas consecuencias el emblemático incendio de la casa natal del Comandante Hugo Chávez Frías pone doloroso fin a cualquier especulación al respecto.

Sería ingenuo y suicida pensar que la dinámica de este enfrentamiento, concebido para generar una devastadora crisis humanitaria, puede ser otra cosa que el prólogo para una “intervención humanitaria” del Comando Sur de Estados Unidos. Esta amenaza exige de parte del gobierno bolivariano una respuesta rápida y contundente, porque a medida que pase el tiempo las cosas irán empeorando. El patriótico y democrático llamado del presidente Nicolás Maduro a una Constituyente sólo sirvió para atizar la violencia y el salvajismo de la contrarrevolución. La razón es bien clara: esta no quiere una solución política de la crisis que ella misma ha creado. Lo que pretende es profundizar la disolución del orden social, acabar con el gobierno chavista y aniquilar a toda su dirigencia, propinando un brutal escarmiento para que en los próximos cien años el pueblo venezolano no vuelva a tener la osadía de querer ser dueño de su destino. Los intentos de acordar con un sector dialoguista de la oposición fracasaron por completo. No por falta de voluntad del gobierno sino porque, y esa es la ominosa realidad, la hegemonía de la contrarrevolución ha pasado, en la coyuntura actual, a manos de su fracción terrorista y esta es comandada desde Estados Unidos.

En Venezuela se está aplicando, con metódica frialdad y bajo el permanente monitoreo de Washington, el modelo libio de “cambio de régimen”, y sería fatal no tomar conciencia de sus intenciones y sus consecuencias. El gobierno bolivariano ha ofrecido en innumerables ocasiones el ramo del olivo para pacificar al país. No sólo su oferta fue desechada sino que la derecha golpista escaló sus actividades terroristas. Ante ello, la única actitud sensata y racional que le resta al gobierno del presidente Nicolás Maduro es proceder a la enérgica defensa del orden institucional vigente y movilizar sin dilaciones al conjunto de sus fuerzas armadas para aplastar la contrarrevolución y restaurar la normalidad de la vida social. Venezuela es objeto no sólo de una guerra económica, una brutal ofensiva diplomática y mediática sino que, ahora, de una guerra no convencional que ha cobrado más de medio centenar de muertos y producido ingentes daños materiales. “Plan contra plan”, decía Martí. Y si una fuerza social declara una guerra contra el gobierno se requiere de éste una respuesta militar. El tiempo de las palabras ya se agotó y sus resultados están a la vista.

Y esto es así porque lo que está en juego no sólo es la Revolución Bolivariana; es la misma integridad nacional de Venezuela la que está amenazada por una dirigencia antipatriótica y colonial que se arrastra en el estiércol de la historia para implorar al jefe del Comando Sur y a los mandamases de Washington que acudan en auxilio de la contrarrevolución. Si esta llegara a triunfar, ahogando en sangre al legado del Comandante Chávez, Venezuela desaparecería como estado-nación independiente y se convertiría, de facto, en el estado número 51 de Estados Unidos, apoderándose mediante esta conspiración de la mayor riqueza petrolera del planeta. Sería ocioso detenernos a elaborar el tremendo retroceso que tal eventualidad tendría sobre toda Nuestra América. Queda muy poco tiempo, días apenas, para erradicar esta mortal amenaza. La absoluta y criminal intransigencia de la oposición terrorista cierra cualquier otro camino que no sea el de su completa y definitiva derrota militar. Desgraciadamente ahora le toca hablar a las armas, antes de que, como dijera en su tiempo Simón Bolívar, el chavismo tenga que reconocer que también él ha “arado en el mar” y que toda su esperanzadora y valiente empresa de emancipación nacional y social haya saltado por el aire y desaparecido sin dejar rastros. No hay que escatimar esfuerzo alguno para evitar tan desastroso desenlace.

Colombia: Maestras y Estatales reclaman urgentes mejoras salariales

Insurgente.org

Los empleados estatales y maestros colombianos han realizado una nueva marcha de protesta para reclamar mejoras salariales al Gobierno de Juan Manuel Santos.
Los días van pasando con más marchas y manifestaciones por parte de los trabajadores del Estado, esto lo demostraron una vez más con la última marcha que se dio en todo el territorio nacional para reclamar sus derechos.
El país se siente engañado por el Gobierno Nacional pues había afirmado que el dinero que se invertía para la guerra se usaría ahora para la prosperidad de los pueblos, cosa que no parece estarse viendo.
Los maestros son uno de los bastiones de estas movilizaciones en todo el país, a ellos prácticamente el Gobierno no le está haciendo aumento salarial, perjudicando así la formación educativa.
Más de 10 días completan los maestros en este paro indefinido ellos no aceptan la paupérrima cifra en el aumento de su salario que le quiere dar el Gobierno Nacional.
Álvaro Altamiranda, Bogotá.
Reproductor de vídeo
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La OMS gasta 116 millones más en vuelos que en combatir el VIH

Por Redacción Médica/Kaos en la Red.
La organización destinó 201 millones en traslados y alojamientos, frente a los 70,5 destinados a combatir la ETS.
Las cuentas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que, en 2016, se gastaron 201 millones de dólares (179 millones euros)  en conceptos de traslados y alojamientos de sus 7.000 representantes. Una cifra que supera en 130 millones (116 millones de euros) a los 70,5 millones (62 millones euros) que se destinaron para combatir la extensión del VIH y de la hepatitis. Una diferencia del 65 por ciento en comparación con el área que recibe la inversión por parte de la OMS.
La diferencia se incrementa cuando se compara con los 61 millones de dólares (54 millones de euros) que se destinan en materia de la Malaria, así como a los 59 millones  (52 millones de euros) para la tuberculosis o los 23 para la salud mental y abuso en el consumo de drogas (20 millones de euros). Una cartera que, solo sumada, logra alcanzar con unos 213,5 millones de dólares (190 millones de euros) a la cifra empleada en proceso de los traslados de personal.
En uno de los viajes de Margaret Chan, directora general de la OMS, a Guinea para celebrar la primera vacuna contra el ébola se alojó en la suite presidencial en el lado de la playa del Hotel Palm Camayenne, cuyo valor supera los 1.000 dólares por noche (890 euros). “Esta es una demostración más de lo perdida que están las prioridades internacionales”, ha precisado el experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota, Michael Osterholm.
Desde la OMS han argumentado que el 60 por ciento de los viajes tenían por finalidad enviar expertos a los países que requieren de la ayuda sanitaria, así como para ayudar a que sus miembros estuvieran en las ciudades necesarias para atender sus reuniones o a la prensa. Sin embargo, solo el gasto de Chan ascendía hasta los 370.000 dólares en 2016 (330.000 euros), lo que le posiciona en el ‘top’ de los funcionarios con mayor gasto.

La Corte Constitucional conculca derechos fundamentales de los colombianos

Cambio Total.

La CC al alinearse con el CD ha puesto de presente que:

1-    La ideología que profesa es realmente retrógrada, reaccionaria.

2-   Todavía sigue en guerra contra las FARC y contra el conjunto del pueblo colombiano.

3-   La Corte al seguir en Guerra contra las FARC-EP en plena imåplementación del Acuerdo de Paz le da la razón a las FARC-EP en su planteamiento de lucha contra todo el estado colombiano

4-   Es una Corte que aplica las leyes para mantener el estatus quo y no para ir modernizando las instituciones.

5-   Está suficientemente probado que esa Corte solo defiende el derecho burgués en favor de los ricos del país, es decir, lo más reaccionario de la sociedad colombiana (terratenientes, ganaderos, empresarios del campo, narco-paramilitares, algunos militares, lumpen, etc).

6-   Ya ha probado que no está acorde con los tiempos que corren en Colombia y debe ser desconocida ya que 5 magistrados no pueden estar por encima de la mayoría del pueblo.

7-   De continuar así la CC provocaría un colapso institucional y lanzaría a los colombianos a una situación insurreccional que daría al traste con el Estado burgués.


8-  De ésta manera la CC conculca el derecho a la Paz, consustancial con el derecho a la vida, contenida en la propia Constitución del 91.

¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación en Colombia?

Por Libertad y Pensamiento.

Los Medios de Comunicación son los encargados de mantenernos informados de todo lo que pasa en el país y en el mundo, desde lo más trágico hasta lo más entretenido, pero hay muchas personas que siempre se han preguntado quienes son los encargados y las cabezas líderes de estos medios. A continuación conocerán a los dueños de los Medios Informativos más importantes de Colombia.
El señor Luís Carlos SarmientoCarlos Ardila Lulle y Alejandro Santo Domingo son los tres personajes que manejan el 57% de la televisiónradio e Internet, por lo tanto los convierten en las personas más influyentes y reconocidas en estos medios. El señor Sarmiento Angulo, es la personas más rica de Colombia y el mayor inversionista en concesiones, construcción de carreteras y es dueño de los medios informativos como El TiempoCitytvADNBocasMotor, entre otros.
www.libertadypensamiento.com
El señor Carlos Ardila Lulle, descendiente de emigrantes alemanes y comuneros santandereanos, actualmente es el dueño de las cadenas informativas como RCNRadio 1WIN SportsNTN24La F.MElectro FiestaLa MegaRumbaRCN Radio, entre otras, convirtiéndolo así, en uno de los mayores accionistas en el mercado comunicativo de Colombia.
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Actualmente Alejandro Santo Domingo, hijo del señor Julio Mario Santo Domingo, acredita como el presidente de la junta directiva del Grupo Empresarial Bavaria S.A y dueño de Valorem, un conjunto de empresas que fundado por su padre en el año 1997 y que en la actualidad son unas de las más grandes de Colombia. Santo Domingo es el encargado y presidente de los canales informativos como CaracolCromosEl EspectadorBlu RadioShock, entre otros.
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Como lo pueden ver, son las tres personas más ricas de Colombia quienes manejan el mercado de la comunicación y la información en el país. Estos tres magnates son los dueños y señores de lo que vemos, leemos y escuchamos sobre el mundo o lo que ellos quieren que nosotros conozcamos. (Lee también: ¿Cuánto debe ganar un recién egresado en Colombia según la universidad de la que salga?)

Llegar a la Corte con las cartas marcadas

Por: Cecilia Orozco Tascón
El primer acto del nuevo magistrado de la Corte Constitucional —adonde se supone que llegan los abogados más doctos, cierto, pero también seres humanos ejemplares—, fue botar a la gente del despacho que asumió. Hasta el conductor tuvo que renunciar. El eminentísimo doctor Carlos Bernal no tuvo piedad, ni siquiera con un par de funcionarios que están al borde de pensionarse y que, muy asustados, andan caminando en puntillas por los pasillos del Palacio de “Justicia” para evitar molestarlo. Tal es el ambiente que creó, de entrada, el recién elegido, un jurista con dos doctorados y mucha academia ejercida, además del Externado, en varias universidades europeas, especialmente en la Maquarie, de Sidney, Australia, su sitio de residencia hasta estos días en que le tocó sacrificarse y regresar a esta tierra salvaje.
Debería alegrarnos que un profesional de su talla integre nuestro máximo tribunal. Lastimosamente, no todo se aprende en las aulas. Aunque el sentido común indicaría que a mayor sabiduría, mayor humildad, parece que al menos en el caso del doctor Bernal estas dos cualidades no casan siempre. Tal vez por eso llegó, juzgó y condenó en un solo día a los funcionarios que encontró a su paso. Pero me equivoco: no los juzgó. Los prejuzgó, cosa distinta. Y, esto mismo, su prejuicio, pudo haber determinado su voto contra el sistema de fast track(expedición rápida de leyes) para implementar el acuerdo de paz, a escasas horas de su posesión. Él no necesita estudiar esos temas. Ya lo hizo. El video de una conferencia que el magistrado Bernal dio en Girona, España, hace un año, y algunos de cuyos apartes revelamos el fin de semana (ver), indica que el entonces profesor tenía formado, desde ya, su concepto sobre el acuerdo. Frases suyas: “(La justicia transicional) es un proceso rarísimo porque (se hizo con la vigencia de la actual Carta Política y en cambio) ha debido crearse una Constitución interina o transicional”. “Como se ha pactado… es un ‘paréntesis’ (constitucional)”. “Es una especie de esquizofrenia la que se crea porque por una parte queremos que la Constitución se perpetúe pero a la vez… auspicia ciertos cambios… radicales”.
El magistrado Bernal, que votó con el bloque guerrerista de la Corte —y no lo digo peyorativamente, sino según el apellido del presidente de la Corporación, tal como lo denominó el columnista Bejarano (ver)—, compuesto por Guerrero, la sobrina política de este, Ortiz, su magistrado auxiliar Cepeda y su coterráneo nariñense Escrucería, no solo calificó el todo, sino también las partes, en particular, las presuntas ventajas que tendría la guerrilla en ese pacto sin informarle a sus estudiantes que era consultor de las fuerzas militares colombianas desde el año 2014 y hasta hace pocas semanas con el fin de “diseñar un modelo constitucional de justicia transicional para el Ejército Nacional” (ver). Este factor, por supuesto, era y sigue siendo relevante para poder entender, entre líneas, su discurso y ahora, sus votos. Lean sus afirmaciones en este campo: “En todo el acuerdo se ha dicho que lo que importa son las víctimas, las víctimas, las víctimas. Y después sale y… de víctimas es lo que hay que ver…”; “un máximo guerrillero que se ha lucrado personalmente de actividades como el secuestro, el narcotráfico… eso está acreditado porque hay pruebas… le van a dar un beneficio penal inmenso”; “el mensaje que se envía a los demás es… siga delinquiendo… lo mandan a descansar… y cuando salga… todo bien”. Uno puede compartir o no estas frases, pero pronunciadas por un magistrado no se ven tan imparciales como las de un juez que participa en votaciones de constitucionalidad. Sus conferencias y no solo la de Girona, demuestran que Bernal ya tiene una posición ideológica tomada sobre el asunto de paz nacional. Ni más ni menos. La “esquizofrenia” de la que habla el profesor-magistrado se le contagió hace años: charla suya en Oviedo, España, diciembre de 2016, “Constitucionalismo transicional y proceso de paz en Colombia”. acápite VII, punto 3: “El fast track y el menoscabo de la democracia participativa” (ver); Periódico El Comercio de esa ciudad, dos días antes: “(Carlos Bernal) se ha mostrado conforme con la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que avaló ayer el denominado fast track” (ver). Ya que no consideró hacerlo por motivos jurídicos, el magistrado ha debido declararse impedido por razones éticas. Pero probablemente su inteligencia emocional no se ha desarrollado tanto como la intelectual.

"Sí se abrió la puerta para cambiar el acuerdo de paz": Enrique Santiago

REVISTA SEMANA.
El asesor jurídico de las Farc asegura que ahora el Congreso podrá renegociar lo pactado en La Habana, dice que es escéptico frente a la coalición social para apoyar el proceso y pide que el presidente haga uso de sus facultades extraordinarias.
El fallo de la Corte Constitucional sembró un manto de duda sobre la celeridad con las que se terminará de adecuar el andamiaje jurídico de la implementación del acuerdo con las FARC. La decisión que se tomó hace ocho días en el alto tribunal tumbo dos artítulos del fast track. El artículo ‘h’ que establecía que los proyectos solo podrían tener modificaciones con el aval previo del Gobierno; y el ‘j’, que permitía que las leyes se votaran en bloque y no cada artículo.
Semana.com habló con Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, sobre los efectos de la decisión.
Semana.com: ¿Cree que la Corte Constitucional puso en jaque el acuerdo de paz?
Enrique Santiago: La Corte ha ralentizado sumamente el proceso de implementación del acuerdo, tanto que en la práctica va a ser imposible que el calendario de implementación vigente –previsto en el punto seis del acuerdo para el primer año después de la firma- se pueda llevar a la práctica. Además, al declarar inexequible el literal H del artículo primero del Acto Legislativo, se abre la puerta para que en el Congreso se realice una renegociación del acuerdo. Es decir, al no estar limitado, prohibida o vetada la aprobación de normas que sean contrarias al acuerdo el resultado es que del proceso de implementación podrán aprobarse normas que no reflejan lo acordado en La Habana.
"Se abre la puerta para que en el Congreso se realice una renegociación del acuerdo".
Semana.com: Se ha dicho que las modificaciones que se tramiten deben ir en la misma vía de lo que se pactó, ¿realmente existe ese seguro?
E. S.: Yo no estoy de acuerdo porque el punto A dice que el procedimiento de fast track debe utilizarse para asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo. Sin embargo, este punto se complementa con el H que es el que se declaró inexequible y se refería a las modificaciones. Con esta decisión, se abre la puerta para que los cambios ya no sean conforme al acuerdo sino contrarias a él. La existencia del numeral A es una garantía con la que el Gobierno sigue teniendo la obligación de presentar leyes conformes al acuerdo, pero la obligación del Congreso de sólo aprobar modificaciones cuando son conformes a lo que se pactó, desaparece.
Semana.com: Por ejemplo... ¿se pueden modificar las penas alternativas?
E. S.: Claro, el Gobierno tendrá que presentar los proyectos ajustados al acuerdo pero luego en el Congreso pueden modificar lo relativo a las sanciones, a la reforma rural, a la participación política, las garantías de seguridad y desaparición del paramilitarismo. Una cosa sorprendente es la resistencia que hay para poner en marcha las medidas que garantizan el monopolio del uso de la fuerza y de las armas en manos del Estado.
Semana.com: ¿A qué se refiere?
E. S.: En cualquier Estado de Derecho el monopolio de la fuerza y de las armas corresponde en exclusiva al Estado. Por eso es que no se entiende la resistencia que hay en distintos sectores para que las normas que garantizan ese monopolio se lleven a la práctica. Los argumentos que dan algunos de que el acuerdo de justicia persigue civiles inocentes no se sustenta. Las personas que son inocentes igualmente lo van a ser ante un tribunal ordinario o uno de justicia para la paz. De lo que se trata es de poner en marcha normas que garanticen ese monopolio del uso de la fuerza y las armas por parte del Estado que no ha existido. Este es uno de los temas que más preocupa a todos los sectores que han apostado por la paz. En Colombia ya se está viendo la extensión de grupos paramilitares y bandas criminales en las regiones.
"En Colombia ya se está viendo la extensión de grupos paramilitares y bandas criminales en las regiones".
Semana.com: ¿Ve en la decisión de la Corte Constitucional una oportunidad para legitimar los acuerdos?
E. S.: Lo que yo veo a diario son declaraciones de agentes políticos que se oponen al acuerdo y que proponen la necesidad de variarlo. Limitar los contenidos, hacerlo "trizas" y acabarlo siempre apelando a la paz. Ellos aportan las ideas que tienen pero son las posiciones que manejó el gobierno del presidente Álvaro Uribe donde fue imposible llegar a un acuerdo con las Farc y el ELN. Parece mentira que se insista en utilizar propuestas que han resultado históricamente fracasadas y despreciando los contenidos de un acuerdo que ya se consiguió para ponerle fin a más de 50 años de conflicto. Eso es una realidad. Con el argumento de que todo el mundo quiere la paz, políticamente nadie va a declarar lo contrario. Pero constantemente se está alegando por sectores que se han opuesto al proceso la necesidad de variar el contenido de La Habana.
Semana.com: ¿Cuáles son las consecuencias?
E. S.: Eso deja en muy mala posición al Estado colombiano porque se crea una inseguridad jurídica. Francamente genera una imagen -fuera de sus fronteras- de muy poca seriedad. Eso puede extenderse, por ejemplo, a inversiones extranjeras. Es decir, los inversionistas se verán atraídos de realizar inversiones si se trata de un país donde no se respeta lo que ha acordado el Gobierno anterior.
"Eso deja en muy mala posición al Estado colombiano porque se crea una inseguridad jurídica. Francamente genera una imagen -fuera de sus fronteras- de muy poca seriedad".
Semana.com: ¿Ve preocupados a los miembros de las Farc?
E. S.: Tanto los comunicados que han salido del Secretariado como de su comandante muestran una seria preocupación y angustia por lo que está pasando. Es muy peligroso que esa situación continúe de forma indefinida. Se debe eliminar rápidamente dando garantías de cumplimiento de lo acordado por parte del Estado. Las consecuencias pueden ser evidentemente muy difíciles y pueden provocar un retroceso importante en la implementación. 
Semana.com: ¿Cree que una coalición social es la mejor vía para blindar el acuerdo?
E. S.: Las Farc han manifestado la necesidad de una voluntad de todos los sectores que defienden la paz de forma coherente. No sólo de palabra sino los que han tenido actos de apoyo con este proceso. En todo caso, desde mi punto de vista la única forma de acabar con esta situación de impaz absoluto es el ejercicio de las facultades presidenciales que se recogen en la constitución para alcanzar acuerdos de paz e implementarlos. 
"La única forma de acabar con esta situación de impaz absoluto es el ejercicio de las facultades presidenciales".
Semana.com: ¿Aún faltan cosas por precisar en el caso de los terceros civiles? Por ejemplo... cómo van los paramilitares
E. S.: En el acuerdo de La Habana está absolutamente definido en el Acto Legislativo. Entonces, todos aquellos que se hayan sometido a la Jurisdicción de Justicia y Paz y estén en cursos de procedimientos judiciales o hayan ya obtenido sus sentencias, obviamente la Jurisdicción Especial de Paz no tiene competencias sobre ellos. No faltaba más, es el principio de cosa juzgada. Frente a aquellos que no se sometieron a la primera le Jurisdicción Especial de Paz si va a tener competencias. ¿En qué términos?, en los que se establecen en el Acto Legislativo que es conforme a lo que se acordó en La Habana respecto a combatientes paramilitares o terceros civiles que han participado con esos grupos. 
Semana.com: Todo apunta a que la dejación no concluirá el día 180, ¿cómo se resuelve el tema de los delitos continuados?
E. S.: Se estableció que la Jurisdicción Especial de Paz se aplica también para todos los actos realizados por las Farc durante el proceso de dejación de armas. El Acto Legislativo no habla de una fecha sino de un proceso. Eso no es ningún problema.
Semana.com: ¿Caballitos de batalla como el narcotráfico y la extradición podrán traerse a colación en el trámite de la Ley Estatutaria?
E. S.: No porque eso ya está aprobado en un Acto Legislativo. Eso ya es norma constitucional. Otra cosa es que la Fiscalía no lo aplique sorprendentemente. Como han alegado por escrito en varias resoluciones posteriores a la aprobación del Acto Legislativo donde dicen que no hay norma aprobada que permita suspender un proceso de extradición. Claro que lo hay. En el Acto Legislativo figura claramente que cualquier desarrollo de esas normas debe hacerse conforme lo establecido en el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz. Otra es que yo no sé si van a intentar alterar el contenido, espero que no. Eso tendría trágicas consecuencias. Uno de lo acuerdos fundamentales de La Habana fueron las garantías de no extradición para los antiguos integrantes de las Farc. Nadie va a hacer la paz para que lo extraditen a Estados Unidos como ha ocurrido en casos recientes.
Semana.com: ¿Le preocupan los tiempos?
E. S.: Lo que me preocupa es la costumbre histórica que hay en Colombia por parte del establecimiento de no cumplir los acuerdos de paz. No tengo que explicar cómo han acabado los dirigentes de las organizaciones insurgentes que han firmado acuerdos de paz. Algunos han acabado asesinados y no se ha respetado el contenido de los acuerdos. Parecía que en esta ocasión el Estado iba a variar esa tendencia histórica e iba a garantizar los acuerdos. Es una auténtica tragedia que en la instauración tampoco el Estado estuviera en condiciones de garantizar el cumplimiento del acuerdo. El Estado está en condiciones de garantizar el cumplimiento. Bueno, al menos por parte del Ejecutivo y buena parte del Legislativo se hacen esfuerzos por garantizar el cumplimiento. Sin embargo, hay fuerzas oscuras que constantemente trabajan para no implementarlo y dejarlo en papel mojado y eso me parece desperdiciar un momento histórico para acabar con una guerra tan larga.
"Me preocupa es la costumbre histórica que hay en Colombia por parte del establecimiento de no cumplir los acuerdos de paz".
Semana.com: ¿Teme que también se caiga la Ley de Amnistía en la Corte Constitucional?
E. S.: La corte va a situar como principio orientador en cualquiera de sus resoluciones la paz, el derecho y la obligación de construirla que figuran en el artículo 22 de la Constitución. La paz como ese derecho síntesis fundamental para la garantía de los demás derechos. Por una cuestión formal se ha declarado inexequible el decreto que garantizaba el mecanismo de protección a los antiguos guerrilleros. Me imagino que todos se dan cuenta de las consecuencias que esto tiene. Si el Estado es incapaz de poner en marcha las garantías de seguridad que combatan el paramilitarismo y a la vez deja sin efecto las medidas aprobadas por el Ejecutivo para garantizar la protección individual, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que se está exponiendo a los guerrilleros a un grave riesgo para su vida.
El asesinato de guerrilleros y sus familias se está evidenciando desde el mes de abril Espero que la Corte Constitucional, estoy seguro, va a garantizar la aplicación de ese principio orientador del derecho a la paz, de la obligacion de construir la paz y francamente espero que no deje sin efecto la Ley de Amnistía. No hay un proceso de paz que se construya hasta que no haya garantías de aplicación de una amnistía.
 

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