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LOS RICOS NO VAN A LA GUERRA

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[Colombia] Abriendo puertas a la CPI

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo.

La CC y el senado colombianos, “sin querer queriendo”, le van abriendo las puertas a la Corte Penal Internacional (CPI).

Pretendiendo “blindarse” de los crímenes cometidos por sus “civiles, terceros”, durante los 53 años de guerra interna –sucia por el querer de la oligarquía-, crímenes que han permanecido en la más espantosa impunidad durante éstos todos éstos años, van haciendo una colcha de retazos por donde se filtrará la CPI.

Es sabido que en Colombia la impunidad es del 99% de todos los delitos, reconocido por el mismo fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Esa impunidad es mayor cuando de violaciones de derechos humanos se trata, o sea, es el 100%. 83% responsabilidad en masacres, 83,3% de ejecuciones extrajudiciales, 97,7% de responsabilidad en desaparición forzosa y 100% responsabilidad en desplazamiento forzoso, ninguna de ellas es juzgada ni aceptada por el estado colombiano.

Con razón Colombia está ubicado ”en el tercer lugar de impunidad, después de Filipinas y México” en 2015, según nos siguió diciendo el Fiscal Martínez.

En Colombia la impunidad es del 99% y ocupa el Tercer lugar después de Filipinas y México.
Ninguno –o casi ninguno- de los responsables enfrentan un Tribunal y mucho menos son condenados. Es lógico. Si no son juzgados, mucho menos podrán ser condenados.

Ninguno –o casi ninguno- de los responsables enfrentan un Tribunal y mucho menos son condenados. Es lógico. Si no son juzgados, mucho menos podrán ser condenados.

Sin embargo, los poquísimos casos en que se condena al Estado tienen que pasar por las manos de la CIDH. Los tribunales de la justicia ordinaria, plagado de la más profunda corrupción, se muestran incapaces para si quiera adelantar una investigación. Ni cuando la CIDH condena al estado, ni así el gobierno reconoce la autoría y ”se escurre por las ramas”.

Cuando son juzgados por la justicia ordinaria colombiana, los responsables se aseguran que “el grueso del fajo de billetes” que llegan a los bolsillos de fiscales, jueces y magistrados es de tal grosor que esos funcionarios dictan sentencia en favor de sus “clientes”, no de sus juzgados.

En relación con el juzgamiento de los narco-paramilitares 31.000 miembros –incluían ancianos, putas, delincuentes comunes, etc!- reconocieron más de 125.000 homicidios, 445 se sometieron a la ley de Justicia y Paz, y de éstos apenas 15 fueron condenados.



Cuando empezaron los grandes “capos” a decir la verdad de las conexiones con empresarios, congresistas, políticos regionales, etc, fueron extraditados por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, a fin de ocultar la verdad, o sea, asegurar la impunidad total.

En los momentos presentes, la CC y el senado, con ocasión de la aprobación de la JEP, nuevamente incurren en maniobras ilegales, inconstitucionales, disfrazadas de legales, al ”meterle mano” al Acuerdo de Paz, sientan la más espantosa impunidad que ha encendido las alarmas de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional que ha seguido y acompañado el proceso de Paz y la firma de un Acuerdo que se tiene por ejemplo para la comunidad internacional.

Que no se rasguen las vestiduras cuando tengan la soga de la CPI en el cuello. Que no lloriqueén cuando estén en La Haya o en Roma respondiendo por sus múltiples y aberrantes crímenes. No olvidemos que ellos hasta “jugaban al futbol con la cabezas de las víctimas” cuando sometían al pueblo colombiano a su “orgía de sangre”.

Podremos perdonar, pero no olvidar los crímenes que el Terrorismo de Estado –incluyendo su narco-paramilitarismo- ha cometido contra las víctimas colombianas, civiles desarmados, inermes. Los ex-comandantes de las FARC-EP se someterán a la JEP y, valientemente, enfrentarán un Tribunal de Justicia. Mas los que le temen a la JEP están metidos en tremendo problema con la CPI.

Es ante la CPI, ante el organismo de justicia que tendrán que responder por sus crímenes.

Artículos relacionados:

[España] Por si acaso, al que fuera Fiscal General, José Manuel Maza, no se le hará la autopsia

Insurgente.org

El cuerpo de José Manuel Maza no será sometido a una autopsia. Así lo ha anunciado el embajador de España en Argentina, Javier Sandomingo. El diplomático ha reiterado que la causa de la muerte “es natural” y “además un hospital”. “No es necesario”, ha zanjado ante los medios de comunicación en su residencia oficial.
En términos de medicina legal y forense, relatan las fuentes médicas consultadas por este periódico, cualquier fallecimiento “súbito” o “repentino” es calificado de “sospechoso” hasta que las evidencias clínicas dictaminan lo contrario. “El centro hospitalario deberá, en este caso, haber aportado las pruebas”.
Según la embajada española en Argentina, el traslado del Fiscal General fallecido será este lunes en vuelo regular: “De momento no tenemos todos los trámites hechos, pero creemos que eso es lo que es posible y previsible”.

elespanol

Los ciclos de la CIA

Mario Benedetti/LaHaine.org.
Artículo publicado 1976, después del atentado al avión de Cubana de Aviación. Sobre los curiosos retrasos de la prensa burguesa en informar según qué cosas

Publicado originalmente en la 'Revista Casa de las Américas' nro. 99, en octubre de 1976. Apareció con la siguiente nota: "Con motivo de la nueva y salvaje agresión yanqui contra Cuba, de resultas de la cual un avión de Cubana de Aviación fue destruido en pleno vuelo sobre el mar Caribe, el pasado 6 de octubre, el compañero Mario Benedetti publicó el artículo que aquí reproducimos, con carácter emergente".
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Hace ya varios días que Henry Kissinger desmintió enfáticamente que el gobierno norteamericano haya tenido intervención en el desastre del avión cubano que costó la vida a 73 personas. Confiable o no, tal declaración era, sin embargo, bastante previsible.

La historia contemporánea enseña que EE.UU. jamás reconoce sus fechorías. Por lo común transcurren varios años antes de que algún sagaz periodista del 'Washington Post' o del 'New York Times', publique la previsible y sensacional serie de artículos, denunciando la participación de la Agencia Central de Inteligencia en tal o cual atentado (exitoso o fatídico) o en tal o cual golpe militar (generalmente exitoso).

Sólo entonces aparecen los no menos previsibles senadores de la oposición (demócratas, si el gobierno es republicano; republicanos, si el gobierno es demócrata) que, haciéndose eco de las denuncias periodísticas, promueven una exhaustiva investigación, que por supuesto va a demostrar con pelos y señales, y también con grabaciones y fotografías, la culpabilidad de la famosa Agencia. Una vez alcanzado ese punto de ebullición, es fácil incluir en el horóscopo el capítulo subsiguiente: aparecerán como por encanto comentaristas internacionales, periodistas de nota, locutores de radio y televisión, premios Nóbel, escritores de la OEA, todos los cuales echarán a vuelo sus campanas para elogiar hasta las lágrimas la vigencia del Derecho en el sistema democrático de Estados Unidos, capaz de detectar en sí mismo sus transgresiones, sus trampas, sus mentiras, sus crímenes, y, como si eso fuera poco, nombrando a los culpables por sus nombres y seudónimos.

Y cuanto más repugnante haya sido el crimen del pasado, más meritorio y paradigmático se vuelve el arrepentimiento del presente. Con semejante puntillazo final, y aunque ninguna de esas esplendorosas virtudes sirva para que los asesinados resuciten, el terreno queda listo para empezar a preparar la próxima eliminación de dirigentes de izquierda, el próximo estallido de un avión de pasajeros, el próximo atentado a embajadas del Tercer Mundo, y así sucesivamente.

Como es lógico, cuando alguno de esos planificados nuevos golpes de la CIA tengan lugar, ya saldrá el doctor Kissinger (o quien lo sustituya) a negar enfáticamente la participación de su gobierno, y solo tres años después un periodista avezado descubrirá por fin que efectivamente fue la CIA la inspiradora del crimen, y aparecerán senadores de la oposición que etc., etcétera.

Es probable que este ciclo histórico no nos traiga el recuerdo del esquema de Toynbee, pero sí el del cuento del pastor mentiroso. No importa que en esta variante el mentiroso sea el lobo. Así, si el doctor Kissinger dijera la verdad (todo es posible en la dimensión desconocida), tenemos el derecho de no creerle. Los asesinatos de Mossadegh, Lumumba, Schneider (con una participación de la CIA que en su momento fue negada enfáticamente por Washington, y vergonzantemente admitida unos años más tarde) autorizan la desconfianza.

Sin embargo, en esta ocasión hay un elemento adicional, al que no prestaron atención las declaraciones de Kissinger. En el discurso del 15 de octubre, pronunciado frente a un millón de cubanos en la Plaza de la Revolución, el Primer Ministro Fidel Castro reveló los textos de varios mensajes en clave enviados últimamente por la CIA a uno de sus presuntos agentes en La Habana, y agregó que dicho "agente", durante la friolera de diez años, había comunicado al gobierno revolucionario todos los mensajes recibidos.

Frente a los textos, la intención de los mensajes no admite dudas: otra vez anda la CIA en la planificación de nuevos atentados contra los dirigentes cubanos. La minuciosidad con que fueron transcritos los mensajes, más la concreta referencia a que el presunto espía debía colocar un micrófono en el despacho de una figura tan relevante y tan cercana al Primer Ministro como Osmany Cienfuegos, quizá haya permitido al gobierno norteamericano --antes o después de la enfática negación-- comprobar la veracidad de la denuncia.

En el estilo de una diplomacia tan avezada como la de Washington, un acto político de esta naturaleza y de esta gravedad debe tener una explicación coherente. Solo un ingenuo incurable podría suponer que en realidad existen, entre la CIA y el gobierno norteamericano, tantas contradicciones como señalan algunos expertos. Desde su creación misma, un organismo como la Agencia Central de Inteligencia existe lógicamente para servir al sistema. Téngase en cuenta, además, que el capitalismo norteamericano se ha visto obligado a retroceder en dos continentes: Asia y África.

Las derrotas en Vietnam y en Angola han tenido una importancia que sobrepasa su significado estrictamente militar, que no es poco. Ha sido sobre todo una derrota de influencias. Sin perjuicio de que aún quedan, en África y Asia, virtuales enclaves de Estados Unidos, es innegable que la América Latina (pese a la irreversible presencia de la Revolución Cubana y a la política independiente que procuran desarrollar otros países del área) sigue siendo su principal zona de influencia económica y militar.

A partir del pinochetazo, las fórmulas subsidiarias de la Alianza para el Progreso han sido reemplazadas por el fascismo dependiente, y no es necesario recurrir a conjeturas o presunciones para saber que Washington es el principal sostén de ese fascismo y sus expresiones "naturales" la tortura, la represión indiscriminada, la violación de derechos humanos. Si el Pentágono convierte, con eficacia y regularidad, a miles de oficiales latinoamericanos en refinados expertos en tortura, ¿por qué va a ser increíble que la CIA prepare y ejecute atentados contra figuras aglutinantes de la izquierda continental, o que haga explotar en vuelo aviones de pasajeros? Es coherente que, con esas criminales intervenciones, la CIA sirva a los sagrados intereses del sistema.

La repulsa internacional al sabotaje aéreo del 6 de octubre implica para los Estados Unidos un tremendo precio político, y no es descabellado pensar que tendrá alguna influencia en las elecciones norteamericanas del 2 de diciembre. Seguramente será Ford quien verá más dañada su imagen con ese dato imborrable, ya que después de todo el presidente es el responsable de las luces y las sombras de su administración. Lo cierto es que en la estructura misma de la CIA hay una inhumana concepción del mundo, que convierte a 73 hombres y mujeres en meros objetos desechables. Pero también hay que reconocer que esa concepción no es patrimonio exclusivo de la CIA, siniestro fénix que siempre renace, no de las cenizas propias, sino de las cenizas de sus víctimas.

Esa concepción corresponde más bien al sistema que hace posible la CIA. Y esto lo sabe, mejor que nadie, el mismísimo doctor Kissinger, entre otras cosas porque tanto sus enfáticas negaciones como los innegables crímenes de la CIA, son bisagras complementarias del mismo y despiadado mecanismo.

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[Oriente Medio] Resumen Red Voltaire

¿Pensaba que EE.UU. era la economía más fuerte del mundo? Vamos a darle una sorpresa

RT Actualidad.

Un país asiático ha dejado atrás a EE.UU. y ha ocupado el primer lugar del 'ranking' de las economías más fuertes del planeta.
¿Pensaba que EE.UU. era la economía más fuerte del mundo? Vamos a darle una sorpresa
El corredor de bolsa Peter Tuchman en Nueva York, EE.UU., el 8 de julio de 2015.
Lucas Jackson / Reuters
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Suele darse por sentado que EE.UU. es la economía más fuerte del mundo. De hecho, el país norteamericano ocupó en 2016 el primer lugar del 'ranking' del PIB por el tipo de cambio en el mercado. Sin embargo, Bloomberg aseguraque este tipo de comparaciones no refleja la situación real, dado que diversos artículos tienen precios diferentes dependiendo del país donde se venden. Por esa razón los economistas usan un ajuste llamado 'paridad del poder adquisitivo' (PPA).
Aunque este indicador tampoco es perfecto, probablemente presenta una visión más precisa del PIB de un país. Y, una vez aplicado este ajuste, resulta que China ya ha superado a EE.UU. por su PIB.
En este sentido, Bloomberg recalca que, aunque en el propio país norteamericano "podrían mostrarse reticentes hora de reconocer la supremacía económica de China", los datos del Centro de Investigación Pew señalan que en otros países sí que han empezado a admitir el liderazgo del gigante asiático.
Asimismo, EE.UU. sufrió "una caída sustancial en la percepción global" en el índice recientemente publicado Anholt-GfK Nation Brands Index 2017, que recoge los 10 países del mundo con mejor reputación global, según la web de ese 'ranking'. Tras encabezar la lista el año pasado, EE.UU. ocupa ahora el sexto lugar, superado por Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá y Japón.

[Colombia] FARC envía carta a Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda

Por Cambio Total.

Carta enviada por presidente de FARC a la Fiscal de la CPI.

Bogotá, 19 de noviembre de 2017


Señora Fiscal:

FATOU BENSOUDA

FISCAL CORTE PENAL INTERNACIONAL

Roma, Italia.


Respetada Señora Fiscal:

Reciba Usted desde Colombia, el entusiasta saludo del nuevo partido político FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN, nacido del desarrollo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 24 de noviembre del año anterior entre el gobierno de nuestro país y la guerrilla de las FARC-EP.

Dicho Acuerdo puso fin al más largo conflicto armado de nuestro continente, mediante una serie de fórmulas que fueron pactadas, como usted conoce, tras cinco años continuos de deliberaciones en la ciudad de La Habana, Cuba. A partir de su firma se puso en movimiento el engranaje de su implementación constitucional, legal y práctica.

Por nuestra parte, tal y como recién acaba de certificarlo el Señor Secretario Adjunto para los Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, Jeffrey Feltman, se ha producido un cumplimiento estricto de todos y cada uno de los compromisos pactados, sintiéndonos así en el completo derecho a exigir del Estado colombiano un  comportamiento semejante.

Muchísimas cosas podríamos exponer frente al desconsolador estado de la implementación del Acuerdo Final, pero no es ese el propósito de la presente misiva. Nuestra alarma real, la que nos mueve a dirigirnos a usted, estriba en la reciente sentencia C-17 dictada por la Corte Constitucional de nuestro país, que declaró exequible el Acto Legislativo 01 del presente año.

Tal Acto Legislativo incorporó a la Constitución Nacional el denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, uno de cuyos más importantes capítulos lo constituye el dedicado a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cuyo objetivo central no es otro que satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas del conflicto.

La Corte Constitucional de nuestro país, en la sentencia referida, se pronunció acerca de la exequibilidad de dicho Acto Legislativo. Es de anotar que el fallo de la Corte fue informado a la opinión pública mediante un comunicado oficial, que resume el texto de la sentencia, pero que esta misma aún no se ha dado a conocer y habrá que esperar algún tiempo para ello.

En el mencionado comunicado la Corte Constitucional colombiana, pese a declarar ajustado a la Constitución el conjunto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, declara simultáneamente inconstitucionales varias disposiciones del capítulo de la Jurisdicción Especial para la Paz, creando una serie de situaciones realmente preocupantes.

Es a ese respecto que solicitamos de la manera más respetuosa a Usted, la realización de una entrevista con delegados de nuestra organización política y sus asesores jurídicos. En nuestro parecer, conforme con la jurisprudencia internacional sobre la materia, el fallo de la Corte colombiana abre las puertas a la impunidad, en una clara burla a los derechos de las víctimas.

La jurisdicción Especial de Paz fue concebida como un mecanismo excepcional de justicia transitoria, cuyo objetivo no sólo era poner fin al conflicto, sino sobre todo asegurar que llegara a su fin la impunidad reinante en Colombia en materia de crímenes de Estado y graves violaciones a la ley internacional por parte de terceros en el conflicto.

En el Acuerdo Final quedó consignada por parte nuestra,  la voluntad de comparecer ante esta jurisdicción, ofrecer verdad y suministrarla completamente, asumir la responsabilidad en lo que nos corresponda y cumplir con  las sanciones a que haya lugar por obra de nuestros hechos. Así reafirmamos nuestro compromiso con los derechos de las víctimas del conflicto.

La sentencia de la Corte excluyó de la obligatoriedad de someterse a la JEP a agentes estatales no militares y a terceros responsables de graves crímenes, dejando su juzgamiento a la justicia ordinaria, justicia que en más de cincuenta años de conflicto jugó el papel de instrumento de guerra a favor del Estado, aplicándose con todo su rigor apenas a los contradictores del mismo.

Por tal motivo nuestro partido ha decidido radicar el Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá entre el Presidente Juan Manuel Santos y Timoléon Jiménez, comandante de las FARC-EP, en la Secretaría Técnica de la Corte Penal Internacional, a objeto de que sea ampliamente conocido y valorado.

De ese modo aspiramos a conseguir que la Corte Penal Internacional sopese, cómo el fallo de la Corte Constitucional sobre la JEP y los cambios de última hora agregados en el Congreso de la República,  destrozan elementos claves destacados por expertos internacionales por su sujeción a la legislación internacional sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

De la Señora Fiscal, respetuosamente,

RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRY

Presidente de la FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN

[Colombia] Las víctimas de crímenes serán burladas con el fallo de la Corte

Circular del CPN FARC
Noviembre 18 de 2017

El fallo de la Corte Constitucional el pasado 14 de noviembre, que lleva por nombre sentencia C-17 de 2017, declaró exequible, es decir constitucional, el Acto Legislativo número 1 de 2017 mediante el cual se había incorporado a la Constitución el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición aprobado en el Acuerdo Final de Paz.

Tal fallo es sobremanera importante para nosotros, pues aunque se difundió especialmente lo relacionado con la JEP o Jurisdicción Especial para la Paz, en realidad la sentencia declaró ajustado a la Constitución todo el sistema integral, el cual comprende, además de la JEP, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas, las políticas estatales en materia de derechos humanos y las medidas de reparación  a cargo del Estado.

En su conjunto esto es un paso adelante en la aplicación del Acuerdo Final, y como tal merece nuestro aplauso. Lo que sucede es que al fallar la exequibilidad del Acto Legislativo, la Corte consideró que eran contrarios a la Constitución algunos artículos relacionados específicamente con la Jurisdicción Especial para la Paz o JEP, procediendo a reemplazarlos con criterios que riñen con lo pactado en los Acuerdos de La Habana.

Dichas criterios ponen en riesgo la seguridad jurídica de los excombatientes y por eso lo denunciamos abiertamente. Trataremos de explicarlo en términos sencillos, sin negar que algunos tienen cierta complejidad jurídica:

El fallo de la Corte acabó definitivamente con la autonomía o independencia de la JEP con relación a la jurisdicción existente en Colombia. Lo hizo porque estableció que las tutelas contra las sentencias de la JEP las definirá la Corte Constitucional, que en todos los casos de conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y las especiales y la JEP, quien decidirá será la justicia ordinaria y no la JEP, y porque estableció que el régimen disciplinario de los magistrados de la JEP estará sujeto a la justicia ordinaria y no a la propia JEP. Con ello modificó los Acuerdos de La Habana.

La JEP fue prevista en La Habana como un sistema de investigación, juzgamiento y sanción de los más graves delitos cometidos por todas las personas involucradas en el conflicto. Se concibió como un sistema autónomo de la justicia ordinaria, porque si algo ha demostrado la historia colombiana es que esta justicia siempre fue parte del conflicto, que persiguió con saña a las FARC todo el tiempo, no haciéndolo así con otros actores gravemente implicados como el paramilitarismo y los agentes del Estado militares o civiles y los terceros partícipes de graves crímenes.

Así las cosas, los fallos de la JEP, su competencia judicial y la conducta de sus magistrados quedan sujetos en todos los casos a los criterios de esa justicia ordinaria, lo cual riñe absolutamente con lo que se quiso al crearla en la Mesa de La Habana. La imparcialidad de la JEP queda así asaltada, sus decisiones pueden ser revisadas y modificadas por la justicia ordinaria. La independencia absoluta de la JEP era una condición esencial nacida del supremo interés por la paz.

Por otra parte, el fallo de la Corte establece que los agentes civiles del Estado y los terceros implicados en el conflicto no están obligados a comparecer ante la JEP, que sus conductas delictivas, por más graves que sean, son competencia de los jueces ordinarios, a menos que ellos mismos voluntariamente quieran comparecer a la JEP.

Algunas implicaciones de esto son que en primer término la JEP termina siendo una jurisdicción especial creada para juzgar a las FARC y no a todos los actores del conflicto, lo cual desbarata por completo el sentido que se le dio en el Acuerdo. Por otra parte, al excluir de la JEP a los agentes civiles del Estado y los terceros, simplemente se abre la puerta total a la impunidad a su favor, en la medida en que la justicia ordinaria no ha actuado contra ellos en todos los años de la confrontación, y seguramente tampoco va a actuar, como lo demuestran todas las estadísticas.

Las víctimas de esos crímenes serán burladas con la exclusión que garantiza el fallo de la Corte a esos agentes. La impunidad para ellos contradice abiertamente otro de los grandes objetivos que se tuvo al fundar la JEP, que era precisamente crear una justicia que aboliera la impunidad reinante para los más graves crímenes cometidos por todas las personas vinculadas al conflicto.

La parcialidad de la justicia ordinaria está comprobada con los más de quince mil expedientes por paramilitarismo que reposan en la Fiscalía sin que se adelanten acciones judiciales, y como si fuera poco con la negativa de los jueces de la República a conceder las amnistías decretadas a favor de los excombatientes de las FARC presos en las cárceles del país.

Por otro lado, la Corte Constitucional dio vía libre a la participación de las FARC en política, la cual quería ser sometida a toda clase de limitaciones por parte del Congreso. Acerca de sus inhabilidades o incompatibilidades quien deberá pronunciarse es la JEP según lo pactado en La Habana. Esto resulta altamente positivo para nosotros.

El problema está en que a su vez la Corte ideó una serie de condiciones para tal ejercicio, que en caso de que llegaren a ser incumplidas acarrearían serias consecuencias para los nuestros. En primer lugar hay que decir que las condicionalidades fueron previstas solo para las FARC, con lo que se demuestra que la JEP se convirtió en una justicia exclusiva para juzgar a estas, pero además hay que agregar que dentro de las consecuencias que acarrearía una eventual incumplimiento de las condiciones, puede estar contemplada la extradición a otros países, cuando esta prohibición fue prohibida en los Acuerdos y reafirmada por una sentencia de la propia Corte Constitucional.

Vistas así las cosas de modo general, es fácil concluir que con esta sentencia de la Corte Constitucional se vulneraron directamente aspectos esenciales del Acuerdo Final. Obsérvese que el Estado colombiano suscribió un Acuerdo Final de Paz con las FARC, el que fue refrendado por el Congreso de la República según lo dispuesto por la Corte Constitucional. Por eso es un acuerdo del Estado y no del gobierno. La propia Corte Constitucional sentenció recientemente que todas las autoridades del Estado estaban obligadas a cumplir con los Acuerdos de La Habana.

Si la Corte llegase a descubrir que algún aspecto de los Acuerdos reñía con la Constitución Nacional, por tratarse de un acuerdo del Estado, lo correspondiente no era pasar a declarar la inconstitucional de esa parte del Acuerdo, y por tanto abolirla, sino que el Estado procediera a ajustar la Constitución al Acuerdo firmado, para que este entrase en aplicación sin problemas.

La otra cuestión que vino a complicar más las cosas es que la noche del 15 de noviembre, el Senado de la República, en un acto que fue calificado como una vergüenza nacional, decidió incluir en la ley estatutaria de la JEP un régimen de  inhabilidades e incompatibilidades para los magistrados de la misma, que en la práctica impide la posesión de la mayoría de los ya nombrados, y que impide que quienes hayan sido defensores de derechos humanos en el país, puedan ser magistrados.

Queda en evidencia que el Senado ha querido que sólo los defensores del Estado puedan ser magistrados de la JEP, es decir que los jueces de la JEP sean personas con una clara posición a favor de la impunidad que ha significado la justicia ordinaria en Colombia. Las inhabilidades e incompatibilidades previstas en los Acuerdos para tales magistrados no eran otras que las mismas de sus pares en las altas cortes del país. Al crear otras nuevas se violan los Acuerdos de La Habana con una intención perversa, defender la impunidad.

Es de anotar que aún falta el debate en la Cámara para que salga el texto definitivo de la ley estatutaria, y que luego deberá venir el fallo sobre su exequibilidad por parte de la Corte Constitucional. Pero creemos que  hay razones suficientes para temer que una y otra instancia no son suficiente garantía para el respeto de lo acordado en La Habana entre el gobierno y nosotros.

Frente a todo lo anterior cabe decir que resulta necesario que tanto nuestro partido, como todo el movimiento popular y democrático en Colombia, encendamos nuestras alarmas. A casi un año de la firma del Acuerdo Final, tenemos suficiente conocimiento de los incumplimientos y pretextos del Estado colombiano en la cabal implementación de lo acordado.

Ahora se avista en el horizonte un incumplimiento mayor, que apunta a hacer más gravosas las condiciones para los ex combatientes de las FARC, al tiempo que las alivia para los demás actores del conflicto. Pero sobre todo, que se dirige a fortalecer la impunidad reinante en Colombia durante los años del conflicto, a favor de los terceros y agentes civiles del Estado.

Hemos hecho frente a tales incumplimientos de manera franca y directa, y es así como debemos seguir haciéndolo ahora. Es cierto que las clases dominantes, que el Estado y sus instituciones, tienen el propósito de burlar lo conquistado tras tantos años de lucha por nosotros. Pero no hay que olvidar que ellos no están solos en el escenario, que nosotros y el movimiento social y popular también hacemos presencia, y que por tanto las cosas no serán como ellos las quieren. Nuestra respuesta y nuestra lucha también cuentan. Y la idea es hacerlas valer.

Existe en nuestro país un acumulado social y popular en favor de la paz y por tanto debemos ponerlo a jugar en defensa de lo pactado y conquistado en los Acuerdos de La Habana. Contamos también con un acumulado internacional que está del lado de la solución política. Debemos por tanto ponerlo a trabajar en función de que el grandioso anhelo por la paz en nuestro país se convierta en una realidad. No vamos a echar atrás, el Estado colombiano o cumple o cumple.

Nuestros pronunciamientos de denuncia a escala nacional e internacional deben crecer aceleradamente con el propósito de desenmascarar la real voluntad de burlarnos por parte del Estado. Insistiremos en una reunión de urgencia con el Presidente Juan Manuel Santos, para poner de presente nuestro enérgico rechazo a lo sucedido, a la vez que para presionar la debida atención a nuestros requerimientos y exigencias en cuanto al cumplimiento de la palabra comprometida.

Los garantes y observadores internacionales de la implementación de los Acuerdos deben ser informados y movidos a pronunciarse. José Mujica y Felipe González deberán ser convocados a una reunión de urgencia. Activaremos todas las instancias nacionales e internacionales de acompañamiento. Las embajadas en Colombia de todos los países deben ser informadas sobre la gravedad del momento que vivimos en nuestro país.

Implementaremos las acciones jurídicas de cumplimiento que consagra la legislación colombiana, para lo cual impulsaremos la acción de nuestro equipo jurídico.

Nos corresponde propiciar citas y encuentros con distintos movimientos políticos y sociales, con las iglesias, la juventud, las centrales obreras, las organizaciones campesinas, afros e indígenas, con los movimientos femeninos y de género y en general con todo el movimiento popular en busca de su pronunciamiento y movilización a favor de la paz y el cumplimiento de los Acuerdos, en la idea de ir articulando una gran protesta nacional contra lo que pretenden el Estado y los enemigos de la paz.

Promover el próximo 24 de noviembre, fecha de aniversario del acuerdo, un gran acto de conmemoración y defensa de lo pactado, dejando constancia de los incumplimientos del gobierno y las otras instituciones del Estado.

Elaborar y presentar a la opinión nacional e internacional un memorial de agravios que recoja nuestro sentir y el del movimiento popular con relación a los temas de la paz y los Acuerdos.

Nuestro propósito debe ser consolidar los espacios alcanzados hasta hoy, profundizándolos y poniéndolos al servicio de la causa de la implementación total de lo acordado. Debemos llevar un mensaje de lucha a nuestros militantes, nuestras masas y el pueblo en general. Aquí nadie está rendido ni vencido, entre todos podremos conquistar definitivamente nuestro sueño.

Debemos tener presente que si el adversario de clase y su Estado se muestran audaces en su obsesión por incumplirnos, es porque ven debilidad en nosotros. Nuestra fuerza reside en las masas, en el pueblo en las calles, movilizado por sus derechos. Eso implica un enorme esfuerzo de parte nuestra, un proceso que estamos en mora de emprender. A eso debemos dirigir, organizadamente, la mayor parte de nuestra actividad.

Sin olvidar ni por un momento que el pesimismo, el derrotismo y  los  llamados al fracaso, que tanto daño nos hacen porque desmoralizan y desmovilizan nuestra gente y nuestro pueblo, únicamente son útiles a las intenciones de las clases en el poder. La situación es difícil, cuándo no lo es para los revolucionarios. Pero debemos afrontarla con la moral en alto, solo así venceremos.

Con un abrazo para todos y un beso para ellas,

CONSEJO POLITICO NACIONAL DE LOS COMUNES
FARC


[Ideología] A mi partido


Me has dado la fraternidad hacia el que no conozco.

Me has agregado la fuerza de todos los que viven.

Me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento.

Me has dado la libertad que no tiene el solitario.

Me enseñaste a encender la bondad, como el fuego.

Me diste la rectitud que necesita el árbol.

Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hombres.

Me mostraste cómo el dolor de un ser ha muerto en la victoria de todos.

Me enseñaste a dormir en las camas duras de mis hermanos.

Me hiciste construir sobre la realidad como sobre una roca.

Me hiciste adversario del malvado y muro del frenético.

Me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría.

Me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí mismo.

Pablo Neruda


[Colombia] Un regalo envenenado


 | 2017/11/18 

¿Saben cuántos civiles que hayan financiado grupos paramilitares van a ir voluntariamente a la JEP?... ninguno. Todos van a preferir a su juez natural, sobre todo si es fácilmente sobornable y pertenece al cartel de la toga.

El fallo de la Corte Constitucional declara exequible la JEP, pero la mutila y la convierte en una inválida. No solo le cambia a las Farc las condiciones jurídicas en que esa guerrilla pactó con el gobierno su decisión de someterse a la justicia transicional, sino que mientras se las aprieta a las Farc, flexibiliza de manera generosa las de los civiles que participaron en el conflicto de manera “directa y determinante” al extremo de que los termina sacando de la JEP.


El fallo le cambia las reglas de juego a las Farc, pero le da un salvavidas a los civiles que financiaron el paramilitarismo en Colombia, un cambiazo que habrá que ver si las Farc se van a aguantar y que afecta directamente la verdad y la reparación a que tienen derecho las víctimas del paramilitarismo. 
Por cuenta de ese demoledor fallo, los civiles que hayan participado de manera activa y determinante no irán a la JEP, sino que seguirán donde están: es decir, en la Fiscalía, que es su juez natural y tendrán la posibilidad de ir a la JEP solo si así lo quieren.

¿Saben cuántos civiles que hayan financiado grupos paramilitares van a ir voluntariamente a la JEP?… Ninguno. Todos van a preferir a su juez natural, sobre todo si ese juez natural es fácilmente sobornable y pertenece al cartel de la toga y si actúa como el exfiscal Gustavo Moreno o como la fiscal Mabel Parra o como el magistrado Malo o como el innombrable doctor Leonidas Bustos, asiduo visitante de Cambio Radical y contertulio del fiscal Néstor Humberto Martínez. 

La corte en su fallo les dio la razón al candidato presidencial Germán Vargas y al fiscal Néstor Humberto Martínez, quienes desde tiempo atrás han hecho un intenso lobby para sacar a los civiles comprometidos en el conflicto de la JEP. Como querían, la corte dejó a los terceros civiles en la Fiscalía y ahora el bollo lo tiene que asumir Néstor Humberto Martínez, un fiscal cuestionado por varios congresistas que lo señalan de estar utilizando la Fiscalía para hacer una justicia selectiva y sesgada en beneficio del candidato Germán Vargas Lleras. (Primero fueron Claudia López y Jorge Enrique Robledo y esta semana pasada fue Armando Benedetti).

Sin embargo, yo no me fiaría de esa generosidad de la corte porque el regalo va envenenado. Al dejarle a los civiles en la justicia ordinaria, la corte conminó a NHM a investigar y a ofrecer resultados sobre los 13.000 casos que hay en la Fiscalía de civiles vinculados a delitos cometidos dentro del marco del conflicto que ni su antecesor ni él mismo han tocado.

Es decir, a NHM le va a tocar investigar lo que hasta ahora no ha querido investigar. Si no lo hace, va a tener sobre sus espaldas a la Corte Penal Internacional que podría entrar a Colombia con el argumento de que los terceros civiles que participaron en el conflicto habrían quedado protegidos por el manto de la impunidad y se le está denegando la justicia a las víctimas. 

Lo sorprendente es que la interpretación del fallo que ha hecho Cambio Radical, si bien ha logrado destrabar el trámite de la ley estatutaria en el Congreso, ha servido también para introducir modificaciones como las nuevas inhabilidades que se le impusieron a los magistrados de la JEP, uno de los tantos micos que se le están metiendo, que si se las aplican a los magistrados de la Corte Constitucional ninguno las pasaría. 

La Corte Constitucional, con ese fallo, ha igualado un acuerdo de paz hecho para finalizar un conflicto de 54 años, a cualquier ley ordinaria, desconociendo incluso su fallo anterior en el que había dicho que la paz había que preservarla por encima de todo. 

En medio de tanta confusión, el único que pierde es el país.

[Colombia] Van dos ”candidatos” fuera en el CD

José María Carbonell.

El Centro Democrático del narco-paramilitar 82 ex-presidente Álvaro Uribe Vélez ha descartado a dos de sus ”alfiles” para la candidatura presidencial.

Luis Alfredo Ramos, reconocido narco-paramilitar, fue descartado por Uribhitler porque no pudo zafarse de su pasado-presente criminal y continúa siendo investigado por la propia justicia burguesa colombiana.

El anterior candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga, comprometido con la corrupción de Odebrecht según el brasilero Mendoca, tampoco pudo zafarse de la marca criminal y continuará en la mira de la justicia burguesa.

De ésta manera el CD tendrá que recurrir a figuras de poco o ningún calado en los colombianos. Son figuras anodinas, sin peso específico, que dependen del narco-paramilitar ex-presidente para ser elegido y ocupar cualquier cargo de representación.

Así las cosas, todo parece indicar que VargasLleras –con el apoyo de JM Santos- le ha ganado el pulso y la rancia oligarquía colombiana se inclina más por uno de sus hijos legítimos y no de un ilegítimo advenedizo proveniente de la mafia del narcotráfico y el narco-paramilitarismo.

De todos modos, la crisis de los partidos del establecimiento es tal que están recurriendo a las candidaturas por firmas a fin de escurrirle el bulto a la creciente corrupción de los partidos politicos.

El pueblo no se dejará engañar. No ésta vez. Ya los vemos en las movilizaciones, en las carreteras, en las barriadas, en la Universidad, en cuanto espacio se posibilite y está dialogando sobre la candidatura popular.


En ese escenario está jugando el nuevo partido de la FARC, el cual a venido a remozar la política en Colombia y a sembrar la esperanza entre el pueblo.

[Latinoamérica] Otto Reich: ¡“ALERTA! Vienen 145 agentes venezolanos a Honduras”

Las protestas en contra la expulsión del grupo venezolano Los Guaraguaopracticamente ordenada por el gringo-cubano Otto Reich unas horas antes de la decisión de la Migración hondureña.


Por Dick Emanuelsson, Resumen Latinoamericano

TEGUCIGALPA / 2017-11-17 / El instigador para golpes de estado o contrarrevoluciones en América Latina, Otto Reich, ex agente de la CIA y ex alto funcionario del Departamento de Estado durante las administraciones de Ronald Reagan y George Bush, advirtió ayer al gobierno de Honduras que han venido y vendrán más de “145 agentes de Maduro a Honduras”. Pocas horas después fue negada la entrada al país el legendario grupo venezolano Los Guaraguao. Después de 14 horas en el aeropuerto de San Pedro Sula fue deportado devuelta a Venezuela.

Ni siquiera durante el golpe de estado militar en junio de 2009 fue obstaculizada la entrada del mencionado grupo que cantó ante más de 110.000 hondureños eufóricos en la capital hondureña, invitado por la Resistencia Nacional Contra el Golpe de Estado, FNRP.

Caricatura del hondureño José Ramos Pineda.


El nombre Otto Reich suena más como fuera un alto dirigente alemán, “Reich” significa Reino y el entonces líder fascista Adolfo Hitler hablaba de la creación de un “Tercer Reich”, Tercer Reino, como resultado de la guerra que cobró más de 55 millones de víctimas. Y la fisionomía es bastante “arias”, la raza favorita de Hitler, más que cubano, que es el origen de este señor, nacido 1945.

Hizo parte del Irán-Contra-Gate

Estuvo encargado en partes de la guerra de EEUU contra el gobierno Sandinista en la década de los 80´ a través de los ´Contras´, sobre todo en el escándalo Irán-Contra-Gate. Roy Chaderton, el entonces embajador venezolano 2004 ante la sesión del Consejo Permanente de la OEA expresó: “Otto Reich anda suelto y ahora pretende un Tercer Reich”

El periodista chileno Ernesto Carmona escribió en Argenpress en 2004:

Otto Reich, el hombre que recorre América del Sur para alinear a los gobiernos contra Cuba en la votación de Ginebra sobre Derechos Humanos, no tiene ningún cargo oficial a causa del veto del Congreso, pero pertenece al reducido grupo de cubanos de extrema derecha que manejan la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica desde los tiempos de Ronald Reagan. Su última tarea importante fue la coordinación del golpe en Venezuela, también su último fracaso, el 11 de abril de 2002”.

Pero no fue tan fracasado porque estuvo en Honduras el 28 de junio de 2009 y junto con el escuálido venezolano J.J. Rendón son señalados por la Resistencia hondureña como arquitectos del golpe de estado de 2009 en contra el presidente de Manuel Zelaya.

¿Gobierno y Migración hondureña bajo la batuta de Reich?

Pero ¡qué coincidencia! Pocas horas después que Reich denunciaba la “llegada de los 145 venezolanos”, el gobierno de Honduras bajo el mando del presidente Juan Orlando Hernández, (JOH) negó a través de la Migración hondureña la entrada del grupo Guaraguao.

La periodista de extrema derecha, Elena Toledo, de PanamPost, escribióhoy que Otto Reich denunció que han ingresado de manera irregular 145 delegados del PSUV para unirse a la “perversa campaña” de la izquierda en Honduras. Actualmente, Honduras se encuentra en la recta final de su proceso electoral, que culminará el próximo 26 de noviembre cuando en las urnas sea elegido el nuevo presidente de ese país, así como alcaldes y parlamentarios. Sin embargo, un oscuro plan se estaría fraguando en Venezuela para desviar la relativa tranquilidad que ha habido en el proceso”.

Así de sencillo y sin ningún cuestionamiento de las declaraciones del señor Reich.

¡“Misión Cumplida”!

Según  éste, alto dirigente del partido republicano, “Los 145” supuestamente “pasaron por puntos de control migratorio escondido, disfrazados como empresarios, turistas o técnicos para incorporarse a la campaña perversa que favorece a los amigos de Manuel Zelaya Rosales”.

Reich acusa Maduro por el envío (que nadie ha registrado, nadie ha publicado un solo nombre/apellido de ningún venezolano entrando a Honduras, como si fuera algo ilegal) de “Los 145” para asesorar “la campaña del Partido Libertad y Refundación (Libre), que lidera el defenestrado expresidente Zelaya, se refleja en la “desestabilización nacional, violencia, huelgas que la misma prensa refleja”.

Clausura su declaración el señor Reich, recomendando a las autoridades de la Migración hondureña que de inmediatamente “revise sus (los 145) movimientos migratorios, ya que llegaron a “incidir” en el proceso electoral de Honduras”.

Pocas horas después, la Migración negó la entrada al grupo venezolano Los Guaraguao. El gringo-cubano seguramente pensó muy contento; ¡“Misión Cumplida”!

En Alauca, 11 kilometros de la frontera con Nicaragua, fue asesinado el joven albañil Pedro Maigdiel, activo miembro de la Resistencia, asesinado a través una lenta tortura durante toda la noche entre el 25-26 de julio de 2009. Una de tantas víctimas en el golpe militar en junio de 2009. Muchos hondureños pasaron la frontera en los puntos "ciegos", pensando que sí en Nicaragua Manuel Zelaya daría luz verde para iniciar la resistencia armada al golpe que fue condenado hasta por los EE.UU. y su OEA. FOTO: DICK &MIRIAM EMANUELSSON.


¿“Agitadores de oficio”?

El diario hondureño La Prensa tuvo contacto con un agente de la Inteligencia que habló anónimamente con el medio, contando que se habían extremado las medidas para prevenir el ingreso al territorio hondureño de “agitadores de oficio”.

Pero por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Watson, aseguró que hasta el momento ese ente electoral no tiene información de que Venezuela haya acreditado observadores o acompañantes para hacer presencia durante el proceso electoral del próximo 26 de noviembre.

Matamoros Watson también señaló que los ciudadanos venezolanos que pretendan realizar actividades de observación deben realizar el debido proceso de acreditación en el Tribunal, de lo contrario, y si se comprueba que sus intenciones son de desestabilización, la ley indica que deben ser expulsados del territorio hondureño.

La decisión de expulsar a Los Guaraguao causó indignación y rabia en la oposición hondureña y en el pueblo general, recordando las obras hermosas de este querido grupo popular que lleva más de 50 años cantando para los pueblos latinoamericanos y para una Patria Grande, que sonó Simón Bolívar. 






Desde el primer día del golpe de estado, los medios oficialistas la desinformación y manipulación fue la de la guerra fría anticomunista. Nunca se pudo comprobar ningún guerrillero, venezolano, cubano o nicaraguense o de las Farc por parte de las autoridades hondureñas. Ahora la historia se repite, ésta vez por un ex agente de la CIA.


Guerra psicológica

Pero no es la primera vez que la “Carta Venezolana” o “La Carta Nicaragüense” ha sido utilizada en Honduras. Durante y después del golpe de estado militar en junio de 2009, los medios corporativos llenaron sus páginas con historias fantasiosas, hablando y citando “fuentes confidenciales del Ejército y la Policía”, diciendo que también Chávez ha enviado guerrilleros a Honduras. La misma acusación contra Nicaragua.

La organización Copinh, que presidía la asesinada líder Bertha Cáceres, fue acusada de crear una guerrilla, entrenándose por los sandinistas en Nicaragua.

Los campesinos organizados en el Bajo Aguan, fueron señalados bajo la misma acusación de crear una guerrilla para tomar la tierra de los tres terratenientes en ese valle fértil, que poseen más de 40.000 hectáreas.

Lo que sí han sido víctimas son los 150 campesinos de MUCA en el Bajo Aguan que desde el golpe de estado han sido asesinados por haber reclamado tierra y pan para sus familias empobrecidas.

El niño Leodan Andrés Mancillas Arguello, hijo de un campesino del Valle de Bajo Aguán, uno de los 150 víctimas por la violencia contra el campesin ado organizado. FOTO: OBSERVATORIO DE DDHH EN BAJO AGUAN.


La más reciente víctima fue el niño Leodan Andrés Mancillas Arguello, de 13 años. Los campesinos acusan a los paramilitares al servicio de los terratenientes de ser los responsables por la muerte de este niño, un niño que venía en su bicicleta después de haber comprado una fruta para su familia.

Lo que sí es totalmente militarizado es el Valle del Bajo Aguan. Hay un batallón del ejército, comandos policiales militarizados y la respectiva inteligencia militar y policial.

Y eso no es un montaje sino pura realidad.

ABAJO UNAS IMAGENES DE LAS ACUSACIONES DE INTERVENCIÓN VENEZOLANA, NICARAGUANSE, ETCETERA. . .  HASTA AHORA, VASI NUEVE AÑOS DESPUÉS, LAS AUTORIDADES HONDUREÑAS NO HAN CAPTURADO NADIE.



HASTA LA GUERRILLA COLOMBIANA DE LAS FARC fueron señaladas de aportar al "ejercito guerrillero hondureño".






No se escapó el movimiento Hezbolah de Libanon de ser señalados por tener una ´pata´ en la "guerra civil ficticia" en Honduras. ¡Que desastre periodístico!




UN COMANDO del Ejército hondureño en el Bajo Aguan. FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.
 

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