En enero de 2011, la Fiscalía General de la Nación publicó un informe en el que documenta 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas. Se conoce que el 10% de la población se encuentra en condición de desplazamiento (5,2 millones de personas entre 1985 y 2010) y que alrededor de 380 mil personas buscaron o siguen buscando refugio en 36 países del mundo. En su mayoría, las víctimas no eran combatientes. Eran hombres, mujeres, niños y niñas en estado de indefensión que fueron atacados sin que a los agresores les importara su condición de población civil, mucho menos que se tratara de personas protegidas por el derecho internacional humanitario. 

En la cotidianidad de un conflicto armado tan prolongado, la muerte y el dolor se observan como una tragedia lejana a la que, casi siempre, se responde con indiferencia. Así se paraliza una sociedad, a veces indolente, a veces impotente, una sociedad que se resguarda en los centros urbanos, de espaldas a lo que ocurre en las zonas de la guerra, en las montañas, las fronteras, las selvas y los ríos. Así, las cifras de la guerra muestran la magnitud de la violencia, el panorama de la confrontación, la crisis humanitaria y la degradación del conflicto, pero no revelan la forma cómo ocurrieron los hechos. 

Se sabe de masacres, de asesinatos selectivos, de sicarios que disparan y huyen, de bombas y de atentados, pero siguen siendo noticias de la violencia que hacen invisible las formas a las que acuden los victimarios para causar más dolor, para generar terror, para provocar pánico y generalizar el miedo. Matar al adversario, real o supuesto, no basta. A veces, civiles son disfrazados de enemigos y dados de baja como “combatientes” para producir “positivos”. En ocasiones se tortura hasta provocar la muerte. La destrucción y el despojo son parte del mensaje que crea el imaginario de la guerra, la imagen de la tierra arrasada que antecede al desplazamiento forzado. Pero hay otras formas de imponer el miedo, de confirmar quién manda, de recordar que los guerreros buscan trofeos para reafirmarse entre sí y humillar al adversario o a quien califican como tal. Se agrede a las mujeres para reafirmar una supuesta “hombría” entre la tropa o para decirles a las víctimas que el poder de las armas está acompañado de un poder masculino. Hombres con armas que abusan sexualmente de mujeres sometidas por la fuerza, ultrajadas en su cuerpo y estrujadas en su dignidad. 

La violencia sexual ha sido una constante en las historias de guerras y contiendas armadas en la Colombia de comienzos y mediados del siglo XX y sigue siendo una práctica constante, sistemática y deliberada en la que incurren todos los que participan en el conflicto. Así mismo, el alto grado de impunidad en la judicialización de estos crímenes constata la existencia de una cultura patriarcal y machista que permea los órganos estatales. Según el cuarto informe de seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual, elaborado por la Mesa de Seguimiento, de los casos de violencia sexual tramitados hasta el 29 de septiembre de 2010 por la Fiscalía General de la Nación, en la actualidad, luego de tres años de la expedición del Auto, 140 se encuentran en la etapa de investigación sin tener vinculado a un presunto autor (73,3%), solo 17 casos se encuentran en juicio (8,96%) y 16 se encuentran en etapa de investigación con vinculación del presunto autor (8,9%).₁

 

La Corte Constitucional, en el más importante ejercicio de goce efectivo de derechos para las personas desplazadas, ordenó a la Fiscalía abordar específicamente el tema de la violencia sexual contra mujeres en el marco del conflicto armado y determinó que hay casos emblemáticos que deben ser resueltos como acción ejemplarizante de la justicia. La respuesta, sin embargo, sigue siendo lenta y la acción de los servidores de la justicia desconoce procedimientos que salvaguarden la dignidad de las víctimas que siguen prefiriendo el anonimato que prolonga la impunidad. 

La Ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley de víctimas presentada por el Gobierno y aprobada por el Congreso de la República, incorpora medidas específicas para las mujeres víctimas de violencia sexual, particularmente en lo relacionado con el tema probatorio en el marco de procesos judiciales, situación que ha sido quizás una de las principales causas de la revictimización. 

Pero, ¿cómo acercar a las mujeres agredidas sexualmente en medio del conflicto armado para que ejerzan sus derechos y contribuyan a que se conozca la verdad, se haga justicia y se repare a las víctimas? Aproximarse a esta realidad, identificar patrones y comportamientos de agresividad sexual asumidos antes, durante y después de las masacres, leer los códigos con los cuales se construye el lenguaje intimidante de los agresores y conocer las historias desde el relato de las mujeres hacen parte de los propósitos de las investigaciones realizadas por CODHES con el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados y la Embajada de Canadá. 

Las masacres de Chengue (departamento de Sucre) y La Hormiga (departamento del Putumayo) fueron el comienzo de una tarea que ahora continúa con el análisis de las incursiones paramilitares en el Alto Naya y La Gabarra, cuya ruta de muerte y desplazamiento seguimos en clave de derechos de las mujeres. Conocer la verdad desde el relato de las víctimas, sin perder de vista el contexto en el que se producen los hechos violentos ni los intereses que representan los victimarios, es parte de lo que intenta explicar este estudio. 

Por alguna razón, el conflicto armado en Colombia se dirige y se orienta desde cuarteles masculinos. Son hombres los miembros de la cúpula militar, de los secretariados y los comandos centrales, de los bloques que se proclaman como “héroes”. ¿Cómo entender la violencia sexual contra las mujeres desde esta masculinidad en un país en el que predomina una visión machista de la guerra? Si bien hay mujeres en las filas de los grupos armados y de las Fuerzas Militares, es evidente que la guerra sigue siendo profundamente masculina en su concepción y dirección, aun cuando, paradójicamente, sus consecuencias deben leerse en perspectiva de género. 

CODHES presenta este informe reconociendo el valor de las sobrevivientes y las víctimas, con profundo respeto por las comunidades que padecieron (y siguen padeciendo) las consecuencias de la degradación del conflicto y con la esperanza de que la voz digna de las mujeres contribuya a que, por fin, se haga justicia. 

₁Mesa de Seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional, Anexo reservado, “Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual”, mayo de 2011.