De acuerdo con el expediente, Santoyo, quien se convierte en el oficial (r.) de más alto rango señalado por las autoridades de Estados Unidos de narcotráfico, "sabía e intencionalmente conspiró" para traficar droga y ayudarles a esas organizaciones criminales a enviar varios cargamentos por Centroamérica y México.

Para su ascenso a general de la Policía, según Noticias Uno, ''el general Santoyo contó con el apoyo del Consejo de Estado, la Comisión Segunda del Senado, la junta de generales de la Policía, el Ministerio de Defensa y el propio presidente de la República''.

El medio señala que la carrera del oficial ''anduvo siempre de la mano del expresidente Uribe'' y recuerda que en 1996 Santoyo fue nombrado jefe del Gaula de Medellín, hasta 1999, periodo que coincidió con el de Uribe cuando fue gobernador.

''Precisamente en esa época hubo miles de interceptaciones telefónicas ilegales desde los teléfonos de las oficinas del Gaula'', dice el informe.

En el 2000 Santoyo ingresó al Cuerpo Élite Antiterrorista (CEAT) y la Fiscalía le abrió investigación. No obstante, un año después hubo cambio de fiscal, y ''sorpresivamente, el 29 de agosto del 2003, el fiscal general de entonces, Luis Camilo Osorio, lo absolvió'', dice la nota periodística.

Un tiempo después, en el 2002, tras ser elegido presidente de la República, Uribe llamó a Santoyo para ofrecerle el cargo de jefe de seguridad de su gobierno.

Luego, el 7 de octubre del 2003, se produjo la sanción de la Procuraduría, liderada en ese entonces por Edgardo Maya, contra Santoyo, decisión que se tomó tras determinar la ilegalidad de la interceptación de más de 1.500 líneas telefónicas por orden suya. Según el fallo del Ministerio Público, los funcionarios del Gaula intervinieron líneas telefónicas “para lograr resultados operacionales sin importar el costo para los derechos fundamentales de las personas afectadas con la escucha arbitraria de sus comunicaciones privadas”.

Aunque el oficial contó con el respaldo del gobierno de la época, la destitución quedó confirmada en diciembre del 2004. En ese momento Santoyo acudió al Consejo de Estado.

El noticiero asegura que "Mauricio Santoyo pasó de coronel investigado a general de la Policía gracias a un movimiento táctico de sus defensores''.

''Cuando los notificadores de la Procuraduría lo fueron a buscar al Palacio de Nariño para anunciarle su destitución, nunca lo encontraron'', relata la nota periodística.

El informe precisa que tras no hallar al oficial, transcurrieron los días que la defensa necesitó para que se venciera el término que tenía la Procuraduría para notificarlo y sancionarlo.

No obstante, ''una sala del Consejo de Estado que en el 2006 estudió la impugnación del coronel Mauricio Santoyo contra el fallo de la Procuraduría que lo destituyó, le permitió al oficial limpiar su hoja de vida y calificar como aspirante a general'', precisó Noticias Uno.

Mediante providencia, el Consejo de Estado se pronunció y lo absolvió en la sala integrada por el ponente Tarcisio Cáceres y los magistrados Jesús María Lemos y Alejandro Ordóñez. ''Los tres encontraron que las pruebas que sobrevivían, quince días de interceptaciones, también eran nulas porque el jefe de seguridad de la Casa de Nariño no se dejó notificar la sanción y cuando ésta se anunció por edicto, según ellos, ya se habían cumplido los cinco días que faltaban que prescribieran las demás pruebas'', anota Noticias Uno.

Según la nota periodística, Santoyo ''fue respaldado por el entonces presidente Álvaro Uribe para continuar como jefe de seguridad de la Casa de Nariño, mientras apelaba'' la sanción de la Procuraduría.

''Entre la apelación ante la Procuraduría y la impugnación ante el Tribunal de Cundinamarca, los abogados de Santoyo lograron que las principales interceptaciones a teléfonos a líderes de derechos humanos en Medellín, durante dos años, fueran suprimidas, porque habían ocurrido antes de los cinco años que la Ley le otorgaba a la Procuraduría para investigarlos'', dice el informe.

El noticiero agrega que el ministro de Defensa de la época, Juan Manuel Santos, por orden del presidente Uribe,''decretó la restitución al servicio activo del coronel'', y señala que en el 2007 se comenzó a ambientar el ascenso de Santoyo al grado de general. ''Los senadores de la comisión segunda del senado, mayoritariamente uribista, votaron la inclusión en la lista del nuevo general. Entre los votos a favor estuvieron Jairo Clopatofsky, Manuel Enríquez Rosero, Adriana Gutiérrez, Manuel Ramiro Velásquez, Mario Verón, Camilo Emiro Barriga, Luz Elena Restrepo, Nancy Patricia Gutiérrez y Marta Lucía Ramírez''. Quienes votaron en contra, según la nota, fueron Juan Manuel Galán, Cecilia López, Alexandra Moreno Piraquive y Jesús Enrique Piñacué.

Finalmente, Noticias Uno señaló que ''una junta de generales también apoyó a Santoyo'' y Uribe fue el presidente que le impuso el grado en ceremonia marcial.

La investigación contra Santoyo en Estados Unidos
Como ya se mencionó, según el expediente de Santoyo, el alto oficial (r.) "sabía e intencionalmente conspiró" para traficar droga y ayudarles a esas organizaciones criminales a enviar varios cargamentos por Centroamérica y México.

De acuerdo con el fiscal del caso, Neil H. MacBride, dichos delitos habrían sido cometidos entre los años 2000 y 2008. Cabe recordar que el general (r.) desempeñó altos cargos en la Policía.

Fue comandante del Gaula de Medellín (1996-1999) y del cuerpo élite antiterrorista de la Policía (2000-2002), jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe (2002-2006), y agregado de la embajada de Colombia en Italia.

De acuerdo con MacBride, Santoyo recibió sobornos para que la 'Oficina de Envigado' y las Auc enviaran toneladas de droga a territorio estadounidense.

Eltiempo.com también indica que el expediente señala que el oficial (r.) entregó a los altos mandos de las Auc y de la 'oficina' información clasificada y de inteligencia sobre las investigaciones que llevaban las autoridades de Colombia, con el apoyo de Estados Unidos e Inglaterra, en referencia a las actividades de mafias. El mismo medio advierte que investigadores británicos y estadounidenses sospecharon en su momento sobre posibles filtraciones.

El documento añade que el general (r) entregó información obtenida mediante interceptaciones ilegales "de delincuentes y competidores en el negocio ilícito que después aparecieron asesinados", dice Eltiempo.com.

El fiscal MacBride también indicó que el alto oficial en retiro habría facilitado el contacto con otros policías corruptos, que posteriormente les ayudaron a narcos y 'paras' en la comisión de delitos.

En la investigación contra Santoyo se tuvieron en cuenta los testimonios de exparamilitares y narcotraficantes presos en Estados Unidos. Entre esos testimonios está la declaración que entregó Juan Carlos Sierra, alias el 'Tuso', a la Corte Suprema de Justicia en octubre del 2010.

Uribe le solicitó a Santoyo dar explicaciones sobre investigación

Este domingo, a través de su cuenta personal de Twitter, el exmandatario Álvaro Uribe, pidió a su exjefe de seguridad, general (r.), Mauricio Santoyo, dar explicaciones sobre la investigación que se adelanta en Estados Unidos.

La reacción de Uribe se da tras conocer que una Corte de Virginia le formuló cargos por conspirar para traficar droga con la 'Oficina de Envigado' y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El exjefe de Estado aseguró en un trino que espera que su exjfe de seguridad dé una explicación. "Espero que Gral. Santoyo e institución policiva expliquen el caso", dijo.

"Siempre respeté decisiones internas de la Policía sobre mi protección", agregó el exmandatario.

Exigen que se esclarezca responsabilidad de Uribe

Tras la declaración del exjefe de Estado Álvaro Uribe, algunas personalidades políticas exigen que se abra una investigación para esclarecer la responsabilidad del exmandatario.

''Me parece absurda la respuesta porque él estuvo demasiado cerca al presidente Uribe y es inconcebible, que dada las acusaciones, que son de una magnitud increíble, el presidente Uribe no hubiera tenido ninguna información'' , dijo la exsenadora Cecilia López.

Por su parte, el senador Juan Manuel Galán destacó que Santoyo debió tener una íntima relación de confianza con Uribe. '''Para que una persona esté en ese cargo, de secretario de seguridad del Palacio tiene que tener una íntima relación de confianza con el jefe del Estado''.

En su criterio, el empeño de Uribe por ascender a Santoyo puede llegar a exponer al país a una verguenza nacional. ''Es muy grave lo que está pasando. Nos vemos ante la verguenza de tener que extraditar por primera vez a un general de la República'', dijo Galán.

''Una verguenza nacional... El que camina como pato tiene patas de pato y es demasido ruido alrededor del presidente Uribe'', dijo López.

Galán insistió en que se debe investigar. ''Sería muy grave que el expresidente Uribe, conociendo estos antecedentes del coronel Santoyo, lo haya mantenido, haya pedido su ascenso y lo haya tenido como jefe de seguridad de la Presidencia de la República durante tantos años''.

Finalmente, Noticias Uno señala que la exministra de Defensa y exsenadora Marta Lucía Ramírez habría obviado una directiva de su cartera, en la que se ordena que cualquier oficial con una invesitgación grave en su contra se ha promovido al grado superior. Además, se recuerda que como como senadora aprobó el nombramiento del coronel para su ascenso. Ramírez, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que para su ascenso, el general (r.) Santoyo contó con ''el apoyo y recomendación de sus jefes directos: general Teodoro Campo y director de la Policía, Jorge Daniel Castro Castro''.

Dos velas en cada extremo custodian el diminuto féretro blanco. Rodeándolo, la oscuridad, y sumergida en ella, el pueblo de los Nonam. La comunidad afrocolombiana de Buenaventura, que mucho sabe de paramilitarismo y desplazamiento forzado, se ha sumado al velatorio por solidaridad. Míralos, me recuerdan a nosotros cuando tuvimos que salir corriendo de nuestro territorio, aunque para ellos es más duro, pues hablan poco español y fuera de su hábitat es difícil que puedan sobrevivir». Geraldine, hija y nieta de lideresas afrocolombianas, sostiene la cabeza de otro de los bebés indígenas que podría morir debido al hambre y la insalubridad causada por el desplazamiento, tal como hoy le ha sucedido a la pequeña Heidy Membache, de apenas un año. «Aquí los desplazados por el negocio del puerto y terminal español estamos siendo exterminados. Esta familia no tuvo ni para el fármaco. En Colombia, tristemente, es normal». El medicamento que pudo haber salvado la vida de una niña desnutrida y enferma, cuesta 7.000 pesos (unos tres euros) y en el hospital estatal al que acudieron no lo proporcionan ni en casos extremos. «Quizás porque el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha robado 33.000 mil millones de pesos (el 6% del PIB)», denuncia la joven afro. Y lo cierto es que no especula. El mismo presidente se vio forzado a reconocer estos datos en una audiencia reciente, aunque desde entonces, nada ha cambiado. Hoy los hospitales siguen sin hacerse cargo de la salud y las organizaciones no gubernamentales, tantas veces criminalizadas por Santos y Uribe, han de hacerse cargo de la población abandonada. «Mira ese, niño y también esa bebecita, ¿escuchas como tosen?. Pronto se les disparará la fiebre y morirán con diarrea o afección pulmonar. Están al límite». En las próximas horas, otros dos bebés han entrado en estado crítico. El agua infectada, la desnutrición, las elevadas temperaturas y la falta de higiene (toda la comunidad indígena duerme en el suelo bajo un techo de paja) terminarán el trabajo de exterminio al que las fuerzas oscuras que poseen Colombia les ha condenado.
Con hombres armados sacando los rifles por las ventanas, un interminable convoy de vehículos blindados, militares y policiales pasa a gran velocidad por delante de la chabola que, a orillas de la carretera, cobija a los desterrados. Se trata de la delegación presidencial que ha venido a Buenaventura acompañada de los empresarios españoles. En las próximas horas inaugurarán en el super puerto, la enorme terminal de contenedores que según sacerdotes, indígenas y defensores de los derechos humanos, «ha causado un gran desplazamiento, que muchas vidas ha costado». La empresa responsable del polémico proyecto es la española Grup TCB propiedad del Deutsche Bank y la familia Pérez Maura, quien tiene a uno de sus hermanos, Ramón, trabajando como director adjunto del diario «ABC» (Grupo Vocento) y analista de Internacional.
Antonio, padre de otro bebé indígena que agoniza, explica una dinámica de consolidación paramilitar que al resto de Colombia, tampoco le es ajena. «Nos sacaron de nuestro territorio. Como a nosotros a muchos afros y campesinos. Primero vienen las Aguilas Negras o los Rastrojos (grupos paramilitares de ultraderecha amnistiados por el Estado que continúan activos) y luego entra la Fuerza Pública a militarizar nuestro entorno. Nosotros aguantamos lo que pudimos, pero sabemos lo que son las matanzas y la impunidad con la que actúa esta gente, así que huímos». Las salidas al mar del Valle del Cauca son aguas sumamente rentables para el narcotráfico, la oligarquía y las empresas transnacionales. Básicamente se puede decir que el control de los municipios entre Calima y San Juan (donde habitan los afros y los Nonam) tiene que ver, según informan los afectados, con el tráfico de drogas y el aseguramiento territorial para las obras de infraestructura relacionadas con el negocio que se viene dando en el puerto y la terminal de contenedores.
Para Danilo Rueda, abogado e investigador de la ONG, Justicia y Paz, «estamos en un momento de mucho desarrollo del modelo agroindustrial y de operaciones sustractivas como la minería a cielo abierto o el petróleo. Toda esta explotación de los recursos naturales a manos de transnacionales, necesita vías, auténticos megaproyectos, para sacar la riqueza al mercado internacional, y de ahí surge la necesidad de crear un terminal de contenedores portuario como el de los españoles en Buenaventura».
El jesuita Javier Giraldo, fundador de Justicia y Paz y director del Centro de Investigación y Educación Popular habla de una relación entre empresas transnacionales y grupos armados de ultraderecha. «Todas estas empresas multinacionales que fueron llegando con el presidente Uribe y ahora mucho más con el presidente Santos, necesitan el paramilitarismo. Ellas no pueden funcionar sin paramilitares. ¿Por qué?. Porque todo lo que ellas están haciendo en el saqueo de recursos naturales, en la destrucción del medio ambiente y comunidades indígenas o afrodescendientes, levanta mucha protesta social, así que llegan de una vez escoltadas por grandes grupos de paramilitares», y levantándose, pone el dedo sobre un mapa y afirma: «Esto que te digo lo puede comprobar uno muy fácilmente al superponer el mapa de estas multinacionales y el mapa de los paramilitares. Coinciden perfectamente...».
La imagen de las familias Nonam subiendo a un autobús público con los niños enfermos, y el pequeño ataúd blanco que lleva a Heidy dentro, conmociona a una de las pasajeras. Esta, al ver una cámara extranjera, aprovecha la oportunidad para hacer, lo que la prensa con intereses espurios no hace: informar al mundo sobre la realidad colombiana. «Esta es la parte de mi país que el mundo no conoce. A pocos metros de aquí, los ricos se hacen más ricos explotando el territorio ancestral de estos indígenas y afros, y aquí los papás de esta bebé no tienen dinero ni para ir en carro a enterrarla». La penosa llegada al cementerio viene seguida de una visita que inquieta a los dos observadores de la organización intereclesial Justicia y Paz, que acompañan a los Nonam.
«Toca enterrarla y salir deprisa, mire atrás, tenemos paracos vigilando». En un extremo del cementerio, dos hombres en ropa deportiva con sendas riñoneras sacan fotos desde la distancia. Es hora de retornar.
Con la llegada del presidente y la comitiva de españoles al centro de Buenaventura, las clases populares que viven con un dólar al día, sufren medidas excepcionales que rozan lo feudal. «Sí claro, es lo normal», señala Adriana, la prospera dueña de un lujoso hotel situado frente al mar. «Cuando el presidente viene, hay medidas especiales, como la ley seca. Por ejemplo, no se puede comprar alcohol y tampoco viajar dos en una sola motocicleta. Es por seguridad» sin embargo, nada más dar su opinión, se presta a ofrecer una cerveza en la terraza que los inversionistas pronto disfrutarán. «Pero descuide, que aquí en los hoteles, les servimos. ¿Por que usted viene con los empresarios españoles, verdad?».
No han pasado ni dos horas desde que Heidy haya sido enterrada, y ya se escucha a lo lejos la música y los fastos que en el terminal español se están comenzando a dar. Colgando una cámara que da apariencia de reportera a Geraldine conseguimos sortear todos los controles de seguridad hasta llegar al corazón de la exclusiva fiesta. Allí, frente a la elite empresarial, política y militar, se encuentra dando un discurso el presidente Santos, quien en su anterior mandato como ministro de Defensa fuera investigado por la Fiscalía como responsable de la ejecución extrajudicial de más de mil jóvenes. El discurso de este político oligárquico (su familia es propietaria junto al Grupo Planeta del conglomerado mediático más influyente de Colombia) comienza con embarazosos elogios al periodista de «ABC» y su familia inversionista. «Los Pérez Maura son una familia que inclusive tiene una oveja negra, que se dedicó al oficio más lindo que existe, el periodismo. Él es Ramón, que está aquí con nosotros». Y tras insistir en que «se debe facilitar la vida a los inversionistas», cierra el monólogo con un escalofriante aviso: «Hay que eliminar todas las trabas y obstáculos».
Como colofón a un discurso en el que Santos mezcla lo público con lo privado, las elites teñidas de rubio responden satisfechas con una gran ovación, mientras la lideresa afro, recién llegada del entierro de Heidy, aprieta la mandíbula y contiene las lágrimas de rabia que amenazan con brotar.
Santos y toda la comitiva, que viste de blanco colonial, se disponen a brindar con champagne antes de sentarse al banquete que camareros con smoking comienzan a despachar. De la primera fila, con gesto emocionado, surge Ramón Pérez Maura, quién según publica «ABC», «fue nacionalizado colombiano por decreto presidencial».
Rodeados ambos de escoltas y prensa local, se saludan efusivamente, antes de brindar y hablar de esas alianzas y negocios de los que Geraldine estaba convencida que Europa conocía ya. «Es increíble. Llaman a lo nuestro miseria, porque no tenemos nada, pero esta gente influyente, aún teniéndolo todo, son más miserables». Comienza la música de baile y la joven desplazada regresa a su comunidad. «Me ha llegado un mensaje. Otra niña está mal».
Documentar «la colombia invisible» Hacer cine o periodismo en Colombia puede ser cómodo siempre y cuando se haga del lado de la versión oficial, la cual reduce el conflicto a un simple problema de orden público, en el que un grupo de malhechores pretende subvertir la paz.
«Colombia Invisible» trata de mostrar las causalidades, las soluciones y el sufrimiento de una mayoría silenciada. Para Piedad Córdoba, mediadora entre guerrilla y Estado, «esta película es una pedrada contra un ventanal polarizado para ver la crudeza de una realidad injusta. Un gran documental para no solo ver qué pasa, sino para saber qué debe ser cambiado para que haya un futuro de verdadera paz y dignidad».
Hemos sorteado la imagen del poder y nos hemos entregado al poder de la imagen. Asomándonos al abismo de la más cruda realidad, hemos documentado al presidente Santos inaugurando con champagne un megaproyecto español mientras los niños desplazados por su política morían a pocos metros. Al general Reyes asegurándonos que habían ejecutado a un jefe guerrillero a pocas horas de verse forzado a reconocer que era un líder indígena. A la jueza que investigaba a un grupo de militares por la muerte de tres niños ser tiroteada, y a los trabajadores de las bananeras arriesgar la vida por crear un sindicato. Finalmente, nos hemos encontrado con esa oposición, mil veces aniquilada, para escuchar sus propuestas de paz criminalizadas por un negacionismo absurdo, en el que los mismos que claman victoria, ayer, negaban la guerra.
Fuente: http://www.gara.net/paperezkoa/20120617/347339/es/Somos-victimas-inversion-espanola