El sur del Tolima ha sido golpeado como pocas zonas de Colombia por el conflicto social y armado, con una larga historia de conflictos agrarios que se remonta a la década de los 30. En el corregimiento de La Marina, municipio de Chaparral, desde hace algunos años se ha venido viviendo una creciente militarización, de la mano de las llamadas zonas de consolidación militar, que ha agudizado la violencia del conflicto [1]. Ahí operan la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano y el Batallón de Infantería XVII “José Domingo Caicedo” de la Sexta Brigada.
Guerra sucia y megaproyectos
Esta fuerza militar ha desarrollado una intensa campaña contrainsurgente en uno de los bastiones de las FARC-EP [2]; en esta zona opera el Frente 21, y el ejército ha decidido erradicarlo mediante la guerra sucia y el terror contra la población civil. Para ello, el Batallón Caicedo ha utilizado todos los medios legales e ilegales a su disposición, vinculándose íntimamente con el paramilitarismo. A comienzos del 2012 seis militares de este batallón fueron detenidos junto a otros mafiosos como miembros de “ Los Urabeños”, banda dedicada a tareas de hostigamiento político, contrainsurgencia y “limpieza social”, así como al narcotráfico [3]. También operan las “Águilas Negras”, las cuales no han sido tocadas por las autoridades. Los campesinos locales dicen que, al estilo de los antiguos chulavitas, estos serían los mismos soldados del Batallón Caicedo que salen encapuchados y de civil a amedrentar a la población. Se escuchan rumores por todas partes de “que van a llegar los paracos, que si no se van los van a picar con motosierra… los niños bajo la consolidación militar crecen en el miedo”.
En La Marina todos dicen que detrás de esta militarización y paramilitarización hay intereses más allá de la mera contrainsurgencia. Dicen que lo que se busca es sacar no sólo a los guerrilleros sino a todos los campesinos que se resistan a un proyecto hidroeléctrico que se pretende impulsar en la región hacia finales de marzo; es decir, “limpiar” el territorio para que este proyecto pueda avanzar sin ninguna clase de resistencia, ni armada ni cívica.
Dice una campesina de la zona que:
“Nunca había habido tanto ejército, tanto detenido, esto era muy tranquilo. Pero en el 2008 se comenzó a hablar de un proyecto hidroeléctrico a filo de agua, por túnel, que iba a hacer una empresa de Medellín llamada ISAGEN… algunos decían que eso nos iba a afectar el curso del agua y a secar la tierra, pero el Estado decía que el subsuelo era de ellos y no de nosotros, que no importa que tengamos nuestra finca. Hemos visto lo que pasó en San José de las Hermosas, que hicieron lo mismo y fincas que sacaban cien cargas de café al año, ahora no sacan nada. Hay cuatro más que quieren hacer en Río Blanco… pero a uno le toca es andar callado, mandar saliva gruesa si no le gusta.”
Los campesinos y pobladores del lugar, inquietos ante esta situación, y conociendo lo que había pasado en Las Hermosas con el proyecto hidroeléctrico, formaron una asociación llamada Asoambeima; también la asociación campesina del sector, ASTRACATOL (adherida a FENSUAGRO), se pronunció en contra de este proyecto. Y ahí comienza una historia de persecución que no termina.
La consolidación contra los campesinos: la delación remunerada y las desmovilizaciones falsas
Los campesinos plantean que con la llegada del teniente John Jairo Vélez a La Marina en el 2010, comenzó una política sistemática de hostigamiento hacia ellos, se quejan que les comenzaron a llover órdenes de captura, y que de la noche a la mañana, todos eran sospechosos de ser milicianos.
Como lo establece la conocida máxima de “divide y vencerás”, el Estado se ha dedicado a enfrentar a la comunidad entre si para implementar su plan contrainsurgente de control social y sus megaproyectos . Em pezaron así con las redes de informantes, con lo cual han intentado fragmentar a la comunidad sembrando el ambiente de sospechas y desconfianza.
Comenta Reinel Villabón Leal, antiguo inspector de policía de La Marina y dirigente de SINTRAGRITOL (Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima) que “lo más grave es que se están fabricando desmovilizados con el fin de enjuiciar a gente trabajadora. No existe, según la Constitución, la pena de muerte, pero en la realidad sabemos que existe. Porque ver gente dormida y bombardearla, o cogerlos y decirles que son milicianos y entonces matarlos, es aplicar la pena de muerte”. Sobre las falsas desmovilizaciones, recordemos que fue precisamente en el sur de Tolima donde se fraguó la desmovilización masiva de por lo menos dos falsas estructuras que hicieron pasar por guerrilleras: el supuesto Bloque Cacica La Gaitana y la supuesta columna Norma Patricia Galeano [4]. Estos son tan sólo dos de los casos más nombrados y reconocidos , pero hay muchos más según Villabón:
“Vea usted, llegaron una vez donde un señor que es arriero, que lo conozco, y le dijeron ‘desmovilícese y le damos una platica’, y si la gente se niega a participar en esa comedia, entonces le dicen que sufrirá las consecuencias… la emisora del batallón Caicedo hacía señalamientos a gente, con nombre y apellido, llamando a desmovilizarse… el teniente John Jairo Vélez dio un número telefónico en Chaparral para las denuncias, hacían la cita en el parque. Así a una cooperante muy pobre, llamada Lucero Váquiro, le ofrecieron arreglarle la vida, y ella terminó delatando a mucha gente”.
Una campesina nos indica que ellos conocían a Lucero Váquiro de toda la vida, que ella jamás había sido ni miliciana ni guerrillera. Nos dice que todo esto era una farsa, y que por beneficios económicos empezó a denunciar a todo el que pudo. Dice que entre los 30 supuestos desmovilizados que hoy se utilizan para adelantar juicios contra los campesinos, no se encuentra uno que sea ex guerrillero. Otro campesino dice: “acá están comprando testigos, que es gente perezosa que le dan plata para denunciar a cualquiera, si no tuvieran este maldito sistema de recompensas, nada de esto estaría pasando”.
La consolidación contra los campesinos: el asesinato
Toda esta política de represión y terror contra la comunidad no se ha quedado solamente en la delación. El 30 de Marzo de 2011 dos campesinos, Gildardo García y Héctor Orozco, fueron asesinados mientras viajaban de Chaparral a Tolima, a la altura del Espíritu Santo en Albania. El asesinato ocurrió entre dos retenes del Batallón Caicedo y hasta hoy se encuentra en la más absoluta impunidad. ¿Quiénes eran los dos asesinados? Según Villabón era “gente sana, gente trabajadora. Eran campesinos que cultivaban frijol, mora, café, plátano, tomate de árbol y lulo. García era de ASTRACATOL. A Orozco lo llamaron a una falsa desmovilización, él se negó. Como tenía una tiendita en San Fernando, arriba de La Marina, lo acusaron de auxiliador de la guerrilla porque les vendía cosas”.
A Héctor Orozco lo venían acosando desde hacía un año. Los militares lo buscaban, lo llamaban miliciano, “camarada”, pero no le mostraban ninguna orden de captura, a demas lo llamaban a que participara de una falsa desmovilización. En los retenes lo comenzaron a hostigar preguntandole para quién compraba el mercado. Según su esposa, “el teniente Vélez fue quien más se la montó, le decía cuando lo veía que tenía 47 guerrilleros dados de baja, que necesitaba tres más y que se daría unas vacaciones bien sabrosas. Le dio permiso sólo para movilizarse entre Chaparral y la Marina, que ningún ramal más. Le preguntaba que por qué alimentaba a la guerrilla, nos comenzaron a racionar la comida y a hacernos pasar hambre, hasta que le dijo que le daba tres meses de plazo para que renunciara a ASTRACATOL y se hiciera informante. Como él se negó, a los tres meses lo asesinaron”.
Según Villabón, al que realmente iban a asesinar era a Orozco, pero al revisar a Gildardo García y ver su apellido, lo mataron también: “Mire, acá el teniente Vélez declaró objetivo militar a todos los García, porque alguno de ellos se fue para el monte con la guerrilla. Entonces toda la familia García es perseguida, se les presiona, se les mata. Ya antes habían torturado y asesinado a don Tiberio García en la vereda Brisas de San Pablo”. También se han dado casos de falsos positivos en la zona: el 3 de Junio de 2007, el ejército y el Gaula asesinaron a Jaro Eber Morales en Santa Ana (junto a tres personas más) diciendo que había sido en combate; el 19 de Julio de 2007 también asesinaron a Camilo Ávila y a don Jesús María Rianos en el cruce a Río Blanco desde la Marina.
La consolidación contra los campesinos: los arrestos
En Noviembre de 2011, bajo los cargos de “rebelión y financiación a grupos terroristas”, arrestan a los hermanos Edwin Lugo Caballero y José Norbey Lugo Caballero, junto a Arcesio Díaz, Aycardo Morales Guzmán, Saan Maceto Marín y Fredynel Chávez Marín (este último originario de Las Hermosas). Todos ellos eran miembros de ASTRACATOL y personas que se habían destacado en su defensa de los derechos campesinos y en la defensa del territorio. También arrestan a Alexander Guerrero Castañeda, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Marina, y a Armando Montilla Rey, miembro de la Junta de Acción Comunal de La Esperanza, Río Blanco.
Según la abogada Karen Tapias, de la Fundación Lazos de Dignidad que defiende a los prisioneros de ASTRACATOL, este es un caso extraordinariamente débil y lleno de irregularidades : “primero que nada, los 30 testigos de la parte acusadora, son supuestos reinsertados. Sin embargo, guerrilleros con más de diez ó veinte años en el Frente 21 de las FARC-EP, que se encuentran en la cárcel, dicen que no los conocen, que están utilizando civiles para obtener beneficios económicos. Nos consta que estos supuestos desmovilizados han recibido beneficios económicos, de educación y vivienda ”. Pompilio Díaz, padre de Arcesio Díaz, uno de los detenidos, dijo que a su hijo se lo habían “vendido por cinco millones de pesos”.
Dice la abogada que “el escrito de acusación se basa sobre un supuesto testimonio de una persona que no se identificó… no tenemos certeza si el testimonio existió o fue invento de la policía judicial, no hay constancia de que una persona perteneciente a la insurgencia o de la población civil, llegara a hacer la denuncia… José William Devia Moreno, el gerente de la investigación, dijo que él recibió el testimonio pero que nunca vio la fuente humana ”.
Según Tapias, estos juicios son de una naturaleza eminentemente política. “ Esto es algo que se viene dando desde hace tiempo, pero ahora se ha incrementado porque hay una necesidad particular, que es la construcción de esta represa y las personas que están acusando de pertenecer al Frente 21 son todos campesinos que se han pronunciado contra este proyecto. Además, ASTRACATOL está asociada a la Marcha Patriótica y todos sabemos los señalamientos contra este movimiento, estos no son hechos aislados ”. Esto mismo lo reconoce el padre de uno de los prisioneros quien dice “que los soldados saben que mi hijo no debe nada, pero que dicen que la culpa es de la familia por andar metida en cosas, porque somos de la Marcha Patriótica”.
Las audiencias del proceso en contra de los 8 prisioneros se reiniciará el 25 de enero en Ibagué, con los 25 testigos de la defensa. Mientras tanto, estos prisioneros se encuentran sufriendo condiciones deplorables en la cárcel de Picaleña en Ibagué, donde hay una carencia prácticamente constante de agua, abuso de poder por parte de la guardia, asi como omisión de servicio sanitarios y médicos. Es necesario movilizar toda la solidaridad porque este no es un caso judicial, sino un ataque frontal contra el pueblo organizado.
La consolidación militar como forma de violación permanente contra la población
El enrarecimiento del ambiente, fruto de la militarización por la consolidación, ha llegado a las mismas filas del Ejército. Cuatro soldados de La Marina, que se encontraban pagando servicio, fueron también arrestados en Septiembre del 2011, supuestamente por colaborar con la insurgencia. Vilman Useche Pava, Wilmer Javier Pérez Parra, Isidro Alape Reyes y Jason Orlando Castañeda fueron arrestados mientras estaban pagando servicio en la base de Piedras en Ibagué. Sus acusadores son los mismos falsos desmovilizados que incriminan a los prisioneros de ASTRACATOL y de las JAC. En estos momentos el ejército está impulsando una serie de órdenes de captura en contra de enfermeros y doctores por supuesta colaboración con la insurgencia y por atender a guerrilleros. Tambien ordenes de captura en contra de comerciantes, supuestamente por auxiliar en las finanzas a la insurgencia y por venderle a los guerrilleros; igualmente a los familiares de los guerrilleros se les amenaza y presiona por crimen de sangre; una arremetida en contra de cualquier persona que exprese una opinión contraria a los 7 proyectos hidroeléctricos que se adelantan en el sur del Tolima.
Según Tapias, existe una situación humanitaria grave, en la cual se da un “control del alimento que ingresan a la zona como otros tipos de víveres y medicinas, el ejército decide qué come la población y en qué cantidad, y qué necesidades tienen de medicamentos… por medio de la emisora del ejército nacional del Batallón Caicedo se está señalando a personas de la región con nombre y apellido, sin que existan procesos jurídicos en su contra, de ser milicianos del Frente 21 de las FARC e invitándolos a desmovilizarse. Van casa por casa, ofrecen dinero a la población y preguntan quiénes son los guerrilleros en la zona… hemos escuchado denuncias que vinculan al paramilitarismo con el ejército, es una situación gravísima ”.
Cuando se les pregunta si el ejército ha traído seguridad al pueblo, los campesinos son enfáticos: “el ejército lo que ha traído es violencia, sobre todo los soldados profesionales que son todos traídos de afuera. Los muchachos que están en el ejército de acá casi no se meten, no quieren pelear, son los de afuera los que realmente traen la violencia”. Todos se quejan que desde que llegó el ejército se ha pretendido enfrentar a los vecinos entre si y han sembrado la hostilidad con el sistema de los informantes. También han utilizado otros métodos como enviar paquetes de encargo a nombre de campesinos con volantes para recompensas, para que así crezcan sospechas de que tal o cual campesino está informando y de esta manera descomponer el ambiente y generar desconfianza generalizada. En este ambiente, esperan, que se dificulte la organización y la resistencia campesina contra el despojo.
Villabón Leal nos dice que “con la consolidación se agrava el problema del desplazamiento, porque los campesinos ya no pueden cultivar porque los bombardean, echan bombas, ametrallan los filos y las cañadas… a uno lo están reseñando, lo controlan como si fuera una cárcel, con aparatos digitales para tomarle las huellas, con fotos… el único fin de la consolidación territorial es la entrada de las multinacionales”. Fernando Chacón, dirigente de ASTRACATOL en Chaparral, también está de acuerdo con este panorama, diciendo que el clima de constante terror mediante ametrallamientos y bombardeos, junto a la persecución que sufren las organizaciones sociales, tiene que ver con “limpiar de campesinos esta zona estratégica para sus proyectos del mal llamado desarrollo, que enriquecen solamente a unos pocos, gente de afuera… por eso quieren acabar con nuestra cultura, con nuestra forma de vida, con nuestra idiosincrasia como campesinos”.
Lo cierto es que pese a todo, los campesinos muestran una admirable resistencia a desaparecer. Las organizaciones campesinas se revitalizan en todo el país, pese a la militarización, la persecución y la amenaza. En medio del rigor de la consolidación territorial, las organizaciones siguen en pie. Es deber nuestro mantener en alto la bandera de la solidaridad y no olvidar ni a los prisioneros ni a los campesinos que siguen exigiendo reforma agraria, la vieja pero tan presente consigna de Tierra y Libertad.
NOTAS:
[1] Para algunos antecedentes de la situación en La Marina, leer una entrevista previa que hicimos a Javier Orozco de la Comisión Asturiana el 2010 http://anarkismo.net/article/2
[2] En el municipio de Chaparral las guerrillas comunistas han operado desde 1949, nacidos originalmente como grupos de autodefensa campesina ante la violencia de los terratenientes
[3] http://www.lanacion.com.co/
[4] http://www.elpais.com.co/elpai
(*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net. Autor de "Problemas e Possibilidades do Anarquismo" (en portugués, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro "Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina" (Quimantú ed. 2010).
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