El exministro plantea convocar una Constituyente que recoja el resultado de los diálogos.

Cuando recientemente el presidente Santos les informó a los colombianos y al mundo que se iniciaba un proceso de paz, la buena nueva me produjo alegría.

Sin duda, la sorpresa constituía una oportunidad para el país. Y en lo personal comprendí que se abría un escenario óptimo para quienes le hemos dedicado tiempo –en mi caso casi 30 años– a la construcción de la reconciliación nacional. Como que ‘a uno nadie le quita lo bailado’.

Por esto, y por considerar que tengo los suficientes títulos para hacerlo, consigno lo siguiente:

La paz debe ser una política de Estado

No puede ser una estrategia de coyuntura y mucho menos una variable electoral. Su futuro no se puede amarrar a las encuestas ni a una reelección presidencial. Si se le sigue imprimiendo ese sello, el proceso de La Habana terminará siendo una experiencia fútil, carente de contenido ético y de visión de patria.


Téngase presente que el artículo 22 de la Constitución, que con alcance imperativo señala que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, lo manifiesta de esta manera y no de otra porque lo que impone es la vigencia del hoy llamado “derecho síntesis”, para ser reconocido y aplicado por quienes se juramenten Carta en mano para asumir sus responsabilidades públicas, o tengan a su cuidado su fiel guarda.


Es que el goce pleno, sin restricciones, de todos los demás derechos está anclado a la vigencia y prevalencia del derecho a la paz. De allí que señalarle desde ahora fechas de terminación al proceso, atadas más a próximos episodios electorales que a las circunstancias que puedan estar aconteciendo en su entorno y desarrollo, encierra un sabor de ultimátum y lo pone todo en peligro.


Es como si se montara desde ya un explosivo con fecha cantada de detonación. Hay que evitar que lo que vivimos hoy, con cierto optimismo, se convierta en un sainete.


Así, iniciado el proceso, la convocatoria a la paz tiene que ser tarea, menos de un individuo o de un cuatrienio presidencial, y más de la Nación, noción esa última que encierra la idea de una comunidad humana de rasgos culturales comunes ajena a piruetas manzanillas.


El país espera ansioso un final feliz, sin importar de quien sea el mandato desde el cual se logre el éxito. Si le corresponde a Santos ser el hombre de la paz, pues muy merecido lo tendrá, y tirios y troyanos tendremos que cargarlo en hombros. ¡Y buena esa! Pero ese es otro cantar.


Responsabilidad del Estado


El conflicto nacional no se inició ayer; y una sola parte no es la exclusivamente responsable, como tampoco es la única victimaria. Que “los buenos somos todos los de acá y los malos son exclusivamente los de allá” es un cuento chino.


Recordaba el editorialista del diario El Siglo , el 8 de abril de 1937, cómo en lo que iba corrido de esa década ya había tenido lugar, con una motivación meramente política, el “incendio de Montería”, los “asesinatos de Pensilvania”, las “matanzas de Capitanejo”, los “atentados de Soatá”, las “depredaciones de García Rovira” y las “tropelías de Manizales”.


Seguidamente ocurre la matanza de Gachetá, perpetrada por la policía del régimen (enero 8 de 1939). A partir de esos momentos se percibe la debacle en materia de orden público que desemboca en el asesinato de Gaitán en 1948, y “allí fue Troya”.


Lo que sigue es ampliamente conocido: guerrillas de todos los colores, “cortes de franela”, asesinato de policías, reinserciones y matanza de los desmovilizados (Guadalupe Salcedo, ¿el primero?); búsqueda de refugio de algunos para evitar la misma suerte; Marquetalia, creación del Bloque Sur, nacimiento de las Farc-EP (mayo 5 del 66); guerra de ‘baja intensidad’; y surgen el Eln y el Quintín Lame, y el M-19, y el PRT, y se intentan diálogos de paz, y aparecen los paramilitares, y se da el genocidio de más de 3.500 militantes de la Unión Patriótica; y hace de las suyas el maldito narcotráfico con sus pavorosos capos.


Y sucede el asalto al Palacio de Justicia y el secuestro de Álvaro Gómez; y se logra la paz con el M19, y más luego con otras agrupaciones alzadas en armas.
Así y todo abunda el secuestro y las torturas; se acribillan candidatos presidenciales; y se disparan las cifras de las desapariciones forzadas; y se organizan las Convivir y las Auc, y pululan las matanzas, los asaltos, las fosas comunes, y aparece la motosierra como arma aniquiladora y los hornos crematorios para no dejar rastro. Bajan cadáveres por los ríos, y la contabilidad de las masacres arroja cifras inauditas.


Y salta la parapolítica a la palestra, y se detecta a los financiadores de cuello blanco del horrible espanto y a la oficialidad pasiva, o cómplice o connivente con el crimen, y se establece cómo una que otra multinacional mete la mano en el sangriento desorden, y están los ‘falsos positivos’, y la toma ilícita de tierras; y se despoja al pobre, y a la vista de todos desfilan los millones de desplazados; y las víctimas por miles, “y la noche que llega”. ¿Y la causa de todo? ¿Y el causante de todo?


Tras 82 años de violencia (sumen por favor: 1931 a 2013), ¿quién es el responsable? ¿Que lo averigüe Vargas?


¿Podrá controvertirse que el Estado no sea responsable? Incapaz de solucionar los temas y plenamente acorralado, abandona las regiones o simplemente no las copa y mira para el otro lado; y deja la función pública en la mayor parte del territorio de la mano de Dios. O más bien, en manos del diablo.


A lo que cabría preguntar: ¿Y el Estado sí puede ser objeto de imputación? Pues Hans Kelsen dice que sí, y a él no lo voy a controvertir.
Recojamos el pensamiento de Kelsen de manera sintética así: “El Estado, dícese, no solo crea el orden jurídico sino que se somete voluntariamente a él, convirtiéndose de ese modo en persona jurídica, en sujeto de deberes y facultades jurídicas”; con todo, el Estado es, entonces, la expresión superior de tal orden jurídico.


Las personas-órganos son apenas “puntos intermedios” de la cadena de esa expresión jurídica. Al encontrase en el Estado la voluntad superior sobre la cual no hay ninguna otra voluntad, se infiere que el Estado es “el punto último de la imputación”. Así, “la persona (se refiere a todas las personas que conforman las ramas del poder y los órganos de control) no es un punto último, sino un punto intermedio de la imputación” (citas tomadas de Hans Kelsen, Teoría General del Estado, Editorial Nacional, México, 1965).


Todo lo cual apunta a que si el Estado es la expresión superior del orden jurídico y en él se resume la última voluntad sobre la cual no hay ninguna otra, en nuestro caso, el Estado colombiano, por incapacidad demostrada, ya por omisión, ya por acción, se constituye en el “punto último de imputación”. Sin duda, 82 años de discurrir disparatado se pagan caro.


La necesidad de una Constituyente


Una Asamblea Constituyente es el único vehículo constitucional capaz de aprehender y conocer de la responsabilidad del Estado.


La ley que la convoque en los términos indicados en el artículo 376 tendría que fijar como una de las competencias de la Asamblea decidir sobre el asunto. Y mediante la refrendación popular de la ley de convocatoria (obligatoria), el pueblo autorizaría a sus delegados ciertos manejos necesarios para tocar y decidir sobre temas que solo los colombianos comprendemos.


Y entonces lo haríamos soberanamente en tanto se evocaría nuestro irreductible y supremo derecho universal a la paz, sin la injerencia de jurisdicciones internacionales que a duras penas comienzan a ubicar nuestras coordenadas en el planeta Tierra (¿dónde estaban en las últimas ocho décadas?).


Y como ven, no es este un tema para ningún poder constituido, por más poderoso que se sienta, porque “lo que viene por agua, por agua se va”. Un poder constituido dice “sí” hoy, y el que lo suceda podrá decir “no” mañana.


Se requiere pensar en soluciones para Colombia con seguridades jurídicas insuperables.


Y además, se necesita una Constituyente que sea para la Carta del 91 lo que la del año 10 del siglo pasado fue para la Constitución de 1886. Aquella perfeccionó la última mencionada. Le introdujo la elección directa del Presidente, el cuatrienio presidencial sin reelección, el control constitucional; revivió el Consejo de Estado, y dio forma y contenido a los departamentos.

La nueva Constituyente deberá revisar la estructura del Estado (nadie va a tocar el Estado Social de Derecho) y el ordenamiento territorial. Y conocer de la reforma a la justicia, y de soluciones como la de la segunda instancia para los congresistas, y la extensión a seis años del periodo presidencial sin reelección, y algunos otros.

A más de los asuntos acordados en La Habana para que se estudien, se aprueben unos, se mejoren otros o se rechacen algunos. Pero con serenidad e inteligencia y con la representación de todos. Léase bien el citado artículo 376 de la Carta (¿acaso no es la del presidente Gaviria?).

No hay que asustarse. Y a los que se sientan Núñez y piensen que se les va a trastocar su obra, les pido: Por favor, reflexionen sin pasión. Ninguna obra es perfecta. Tengan en cuenta que la paz es con la historia. Y recuerden que como bien lo dijo el sabio Norberto Bobbio, “una Constitución es un pacto de paz”.

Foto tomada de internet

Álvaro Leyva

El Tiempo

Un helicóptero se estrelló en Paraguay. Entre sus tripulantes se encontraba Lino Oviedo, militar golpista retirado y candidato de la derecha a la presidencia en 2013. El gobierno de Federico Franco decretó tres días de duelo, suspendió sus actividades programadas y aclaró que no se “escatimarán gastos” para que investigue “hasta las últimas consecuencias” el motivo del accidente ya que “no se descarta ninguna hipótesis”.