[Cambio Total].
La Mesa de
Conversaciones de La Habana ha puesto sobre el tapete –demostrando que la
Colombia « profunda » no está lejos de La Habana- en qué clase de
país queremos vivir. Ello nos lleva a pensar en términos de ventajas y
desventajas, ganadores y perdedores, con el Proceso de Paz que apenas está en
su etapa de definición y discusión.
Es claro que lo
que está en juego es la adopción de la visión concreta, realista, de un Nuevo
País, ya que con la visión conque se ha manejado el país hasta sólo se
reproducirían las condiciones y las causas que originaron el conflicto interno.
Ello ha sido planteado por las FARC-EP, en tanto los delegados gubernamentales
apuestan por el statu quo ya que a
pesar del descuadernamiento que sufre el país (corrupción,
narcoparamilitarismo, militarismo, violaciones de derechos humanos y crisis
humanitaria, pobreza, desempleo, falta de educación, salud y viviendas, etc),
ellos están muy tranquilos y satisfechos porque el ejercicio violento del poder
los favorece totalemente a ellos.
En ese orden de
ideas en necesario construir una Nueva Institucionalidad que deseche todos los
vicios y corrupciones introducidos por la oligarquía durante su permanenecia de
200 años en el poder. Para construir esa Nueva Institucionalidad se hace
necesario, entonces, cambiar el modelo económico, modernizando la economía y
desarrollando otros modelos que han sido probados en algunos otros lugares del
mundo. Desde luego que todavía no estamos hablando del Socialismo, sino de un
sistema que pague la enorme deuda social adquirida por la oligarquía con el
pueblo colombiano. Aquí nuevamente las FARC-EP tienen la iniciativa ya que la
posición gubernamental se resume en la letanía de De la Calle diciendo que
« el modelo económico no está en discusión », que « la propiedad
privada no está en juego », etc, etc.
La Nueva
Institucionalidad nos llevaría a una forma diferente de « hacer
política » y no la forma deformada, manzanilla, clientelista, corrupta,
como se adelanta ahora y desde hace más de 2 siglos. Para poner un solo
ejemplo, definiríamos que los parlamentarios sólo puedan re-elegirse por una
ocasión y nada más, como es el caso de Suecia en donde los parlamentarios sólo
tienen derecho a ser postulados por sus partidos en 2 ocasiones.
Al no haber
guerra se haría innecesario unas paquidérmicas fuerzas militares de más de
500.000 unidades, con enorme gasto que engulle el 6,3% del PIB. Se haría
entonces imprescindible un pequeño ejército profesionalizado que vigile
nuestras fronteras ante la eventualidad de un hasta ahora inexistente ataque de
otros países, amén de una profunda democratización de la policía nacional. Se
dotaría a las fuerzas militares de una Doctrina Bolivariana que respete en
primer término el sagrado derecho a la vida de los colombianos. Punto que
levanta ampollas en la cúpula militar y en un mal entendido « honor
militar » ya que en las actuales condiciones unas fuerzas militares como
las colombianas sólo traería visiones de injerencia y ataque a otros países
hermanos, o convertirse en exportadores de la muerte como la exportaciones de
militares a Arabia Saudita, en tanto Cuba se convirtió en exportador de vida
con sus médicos.
Invertir en lo
social sería una enorme ganancia ya que entraría a solucionar la deuda histórica
que tiene la oligarquía con el pueblo colombiano. Sería enfrentar el desempleo,
la pobreza, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, en fin, sería llegar
con un largo camino recorrido para cumplir las Metas del Milenio, las cuales en
el momento presente están más que atrasadas.
Contrario a lo que se pregona en la guerra,
con el proceso de Paz la gananciosa sería la verdad, la cual englobaría las
víctimas del Terrorismo de Estado y todas las víctimas del conflicto interno
porque no es dable pensar que en un conflicto como el colombiano no haya
víctimas de las FARC. Claro que las hay, pero en su favor tenemos que decir que
son muchímsimas menos que las del Terrorismo de Estado y ellas son la
consecuencia –no la causa- de la guerra impuesta al pueblo colombianos, además que algunas de ellas eran narco-paramilitares vestidos de civil.
Especial capítulo
tocará adelantar con la endémica impunidad para los crímenes cometidos bajo el
amparo de la Doctrina de Seguridad Nacional y su Terrorismo de Estado, el cual
alcanza más del 99%. El reconocimiento de tales crímenes permitirá resarcir a
las víctimas de los desafueros cometidos por las fuerzas
militares-narcoparamilitares a nombre del estado colombiano.
Así y sólo así
comenzaremos a transitar los verdaderos caminos de reconciliación entre los
colombianos y empezaremos a vivir la vida sin miedos ni temores. Las ganacias están a la vista.
