Por: María Teresa Ronderos
Cuenta la leyenda que por allá a finales de siglo XVIII, la
zarina Catalina La Grande salió a constatar el progreso de los pueblos
de la recién conquistada Crimea del que le había hablado su favorito
duque Grigori Potemkin.
Preocupado porque la realidad de esos caseríos era
calamitosa, el duque mandó a montar una escenografía de fachadas
pintadas para que, a lo lejos, la reina creyera ver el desarrollo.
Pueblos
Potemkin es lo que el gobierno de Juan Manuel Santos quiere presentarle
al mundo, cuando dice que “Colombia ha avanzado lo suficiente en
derechos humanos”. Estas declaraciones pretenden justificar un súbito
cambio de ánimo oficial que redujo de tres a un año la invitación a la
oficina especial de la ONU para que siga en Colombia ayudándole a
proteger los derechos fundamentales.
Son caras bonitas que dibuja
para esconder la actual insurrección civil del Catatumbo, donde la gente
se hastió de vivir mal, y sobre todo para ocultar el fallido manejo que
le ha dado Santos. A las sentidas peticiones para que le den prioridad a
la economía campesina (vías terciarias, créditos, zona de reserva
campesina) y mejoramiento de la condiciones de vida (arreglar el
hospital del Tibú, proveer agua potable, etc.), según un plan de
desarrollo social, el Gobierno respondió ofreciendo subsidios directos e
inversión en vías principales para sacar el corozo de la palma y el
carbón de las agroindustrias.
También respondió estigmatizando a
César Jerez, el líder de los manifestantes. Es una manida forma de
restar legitimidad a la protesta, dándole más credibilidad a los
supuestos cruces de correos de guerrilleros de hace un lustro aprobando
la gestión de Jérez por el campo, que a sus 15 años de trabajo con
comunidades que lo respetan tanto como para jugarse el pellejo con él.
Además buenos periodistas de Cúcuta han terminado perseguidos porque sus
relatos no coinciden con la idílica guerra que desde Bogotá dibuja Juan
Carlos Pinzón, quien cada vez actúa más como ministro de la Defensa de
los militares, que como ministro de la Defensa de los colombianos.
Son
realidades feas que no le permiten a Colombia vender la ficción de que
ya podemos entrar al club OCDE de los países ricos. O que con un año que
se esté en el país la oficina de la ONU para los Derechos Humanos es
suficiente porque ya nadie los viola. O que en el Catatumbo todos viven
como en Suecia y la insurrección popular es una mera estrategia
negociadora de las Farc. O que girar billones en limosnas saca a la
gente del campo de la pobreza.
Pero las fachadas que pinta el
gobierno no consiguen disfrazar cuatro verdades. La primera: el mando
civil sobre las fuerzas militares es débil y por eso cuando la Oficina
de la ONU pidió investigar si a cuatro campesinos en el Catatumbo los
mataron balas de la Fuerza Pública, el Gobierno salió a recortarle su
estadía en el país. La segunda: en buena parte del campo los bienes
públicos están semi-destruidos, la gente toma agua mala y no tiene vías y
por eso, con o sin guerrilla, sus habitantes viven a punto de
ebullición. La tercera: bandas criminales y guerrillas florecen en ese
país olvidado, roban tierras, matan civiles e imponen su ley, y sólo el
brazo armado del Estado no alcanza para proteger a la población, y
frustrado, a veces abusa de ella o la culpa de sus fracasos. Y, la
cuarta: más que presupuestar dinero para auténticos proyectos de
transformación social, el Gobierno prefiere repartir millones a
discreción para cosechar frutos electorales el año entrante.
