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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

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[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

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¿Es posible que los "acuerdos de paz" generen justicia, paz y seguridad para el pueblo?

Lecciones de El Salvador para las FARC colombianas


Traducido para Rebelión por Silvia Arana

Introducción Se da por sentado que los "acuerdos de paz" entre regímenes de derecha pro-estadounidenses e insurgentes de izquierda generan paz, justicia y una mayor seguridad. Varios acuerdos de paz firmados en la década de 1990 en América Central, Sudáfrica, Filipinas y otros países proveen un amplio caudal de datos, a lo largo de más de dos décadas, tanto a favor como en contra de esa idea generalizada.

Examinaremos el caso de El Salvador donde un poderoso movimiento guerrillero (FMLN) firmó un acuerdo de paz en 1992.

Método de evaluación del Acuerdo de Paz

En referencia al análisis del Acuerdo de Paz es importante comenzar enfocándonos en la evolución del FMLN -los cambios políticos, organizativos e ideológicos que condujeron a las negociaciones, al pacto con el régimen de derecha y los resultados políticos y socioeconómicos.

La segunda parte del ensayo establece los parecidos y las diferencias entre los resultados políticos y socioeconómicos y las políticas posteriores al pacto, y el efecto que estas tuvieron en el pueblo. Esto nos permitirá ver quién se benefició y quién se perjudicó; qué clases socioeconómicas y estructuras políticas emergieron; qué políticas extranjeras fueron delineadas.

La tercera sección del ensayo se enfoca en extraer las lecciones que podamos aprender de la experiencia de El Salvador, que sean aplicables a las actuales negociaciones de paz entre las FARC y el régimen de Santos en Colombia.

El FMLN: De la revolución socialista al electoralismo capitalista

En 1980, cuatro grupos guerrilleros principales se unieron para formar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El componente fundamental, el FPL, postulaba la guerra prolongada, la unión de la guerrilla y de los movimientos de masa en la lucha revolucionaria y antiimperialista. Los aliados menores, encabezados por el Partido Comunista postulaban las dos etapas, "de la revolución democrática a la revolución social". 

Poco más de dos años después, los tres componentes minoritarios, el ERP, el Partido Comunista y el RN, transformaron la política del FMLN, eliminando la lucha por el socialismo basado en los obreros y en los campesinos a favor de la "revolución democrática", que incluía a la "burguesía progresista moderna". A medida que la lucha continuaba, los reacomodamientos internos del FMLN se inclinaron a favor de un giro al "centro". Los líderes del FMLN pusieron el énfasis en la incorporación política al sistema electoral, la legalización del FMLN, la apertura de negociaciones sin ningún acuerdo previo y una disposición a trabajar dentro del marco electoral capitalista. Cuando comenzaron las negociaciones el FMLN abandonó las demandas de desmantelar las fuerzas armadas, de expropiar las principales empresas mineras, comerciales, banqueras y financieras. Aceptaron la formación de la "comisión de la verdad" que "examinaría" los crímenes de guerra -la matanza masiva de más de 75 mil civiles.

En 1992, cuando se firmó el acuerdo de paz, los ex guerrilleros, el régimen de El Salvador y el gobierno de EE.UU. lo calificaron de "un momento de inflexión histórico que iniciaba una nueva era de paz y prosperidad para el país y el pueblo". La mayoría de los académicos y periodistas de izquierda se unieron al coro de elogios al "pragmatismo" y la "flexibilidad" de los líderes del FMLN. Los social demócratas europeos, especialmente el régimen socialista español, ofrecieron cursos de entrenamiento a los ex guerrilleros, para capacitarlos en asuntos municipales y gubernamentales.

Evaluación de las políticas del FMLN en la oposición y en el gobierno

Los líderes del FMLN se beneficiaron de manera directa con la transición de la lucha armada y la movilización de masas a la política electoralista: muchos fueron elegidos en puestos públicos, lo que les garantizó un estándar de vida de clase media. Como congresistas, asesores políticos, asistentes y alcaldes, la élite del FMLN recibió salarios sustanciales, adquirieron viviendas en barrios de clase media y nuevos automóviles y contrataron guardias privados para su protección.

La mayoría de los políticos del FMLN retuvieron una ideología social demócrata y una retórica radical en el discurso. Algunos, como el ex dirigente del ERP, Joaquín Villalobos, se alió con la derecha, denunció a los movimientos populares, recibió una beca de Oxford y se convirtió en un asesor de los escuadrones de la muerte en Colombia, Filipinas, Irlanda del Norte y otros países.

El FMLN prácticamente abandonó los movimientos de masa urbanos y rurales convirtiéndose en un partido electoral más. Durante las revueltas populares entre 1980 y 1990, los campesinos consiguieron una reforma agraria, los empleados públicos un incremento salarial, y las organizaciones populares proliferaron mientras que el gobierno y EE.UU. trataban de recortar el apoyo popular a la insurgencia. Una vez que los líderes del FMLN entraron al parlamento y priorizaron la política electoral, disminuyó la presión sobre la clase dominante, decreció la lucha popular y terminó la reforma agraria. Los gremios recibieron muy poco apoyo de los políticos del FMLN. El FMLN liderado por Shafik Handel buscó una alianza con la "burguesía moderna" para "aislar" a la oligarquía terrateniente "tradicional", estabilizar la democracia y garantizarse una postura en el Congreso como "oposición leal". En 2009, el FMLN ganó la presidencia con un candidato neoliberal, el demócrata cristiano Mauricio Funes, y obtuvo una mayoría del Congreso.

La sociedad salvadoreña después del acuerdo de paz 

El FMLN firmó el llamado acuerdo de paz sin ningún diálogo democrático previo con los militantes, sin ninguna consultación con los movimientos sociales de base; declararon obsoletas las principales reformas estructurales por las que miles de militantes habían luchado y entregado su vida. En cambio, "consultaron" con sus propios intereses para conseguir una carrera legislativa. Dictaron los acuerdos a sus cuadros intermedios, expulsaron a los críticos y manipularon a las masas para que den su apoyo ofreciéndoles promesas falsas de "continuar con la lucha". No cumplieron con las promesas de trabajo y redistribución de ingresos y tierras; nunca se materializó la promesa de "reformar" las fuerzas armadas ni entablar procesos judiciales en contra de los oficiales involucrados en violaciones masivas de derechos humanos.

De 1992 a 2013, El Salvador continúa siendo el segundo país en la lista de los más desiguales de América Latina. El desempleo, en especial de la gente joven, continúa superando el 50%. Más del 60% de la "población trabajadora" no tiene un empleo formal. Trabajan sin jubilación, seguro médico, vacaciones ni seguro social, mayoritariamente en el sector de servicios con los salarios más bajos, ya sea como vendedores ambulantes o empleadas domésticas. Más de 2,5 millones de salvadoreños se vieron forzados a dejar el país por falta de oportunidades. Los jóvenes guerrilleros fueron abandonados por sus líderes. Algunos recibieron terrenos pero sin capacitación, crédito, servicios, fracasaron y se convirtieron en pandilleros urbanos o rurales. Más de 25 mil jóvenes pertenecen a pandillas que trafican con drogas. El Salvador detenta el segundo porcentaje más alto de homicidios violentos en el continente americano. De hecho, son más los salvadoreños asesinados después del "Acuerdo de paz" (1992-2012) que los muertos durante la guerra civil (1980-1991). Desde marzo de 2012, cuando las dos pandillas principales firmaron una tregua han disminuido drásticamente los asesinatos.

El Acuerdo de paz estableció la formación de una "Comisión de la Verdad" para investigar los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos. En lugar de cumplir con ese objetivo, se decretó una amnistía para los Generales y la élite militar. La Comisión carecía de apoyo financiero y político y ningún criminal de guerra, ni siquiera aquellos que cometieron los crímenes más violentos fueron enjuiciados ni mucho menos encarcelados.

Los principales beneficiarios del Acuerdo de paz fueron los "burgueses modernos" -la élite bancaria, comercial, de la agroindustria, de las maquiladoras- quienes hicieron grandes ganancias, pagaron muy pocos impuestos, recibieron subsidios estatales y explotaron la mano de obra barata de las maquiladoras. Las compañías de seguridad privada prosperaron como la clase de nuevos ricos -incluyendo la élite de "nuevos ricos" del FMLN que contrató un ejército de guardias privados armados con rifles automáticas y ametralladoras para proteger sus casas, negocios, clubes privados y balnearios de vacaciones.

El Salvador, antes y después del triunfo electoral del FMLN, puede ser caracterizado como un paraíso neoliberal: acuerdos de libre comercio, salarios bajos, trabajadores no sindicalizados, mano de obra barata de las maquiladoras, en síntesis, las zonas de libre comercio son la pieza fundamental de la política económica del FMLN.

La llamada "Revolución democrática" fue despojada de todo contenido socioeconómico. La distancia social entre los líderes del FMLN y sus contratistas de negocios aliados por un lado, y las masas por el otro, es abismal. Los líderes del FMLN habitan viviendas modernas, protegidas por muros de tres metros cubiertos con vidrio roto y alambre de púa, con calles pavimentadas y jardines con flores. La mayoría de los salvadoreños pobres vive en sitios hacinados, con calles sin asfaltar, controlados por pandillas armadas que trafican droga y policías corruptos.

El régimen del FMLN ha respaldado los acuerdos de libre comercio de EE.UU. y la Unión Europea en América Central al igual que las bases militares de EE.UU. Sus políticas de libre mercado perjudican a los pequeños y medianos productores. Sus vínculos militares con el Pentágono fortalecen la postura militar de EE.UU. contra Venezuela y Ecuador.

Consecuencias políticas del Acuerdo de paz

Durante la guerra civil, la lucha de clases incrementó la conciencia de clase, fortaleció la organización independiente de clase y forzó a la clase dominante y sus "mentores" estadounidenses a que hicieran concesiones, incluyendo una reforma agraria para los campesinos y un aumento salarial para los obreros. Posteriormente al pacto de paz, las organizaciones de base experimentaron una reducción de tamaño y actividad; los líderes fueron cooptados por la élite del FMLN. El control político centralizado de los movimientos sociales asegura el conformismo frente a las políticas neoliberales. El FMLN trata de legitimar el orden socioeconómico neoliberal escudándose en su "heroico y glorioso pasado guerrillero". Los políticos corruptos del FMLN evocan su rol del pasado como "comandantes guerrilleros" para encubrir sus conexiones corruptas del presente con la élite económica. Cada vez que un sindicato va a la huelga por mejoras salariales o laborales, como los trabajadores municipales, de la salud y o de la educación, los líderes del FMLN los acusan de tener motivaciones "políticas" o de "ayudar" al enemigo. El FMLN se convirtió en un aparato burocrático manejado por facciones de las élites que pelean por posiciones de poder y privilegio dentro de la burocracia estatal neoliberal.

Frente al abyecto fracaso del FMLN y su gestión de gobierno para responder a las necesidades más básicas de los pobres de las ciudades y del campo, cientos de ONGs financiadas por los gobiernos de EE.UU. y Europa, en las que trabajan profesionales de clase media, establecieron proyectos de autoayuda, que enriquecieron a los líderes de las ONGs, perjudicaron a los movimientos sociales locales y no fueron eficaces para reducir la pobreza.

Sin paz, seguridad ni justicia social, y ante el debilitamiento de los movimientos sociales, ¿podemos sorprendernos de que anualmente decenas de miles de salvadoreños huyan de su país? Hay más de 2,5 millones de salvadoreños en el exterior, más del 90% de los cuales vive en EE.UU.

Conclusión: Causas del fracaso del Acuerdo de paz

Haciendo un análisis objetivo, queda claro que el acuerdo de paz firmado por el FMLN ha fracasado en el cumplimiento de las mínimas demandas políticas y socioeconómicas de sus bases. A pesar de los grandes sacrificios y los incontables ejemplos de heroísmo personal, las masas populares de El Salvador fueron despojadas de todo logro positivo. Los poderosos movimientos fueron desmantelados por decreto de los comandantes guerrilleros. Los principales líderes que dictaron dichas políticas lo hicieron ya sea porque eran colaboradores de las fuerzas militares de EE.UU. (Villalobos) o aliados de la llamada burguesía "progresista".
Se pueden extraer varias lecciones:

1) El pasado combatiente no es una garantía de compromiso socioeconómico progresista después de la negociación de un acuerdo.

2) Un acuerdo de paz dictado por una élite suele implicar un sacrificio de los intereses socioeconómicos como garantía de ganar una imagen de "respetabilidad" política.

3) Aliados extranjeros "radicales", como Cuba, tienen sus propios intereses políticos para asegurar la estabilidad regional y la paz, y tal vez dichos intereses no coinciden con las necesidades socioeconómicas de un movimiento revolucionario de masas.

4) Los acuerdos de paz deben incluir de manera directa a los representantes de los movimientos populares de masas e incorporar sus demandas.

5) Los acuerdos de paz que desarman a los insurgentes y mantienen a las fuerzas armadas, que son el sostén de la élite económica y de su control sobre los sectores estratégicos de la economía, dan como resultado una continuidad de las políticas neoliberales y de las bases militares de EE.UU. y producen la integración de los ex líderes guerrilleros en un sistema político corrupto y reaccionario.

6) Un pacto de paz que no genere inversiones públicas masivas en el sector laboral, obras públicas, reforma agraria y otras actividades productivas dará como resultado el desempleo de los ex guerrilleros jóvenes que se incorporarán a pandillas de tráfico de droga y otros delitos.

7) Los ex líderes guerrilleros promoverán sus carreras electorales y trabajarán dentro del sistema adoptando políticas neoliberales -como lo han demostrado numerosos casos. En Colombia, por ejemplo, Antonio Navarro Wolff, ex integrante del M-19 se convirtió en un aliado del entonces Presidente Álvaro Uribe y su régimen de escuadrones de la muerte cuando fue gobernador de Nariño. Teodoro Petkoff, ex guerrillero venezolano, devino en uno de los ideólogos del programa de austeridad del FMI durante el gobierno de Caldera. Joaquín Villalobos, el ex guerrillero salvadoreño del ERP, se convirtió en asesor de la CIA y de varios regímenes criminales que le pagaron cuantiosas sumas por su asesoramiento.

Los movimientos populares deben establecer sus propias prioridades socioeconómicas y estar presentes en cualquier proceso de paz.

La vasta mayoría de los obreros, campesinos y estudiantes quieren una paz que vaya acompañada de cambios en el sistema socioeconómico. Esto incluye expropiación de tierras irrigadas y fértiles; el fin de la represión sindical y el establecimiento de nuevas leyes laborales que protejan los sindicatos; la duplicación del salario y la formación de comités de trabajadores que supervisen a la administración.
Para que sea posible implementar un programa público a gran escala generador de empleo, se requiere un sistema impositivo progresivo, que use los impuestos a los ricos para financiar infraestructura y empresas productivas. Las agencias del medioambiente constituidas por ecologistas, indígenas y líderes campesinos deben tener el poder necesario para regular las actividades mineras y garantizar que exista una distribución equitativa de los ingresos impositivos y los pagos de royalty.

Por encima de todo, para que un acuerdo de paz funcione debe existir un estado democrático, en el que: se desmantelen las Fuerzas Especiales, los programas de contrainsurgencia, las bases militares y las misiones de asesoramiento extranjeras. El abyecto fracaso del FMLN para cambiar la sociedad de El Salvador y mejorar las condiciones de vida de las masas estuvo directamente relacionado con su inserción en el estado capitalista y su subordinación a la economía neoliberal.

La "teoría de las etapas" del gurú del FMLN, Shafik Handel sostenía que la "modernización capitalista y la democracia" en alianza con la burguesía moderna era el "objetivo inmediato" mientras que el socialismo era para el "futuro distante". Esta "teoría de las etapas" dejaba de lado el hecho de que la "burguesía moderna" estaba estructuralmente atada a las élites de los terratenientes tradicionales, la banca y el imperio, y no estaba, de ninguna manera comprometida con una supuesta "revolución democrática". El FMLN, descartó el socialismo, nunca logró concretar una revolución democrática y finalizó presidiendo un país empobrecido y desgarrado por delitos sangrientos en el que la élite política era socia de los mismos clubes sociales que su antiguo enemigo de clase.

Es necesario que las FARC estudien atentamente las lecciones negativas del pasado, de los desastrosos acuerdos de paz de América Central, del MR-19 que se rindió a un estado de narcos, para de esa manera proponer un acuerdo de paz en consulta con la mayoría del pueblo y en beneficio de ella, y no uno que simplemente les garantice puestos en el Congreso.

FARC exigen la presencia de Piedad para liberar a Sutay

Por EFE/Tomado de Revista Semana.

CONFLICTO. Pese al veto de Santos contra la exsenadora, la guerrilla condiciona la entrega del marine (r) a su participación.

Las FARC afirmaron este martes que siguen a la espera de que el gobierno defina cuándo enviará la comisión que propuso la guerrilla para liberar al exmilitar estadounidense Kevin Scott Sutay, secuestrado en junio pasado en el país y a quien calificaron de "mercenario".

"Ya nosotros le mandamos el balón a la cancha del gobierno, nosotros propusimos una comisión de altas personalidades, no tenemos ningún interés en demorar o dilatar la entrega", dijo en La Habana a periodistas el guerrillero Rodrigo Granda o 'Ricardo Téllez', conocido como el "canciller" de las FARC.

Granda, quien es miembro de la delegación de paz del grupo guerrillero, sostuvo que el gobierno "debe definir cuándo se apresta a mandar la comisión" que propusó esa guerrilla para liberar a Sutay, tomado como "prisionero de guerra", según las FARC, el pasado 20 de junio en el selvático departamento de Guaviare.

La guerrilla anunció el pasado 19 de julio, en un comunicado, su intención de liberarlo como un "gesto" dentro del diálogo de paz que se lleva a cabo en Cuba, y para ello, pidió la conformación de un grupo humanitario integrado por la exsenadora Piedad Córdoba y delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja y la organización católica laica Comunidad de San Egidio.

"Los estamos esperando para entregar al marine, que más que marine parece ser un mercenario norteamericano", sostuvo Granda en un intercambio de preguntas y respuestas con periodistas antes de iniciar la reunión de los diálogos de paz.

Según Granda, las FARC consideran que Scott es un "mercenario" porque lo encontraron en un "área de guerra" con pertenencias que incluían "cámara secreta en el reloj", "posicionadores geos", un "uniforme militar en el maletín" y material "de supervivencia".

El grupo insurgente definió de "acto soberano" tanto la "retención" del exmilitar como su proposición de liberación a través del mecanismo de la comisión.


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Las Víctimas del Conflicto Interno colombiano

Cambio Total.

Poco a poco ha ido emergiendo la verdad de las víctimas en las discusiones que se adelantan en el país sobre la Mesa de La Habana como solución a la guerra decretada por la oligarquía y el imperio contra el pueblo colombiano.

Es imprescindible señalar que el Estado representado por el gobierno trata de soslayar su responsabilidad en el Terrorismo de Estado y trata de esconder esa verdad. La mayoría de las víctimas son producidas por la maquinaria asesina de las fuerzas militares-narcoparamilitares, como evidenció el Informe Basta Ya ! que a pesar de su incompletitud y su maquiavelismo ha colocado el dedo en la llaga y ya saltaron los defensores de oficio del estado.

Dice el Informe que 220.000 víctimas ha dejado el Conflicto Interno, cifra incompleta pero que demuestra el horror y la crisisi humanitaria en que han sumido al pueblo colombiano. Si restamos las supuestas víctimas causadas por las guerrillas (recordemos que allí están incluídos el M-19, el EPL, Quintín Lame, CRS, el ELN y las FARC, y todos los demás que han pactado procesos con el gobierno de turno), el 82,7% de las Masacres, el 83,2% de las ejecuciones extrajudiciales o asesinatos selectivos, el 97,7% de las desapariciones, son causadas por el Estado por acción y/u omisión.

El gobierno deberá reconocer la totalidad de sus víctimas y resarcir a sus familias. Igualmente debería hacer las guerrillas en cuanto se compruebe su autoría. Mas no puede colocarse en pié de igualdad una y otra violación. Al gobierno le compete el compromiso mayor por cuanto representa a un estado cuya obligación es precisamente evitar que ocurra lo que ha estado ocurriendo en Colombia, precisamnete porque desde el Estado se adelanta una guerra contra el pueblo. Esa es la causal de las violaciones de derechos humanos. La guerrilla como pueblo en armas responde a los ataques de las fuerzas estatales y esa sería la consecuencia o la reacción a la acción estatal.

Este drama humanitario está ligado –como con los otros puntos- con el punto de participación política y por ellos son las propias FARC las que exigen que el gobierno reconozca la responsabilidad estatal y entre a resarcir a las víctimas, entre las cuales estarían ellas como miembros de la U.P. En el maquiavelimso estatal vemos que ahora el Gobierno sí quiere la presencia de las víctimas en la Mesa de La Habana –cuanod desde siempre las FARC ha solicitado la presencia popular en ella- quizá porque serán ellos los que movilizarán a las « víctimas » del secuestro y dejarán por fuera los miles de miles víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, las despariciones, las masacres, las torturas y el desplazamiento forzado.

Nos impacta la posición farisaica del gobierno quien insiste en negarse a propuestas de la guerrilla de las FARC como la del Cese Bilateral de Fuegos (para evitar más víctimas inútiles –soldados, policías, guerrilleros e hijos de pueblo), la discusión de la tenencia latifundista de la tierra (nudo gordiano del conflicto interno), la disusión de la aplicación del neoliberalismo (como se ve en la venta de las acciones estatales de Isagen y Ecopetrol), e incluso de una Asamblea Constituyente que demuestra el Noísmo del gobierno a propuesta que verdaderamente irían allanando el camino de la Paz y la Reconciliación.

Quiséramso ver una posición realista frente a la Paz y no meramente el farisaico discurso de paz con guerra. Ese es el clamor del pueblo colombiano, pero el gobierno no escucha y parece que en la Mesa se adelanta un diálogo entre un buen escucha –guerrilla- y un sordo –gobierno-, al igual que hace con el contundente « No a la Minería » de los pobladores de Piedras, Tolima.

Prisionero muere en la cárcel Doña Juana por falta de atención médica

Colectivo de Abogados. Presos Políticos. 26 de julio de 2013 Desde la Campaña Traspasa los muros comunicamos a la comunidad nacional e internacional organismos de control, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a los medios de comunicación que el día martes 23 de julio del presente año, un recluso del patio número 9 de la cárcel Doña Juana (La Dorada, Caldas) falleció luego de sufrir un pre infarto sin que fuera atendido de inmediato por la guardia del penal. Según el comité de Derechos Humanos del establecimiento penitenciario de Doña Juana, el recluso murió de manera indigna sin recibir ninguna atención médica. Leer todo>>

¡El video que el Gobierno no quiere que veamos!


Catatumbo Resiste | Solidaridad desde Argentina

¿Por qué clama el Catatumbo?

Pacocol. 
 
Los diálogos de paz de  La Habana, Cuba,  entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno colombiano, parecen haber  destapado en la tierra de Macondo una   inmensa Caja de Pandora.
Por: Annalisa Melandri
Publicación: Lunes, 29 Julio 2013 

Propuestas mínimas para el ejercicio de la oposición política y del derecho a ser Gobierno

Desarrollo del Punto 2 de 10 propuestas mínimas de participación política

http://www.pazfarc-ep.org


Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional

Diez propuestas mínimas de Garantías plenas para el ejercicio de la oposición política
y social y del derecho a ser gobierno En desarrollo de las propuestas para la Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, se presenta el siguiente conjunto de iniciativas correspondiente al segundo punto sobre Garantías plenas para el ejercicio de la oposición política y social y del derecho a ser gobierno:
1. Expedición del Estatuto de la oposición política y social. 2. Reconocimiento especial de la oposición política y social y del derecho a ser gobierno. 3. Garantías plenas para el ejercicio de la oposición política y social. 4. Financiación estatal especial de los partidos políticos y de movimientos políticos y sociales. 5. Umbral electoral y otros derechos de la oposición. 6. Participación de la oposición política en el Consejo Nacional Electoral. 7. Medidas extraordinarias de participación de sectores sociales excluidos y de minorías. 8. Institucionalidad estatal garante del derecho a la oposición política y social y doctrina militar. 9. Compromiso efectivo del Estado con la erradicación y la proscripción del paramilitarismo y de toda práctica ilegal de contrainsurgencia. 10. Medidas de reparación integral del genocidio contra la Unión Patriótica y del exterminio de otras fuerzas opositoras.

2.1. Expedición del Estatuto de la oposición política y social En atención, entre otros, al derecho político a participar en la conformación, el ejercicio y el control del poder político, al derecho a constituir partidos, movimientos políticos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, a formar parte de ellos y a difundir sus ideas y programas, a la libertad de expresión y al disenso, al pluralismo político y la tolerancia, a la acción política social y popular a través de la protesta y la movilización, a la necesidad de una cultura política para la resolución pacífica de los conflictos y a la obligación del Estado de garantizar el diálogo político, deliberante y público con sus opositores, se expedirá el Estatuto de la oposición política y social. La organización institucional del derecho a la oposición política y social, así como su reconocimiento y garantías, constituyen un pilar de la organización democrática de la sociedad y del Estado, de su sistema político y de representación y del trámite pacífico de los conflictos políticos y sociales.

2.2. Reconocimiento especial de la oposición política y social y del derecho a ser gobierno En el entendido que el ejercicio de la política no se limita exclusivamente a la participación en el sistema político y electoral, además de las formas de oposición de los partidos políticos y de los movimientos políticos y sociales, se reconocerán todas aquellas propias de la acción de los movimientos sociales y populares, de acuerdo con sus repertorios de movilización y sus plataformas de lucha. Se entiende por oposición toda acción política de disenso, crítica y fiscalización de las políticas, los planes, programas y proyectos gubernamentales, y de la administración y la gestión del gobierno, ejercida a través del sistema político y de representación, o mediante la protesta, la movilización y la acción directa social y popular. El ejercicio de la oposición se entenderá como un derecho político fundamental, que se llevará a cabo libremente y con plenas garantías; implica la posibilidad de plantear alternativas políticas diferentes a las del gobierno de turno, así como demandar de éste la redefinición y reorientación de sus políticas. La organización institucional del derecho a la oposición política y social presume distinguir entre las formas de oposición política ejercidas en el sistema político y de representación y las formas de oposición ejercidas por fuera de éste. Los partidos políticos y movimientos políticos y sociales que quieran declararse formalmente en oposición se inscribirán como tales en el Consejo Nacional Electoral. La condición formal de opositor conlleva garantías efectivas para el ejercicio del derecho a la oposición. Se habilitarán otros mecanismos, con las mismas garantías, para dar respuesta institucional a las demás formas de oposición política y social. El derecho a la oposición política y social se ejercerá en todos los niveles de la organización territorial sin menoscabo del derecho a la participación política y social. El derecho a la oposición política y social conlleva el derecho a ser gobierno.

2.3. Garantías plenas para el ejercicio de la oposición política y social Además de las correspondientes garantías de seguridad, el derecho a la oposición política y social comprende, entre otros, el acceso libre y oportuno a la información oficial, el acceso a los medios de comunicación del Estado o a aquellos que hagan uso del espectro electromagnético, el derecho de réplica y la obligación de rectificación, así como la definición de mecanismos de seguimiento al disfrute efectivo de este derecho. Se tendrá derecho de réplica cuando el Presidente de la República o miembros del Gobierno Nacional hagan afirmaciones que atenten contra el buen nombre de los partidos o movimientos políticos y sociales de oposición, o contra la dignidad de sus dirigentes, y las mismas hayan sido divulgadas en medios de comunicación social, que utilicen el espectro electromagnético. A los partidos políticos y movimientos políticos y sociales con representación parlamentaria, declarados formalmente en oposición, se les reconocerá adicionalmente la participación efectiva en la conformación de mesas directivas y comisiones del Congreso, la última palabra antes de la conclusión en los debates del Congreso, la participación en la vigilancia y el control sobre procesos electorales, la consulta previa en el caso de asuntos políticos de interés nacional tales como las relaciones exteriores, la seguridad y defensa nacional o la administración de justicia.

2.4. Financiación estatal especial de los partidos políticos y de movimientos políticos y sociales Sin perjuicio de los mecanismos de financiación estatal de los partidos políticos y de los movimientos políticos y sociales, con miras a garantizar el disfrute efectivo, real y material, del derecho a la oposición política y social, habrá una financiación estatal complementaria. Tal financiación tiene la función de proveer condiciones para cualificar el ejercicio de la actividad opositora a través del análisis y la investigación de la información oficial y de los planes y políticas gubernamentales. Los recursos adicionales a disponer equivaldrán a un diez por ciento del total de los recursos públicos asignados para la financiación de los partidos políticos y movimientos políticos y sociales.

2.5. Umbral electoral y otros derechos de la oposición Con miras a garantizar de manera efectiva los derechos de la oposición y de las minorías políticas, el reconocimiento de la personería jurídica de los partidos políticos y de los movimientos políticos y sociales que opten por el ejercicio de la política en el marco del sistema político y de representación, no estará supeditado al logro de un umbral electoral determinado. Para efectos del reconocimiento de dicha personería será suficiente la inscripción del programa político y de los estatutos de la respectiva colectividad. Se reconocerán otros derechos de la oposición y de las minorías: La oposición tendrá asiento en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores; tendrá un representante en la Junta directiva del Banco de la República; los candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal del partido, movimiento político y social, declarados en oposición que sigan en votos a quienes la organización electoral declare elegidos en los mismos cargos, ocuparán una curul en el Senado, Cámara Territorial, Asamblea, Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el período para el cual se hizo la correspondiente elección.

2.6. Participación de la oposición política en el Consejo Nacional Electoral Sin perjuicio del procedimiento de elección popular de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, en su composición se garantizará la participación de representantes de la oposición política y social. Para tal efecto, a ésta le será asignado un número fijo del total de los integrantes que conforman esa corporación.

2.7. Medidas extraordinarias de participación de sectores sociales excluidos y de minorías La cualificación del derecho a la oposición política y social debe acompañarse del reconocimiento y el respeto de los derechos políticos de sectores sociales excluidos y de las minorías. Se respetarán, reconocerán y proveerán garantías para actividades opositoras, de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGBTI. Se creará un fondo especial para atender sus demandas de financiación. Se dará cumplimiento a los términos de la Convención de Copenhague del 18 de diciembre de 1979 y a la ley de cuotas, y se ampliará la participación femenina y de jóvenes en altos cargos políticos, instancias decisorias y de dirección estatal.

2.8. Institucionalidad estatal garante del derecho a la oposición política y social. Doctrina militar Se organizará la correspondiente institucionalidad estatal para garantizar de manera efectiva, real y material, el derecho a la oposición política y social. Tal institucionalidad comprende la promulgación de legislación especial, incluida la política criminal, para la proscripción de prácticas clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas, que permean el sistema político y de representación, el régimen electoral, y los diferentes poderes públicos, restándoles credibilidad y transparencia y generando poderes fácticos sustentados en la compra de votos y el ejercicio de la violencia. De manera especial se proveerán garantías de no estigmatización y criminalización de la oposición política y social, así como garantías de seguridad individual y colectiva para los partidos políticos y movimientos políticos y sociales declarados formalmente en oposición; también para la movilización y la acción directa social y popular y sus líderes y participantes.
La política de seguridad del Estado y la doctrina militar y policial serán reformuladas para desproveerlas de los contenidos propios de la “guerra fría”, expresados, entre otros, en el seguimiento y las escuchas ilegales y en la concepción de persecución y combate al “enemigo interno”. En lugar de ello, se fomentará una nueva cultura política en todos los funcionarios públicos de reconocimiento y respeto del opositor y sus derechos, orientada a la regulación pacífica de los conflictos políticos y sociales.

2.9. Compromiso efectivo del Estado con la erradicación y proscripción del paramilitarismo y de toda práctica ilegal de contrainsurgencia El gobierno nacional se comprometerá con el desmonte efectivo y la proscripción, real y material, de las estructuras paramilitares y de toda práctica ilegal de contrainsurgencia que impida el libre ejercicio del derecho y las garantías a la oposición política y social. Por estructura paramilitar se comprende una compleja organización criminal con funciones de contrainsurgencia, definida ésta en el sentido amplio del término, concebida dentro de las prácticas del terrorismo de Estado y de las fuerzas militares y policiales, auspiciada y/o financiada por funcionarios públicos, grupos económicos, empresas transnacionales, terratenientes y latifundistas, y por narcotraficantes y mafiosos, orientada a la obtención del poder político, económico y territorial mediante el uso de la violencia y el exterminio físico contra partidos políticos y movimientos políticos y sociales opositores, sus militantes y simpatizantes, o contra formas de oposición expresadas en la protesta, la movilización y la acción directa social y popular, sus líderes y participantes, incluyendo el uso indiscriminado de la violencia contra la población. Además de la promulgación de una política criminal orientada de manera específica a ese propósito y de la depuración de los poderes públicos permeados por estas estructuras, se conformará una Comisión de la verdad histórica para el esclarecimiento de sus crímenes, que contará con la participación de representantes de la oposición política y social y del movimiento de víctimas. La mencionada Comisión desempeñará adicionalmente funciones de seguimiento a la política gubernamental en esta materia y velará por garantías de no repetición.

2.10. Medidas de reparación integral del genocidio contra la Unión Patriótica y del exterminio de otras fuerzas opositoras La Comisión de la verdad histórica del terrorismo de Estado tendrá como una de sus funciones específicas el esclarecimiento del genocidio contra la Unión Patriótica, de los crímenes contra sus militantes y simpatizantes, y del exterminio de otras fuerzas políticas opositoras, así como de la desaparición forzada o el asesinato de militantes, simpatizantes y líderes de la protesta y la movilización social y popular. Se procederá a su reparación integral y a proveer las garantías de no repetición. En el caso de la Unión Patriótica, el resarcimiento incluye además, mediante la promulgación de una ley especial, el reconocimiento expreso y taxativo de la responsabilidad estatal frente a la opinión pública y la comunidad internacional, la devolución de sus curules al momento de mayor representación en el poder legislativo en todos sus niveles. Todo ello se realizará en ceremonia pública de reconocimiento, con amplia difusión en los medios de comunicación. El Estado se comprometerá también con la reconstrucción de su memoria histórica.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

Fuente: http://www.pazfarc-ep.org/index.php/2012-12-18-12-20-14/delegacion-de-paz-farc-ep/item/1368-desarrollo-del-punto-2-de-las-10-propuestas-minimas-de-politica-para-la-democratizacion-real-la-paz-con-justicia-social-y-la-reconciliacion-nacional.html

“Somos optimistas: es el momento de buscar la paz”

Entrevista a los comandantes del Secretariado de las FARC en La Habana



Ni en La Habana han dejado su costumbre de madrugar. “Nos levantamos a las 4h30 para despertar a los gallos para que canten”, me dice entre sonrisas Ricardo Téllez, más conocido como “Rodrigo Granda”. Me han citado a las 7am para entrevistar a tres miembros del Secretariado, máxima instancia de dirección de las FARC. Ellos están al frente de los diálogos que adelanta la organización insurgente con la delegación del gobierno colombiano, en La Habana. A este gran salón de una casa de “El Laguito”, donde residen (1), llegan también “Iván Márquez” y “Pablo Catatumbo”. Granda enciende un cigarrillo y bebe la segunda taza de café. Márquez tiene un gran tabaco cubano en la mano, que encenderá “después del desayuno”. Catatumbo sorbe el café y me repite: “Si los tres vamos a decir casi lo mismo, ¿para qué entrevistarme?”. Es la primera vez que un periodista logra tener a estos tres dirigentes guerrilleros juntos.
 
Hernando Calvo Ospina : Comandantes, llevan siete meses dialogando, negociando con la comisión del gobierno con miras a un proceso de paz. ¿Aún son optimistas?
 
Iván Márquez : El optimismo de las FARC lo da la determinación de buscar una solución política a esta confrontación, que ya se acerca a los cincuenta años. Como ellos no nos pueden derrotar militarmente, ni nosotros a ellos, debemos buscar la alternativa. Además las circunstancias, las realidades de hoy, tanto en Colombia como en el continente, indican que es el momento de buscar una salida incruenta. Las guerras no son eternas. Y en este plano hacemos todos los esfuerzos que sean necesarios para llegar al entendimiento con el gobierno.

HCO : ¿Qué se siente al tener tan cerca al que se caracteriza como enemigo?
 
IM : Aunque estamos sentados en la misma mesa dos grupos con visiones muy encontradas, casi antagónicas, ahí tenemos que tolerarnos para entendernos. En una mesa de negociaciones se debe observar un respeto por la contraparte, y creo que eso se hace recíprocamente. Existen momentos con discusiones álgidas, fuertes, pero muy pronto las cosas vuelven a su nivel pues sabemos que debemos llegar a entendimientos.

HCO : Las negociaciones en la guerra se bailan entre dos contrincantes. A mí me parece que más emotividad le ponen ustedes.
 
IM : Tiene razón. En el gobierno siempre ha existido la tendencia a buscar el sometimiento de la guerrilla como sinónimo de paz, y no la paz a través de cambios estructurales. Se quiere una paz gratis para las oligarquías. Nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos para hacer entender que se necesita generar una atmósfera para la paz, y que ella se puede lograr a través de transformaciones institucionales y políticas. Nosotros estamos seguros de que lo más importante para Colombia es garantizar una democracia real donde el soberano, que es el pueblo, determine las políticas estratégicas; donde la opinión de la gente sea tenida en cuenta sin que se le estigmatice y asesine.

HCO:   Quizás me equivoque, pero me parece que en varios momentos el presidente Juan Manuel Santos se ha querido echar para atrás.
 
Rodrigo Granda : No creo que se eche para atrás, pero sí parece acobardado. Es como si le tuviera miedo al ex presidente Álvaro Uribe, a los ganaderos, al poder narco-paramilitar y al sector cavernario en las Fuerzas Armadas. Santos se acobarda a pesar de tener el apoyo de un sector importante de los industriales, de los banqueros y las Iglesias. Por ejemplo, según informes que manejamos, Sarmiento Angulo, uno de los hombres más poderosos de Colombia, está con el proceso de diálogo (2). Las encuestas dicen que el 87% de colombianos también desea la paz. La correlación de fuerzas a favor de la paz es indiscutible. Fuera del uribismo nadie más habla de guerra. Pero parece que Santos no quiere enfrentar a esos sectores liderados por Uribe, entonces se envalentona con nosotros militarmente, y asume posiciones intransigentes que no permiten el correcto desenvolvimiento de los diálogos.

Sabemos que Uribe tiene preparados 13 mil paramilitares, que se conocen extraoficialmente como el “ejército anti restitución de tierras”. ¿Es que las Fuerzas Armadas y Santos no lo saben? ¡Claro que sí! ¿Es a eso que le teme Santos? ¿O es que él lo asume como parte de una posible maniobra contra nosotros?

HCO:  Es claro que Uribe intenta torpedear las negociaciones. ¿Será que quiere volver a la presidencia?
 
RG : Y lo desea para blindarse, porque tiene temor de ser enviado a Miami por narcotráfico; o a la Corte Penal Internacional de La haya por crímenes de Lesa Humanidad. A él le conviene que las negociaciones fracasen para presentarse ante el país como la solución. Aunque el “problema” de la guerrilla no lo resolvió en ocho años de gobierno.

Pablo Catatumbo : De todas maneras Santos y Uribe tienen la misma idea de las negociaciones: un proceso de paz por sometimiento. Están ciegos, sordos y bien errados, aunque se creen muy inteligentes. Y es ahí donde nosotros debemos seguir con sabiduría para demostrarles que están bien equivocados, y que así la guerra seguirá.

HCO:   Por las declaraciones que han dado, más documentos que he leído, ustedes están pidiendo reformas en las instituciones estatales y la modernización del mismo Estado, lo que puede ser contradictorio para una guerrilla comunista, marxista-leninista
 
IM: En la mesa no estamos planteando cambios radicales a las estructuras políticas ni económicas del Estado. Ahí no se habla de socialismo ni de comunismo. Lo que buscamos es generar condiciones para llegar a un entendimiento con el gobierno. Un espacio donde encontremos las distintas visiones. Sabemos que por eso algunas organizaciones de izquierda, no sólo colombianas, ya dicen que nos volvimos una guerrilla reformista.

Hemos hecho propuesta mínimas, como las cien del sistema agrario, que como usted bien dice no son otra cosa que un proyecto de modernización del campo colombiano, pero es que allá estamos viviendo todavía en el feudalismo. Imagine que aún así encontramos resistencias del gobierno.

HCO : ¿Qué se ha firmado hasta ahora entre las partes?
 
RG : Aquí se han firmado algunas cosas, pero no son firmas definitivas porque nada está acordado hasta que todo esté acordado. Existen puntos en los que no logramos ponernos de acuerdo, y los dejamos para volverlos a discutir más adelante. De lo contrario no se avanza.

HCO: Diálogos en La Habana, y fuertes confrontaciones militares en Colombia…
 
RG : Es el gobierno quien no quiere un cese al fuego, por tanto el hecho de dialogar bajo fuego rige para las dos partes.

Nosotros sostenemos fuertes combates diarios, a un promedio de tres por día. Hemos hecho grandes acciones de carácter militar que ellos esconden a la nación. Ahora, ambas partes hemos decidido que todo lo que pase por fuera de la mesa no se debe reflejar ahí.

Nosotros hemos dado muestras de voluntad, como fue la tregua unilateral por navidad, aunque tuvimos que defendernos de las agresiones del ejército. Y lo que también se ha escondido es que en ese mismo lapso de tiempo las transnacionales pudieron aumentar sus ganancias, pues no tuvieron nuestra presión. Por eso es que uno de los motivos esenciales de acabar con las guerrillas, y como sea, es para que las transnacionales puedan robar lo que quieran con absoluta tranquilidad.

HCO : ¿Cuál es, hasta el momento, la principal intransigencia del gobierno en las negociaciones?
 
IM : Sin lugar a dudas es la determinación de no tocar la propiedad del latifundio, cuya mayor parte ha sido amasada a través del despojo violento. Eso le produce temor. Sus representantes, en los intercambios con nosotros, nos han dicho que se podrían “desatar los demonios del paramilitarismo”. Les tienen miedo a los ganaderos y latifundistas, a tocarles un tercio de los 30 millones de hectáreas que poseen, aunque ni vacas las transitan.

Pero una reforma agraria sin tocar la gran propiedad no es reforma. A la propiedad de la tierra hay que ponerle límites. El gobierno ni siquiera ha pensado en poner una tributación como forma de castigo para disuadir la tenencia de tierras improductivas. Cuando hemos propuesto gravar esas grandes propiedades, el gobierno responde que no hay censo confiable, pues no se sabe dónde están ni su extensión. Entonces sugiere que debe darse primero un catastro, el cual puede demorarse de 7 a 10 años. Lo que no dicen es que durante este tiempo los latifundistas pueden arrendar o vender esas tierras a las transnacionales, que es la estrategia en camino.

HCO : Si el gobierno colombiano se decidió a negociar con las FARC fue porque Washington estuvo de acuerdo. Ustedes saben que no es una exageración mía . ¿Cuál es la actitud política actualmente? 

IM: Recientemente 62 congresistas de Estados Unidos, entre ellos dos republicanos, encabezados por Jim McGovern, suscribieron una carta de apoyo a los diálogos. Esta misiva fue enviada al secretario de Estado John Kerry. Este gesto altruista lo hemos saludado. Pero también la Casa Blanca y el Departamento de Estado han expresado su respaldo.

Claro, allá también existen sus divisiones de intereses pues el conflicto colombiano genera dinero. Las poderosas empresas constructoras de armamento no quieren dejar perder ese negocio.

HCO : Ustedes están decididos a dejar la lucha armada. ¿Qué tiene que ofrecerles el gobierno para que ello se logre? Y ustedes, ¿en qué se transformarían?
 
RG : El presidente Santos, durante el carteo inicial que tuvo con nosotros, nos dijo que deseaba abrir las compuertas a una democracia real en el país. Eso nos llamó la atención, porque nosotros nunca hemos dicho que la lucha armada sea el único camino para cambiar al país. Nos levantamos en armas, y seguimos con ellas, porque con violencia han cerrado las puertas a la participación política.

Es que si se abre la posibilidad de hacer política legal, sin la amenaza permanente del asesinato, en igualdad de condiciones y se hacen unas reformas políticas que puedan enrumbar al país hacia la democracia participativa, nos apuntamos. Porque se podría crear una correlación de fuerzas favorable al movimiento revolucionario, que encaminen las transformaciones radicales necesarias. Nosotros aceptamos ese reto.

PC : Se necesita construir un movimiento de masas fuerte que imponga los cambios, pues el establecimiento no regala. Esa es una tarea de nosotros, los militantes de izquierda y los demócratas. La sabiduría está en armar un bloque de poder que aglutine a todos los que estamos por una nueva Colombia. Ese es el reto, y no es pequeño.

Pero mire usted, mientras hablamos de ello en la mesa de negociaciones sigue la represión por todo el país. El gobierno no ha variado un ápice en cuanto al tratamiento de la protesta social: la estigmatiza, asociándola con las guerrillas para poderla criminalizar y arremeter a tiros. Y si existe algo que tenemos muy en claro es que no estamos dispuestos a repetir la experiencia de la Unión Patriótica, donde asesinaron a casi 4 mil militantes y dirigentes (3).

La historia, cuando no se manipula, no miente: los violentos han sido ellos. Cuando a los enviados del gobierno en estas negociaciones se la recordamos nos dicen que no están ahí para saber de eso. ¿Por qué? ¿De qué les da temor o vergüenza? Si no se conoce la historia de violencia política en Colombia, ¿cómo vamos a saber el por qué llegamos a la situación actual y cómo resolverla?

IM : Hay tres puntos en la agenda a tratar: garantías para ejercer la actividad política, la participación política y el cese al fuego bilateral y definitivo. En este último se hablará de la dejación de armas y en qué condiciones. Pero entiéndase bien: no es entrega de armas. No podemos extendernos ahora en estos puntos hasta que no se discutan en la mesa, y serán de los últimos en la agenda.

HCO : ¿Y qué va a suceder con el paramilitarismo? 
 
IM : Tiene que erradicarse de manera definitiva, porque sin ello no habría ninguna certeza para una organización insurgente que se incorpore a la vida política legal. Esa es una condición insalvable para poder llegar a un acuerdo de paz. Y es el gobierno quien tiene que dar la orden a sus generales de detener esa estrategia contrainsurgente del estado.

HCO : ¿Ustedes están decididos a pedir perdón por la parte de sufrimiento que han causado en esta guerra? 
 
PC : Hemos cometido errores, algunos graves, es cierto. Pero diga lo que diga la propaganda, la agresión a la población no ha sido una estrategia de las FARC. Al contrario, la hemos defendido del ejército y sus paramilitares, principalmente en el campo.

Yo no tengo problema en decirle a una señora, a una familia: “siento el dolor que le hemos producido con la muerte de su ser querido.” Pero esto es mucho más complejo. ¿Hay que pedir perdón? Muy bien. Entonces que se sienten con nosotros los gremios económicos que han financiado la guerra y a los paramilitares; que vengan todas las instituciones del Estado, pues ellas están encuadradas para la represión y la impunidad; también los grandes medios de comunicación, porque reprodujeron las estigmatizaciones de los organismos de seguridad que antecedieron a los asesinatos y masacres; los partidos políticos de derecha también deben sentarse y presentar sus grandes responsabilidades; los ex presidentes de la república que dieron las ordenes. ¡Es que ni la Iglesia católica puede eludir sus culpas! Y no pueden quedarse por fuera de ese acto de responsabilidades los gobiernos de Estados Unidos, Israel, ciertos países de Europa y los demás que han apoyado a los distintos gobiernos criminales de Colombia. Sentados todos, sí podemos ver quiénes han sido los terroristas y asesinos del pueblo.

HCO : Ustedes señalan, y con razón, al gobierno, sus Fuerzas Armadas y a los grandes medios de comunicación como responsables de la guerra sicológica y de propaganda contra la insurgencia. Pero creo que un importante sector de la llamada intelectualidad se ha ensañado contra la lucha armada que hasta ayer apoyaban. 
 
PC: La mayoría de intelectuales en Colombia, y seguramente en el mundo, sufren de cobardía, de acomodamiento o ambos. Casi todos se dejaron meter por el sistema en la matriz de la mentira, y los utilizan para “teorizar”, crear y repetir falsedades. Muchos se la pasan haciendo discursos contra la manipulación de los medios, pero cuando el sistema arranca en campaña contra un objetivo, ellos empiezan como los loros.
En el caso colombiano, el sistema les metió a la cabeza que las guerrillas somos culpables de todo. A pesar de que muchos de ellos se creían, o se creen, de izquierda, corearon que somos responsables de la violencia, el narcotráfico, el secuestro, la pobreza, del alza de la gasolina y de los plátanos. Le aseguro que si mañana los pájaros dejan de cantar, esos “intelectuales” repetirán lo que diga el gobierno y sus medios: la guerrilla es culpable. Han caído en tal pobreza investigativa y de raciocinio tal que sus análisis y teorías no soportan el mínimo debate, por lo menos con nosotros. Bueno, ellos piensan que si debaten con nosotros después los matamos. Ni siquiera son capaces de caer en cuenta que si fuera así, en Colombia ya quedarían poquísimos “intelectuales”. El cerebro no les da para observar que quienes guardan su independencia intelectual y política, son a los que el gobierno señala de ser amigos o cómplices de la subversión.

HCO : Debo reconocer, y ya es para terminar, que no soy muy optimista con estos diálogos. Yo creo que Colombia y los colombianos se merecen una paz con justicia social, pero conozco al Estado colombiano, conozco a Estados Unidos que es su sostén y quien al final decide. Ojalá que esa larga noche que impuso el terrorismo de Estado se detenga y por fin amanezca. Lo deseo de todo corazón.
 
PC : Mire, las condiciones políticas en América Latina han cambiado. ¿Quién se iba a imaginar lo que pasó en Venezuela y Bolivia con la llegada de Chávez y Evo? ¿Quién iba a imaginar que llegarían otros gobiernos en América Latina para exigirle a Estados Unidos el respeto a la soberanía? Existen cosas impredecibles, como fue el fin de la Unión Soviética.

En Colombia existe un acumulado de hambre, exclusión, injusticias y represión. Llega un momento en que la gente no aguanta más. Existe un acumulado de procesos larvados que pueden saltar en cualquier momento. Existe una ebullición que podría estallar mañana mismo.

Además la problemática colombiana no es una isla. Los países vecinos están presionando al gobierno porque ya están cansados de que el conflicto les afecte. Venezuela tiene unos 4 millones de desplazados; Ecuador casi dos millones. Creemos que existen de 13 a 15 millones de colombianos en los países limítrofes, o sea, la tercera parte de la población colombiana. Y estos países deben darle vivienda, alimentación y salud. ¿Hasta cuándo? A ello súmele los gastos para resguardar las fronteras. ¡Todo porque el Estado colombiano insiste en no negociar un conflicto que no va a ganar! Nosotros les hemos pedido a los representantes de esas naciones que le exijan al colombiano que haga la paz para que regresen los compatriotas.

Somos optimistas. Los revolucionarios debemos de ser optimistas, hasta en las peores situaciones. Y nosotros creemos que la paz llegará a Colombia porque la merecemos. La otra perspectiva es la guerra total. Por eso digo que es el momento, aunque no es fácil. Este proceso de paz es demasiado complejo, pero creemos que es posible. Insistimos en luchar por la paz, y por eso no vamos a cruzarnos de brazos.
Yo sí tengo esperanzas, a pesar de que al poder y a la oligarquía colombiana les hace falta grandeza y humildad para empezar a solucionar este conflicto.

NOTAS:
  1. Como “El Laguito” se conoce un conjunto residencial en La Habana. Sus casas, casi todas de dos plantas, están separadas por arboles y jardines. En el centro hay un pequeño lago. Desde noviembre 2012, en este sereno entorno se alojan las delegaciones de las FARC y del gobierno colombiano.
  2. Según la revista Forbes (edición 2012) Luis Carlos Sarmiento Angulo figura como el primer multimillonario de Colombia, y ocuparía el puesto 64 en el mundo.
  3. La Unión Patriótica nació en 1985, como resultado de los diálogos entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC. Según dictaminó la justicia colombiana, contra ella existió un “genocidio político".

(*) Hernando Calvo Ospina es periodista y escritor colombiano, residente en Francia y colaborador de Le Monde Diplomatique. Su página web: http://hcalvospina.free.fr/

“El Estado General Psicótico de Simulación Socialista”

 
Estoy seguro que tenemos razón en NO CALLAR, por lo que a los que somos más, a los que hemos decidido por siempre el camino de la irreverencia con unidad revolucionaria, les envío una cita fotográfica de nuestra realidad hecha por Chaplin, en la que el cineasta retrata, como nos quisieran echar...!

Son cientos, seguro la mayoría de los bolivarianos, que no estamos dispuestos a dejar de “ser Chávez”, es decir somos obstinados(as), tercos(as) y consecuente chavistas. Revolucionarios(as). Por tanto, la suerte de nuestro gobierno, dirigido por uno de los hijos del Comandante eterno, Hugo Chávez, es nuestra suerte. Los que nos la hemos jugado siempre con él, y antes de él, por la revolución socialista, somos intransigentes en su defensa. Sabemos que los cuellos no retoñan, y si los fascistas regresan al poder, es precisamente a nosotros los primeros a los que nos los cortarán. De ello no debe quedar ninguna duda.

Como digo lo uno, digo lo otro. En este proceso revolucionario muchos sentimos, y en casos específicos sabemos, que hay quienes nos prefieren fuera de él. Son los burócratas del Estado o del PSUV que han llamado algunos, reduciendo el problema solo a lo electoral: “Los Mata Votos”, a los que le favorecería nuestro silencio o sumisión adulante. Son los que nos quieren callar, criminalizan nuestras críticas, o intentan matarla con la cesura, el pernicioso rumor injurioso y/o el silencio.

Particularmente en días recientes hemos lidiado con casos de pensionados en sacrificio impenitente, tratando de que el Seguro Social Obligatorio, le reconozca su pensión. Teniéndolas aún completas, debe probar una y mil veces, en colas madrugadores, con recaudos a veces imposibles de obtener, que son acreedores de ese beneficio; por el que tanto peleo nuestro pueblo y comenzó a resarcir el Comandante. Pero que la corrupción se empecina en eliminar haciéndolo inaccesible e humillante tras exprofesa telaraña de trámites.
El otro caso es el del camarada Eduardo Samán, “defenestrado” en sus funciones, para ejercer las competencias plenas como Presidente de INDEPABIS, impidiéndole que nombre o destituya funcionarios “bajo su responsabilidad y supervisión”. Caso este del que la única explicación oficial que hemos tenido, es que “no debemos dejarnos provocar y velar por la unidad”.

Y el otro caso que debo referir, es el de la criminal detención ilegal, por más de dos años, del Alí Primera colombiano, Julián Conrado(1), en el que al extremo de la inmoralidad se ha llegado violando todas las leyes y disposiciones nacionales e internacionales, donde además del más pérfido silencio, se ha dicho que “está preso para protegerlo”.

Estoy seguro que tenemos razón en NO CALLAR, por lo que a los que somos más, a los que hemos decidido por siempre el camino de la irreverencia con unidad revolucionaria, a los que “Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir”, les envío una cita fotográfica de nuestra realidad para reafirmar nuestra indoblegable voluntad de NO CALLAR. Texto extraído de la autobiografía del genial Charles Chaplin (2), en la que magistralmente el cineasta retrata, como nos quisieran echar de “su espectáculo psicótico de simulación socialista”, por no callar tanta ineptitud, corrupción y ausencia de ética. Por “aguarles la fiesta”.
En el texto puedes sustituir, con tu propia creatividad, los personajes que se sientan en las diferentes mesas a las que se refiere la película, con el burócrata que padeces.

“Le echan porque está perturbando el espectáculo”
 “Mientras estábamos cenando en mi casa, Igor Stravinsky sugirió que debíamos hacer una película juntos. Yo inventé un argumento. Debía ser surrealista, dije; un night-club decadente, con mesas alrededor de la pista de baile, y en cada mesa grupos y parejas representando los placeres del mundo: en una mesa la avaricia, en otra la hipocresía, en otra la crueldad. En la pista se representa La Pasión, y mientras se lleva a cabo la crucifixión del Salvador, los grupos de las distintas mesas la miran con indiferencia: unos encargan la cena, otros hablan de negocios, y tampoco se preocupan gran cosa los demás. El gentío, los Sumos Pontífices y los fariseos alzan los puños ante la Cruz, gritando: ‘Si eres el Hijo de Dios, desciende y sálvate a Ti mismo’. En una mesa cercana un grupo de hombres de negocios están hablando con animación de una transacción importante. Uno chupa nerviosamente su cigarrillo, mirando hacia el Salvador y echando el humo, sin darse cuenta, en su dirección / En otra mesa, un hombre de negocios y su mujer están sentados, estudiando el menú. Ella levanta la vista; luego, nerviosamente, pone su silla de espaldas adonde se está representando el espectáculo.
-No puedo comprender por qué viene la gente aquí -dice, molesta-; resulta deprimente.
- Es una buena distracción -dice el hombre de negocios-. El local estaba en quiebra, hasta que montaron este espectáculo. Ahora ya no tienen pérdidas...
A medida que el espectáculo avanza, un borracho… se encuentra en un plano diferente: está sentado solo y empieza a llorar, gritando:
-¡Mirad! Le están crucificando, ¡y a nadie le importa!
Se tambalea sobre sus pies y alarga sus brazos, suplicante, hacia la Cruz. La mujer de un ministro, que está sentada cerca, se queja al maître, y sacan de allí al borracho, que sigue llorando y profiriendo reproches:
-¡Mirad! ¡A nadie le importa! ¡Bonita pandilla de cristianos sois vosotros!
-¿Comprende usted? -le dije a Stravinsky-. Le echan porque está perturbando el espectáculo” (Historia de mi vida. Charles Chaplin. Taurus, Madrid, 1964, págs. 383-4).
¿Quién más pone su silla de espaldas a donde se está representando el espectáculo? (2)

Continúa la función
Suponiendo que la función, es en nuestra querida revolución, y convencido que vivimos en un "Estado General Psicótico de Revolución Socialista" (“La Corrupción Política” (3)), ponga Usted la obra a ser representada en sustitución de “La Pasión”: “Abuelos(as) en el Seguro Social Obligatorio”, “Presidente de INDEPABIS”, “Julián Conrado preso ilegalmente”, con los burócratas simuladores de socialistas de cada caso.
Por supuesto a Usted, abuela o abuelo, a los consumidores, estafados o en peregrinación de compras, y a todos los que asumimos llamarnos Julián, nos corresponde el papel del borracho. Pero nunca vamos a callar, ni a dejar de ser Chávez…!
¡¡¡Yo también soy Chávez!!!
Gracias.

(1) Ante la Sala de Casación Penal del TSJ. Defensa de Julián Conrado emplaza al Tribunal Supremo de Justicia y al gobierno venezolano
 http://www.aporrea.org/ddhh/n232777.html 
(2) El show de Santos. "La exclusión de la otra Colombia"
 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=171670&titular=la-exclusi%F3n-de-la-otra-colombia-
 (3) “La Corrupción Política” expuesta por Enrique Dussel, citada por Hugo Chávez en : “Chávez sobre la corrupción 13 / 02 / 2011.mp4”
http://www.youtube.com/watch?v=LHYXqgmA-KM



*Militante del PSUV – Caracas.
tdelatorre2021@gmail.com
 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

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