En
los primeros nueve meses del año 2007 el Gaula del Ejército, en
Córdoba, bajo el mando del mayor Julio César Parga Rivas, cometió 48
asesinatos en personas protegidas, llamados eufemísticamente ‘falsos
positivos’.
El oficial confesó que utilizó 87 millones de peso
s de la entidad para gastos relacionados con los
crímenes, entre ellos las armas que les ponían a las víctimas para hacer
creer que eran delincuentes.
Para la época,
el Gaula bajo el mando de Parga era uno de los que mejores resultados
entregaba en el país, lo que le valió ser distinguido como un oficial
brillante. Varias veces a la semana, en diferentes operaciones que se
realizaban en contra de supuestos extorsionistas y secuestradores,
dejaban entre dos y tres personas muertas durante los combates.
Lejos
de la realidad de los buenos resultados estaba toda una maquinaria
criminal que se aprovechaba de la necesidad de muchas de las víctimas
para engañarlos y llevarlos a la muerte. Las supuestas bajas se daban en
diferentes municipios de Córdoba, muchas de ellas muy cerca de
Montería.
En el momento de reportar los
muertos en combates, se presentaban algunos como extorsionistas,
ladrones o secuestradores. En su mayoría, no tenían documentación
personal y pasaban como personas sin identificar. Hasta ese momento todo
se mostraba como el fruto del trabajo que había detrás de un oficial
brillante y de sus hombres dedicados a contrarrestar la delincuencia que
afectaba a la ciudadanía.
Pero las
investigaciones de la Fiscalía comenzaron a decir lo contrario. Muchos
de los estudios forense demostraban que los supuestos delincuentes jamás
habían disparado armas y que la trayectoria de los impactos en sus
cuerpos no concordaban con las declaraciones de cómo se habían dado los
presuntos combates. Esto se sumó a que las mencionadas denuncias de
extorsiones, que fueron los orígenes de los operativos, en realidad no
existieron.
Tampoco se pagó dinero a informantes, con el cual se había justificado que el Gaula Córdoba gastara de su rubro 87 millones.
Las víctimas
Lo
que más causó asombro de todo fue conocer el perfil de las 48 personas
que habían muerto aunque algunas de ellas no han sido identificadas
hasta el momento. El común denominador era el de ciudadanos de escasos
recursos, sin empleo y de diferentes regiones del país. Algunos eran
desmovilizados, desplazados, albañiles, vendedores ambulantes y hasta
habitantes de la calle afectados por la drogadicción.
Todos
los crímenes fueron confesados por el entonces mayor Parga, quien narró
que él sabía de las falsas operaciones. Contó cómo firmó las
autorizaciones para las mismas, cómo en cada una se justificaron pagos a
informantes que nunca existieron (que iban desde 1,5 hasta 6 millones
de pesos) y la manera en la que los intermediarios conseguían a los
incautos para que viajaran a diferentes poblaciones de Córdoba con la
promesa de conseguir trabajo.
“Para lograr su
objetivo, el comandante mismo del Grupo Gaula-Córdoba, el señor Julio
César Parga Rivas, tomaba indistintamente recursos de los rubros de
Gastos Reservados del Gaula, para comprar armamento que en ocasiones
resultaba defectuoso y poder, de esta forma, recrear la escena de un
combate armado, asegurándose previamente que las víctimas se
encontraran en total incapacidad de reaccionar ante un ataque inminente,
ya que como relata el ente acusador y los familiares de las víctimas,
estos fueron engañados con falsas promesas de encontrar un empleo que
mejorara sus condiciones de vida”, indica el fallo de cien páginas.
Era drogadicto
Uno
de los casos que más llamó la atención durante la investigación fue el
de Jorge Hernández, quien viajó desde Medellín a Montería para radicarse
en esta ciudad. Allí su vida se fue por un mal camino que lo llevó a
caer en la drogadicción, lo que según algunos de sus conocidos, lo
convirtió en un habitante de la calle que se dedicaba a robar cable
telefónico para conseguir su droga.
Un día,
quienes estaban acostumbrados a su presencia, no volvieron a saber de
él. Al cabo del tiempo conocieron que había muerto el 20 de mayo del
2007 durante la operación militar ‘Mineros 8’ del Gaula Córdoba y que
fue presentado como un supuesto delincuente.
El
‘oficial estrella’ también se vió vinculado con la muerte de Fren Darío
Chanthe y Yeison Hidrovo, quienes fueron asesinados el 7 de septiembre
del 2007. En la orden de operación existieron serias inconsistencias
como las diferentes versiones en fecha y hechos.
En
el reporte, aparecía que los combates ocurrieron a las 3:30 a. m.,
mientras las necropsias arrojaron que las dos personas murieron a las
2:30 a. m. de ese mismo día, es decir una hora antes de que se diera la
supuesta confrontación.
Pese a que en su
momento los soldados que participaron en el operativo dijeron que
estaban en condición de desventaja sobre los supuestos subversivos que
los atacaron, una de las razones que los dejó en evidencia es que
ninguno de ellos resultó herido.
En este caso,
la Fiscalía aseguró que jamás hubo combate alguno, sino que los jóvenes
intentaron huir para salvar sus vidas mientras que los miembros del
Gaula los persiguieron para luego matarlos: “una cacería”, del cual
fueron víctimas Efrén y Yeison”.
Parga confesó
su responsabilidad en este y otros casos más. Aseguró que el
reclutamiento de las víctimas se dio en masa y que no conocía la
procedencia de las personas, pues de eso se encargaban algunos miembros
de la Red de Cooperantes.
Falsificaban documentos
La
Fiscalía también dejó en evidencia cómo el oficial y las demás personas
implicadas en el caso conseguían las firmas que les permitieron
legalizar los pagos a los supuestos informantes. Un caso es el del
sobrino de un soldado profesional a quien aparecía que le habían
cancelado cuatro millones de pesos, cuando en realidad su familiar le
dio 20.000 pesos para que le firmara un documento en blanco. Esta
versión la corroboró el mismo joven ante las autoridades.
Los
48 homicidios llevaron a que el paso 30 de julio, luego de acogerse a
sentencia anticipada y aceptara los crímenes, el juzgado penal del
circuito especializado adjunto de Montería condenara Julio César Parga
Rivas a la pena de 60 años de prisión, pero ante su allanamiento a las
conductas imputadas recibió una rebaja de la mitad de la pena.
Parga
fue hallado responsable de los delitos de homicidio agravado en
concurso material, heterogéneo con el de favorecimiento de homicidio,
peculado por apropiación, falsedad en documento público y concierto para
delinquir agravado. Solicitó ser trasladado a la prisión militar de
Tolemaida para purgar allí su condena, petición que fue aceptada por la
juez Rosana Mattar, encargada de proferir su sentencia. El fallo también
incluye que el procesado deberá pagar una multa de 87 millones de
pesos.
Parga extraditado
Pero
los líos jurídicos de Julio César Parga Rivas venían desde mucho antes
puesto que su vida también se vio envuelta en supuestos nexos con el
narcotráfico. Por esta razón fue extraditado a Estados Unidos pero dos
años después, es decir octubre del 2010, regresó al país deportado. En
ese entonces la Unidad de Derechos Humanos lo esperaba para que
respondiera por los ‘falsos positivos’.
Su
llamado ante la justicia de Estados Unidos se dio por supuestos vínculos
con exparamilitares que enviaban droga desde Colombia. De dichas
acusaciones logró salir avante, lo que lo salvó de al menos 30 años de
cárcel. Pero su paso por ese país dejó marcados a algunos oficiales que
fueron salpicados con sus declaraciones.
Familiares
y amigos relatan la historia de cuatro jóvenes de la comuna siete de la
ciudad de Popayán, que viajaron hacia el departamento de Córdoba en
busca de oportunidades laborales pero que fueron asesinados por el Guala
para luego aparecer como muertos en combate.
