Por Johnson Bastidas
Sorprende que la
política editorial de los medios masivos de comunicación, nos esconda en
secciones interiores una noticia que debería ser para la primera
pagina. Por decisión mayoritaria, el Tribunal Superior de Medellín, tomó
la decisión de investigar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez por
promover, auspiciar y apoyar a los grupos paramilitares. La ponencia fue
leída por el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de
Justicia y Paz del tribunal. Este tribunal ha hecho un balance de hechos
delictivos, en los cuales aparece vinculado el ex presidente Álvaro
Uribe Vélez con grupos paramilitares en las últimas dos décadas.
Que
se pida la investigación de un ex presidente por su compromiso
paramilitar, parece no interesarle a los medios masivos de comunicación,
más preocupados por estigmatizar a los participantes del paro agrario y
popular que desde el 19 agosto cubre todo el territorio nacional.
Todo
el país conoce a partir de hechos y testimonios de mucha credibilidad,
que el ex presidente Uribe Vélez ha tenido un compromiso paramilitar.
Sin embargo, a pesar del pedido del tribunal superior de Medellín, la
impunidad seguirá reinando en torno al ex presidente, si tenemos en
cuenta, que por su inmunidad, sólo el parlamento colombiano, tiene la
potestad para investigarlo y judicializarlo. Todo el país sabe, que el
parlamento colombiano no es una instancia creíble. Durante los temas
cruciales que afectan al pueblo colombiano, el parlamento no ha tenido
la estatura moral para tomar decisiones transcendentales, contrario a
eso, ha legislado contra los intereses de las mayorías sucumbiendo
incluso, en prácticas delincuenciales. No será en el parlamento, donde
se hará justicia si no cambia la correlación de fuerzas que lo componen.
De cómo un presidente se vuelve delincuente
El
sociólogo estadounidense Ch. Tilly después de años de investigación
sobre el desarrollo histórico del Estado, llegó a establecer que en la
configuración de los estados modernos, la guerra había jugado, y juega
un papel importante. En ese desarrollo histórico, entre otras, dos
instituciones han jugado un rol trascendental, ellas son; el ejército y
el sistema de impuestos, instituciones que a la base son los cimientos
del Estado moderno. Siendo esquemáticos, la premisa fundamental de Tilly
es que la guerra hace al Estado y el Estado hace la guerra. Estos dos
procesos son, si se quiere inter-dependientes.
De otro lado, M.
Weber señaló su consabida premisa de que es el Estado el que tiene el
predomino o monopolio de la fuerza. Para estos dos autores, la
legitimidad aparece como un requisito fundamental para este ejercicio.
Esta legitimidad en su ascensión moderna, pasa por respectar el
ordenamiento jurídico, palabras más, palabras menos, el Estado de
Derecho vigente, cosa que Uribe Vélez nunca hizo.
Muchos jefes
de Estado se creen investidos por una misión sagrada de violar las leyes
que ellos mismos han ayudado a promulgar, cuando en realidad, ningún
jefe de Estado o de gobierno puede esgrimir, bajo el argumento de las
amenazas contra el statu quo o las instituciones que, en aras de su
defensa, el régimen que preside se puede desbordar el marco jurídico
vigente. El estado y el régimen político en cabeza de un presidente o un
jefe de Estado, no puede bajo ninguna circunstancia combatir una
rebelión pasando por encima del Estado de derecho. Un pilar, al menos
teórico de la democracia burguesa es que el Estado, y en su conjunto el
régimen político, no puede recurrir al delito para combatir a quienes le
compiten el monopolio de la fuerza o su legitimidad. Debemos recordar
aquí, que el presidente o jefe del Estado es, el comandante en jefe de
las fuerzas militares (FFMM) y que debe velar para que el poder estatal
opere en los márgenes del derecho. Si no lo hace, el jefe del Estado
viola el ordenamiento jurídico interno y externo ya que las normas del
derecho internacional, -para el caso de una guerra o conflicto interno-
han sido integradas –vía tratados- al derecho interno, como es el caso
del tratado de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Uribe Vélez
ayer y Santos hoy, parecen olvidar el efecto legitimador que tienen sus
actos y palabras cuando estigmatizan a una organización política
opositora, como es el caso actual de la Marcha Patriótica, exponiéndola a
la violencia institucional y para institucional.
En el
proceso histórico de desarrollo del Estado moderno, el Estado se ve
confrontado a ciertos contradictores que le cuestionan su legitimidad.
En algunos casos de orden militar, las fuerzas regulares oficiales
fueron incapaces de enfrentarse con éxito a fuerzas irregulares, por eso
ciertos Estados y regímenes políticos crearon las famosas fuerzas
paramilitares irregulares o grupos de justicia privada que fueron una
extensión de la represión del Estado. Este modelo involucra dos visiones
complementarias, por un lado la visión del enemigo interno, y por el
otro, la visión del soldado-ciudadano que debe luchar junto al ejército
oficial contra los enemigos de la patria. Este modelo paramilitar por
excelencia ha sido utilizado por muchos Estados y regímenes, con el
agravante de la degradación de los conflictos, la violación del Estado
de derecho y del derecho de guerra. El estado participa entonces en la
criminalidad organizada.
Esta criminalidad de los aparatos de
poder muestra que el crimen de Estado es un delito altamente organizado y
jerarquizado, quizá la manifestación de criminalidad realmente
organizada por excelencia (Zaffaroni, 2007: 25). La gravedad de éste
tipo de delincuencia radica en que el nivel superior estratégico del
Estado, es decir su autoridad central utiliza, en el ejercicio de su
cargo las estructuras del aparato estatal [Léase, DAS, ESMAD, FFMM, y
las paraestatales, léase los paramilitares] para la comisión sistemática
de delitos que por sus gravedad y riesgos de impunidad adquieren
relevancia internacional (Faraldo cabana 2006:200). No se puede condenar
a todos los colaboradores cercanos a Uribe Vélez, sin reclamar
responsabilidades a su jefe inmediato, el comandante en jefe de las
FFMM, como no se podía, en Perú condenar a Montesinos sin tocar a
Fujimori. Por lo tanto, un régimen estatal que desde su nivel
estratégico superior ordena la comisión de estos graves delitos no puede
ser calificado como un Estado de derecho.
Hoy cuando el país
vive un justo Paro agrario y popular a nivel nacional, es de extrema
gravedad, cuando un presidente de la república estigmatiza a
contradictores políticos como miembros de la insurgencia armada, y
posteriormente éstos son víctimas de la guerra sucia, organizada desde
el Estado, o desde las fuerzas paramilitares. Este hecho consolida del
dominio que el presidente ejerce sobre la organización y hará que los
ejecutores estén más predispuestos hacia la comisión del delito, en
tanto estos conocen e internalizan que no habrá norma o autoridad que
puedes limitar o sancionar su actuar delictivo. Un comportamiento
reciente, es la actuación del ESMAD ante la justa protesta campesina y
popular.
En su lucha por preservar privilegios del statu quo
vigente, los regímenes políticos con sus presidentes a la cabeza
encubrieron la comisión de delitos graves, por acción u omisión con
actos sistemáticos tendientes a anular al opositor político, tendientes a
desnaturalizar al opositor político, presentándolo como insurgente,
terrorista, apátrida, traidor a la patria, etc. etc. De esos
señalamientos, bajo el gobierno de Uribe no se escapó ni la corte
suprema de justicia, ahora Santos replica el mismo método estigmatizando
a la Marcha Patriótica.
Cuando a través de pronunciamientos
públicos de las más altas personalidades en la jefatura del Estado,
empezando por el propio presidente de la república, el ministro de la
defensa, que en muchas intervenciones reseñas por los medios de
comunicación han incitado a la eliminación física de organizaciones/y o
personas que han osado emitir una crítica contra su régimen acusándolas
sistemáticamente de ser insurgentes, “guerrilleros de civil o
simplemente terroristas”. Esto se ha interpretado como una patente de
corso para que los paramilitares actúen y ejecuten a los opositores
políticos, sindicalistas, defensores de DDHH, y ciudadanos en general.
Pero
Uribe Vélez no es intocable, la señal más clara e importante, es el
antecedente de dos jefes de Estado, uno en ejercicio (El presidente de
Darfur Al Bashir) y otro ex presidente (Alberto Fujimori), no pueden
ocultarse en la inmunidad propia de sus cargos, ésta no le garantiza la
impunidad a ningún jefe de Estado en ejercicio para el caso de Darfur, o
la inmunidad que puede garantizarse un ex presidente, que como en el
caso de Fujimori controló en su momento todas las instancias de los tres
poderes públicos peruanos. Los delitos cometidos por Fujimori y por Al
Bashir son una gota de agua comparado con el mar de atrocidades e
impunidad que ha reinado en Colombia durante los dos mandatos de Uribe
Vélez y que sigue reinando hasta ahora.
Recordemos que las
responsabilidades no se pueden perder en la cadena de mando. Que el
presidente de la república es el comandante en jefe de las FFMM, y que
un funcionario público es culpable por acción u omisión de las funciones
propias de su cargo.
Le corresponderá a la justicia nacional, y
si no, a la justicia internacional establecer la predisposición a la
realización de hechos ilícitos del ex presidente colombiano. El corpus
teórico está ahí, en la tesis de Claus Roxin (2004, 2006) el poder de
mando de Uribe, su apartamiento del Estado de derecho, la fungibilidad y
su disponibilidad para saltarse la constitución nacional deben ser
objeto de estudio del parlamento colombiano, de la corte suprema de
justicia y sino de la Corte Penal Internacional.
A pesar de que
los medios de comunicación silencian el pronunciamiento del tribunal
superior de Medellín, este es un hecho esperanzador para todas las miles
de víctimas del terrorismo de Estado. Hoy ante la dignidad del sector
agrario y popular, que se levanta en una sola voz a exigir sus derechos,
el gobierno de turno repite su ciclo de señalamientos y
estigmatizaciones contra el movimiento social y popular, la oligarquía
colombiana no aprende, incluso en tiempos de diálogos de paz, la
represión y judicialización siguen al orden del día.
