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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

Hey loco, No dispares!

Vamos a Cuentiarnos la Paz

LOS RICOS NO VAN A LA GUERRA

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Testigo contra Santiago Uribe se entregó a la Fiscalía

Un agente de la Policía a quien el mayor Juan Carlos Meneses denunció como autor de al menos uno de los crímenes ordenados por Santiago Uribe se entregó a la Fiscalía. Alexander Amaya tenía orden de captura y ya declaró sobre su relación con los paramilitares de Yarumal, se asume que se acogerá a principio de oportunidad.
Por: Noticias Uno
Publicación: Lunes, 25 Noviembre 2013 02:46

Galería Fotográfica Marcha de las Mujeres por la Paz

Galeria fotografica que muestra el color y la alegria de la Marcha de las mujeres por la Paz.…

El narcotráfico, el estigma de los colombianos

Cambio Total.

Como una maldición se empotró el narcotráfico en la vida colombiana. Vino de la mano de los estadounidenses y se adueño de gran parte de la « sociedad » colombiana. De un país azotado por « la Violencia » -con sus 300 mil muertos y sus 2 millones de desplazados producto de una inexistente violencia partidista liberal-conservadora-, pasó aún sin recuperarse, a la « Nueva Violencia », la violencia contra el comunismo, recetada por la Doctrina de Seguridad Nacional de los gobiernos estadounidenses.

El damnificado siempre ha sido el pueblo. Durante « la Violencia » no murió violentamente ninguno de los dirigentes de los partidos Liberal-Conservador que mandaban a asesinar a sus competidores –godo o liberal-, e incluso el partido Liberal –como una mancha que quiere olvidar- fundó las guerrillas en Colombia. Oficialmente, claro. Durante éstos aciagos años de la « Nueva Violencia », la Violencia Anticomunista, los partidos Liberal y Conservador –que manejan conjuntamente el estado- tampoco han tenido muertos por la violencia, a menos que contemos a Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado asesinados por mismos miembros del « establecimiento », o sea, sus asesinatos fueron ordenadas desde las entrañas del poder, es decir, las organizaciones populares –guerrillas- no han realizado ningún magnicidio, en tanto desde el Estado se han realizado magnicidios de propios y contradictores.

Pues bien, el narcotráfico « empoderó » a las bandas de criminales que se dedicaron a lucrar de este negocio capitalista y desde la « bonanza marimbera » -sufrida en la Costa Caribe-, los ciudadanos de a pié y la clase media sufrieron las tropelías de los nuevos « señores » y sus esbirros y recibían amenazas y hasta los asesinaban hasta por pitalres con un carro o por no querer venderles su casa. Muchos jóvenes seducidos por el « dinero fácil » quedaron tirados en el piso producto de las vendetas de las facciones de narcotraficantes que resolvían sus contradicciones a tiros.

Ya entronizado el narcotráfico de la cocaína –porque ya la marihuana  era sembrada en USA-, la « traquetización » de la sociedad colombiana fue casi total y llegó hasta el Congreso –Pablo Escobar Gaviria –primo de José Obdulio Gaviria JOG- fue « parlamentario » y hasta tenemos un narco-paramilitar ex presidente, Uribhitler. En la aberrancia mayor del poder del narcotráfico durante los 8 años de Uribhitler la mismísima « Casa de Nariño » fue utilizada como « casa de citas » con reconocidos narcotraficantes-paramilitares para urdir un plan para atacar la CSJ, en ese momento en lucha de poderes contra Uribhitler.
Los dineros del narcotráfico fácilmente entraban –y entran- a la economía colombiana y sus estructuras –y su dinero- fueron utilizados por los militares estatales para adelantar la « guerra contrainsurgente », conformando lo que hoy se conoce como « narco-paramilitarismo ». El narco-paramilitarismo fue el « brazo ilegal » del estado, guiado, conformado, dirigido y apoyado logísticamente por las fuerzas militares estatales, y sirvió para adelantar el asesinato de civiles inocentes, desarmados, inermes, en un intento de « secarle el agua al pez ». 

500.000 víctimas son muestra fehaciente de esta macabra orgía de sangre, aunque el estado en su Informe Basta Ya ! solo reconoce 220.000 víctimas. Mas sin embargo, de éstas cifras el estado es culpable del 83% de las masacres, del 83,3% de las ejecuciones extrajudiciales y del 97,7% de las desapariciones. Aún hoy, el estado continúa con los intentos de escamotearle la verdad al pueblo colombiano, ni se diga de la justicia y de la reparación.

Los colombianos ante el mundo sufrimos el estigma de ser catalogados de « narcotraficantes », en obra y gracia de un negocio capitalista abrazado por el mismo estado y utilizado por éste contra el pueblo colombiano.

Ver también: Especial Cambio Total sobre Narcotráfico


Memorias de la guerra

Hace medio siglo, cuando nacían las Farc y asesinaban a Kennedy, salió un libro explosivo, La violencia en Colombia, de monseñor Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna.
Por: Alfredo Molano Bravo.
El país vivía la violencia, pero no sabía de ella. Los medios oficiales no informaban y la prensa estaba amordazada. La obra salió gracias a Belisario Betancur —fundador de Tercer Mundo, que publicó el libro— y puso el dedo en la llaga: la violencia no era un enfrentamiento entre forajidos y el Ejército, sino un plan elaborado en el sótano de las oficinas de los gobiernos de Ospina y de Gómez para reducir al liberalismo, “monstruo horrendo de pérfido corazón masónico, garras homicidas y pequeña cabeza comunista”, usando la Policía, que desde el 9 de abril el régimen había chulavitizado al ser transformada en un cuerpo paramilitar. Cuando el libro salió, el presidente Valencia, de talante conservador, sacó tanques para prevenir un levantamiento. Si el establecimiento hubiera entendido la denuncia, quizás habría evitado el ataque a Marquetalia y a Riochiquito, llamadas repúblicas independientes por Álvaro Gómez, y así, el nacimiento de las Farc.

Se acaba de publicar el informe del Grupo de Memoria Histórica titulado ¡Basta ya! Memorias de guerra y dignidad, dirigido por Gonzalo Sánchez, un estudioso de nuestros conflictos armados. La investigación fue ordenada por la Ley 975 de Justicia y Paz —que acotó los términos y límites del trabajo— y es, por tanto, estatal, pero —y es su gran mérito— no es una versión oficial. Llama actores armados a las fuerzas beligerantes, pero se cura en salud llamando “fuerza pública” a las Fuerzas Armadas y de Policía. Un esguince explicable. Combina testimonios de víctimas con estadísticas escrupulosas y análisis solventes y equilibrados. La recolección de testimonios no fue fácil, porque las víctimas han sido condenadas al silencio por el terror, y su voz, quebrada y adolorida, compromete a quien la oye y a quien la lee.

Las estadísticas, por naturaleza frías y distantes, son atemperadas por la reflexión histórica, pero no se logra —y ello es también explicable— urdir estos dos hilos de la historia de manera concluyente. La opinión pública tampoco sabe ahora lo que sucede en las regiones donde hay combates, porque las fuentes siempre son parcializadas. La guerrilla informa sólo sus victorias y las fuentes oficiales le tuercen el cuello a la realidad de forma tan maniquea, que más que noticias son sentencias. Los paramilitares notifican sus hazañas con los cuerpos mutilados de sus víctimas, cuando no los botan a los ríos “para que la zona no se caliente”, y terminen señaladas, de rebote, las fuerzas que los apoyan.

La Comisión de Memoria hace énfasis en la guerra civil irregular que vivimos desde hace 50 años, no en la condena política sino en la explicación social e histórica de los aparatos de guerra. La violencia no es una simple expresión delincuencial, es una manifestación de los órdenes social y político —dice Sánchez— y por lo tanto —agrega—, la solución no puede ser el exterminio del contrario ni la ilusión de acabar la guerra “sin cambiar nada en la sociedad”. El informe es un avance en la recuperación de la memoria histórica, pero no es la memoria del conflicto. Para serlo serán necesarias las otras versiones: la de las guerrillas y el secreto que se guarda en los sótanos del Ministerio de Defensa y que aclararía los vínculos de la fuerza pública con los paramilitares.

Las conversaciones de La Habana llegarán a un punto donde el Libro Blanco se imponga y contribuya a salir del laberinto donde la paz está presa de la justicia y el cerrojo en manos de una extrema derecha caudillista, sectaria y, sobre todo, armada. La memoria de las víctimas será entonces una activa militancia del tiempo contra el olvido.


Llamamiento de las mujeres a la movilización nacional del 22 de noviembre

Marcha Patriótica.

LA PAZ Y LA DEMOCRACIA CON LAS MUJERES SI VAN
LLAMAMIENTO DE LAS MUJERES A LA MOVILIZACION NACIONAL POR LA PAZ
Bogotá, Noviembre 22 de 2013.

La esperanza de una salida política al conflicto social y armado sigue evidenciándose en el torrente de la movilización social y popular, en este contexto las mujeres convocamos a todas y todos a la movilización nacional el 22 de noviembre, para reafirmar la necesidad de unirnos, protestar, exigir y proponer, cesar la guerra, disponernos a la construcción de paz, y demandar las profundas transformaciones económicas, culturales, sociales y políticas necesarias, para hacer frente a la desigualdad social, a las injusticias, violencias y guerras públicas y privadas, por que deseamos tener un presente libre de violencias y una sociedad en paz donde seamos reconocidas como sujetas deliberantes y decisorias en un nuevo pacto social y sexual.

Por estas múltiples razones, nosotras Mujeres que le apostamos a la paz: sujetas políticas, forjadoras y constructoras históricas de la paz, con voces, cuerpos, y rostros concretos, desde múltiples diversidades, Convocamos a las mujeres que habitan en los territorios de nuestras llanuras orientales hasta nuestras exuberantes selvas del Pacifico, del Urabá a las sabanas y valles del Caribe, de la Sierra Nevada hasta la inmensa Amazonia, pasando por las cordilleras que irrigan el corazón del país, para que hagamos un llamamiento a todas y todos, de todas las etnias, en todas las lenguas, en los territorios, veredas, municipios, ciudades, para que nos unamos a manifestar la exigencia de la tan anhelada paz con justicia social.

Asumimos hoy en el marco del avance del proceso de diálogo entre el gobierno y la insurgencia, la búsqueda y construcción de la PAZ, por ello exigimos a las partes mantener la voluntad política para no levantarse de la mesa, así, como a la sociedad colombiana y sus distintas formas de resistencia a comprometerse a generar propuestas para un país que pueda ir junto con nosotras hacia la justicia y la democracia, un país que se disponga a vivir en paz.

Es así que las Mujeres comprometidas con la construcción del bien sublime de la paz desde la diversidad de propuestas: políticas, sociales, religiosas, culturales, artísticas, profesionales, laborales, juveniles llamamos al conjunto de las fuerzas sociales y populares a sumarse al compromiso de proteger y acompañar el proceso de diálogos que se desarrollan en la Habana, más aun frente a la arremetida de sectores contradictores de la paz; que por el camino de la guerra pretenden sostener sus intereses económicos y políticos; a fin de usufructuar el poder fundamentalmente patriarcal, no solo desde la lógica paramilitar y de recrudecimiento del conflicto, sino también desde el escenario electoral.

Llamamos no solo a movilizarnos, sino a concretar un gran acuerdo y diálogo por la democracia, la paz y la justicia social para todas y todos, que movilice y genere un escenario de debate y reflexión donde miles de colombianas y colombianos participemos, para proteger política y socialmente los acuerdos de La Habana con una retroalimentación desde el movimiento social, siendo indispensable que se sumen y pongan sobre la mesa y en lo público las propuestas que las mujeres hemos venido construyendo ya que somos fuerza vital del país, y agentes primordiales para el cambio social.

LA PAZ Y LA DEMOCRACIA CON LAS MUJERES Sí VAN.


Todas y todos por un acuerdo de paz con justicia social
SUMATE Y MOVILIZATE CON NOSOTRAS HACIA BOGOTA EL 22 DE NOVIEMBRE

Prensa Rural: Familiares de presos exigen mejorar condiciones carcelarias


Familiares de presos exigen mejorar condiciones carcelarias

Sábado 23 de noviembre de 2013
Familiares provenientes de distintas regiones del país arribarán a la ciudad de Bogotá el jueves 28 de noviembre, para realizar una nueva jornada de expresión, la cual tiene como objetivo central denunciar la crisis humanitaria que se vive en las cárceles y penitenciarías del país. La jornada viene (...)

El Movimiento Político y Social Marcha Patriótica expresa su más sentido pésame y abrazo de solidaridad a la familia Jerez Martínez

Sábado 23 de noviembre de 2013
La Colombia en Marcha lamenta el fallecimiento de Aquileo Jerez, reconocemos su valor como luchador de las causas sociales, la memoria perdura en las generaciones que lograrán los cambios profundos por lo que él lucho. De manera especial enviamos nuestro pésame a la familia Jerez Martínez, a (...)

Comunidad de Cajamarca (Tolima) pide acompañamiento contra AngloGold Ashanti

Sábado 23 de noviembre de 2013
La comunidad del municipio de Cajamarca (Tolima) ha lanzado un dramático llamado a la solidaridad y acompañamiento para resistir el embate de la transnacional AngloGold Ashanti que se empecina en convertir a este municipio, considerado otrora la despensa agrícola del Tolima, en un gigantesco (...)

Hostigamiento contra Credhos

Sábado 23 de noviembre de 2013
Prensa Rural reproduce íntegramente la denuncia de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos enviada a nuestra redacción. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS, denuncia ante la comunidad nacional e internacional nuevo caso de atentado, (...)

Desalojo violento a desplazados en Cúcuta

Sábado 23 de noviembre de 2013
El ESMAD desalojó salvajemente a comunidades asentadas en el anillo vial de Cúcuta, destrozando casas y golpeando a civiles, incluida la defensora de derechos humanos Judith Maldonado, galardonada como defensora del año 2012 y premio Shalom 2011. La comunidad recibió en los últimos meses un fallo (...)
 
 

Lizarralde: Un ministro del siglo pasado

Por María Jimena Duzán Revista Semana.

OPINIÓN. Frente al proyecto del ministro Lizarralde, el de Carimagua parece toda una innovación democrática porque al menos no deja endeudado al campesino.

El proyecto de ley sobre baldíos que acaba de retirar el presidente Santos merece ser leído con mucho cuidado porque es toda una caja de sorpresas. 

La primera es el espíritu del proyecto, el cual no parece hecho por un empresario conservador, experto en la agroindust
ria del siglo XXI sino por un terrateniente del siglo pasado, de los años cuarenta, cuando estaban en boga los contratos de aparcería. ¿Saben cuáles son las condiciones 
que proponía el proyecto para que los empresarios entren a desarrollar proyectos agroindustriales en alianza con los campesinos? 

La primera es que se les permite acumular tierras (o UAF) a cambio de que les den el 20 por ciento del proyecto a los campesinos. ¿Y cuáles serían las condiciones en que entrarían los campesinos? Fácil: en lugar de que el Estado les adjudique baldíos a esos campesinos sin tierra, estos tendrían que comprársela al empresario. ¿Y saben cómo la pagarían? También muy fácil: con su trabajo, como sucedía en los contratos de aparcería. 

Bajo este modelo que propone el ministro Lizarralde, los campesinos no solamente quedarían endeudados, sino que tendrían que darle toda la producción al dueño de la tierra, además de trabajar para él. Frente a esta propuesta tan retrógrada, la de Carimagua parece toda una innovación democrática porque al menos no deja endeudado al campesino. 

Pero, además, en materia de acceso a la tierra para el campesino este proyecto va en contravía de lo que ha dicho el propio presidente y de la política que plasmó Juan Camilo Restrepo, el primer ministro de Agricultura de Santos, cuyo objetivo era formalizarles las tierras a los campesinos y titularles sus propiedades. En el país hay cerca de un 50 por ciento de predios sin titular. 

¿Qué proponía el proyecto que fue archivado en esta materia? Pues nada más ni nada menos que la creación de unos baldíos reservados, los cuales podrían ser entregados a los campesinos pero en arrendamiento. 

Estas tierras después de cinco años podrían ser tituladas. Para el ministro, esta es la manera de impedir que los campesinos vendan su tierra como viene sucediendo. ¿Y no será mejor, ministro, que el Estado acompañe a los campesinos con paquetes tecnológicos, construyéndoles carreteras para que puedan comercializar sus productos, que volver a los contratos de aparcería del pasado?
Pero, además, con la dificultad histórica del Incoder para titular, ¿quién cree que a estos campesinos se les va titular alguna vez su tierra? 

El gobierno Santos ha dicho que en su política agroindustrial caben todos; los campesinos y los grandes empresarios. Pero en este proyecto, que fue diseñado por el ministro Lizarralde, solo caben los empresarios. 

Pero no solo este proyecto va en contravía de lo planteado por el presidente en esta materia. También va en contravía de los acuerdos sobre el desarrollo del agro firmados con las Farc en la Mesa de negociación en La Habana. El punto uno no solo acordó impulsar en el campo colombiano un modelo más democrático y equitativo, que fuera incluyente y en el que los campesinos pudieran entrar a hacer alianzas con los empresarios en buenas condiciones, premisa que este proyecto se saltó de manera olímpica. 

También planteó la creación de un fondo de tierras para la paz, el cual debería salir de varios frentes. Uno de ellos de las acciones del Incoder en materia de formalización de ocupaciones y de recuperación de baldíos mal adjudicados. El compromiso que se adquirió era que en dos años (de 2013 a 2014) se debían recuperar cerca de 2 millones de hectáreas. 

Sin embargo, desde que se fue Juan Camilo Restrepo de ese ministerio y sobre todo desde que salió Miriam Villegas de la gerencia del Incoder y su subgerente de tierras, Jennifer Mojica, quienes lograron en tres años la proeza de recuperar después de mucho esfuerzo 122.531 hectáreas, este proceso está frenado. 

Y lo más grave es que el proyecto que presentó el ministro Lizarralde no parece dirigido a agilizar los mecanismos para que el Incoder pueda actuar más rápido en esta materia sino en facilitar el tema de los empresarios que acumularon baldíos de manera ilegal. Tal como están las cosas, hoy no hay sino muy pocas tierras para ese fondo que se creó y lo mismo sucede en el tema de recuperación de tierras para reparar a las víctimas. 

El Incoder está paralizado y la llegada del nuevo ministro Lizarralde ha representado hasta ahora un salto pero al pasado y una vuelta al clientelismo. El nombramiento del nuevo director del Incoder, un recomendado del congresista conservador Hernán Andrade, así lo indica. 

El presidente ha dicho que retiró este adefesio para hacerle unos ajustes al proyecto. Ojalá que sean ajustes radicales. No se puede decir una cosa en La Habana y otra a los empresarios interesados en invertir en el agro.

¿`Disidentes´ por bloqueo a educación en Cuba junto a niña afgana que reclama derecho a escuela?



 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

Colombia Invisible - Unai Aranzadi

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