La violencia oficial siempre generará la lucha, así que para alcanzar la paz es requisito esencial poner fin a ella. Sólo así podrá conseguirse terminar con el conflicto. 

Es abrumadora la cantidad de información divulgada por los medios en torno a los golpes que las fuerzas militares colombianas, guiadas por los asesores norteamericanos, propinan continuamente a distintas unidades guerrilleras, particularmente a las FARC, en desarrollo del conflicto armado interno. El Presidente Santos se ha dado a la tarea de notificar él mismo, con inocultable satisfacción personal,  los éxitos de sus tropas, advirtiendo cada vez que la ofensiva decretada no va a detenerse, sino que antes bien, será profundizada y extendida, descartando por completo cualquier posibilidad de un cese el fuego bilateral, al que considera altamente inconveniente.

Se hace evidente así la intención gubernamental de presentar a la opinión nacional y mundial una guerrilla asediada y derrotada, a la que con todo derecho se cobrará en la Mesa su incapacidad militar y política, negando de plano sus aspiraciones e imponiendo las condiciones de rendición ampliamente promocionadas desde el anuncio mismo de las conversaciones. En parte para taparle la boca a Uribe y su séquito, y en parte para aliviar las inquietudes de los sectores propietarios de la tierra, la industria y las finanzas, así como a las transnacionales inversionistas frente al proceso de La Habana, Humberto de La Calle recién volvió a reiterar esa posición del gobierno nacional.

El Estado colombiano impone unas condiciones salvajes en la confrontación, absolutamente desproporcionadas con relación a las capacidades de su adversario, visibles ante todo el mundo, pero hábilmente presentadas como desarrollos normales de una guerra contra organizaciones capaces de cualquier cosa. La asimetría de fuerzas no pone de presente la fortaleza del Estado o su legitimidad, sino su enorme debilidad política y su falta de argumentos morales. Es increíble que cuando publicitan un número cada vez más reducido de guerrilleros desmoralizados a vencer, estén predicando y aplicando el incremento de sus tropas y recursos de todo orden a fin de lograr reducirlos. Tras los arrasadores bombardeos se oculta un angustioso desespero.

Es que la guerra real, no la de los boletines para la prensa y la televisión, no se está librando del modo como la pintan ellos. Hay que poner de presente que el ministerio de defensa ha  asumido la posición de callar y ocultar los golpes propinados por la insurgencia a su aparato de muerte y terror. Los helicópteros, por ejemplo, se están cayendo por obra de accidentes y casualidades, cuando no se puede ocultar su caída, o sencillamente jamás son alcanzados por el fuego guerrillero. El pasado 22 de diciembre, en el área rural de Briceño, Antioquia, fue destruido por completo uno de ellos cuando se aprestaba a desembarcar tropas en operaciones ofensivas contra unidades del Bloque Iván Ríos.

Pese a que la respuesta defensiva tuvo lugar en el curso del cese el fuego unilateral, el Ejército, por temor a la divulgación del fracaso, se abstuvo de denunciar el hecho como una violación a la palabra empeñada por las FARC-EP, uno de sus recursos habituales de difamación. Igual podría decirse del aparato derribado el 9 de enero por unidades conjuntas de las FARC y el ELN en el área rural del municipio de Anorí, que el alto mando militar prefirió atribuir a cualquier otra causa para evitar que se conociera el desplome de su plan de desembarcos de tropas a distancia. Cada día es más claro que la apelación al recurso de los bombardeos masivos no obedece a otra causa que a la incapacidad del Ejército Nacional para golpear sobre el terreno  a la insurgencia.

Evidencia de ello fue la explosión de un minado el 24 de diciembre, en el que cayó buena parte de los comandos que pretendían avanzar en secreto contra unidades de las FARC en el mismo municipio, hecho que obligó al mando de la Operación a ordenar que se recogieran en helicópteros todos los comandos de tropas especiales que buscaban sorprender a la guerrilla en Anorí, Briceño, Campamento y Tarazá. Tampoco es válido, como lo hace con pretensión el Presidente Santos, considerar que con los ataques aéreos como el realizado contra unidades farianas en zona rural de Murindó el pasado 15 de diciembre, donde a las tres de la madrugada fueron descargadas 24 bombas, con saldo de un guerrillero muerto, se esté propinando la estocada final a las FARC.

Ni siquiera cuando el saldo final ha resultado más trágico, como en Puerto Rondón el pasado 18 de enero, puede decirse que las naves o las tropas de asalto se la cobran fácil frente a una guerrilla a punto de rendirse. En ese bombardeo del que fueron víctimas a la media noche, los guerrilleros del Décimo Frente Guadalupe Salcedo Unda combatieron con sus fusiles desde tierra a la aviación, logrando impactar tres aeronaves y alcanzando varios de sus ocupantes. Se sabe de un helicóptero Bell con ocho disparos en su fuselaje que aterrizó de emergencia en Rondón con un capitán herido en el estómago y un soldado afectado en un brazo. Otro llegó a Arauca con dos soldados contraguerrillas muertos. La pelea, como se ve, es peleando, resistiendo y avanzando.

Los militares contaron dentro de los cadáveres el de Franklin, contra quien se dijo se había realizado la operación, pero su cuerpo no pudo ser encontrado ya que sobrevivió indemne. Como el de Edinson Romaña, de quien se aseguró, incluso varios días después, que había perecido en el bombardeo que sufrió su unidad en el Meta. Ese día, 4 de enero, acababa de retirarse del lugar el representante de Arroz PTC del Huila, quien en perfidia con el Ejército Nacional había acudido a negociar el pago de la ley OO2. Es obvio que llevaba el dispositivo localizador. Pese a los 5 aviones Kafir que se presentaron lanzando bombas de llovizna y a los inmediatos desembarcos de tropa en helicópteros, los combates se prolongaron por cuatro horas hasta las ocho de la noche.

Se conoció de tres helicópteros averiados durante ellos, así como de seis militares muertos y otros ocho heridos, resultados negativos que desde luego jamás se dan a conocer. Además, considerando que la confrontación no es puramente militar sino fundamentalmente política, la arremetida santista contra el movimiento popular, ampliamente denunciada durante los últimos días, con decenas de muertos, amenazados y perseguidos, habla también de un pueblo que manifiesta su inconformidad y se organiza para la lucha. Mucho se dijo sobre el crecimiento de las FARC en los años 90, pero poco se valoró la oleada de crímenes oficiales impunes contra la UP y el movimiento social. Ahora parecen empeñados en repetir lo sucedido en aquella trágica época.

Quizás no vaya y les resulte una consecuencia semejante. La violencia oficial siempre generará la lucha, así que para alcanzar la paz es requisito esencial poner fin a ella. Sólo así podrá conseguirse terminar con el conflicto. Lo demás es perdido.

Montañas de Colombia, 23 de enero de 2014.