Headlines News :
Con tecnología de Blogger.

Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

Hey loco, No dispares!

Vamos a Cuentiarnos la Paz

LOS RICOS NO VAN A LA GUERRA

Blog ESTADÍSTICAS

BLOG DESTACADO

Por qué de la criminalidad de las fuerzas militares... El Estado


​Allende La Paz, Cambio Total.

La galopante e impune -hasta ahora- criminalidad que es endémica al interior de las fuerzas militares ha sido abordada por algunos columnistas de la prensa burguesa y también por algunos partidos políticos de izquierda. ​

De entre ellos llama la atención que pareciera que se quedan por las ramas y no abordan la cuestión en su totalidad. Evidentemente que hay que denunciar los escándalos recientes de esa criminalidad al interior de las fuerzas militares -lo particular-hasta llegar a la totalidad del fenómeno delincuencial.

Lo que enfatizamos en Cambio Total y Anncol es que las fuerzas militares como parte integrante del Estado están corrompidas no de ahora, sino desde siempre. Acaso los delitos de las ejecuciones extrajudiciales son cosa de ahora? No. Siempre hemos insistido que es tan aberrante esa práctica criminal de quitarle la vida a una persona en razón de sus creencias políticas, religiosas, etc, que el pueblo colombiano en su inmensa sabiduría afirma que el primer requisito para ser militar es tener un inconmensurable desprecio por la vida de los demás. Lo que significa ser un asesino.

Más, por que actúan así las fuerzas militares? Que las impulsa a cercenar la vida de seres inocentes y desarmados, incluso por que la servicio contra los que osan enfrentarseles a los tiros?

Evidentemente que ello nace de la propia esencia de las fuerzas militares. La fuerza militar es un aparato creado por el estado para reprimir una clase o clases por otra u otras. En nuestro caso, las fuerzas militares fueron creadas -y por ello dotadas de doctrinas como la de la Seguridad Nacional- para reprimir al pueblo. Pueden esgrimir mil excusas, pero el fin último es reprimir al pueblo, impedirle su manifestación a fin de imponerle las políticas que favorecen a la clase o clases en el poder.

Desde siempre ello ha sido patente. Desde la Ley Heroica fue mostrado el verdadero carácter de las fuerzas militares. La represión violenta de las manifestaciones de los obreros bananeros en Ciénaga (Magdalena) mostró que las fuerzas militares estaban -y están- para defender los intereses de unas compañías extranjeras que llegaban al país a enriquecerse y enriquecer mediante la "coima" a las clases en el poder. La Masacre de las Bananeras en 1928 fue la consecuencia lógica -para la compañía Frutera de Sevilla y para los gobernantes oligárquicos- de la forma como ejercian el poder.


El asesinato de cientos o miles de obreros bananeros mostró el carácter asesino de las fuerzas militares, excusado por los militares porque "la Compañía manda". O sea, nada importa sino los intereses de la Compañía -estadounidense-, y todo esta por encima de la vida de los trabajadores. Desde esa época fue claro para los trabajadores que las fuerzas militares tenía un sello de clase. El sello de la oligarquía en el poder, servil mandadera del imperio estadounidense.

Se comienza a transitar el camino del arrodillamiento servil ante "el oro americano" -como bien dijera J.E. Gaitan. El imperio comenzó su etapa directa de injerencia y con ella creció la monstruosidad de los crímenes cometidos por las fuerzas militares, y su clase oligárquica, los verdaderos responsables intelectuales de esos crímenes. Se sucederían los crímenes de Gaitan y posteriormente los de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, y los de los más de 966.000 muertos que contabiliza el propio pueblo.

Estos asesinatos realizados en diferentes tiempos y circunstancias son muestra de la criminalidad de la oligarquía en el poder y sus aparatos de recesión. Cuanta razón asiste a los representantes populares en la Mesa de Conversaciones de La Habana -las FARC- cuando plantean la necesidad, si queremos una Paz verdadera, de "tocar" no sólo a las fuerzas militares, sino primordialmente el aparato estatal y sus tres pode res. Si no se hace seguiremos en la borrasca de la violencia recetada por la oligarquía y el imperio

"Colombia vive una democracia de papel": Aída Avella Esquivel

Pacocol. Convencida de que la Unión Patriótica (UP) revivió para dignificar la política en Colombia y hacer de regiones como Norte de Santander, verdaderos polos de desarrollo y oportunidades, la candidata presidencial por esa colectividad, Aída Avella Esquivel, presentó ayer en Cúcuta oficialmente el proyecto político que decidió asumir tras regresar del exilio.

Por: Diario la Opinión
Publicación: Jueves, 20 Febrero 2014 

Piden traslado de militares procesados por "falsos positivos" a cárceles ordinarias

Falsos positivos

La solicitud le fue presentada al Presidente de la República por el grupo de "Las Madres de los Falsos Positivos de Soacha". 

Relacionados:
Por: Elespectador.com
Las madres de los “falsos positivos de Soacha le solicitaron mediante a una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos que ordene el traslado inmediato de todos los militares procesados por estas ejecuciones extrajudiciales.

En la misiva, se indica que estos uniformados no pueden seguir recluidos en instalaciones del Ejército puesto que no pueden recibir beneficios procesales y penitenciarios por parte del Estado. “Revocar las leyes y decretos que les privilegian”.

En este sentido consideran que las denuncias presentadas por diferentes medios de comunicación señalan que muchos de estos militares siguen delinquiendo desde la prisión, reseñando el caso del coronel (r) Robinson González del Río, quien tiene múltiples beneficios relacionados con constantes salidas de su lugar de reclusión, un salario mensual y la posibilidad de negociar con sus superiores la entrega de multimillonarios contratos.

“(…) algunos de los asesinos siguen delinquiendo desde las cárceles, recibiendo salarios, celebrando contratos, saliendo de vacaciones, realizando fiestas y fraguando con sus superiores sabotajes a las investigaciones de la Fiscalía”, precisa uno de los apartes de la misiva que fue radicada en la mañana de este jueves.

Ante la “notable impunidad” en los procesos penales y disciplinarios que se adelantan contra los uniformados relacionados con estos casos se pidió la creación de una comisión de expertos nacionales e internacionales con el fin de que se obtengan resultados rápidos y efectivos.

Igualmente le pidieron al Fiscal General darle celeridad a las miles de investigaciones que se adelantan actualmente y a la Corte Penal Internacional que abra una pronta indagación “sobre los altos responsables de los crímenes de nuestros hijos.

Solicitaron además “sacar del Ejército a todos los responsables de esta estructura criminal que nos amenaza, que amenaza fiscales, jueces y testigos, que atentan no solamente contra los derechos humanos sino la paz de Colombia”.

Carta completa
Bogotá, febrero 20 de 2014
Señor:
Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia
Cordial saludo.

Una vez más la indignación y el desaire nos invade, toca con fuerza nuestras puertas y corazones; nosotras las MADRES DE SOACHA, a las que nos arrancaron nuestros hijos, secuestrándoles y desapareciéndoles, luego de ofrecerles trabajo, para posteriormente masacrarles a sangre fría, en hechos que se presentaron por millares a lo largo y ancho del país, en episodios de barbarie mal llamados “falsos positivos”, cometidos por militares contra hombres, mujeres y niños empobrecidos de campos y ciudades; hoy levantamos nuestra voz de protesta frente a las cadenas de corrupción que involucran al alto mando militar para comprar el silencio de los asesinos de nuestros hijos.
Nosotras hemos venido luchando por más de seis años, para conocer la verdad y lograr justicia frente a todos los responsables de los crímenes de nuestros hijos, barbarie que es sufrida por los familiares de más de 5000 víctimas de estos asesinatos en nuestro país, y que ha constituido un vergonzoso ataque a nuestro pueblo por parte de quienes tienen la obligación de velar por nuestros derechos. La respuesta a nuestra lucha ha sido la persecución y las amenazas en contra nuestra que no han cesado, aún así hemos decidido por amor a nuestros hijos no escondernos, ni silenciarnos hasta alcanzar la justicia y la reivindicación del buen nombre de nuestros hijos.
Esta lucha no ha tenido muchos resultados pues la impunidad sigue reinando para proteger a los victimarios, y para silenciar a las víctimas, situación que queda demostrada en las grabaciones reveladas por Semana, en donde algunos de los asesinos siguen delinquiendo desde las cárceles, recibiendo salarios, celebrando contratos, saliendo de vacaciones, realizando fiestas y fraguando con sus superiores sabotajes a las investigaciones de la Fiscalía.
Frente a estas graves revelaciones, Ud. Sr. Presidente y su Ministro de Defensa determinaron una serie de cambios al interior de la institución, relevando entre otros, de su cargo al Comandante de la Fuerzas Militares, General Leonardo Barrero, “no sale por ningún hecho de corrupción. Sale por sus expresiones irrespetuosas”, al haber dicho: “No dejarse joder de esos hp fiscales” que investigan los casos de ejecuciones extrajudiciales, en conversación con el Coronel Robinson González del Río quien está implicado en varios casos de estos, al tiempo que lo invitó a “armar una mafia para denunciarlos” y así detener la acción de la justicia.
Señor presidente: estas afirmaciones no son irrespetuosas, como usted lo dice, son la clara evidencia de que al interior de la cúpula militar, la corrupción hace parte de un complot para impedir el avance de las investigaciones y dejar en la impunidad a los más altos responsables de las muertes de nuestros seres queridos.
Por lo expuesto, Sr. Presidente, le exigimos a usted y demás autoridades:
1. Que destituya de inmediato al Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón por su evidente negligencia o complicidad manifiesta con los actos irregulares relacionados con los crímenes de nuestros hijos, tanto por los privilegios de los que han gozado en las instalaciones militares, como por su afán vergonzoso de minimizar los crímenes.
2. El reconocimiento público de la gravedad que conllevan las afirmaciones del saliente Comandante de las Fuerzas Militares, porque aunque usted lo exculpó de hechos de corrupción, lo que evidencia es la gran responsabilidad del alto mando militar de los crímenes de nuestros hijos.
3. Ordenar que todos los militares recluidos en instalaciones del Ejército por graves crímenes sean trasladados de inmediato a cárceles ordinarias y revocar las leyes y decretos que les privilegian.
4. Crear una comisión de expertos independientes nacionales e internacionales que investiguen a fondo todo el cúmulo de irregularidades y crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas cuyas recomendaciones permita condenar disciplinaria y penalmente a los responsables.
5. Sacar del Ejército a todos los responsables de esta estructura criminal que nos amenaza, que amenaza fiscales, jueces y testigos, que atentan no solamente contra los derechos humanos sino la paz de Colombia.
6. Al Fiscal General celeridad en las investigaciones por los miles de casos de asesinatos de nuestros hijos presentados como guerrilleros, identificando y pidiendo la sanción de los máximos responsables.
7. A la opinión pública nacional en internacional, a los periodistas, que no nos dejen solas en esta lucha, que no se resignen a medidas que en lugar de esclarecer la verdad y aportar a la justicia, se suman a las estrategias de impunidad desplegadas desde altas instancias del Estado.
8. A la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que abra una pronta investigación sobre los altos responsables de los crímenes de nuestros hijos.
Señor Presidente si hemos de entregar nuestras vidas por buscar lo que el Estado nos tiene que garantizar, estamos dispuestas a aceptar el sacrificio, porque nuestro amor por nuestros hijos vence al terror y, porque no aceptaremos más humillaciones de su gobierno encubriendo o recompensando a los asesinos de nuestros seres queridos.
¡Por la justicia y contra la impunidad, ni un paso atrás!
Madres de Soacha

Relacionados

Prensa Rural: Rechazamos la campaña desprestigio del Ejército colombiano contra Ascamcat

Rechazamos la campaña  desprestigio del Ejército colombiano contra Ascamcat

Jueves 20 de febrero de 2014
Durante las últimas semanas la Brigada 30 del ejército colombiano ha desplegado una campaña mediática contra la Asociación Campesina del Catatumbo, en un intento de desgastar la credibilidad y deslegitimar nuestro trabajo ante la opinión pública.   El pasado sábado 15 de febrero la fuerza pública (...)

¡Ay Venezuela!

Jueves 20 de febrero de 2014
“No comparto tus ideas, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarlas” Voltaire Mucho se habla en la gran prensa sobre la difícil situación venezolana. También salen a flote preguntas y respuestas de lado y lado. Osan los grandes contradictores de la Revolución Bolivariana en cuestionar la (...)

Declaración política del I Encuentro Nacional de Caficultores de las Zonas de Reserva Campesina

Nace la coordinadora nacional de pequeños y medianos caficultores de Colombia - Coornalca
Jueves 20 de febrero de 2014
En el marco del I Encuentro Nacional de Caficultores de las Zonas de Reserva Campesina de Colombia, realizado los días 16 y 17 de febrero de 2014 en la histórica Zona de Reserva Campesina de la Cuenca del Río Pato y Valle de Balsillas, nos reunimos más de 40 organizaciones agrarias y populares. (...)

Journalisten bespitzelt

Kolumbianischer Geheimdienst überwachte Friedensverhandlungen in Havanna. Auch junge Welt ausspioniert
Mittwoch 19. Februar 2014
Auf den ersten Blick war es ein ganz normales Restaurant, das da in Galerías, einem Stadtviertel im Westen der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá, Mittagessen für umgerechnet zwei Euro anbot. Doch die Reporter des Nachrichtenmagazins Semana wunderten sich darüber, daß die Gaststätte gleich von zwei (...)

Brasil: MST celebró sexto congreso

Con la asistencia de 15 mil delegados, los “Sin Tierra” conmemoraron 30 años de lucha en su sexto encuentro nacional
Miércoles 19 de febrero de 2014
El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil celebró exitosamente su Sexto Congreso Nacional, que reunió a más de 15 mil delegados de todo el país, del 11 al 14 de febrero en Brasilia. El encuentro definió los objetivos y líneas de trabajo de la organización para los próximos (...)

Las paradojas de la seudodemocracia en Colombia



Las fuerzas políticas y sociales del campo popular y los espacios de pensamiento crítico en Colombia están llamados a encarar la tarea de combatir la banalización de la política en su propósito de pensar y edificar una nueva sociedad. La banalización de la política es una tendencia promovida por las clases dominantes, cuyo propósito es bloquear la participación informada, real y decisoria de las mayorías en los debates de fondo que afectan los intereses colectivos; para ello, se promueve una idea superficial de qué es política, se le presenta no como confrontación y lucha entre proyectos de sociedad, sino como un espectáculo mediático ligado a la negociación de cargos y al conteo de votos que implica la aceptación irreflexiva de las instituciones y vicios que caracterizan el régimen político colombiano. En esta tendencia participan decididamente las grandes corporaciones mediáticas, e infortunadamente, algunas expresiones que haciéndose llamar de izquierda, entre la candidez y el oportunismo, reproducen las prácticas de la “dirigencia” nacional en la carrera desenfrenada por hacerse a un lugar en la burocracia del Estado. Frente a esta tendencia, es necesario seguir avanzando en una mirada del régimen que vaya más allá de la farándula electoral que reduce la política a una pasarela de candidatos, es preciso volver al análisis de las propuestas de país que representan las fuerzas políticas en contienda. 
 Desde el punto de vista mediático, las señales de esta banalización de la política se pueden ver con claridad, por ejemplo, en el peso cada vez mayor que cobran las firmas encuestadoras como “intérpretes” de la voluntad de las mayorías y en la precarización del análisis político que protagonizan propagandistas que se hacen llamar especialistas del periodismo de opinión. En el contexto político interno, tanto el juego amañado de las estadísticas como los juicios superficiales encubiertos en la sofisticación del lenguaje jurídico o de la ciencia política, se vislumbran como artificios que siguen alejando a las capas más amplias del país de la posibilidad de hacerse a una visión clara, realista e histórica de las tendencias que demarcan el campo político nacional, y en tal sentido, como prácticas que producen nuevas formas de analfabetismo político. De cara a una nueva coyuntura electoral, los opinólogos y las firmas encuestadoras seguramente cumplirán su tarea de mostrar a los representantes de la clase política tradicional como insignes estadistas, portavoces legítimos de las voluntades ciudadanas, a los hijos de expresidentes y exministros como las nuevas voces de la política, y por supuesto, a los sectores más recalcitrantes de la ultraderecha, quienes gobernaron directamente casi una década, como los portavoces de una “nueva fuerza de oposición”. 

De la mano de estas formas de tergiversación de la realidad, resulta de vital importancia resaltar que una de las tareas más arduas y comprometidas desplegadas por los agentes del bloque de poder es estimular una confianza acrítica en la formalidad de las normas y en las instituciones, aun cuando son evidentes las señales de ruptura de las reglas de juego desde dentro de la oficialidad. Así las cosas, una de las expresiones de esta trivialización de la política ha sido extender la idea de que el país es conducido desde un Estado Social y Democrático de Derecho -por el solo hecho de que esto verse en la Constitución Política-, y en la actualidad, transita por un cambio fundamental en sus estructuras políticas que se expresa en un saneamiento de las instituciones, en una gestión moderna de la administración pública y en señales supuestamente inequívocas de paz que indicarían que problemas tales como la infiltración de las instituciones políticas nacionales, regionales y locales por el narcoparamilitarismo, así como la violación sistemática y generalizada de los Derechos Humanos son asuntos del pasado. Para algunos medios de prensa, el cambio en la forma de gobierno ha sido tan radical que no han dudado en señalar que el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, así como la apertura de espacios de diálogo con las insurgencias, se puede leer como una señal irrefutable de debilidad y postración frente al terrorismo.

No obstante esta visión de la realidad, existen claras señales en el campo político colombiano que evidencian que aún es muy largo el camino que se debe recorrer para que sean superadas problemáticas como el cierre de los canales de participación para los proyectos que no pertenecen a las fuerzas políticas tradicionales. La destitución del alcalde de Bogotá Gustavo Petro por parte del Procurador General de la Nación, independientemente de las decisiones jurídicas que en adelante puedan tomar organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o instituciones nacionales como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, pone de manifiesto el poder que conservan y ejercen los sectores más conservadores de las clases dominantes en el seno de las instituciones del Estado. Aunque se ha difundido la idea de que el copamiento institucional por parte de fuerzas políticas ultraconservadoras se puede explicar por los escándalos más recientes de la llamada parapolítica, lo cierto es que este no es un fenómeno nuevo, y por el contrario, hace parte de la herencia del Frente Nacional – a la que también pertenece Juan Manuel Santos- que fundó una forma de gobierno basada en la exclusión, en la distribución clientelista de lo público y en la persecución de quienes se diferencian, así sea tibiamente de la política tradicional. 

En el mismo sentido, este hecho político desnuda además que, a pesar de que uno de los caballitos de batalla de la dirigencia nacional para fundamentar las bondades democráticas del sistema político colombiano es una tradición de “apego a la legalidad”, los sectores más recalcitrantes de la derecha están dispuestos a romper la ley, a violar las normas nacionales e internacionales las veces que sea necesario con el propósito de salvaguardar sus intereses de clase e impedir el más tenue viraje en la política interna. En este caso, el procurador, sin el menor asomo de recato, desconoció la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 23) que explícitamente señala que solo las autoridades judiciales tienen la facultad de limitar el ejercicio de los Derechos Políticos, en una decisión que internacionalmente, por los antecedentes del Sistema interamericano de Derechos Humanos puede ser considerada como un exabrupto jurídico. Este caso también es evidente la desmesura de quienes se enquistan en las instituciones públicas para aplicar un doble rasero en sus actuaciones oficiales: mientras los cambios en el modelo de recolección de basuras resultarían argumentos suficientes para destituir y decretar la muerte política de Petro, las alianzas con los grupos paramilitares de políticos como Mario Uribe y Álvaro Araujo no ameritaron más que solicitudes de absoluciones por parte de la Procuraduría ante la justicia colombiana. 

Con estas actuaciones de los organismos oficiales, pareciera que la consigna de algunos sectores de la “dirigencia” política nacional es que el derecho es la continuación de la guerra por otros medios, premisa que resulta pertinente si consideramos que en sus actuaciones públicas, el Procurador ha hecho explícito su rechazo hacia los diálogos que se desarrollan en La Habana. De hecho, como si fuese un candidato más del Uribe Centro Democrático, se ha autoproclamado vocero de las víctimas y de la sociedad civil manoseando el discurso de los Derechos Humanos para oponerse al que considera un proceso de impunidad. En este caso, resultaría ciertamente ingenuo reducir el comportamiento de Ordoñez a un mero delirio individual y de ambición de poder. La destitución de Petro puede ser leída como un mensaje para seguir atizando el guerrerismo que han estimulado la fuerzas de la seguridad democrática, pues llega precisamente poco tiempo después del anuncio de un acuerdo en la mesa de Habana acerca de las condiciones de participación política para un eventual momento de postconflicto. 

Aunado a lo anterior, los mensajes de este suceso son claros en lo atinente a la visión de lo público y del modelo de ciudad que defienden los portavoces oficiales del empresariado que se han enriquecido con la privatización de los servicios públicos y que han promovido la exclusión y el encarecimiento del costo de vida en los centros urbanos del país. Aceptar los ajustes implementados por la administración del Distrito al modelo de recolección de basuras sería tanto como reconocer que es posible limitar o restringir las voraces políticas privatizadoras que han mercantilizado la provisión de bienes y servicios esenciales como el agua potable, la energía eléctrica, el transporte y la salubridad pública. En este caso, la decisión del Procurador es una defensa, no de los intereses generales sociedad, ni de los Derechos sociales que se deben garantizar universalmente, sino de los intereses de las mafias que se han asegurado estos negocios y que propugnan por una ciudad que segrega, en la que no hay ciudadanos sino clientes y consumidores.

En este contexto, uno de los mensajes que deja la coyuntura es que de poco sirven los coqueteos y las alianzas sin principios con los personeros del régimen, quienes se han especializado, precisamente, en la cultura de la componenda. El llamado sistema de pesos y contrapesos de la democracia colombiana, es decir, los mecanismos de control del poder político entre las distintas ramas del poder público no dejan de ser más que quimeras cuando se cuecen consensos para administrar las cuotas de poder en el bloque dominante. Si se observa desde el punto de vista institucional, el procurador no llegó por equivocación a este cargo, por el contrario, Ordoñez fue el candidato tanto del gobierno, como de las altas cortes que estarían llamadas a juzgarlo penal o disciplinariamente, en lo que podríamos llamar un círculo perfecto de inmunidad. Las lecciones de la historia son contundentes y en tal sentido, no hay que olvidar que precisamente Petro, en su ejercicio como senador de la república apoyó la postulación de Ordoñez a pesar de la pluralidad de voces que desde distintas orillas –el movimiento de Derechos Humanos, movimiento LBTI, Movimiento de mujeres- anunciaban el retroceso que se podría desencadenar con esta designación en áreas tan sensibles como los DDHH. Los hechos hablan por sí mismos, y todo indica que Petro, pese a su abyección, no ha dejado de ser visto como un advenedizo por quienes ejercen como inquisidores y conservan sus posiciones de privilegio en las instituciones estatales. 

Así las cosas, afloran algunas preguntas que parecen ineludibles ¿de qué democracia hablamos en Colombia?; ¿Dónde están la llamada transición política y las garantías para el ejercicio de derechos tan elementales como elegir y ser elegido? ¿Hacia dónde caminará la izquierda en este contexto? Estas preguntas son suma relevancia si consideramos que nuevamente en el año 2014 el panorama político estará marcado por “nuevas citas con la democracia” y frente a este escenario, uno de los retos más notables es que desde las diversas expresiones del campo popular se desarrolle un balance crítico de los impactos, métodos y propósitos de la participación electoral en el pasado reciente de la sociedad colombiana. Eventos como la destitución de Petro, y la respuesta masiva de organizaciones campesinas, indígenas, de diversas fuerzas políticas que se manifestaron en señal de rechazo ratifican cuan equivocados se encuentran quienes han preferido callar frente a los profundos vicios de la “democracia” colombiana para congraciarse con la oligarquía y se han referido a la movilización popular y social como expresiones arcaicas o premodernas, innecesarias en una sociedad gobernada por la utopía constitucional de 1991. La realidad es terca y pone de presente el límite histórico de las formas de hacer política sustentadas en la exaltación absoluta y sin matices de la Constitución de 1991, en detrimento del debate crítico y colectivo sobre las fallas estructurales del sistema político colombiano. Por fortuna, la fuerza persistente de la acción colectiva expresa que la lucha por una sociedad democrática, en la que las mayorías puedan decidir sobre sus proyectos de vida, no ha sido abandonada y mucho menos endosada a voces solitarias desligadas de los movimientos populares. La organización popular junto con el poder que se expresa en la calle siguen siendo legítimos y necesarios para reivindicar la democracia que en Colombia parece que existe solo en la formalidad del derecho. 

Una de las lecciones que deja el momento político es que resultaría ciertamente ingenuo –o sumamente oportunista- que los sectores que reivindican un ejercicio político electoral desde una postura de izquierda insistan en el repertorio de transacciones y acuerdos de cúpula que han resultado a todas luces infructuosos en la transformación de las estructuras de poder en el país. El fracaso de esta forma de hacer política en la que se concibe la participación electoral no como un medio para propósitos más altos, sino como un fin en sí mismo, ha sido estrepitoso, de tal suerte que no solo no se ha logrado romper la hegemonía del bloque de poder, sino que además, los personalismos en torno a las candidaturas, el clientelismo en las organizaciones sociales y sindicales, la cooptación y la fuga de líderes sociales hacia la carrera por los cargos, así como la instrumentalización de las organizaciones populares y gremiales se han constituido en nuevas fuentes de conflictos intestinos en el campo popular y de fragmentación de sectores sociales que se reclaman críticos o alternativos.  

Sin detenernos en un balance profundo de las experiencias históricas, procesos latinoamericanos como el Partido de los Trabajadores en Brasil, el Frente Farabundo Martí en el Salvador, el Frente Amplio en Uruguay, el MAS en Bolivia, entre otras expresiones políticas, han puesto de presente que una incidencia real y contundente en la arena política nacional por la vía del voto supone no sacrificar e insistir en la acción colectiva. La disputa del espacio político institucional desde fuerzas alternativas requiere el fortalecimiento de los vínculos entre los movimientos sociales, populares, entre los procesos organizativos de base y los instrumentos políticos con los que se participa en la escena electoral. La propia experiencia colombiana ha demostrado que, difícilmente se cristalizarán condiciones de democratización real a favor de las mayorías si los propósitos de las organizaciones políticas se reducen a rasguñar curules o cargos públicos, si la lucha política deja de tener como objetivo central la construcción de una nueva sociedad para concentrarse en un reconocimiento precario en instancias políticas –como el congreso- que se caracterizan por su falta de legitimidad y que están copadas por el establecimiento. 

Precisamente, la lucha por una democracia real y radical para la sociedad colombiana implica la profundización de la construcción de otro poder desde abajo y de la movilización social y popular. Las manifestaciones populares, indígenas, estudiantiles, que se han llevado a cabo durante los últimos años, el paro agrario en el que se expresó la fuerza y la valentía de un campesinado que se hizo sentir con movilizaciones a lo largo y ancho de la geografía nacional, así como las masivas manifestaciones en las que diversas fuerzas sociales, políticas, comunitarias expresaron su indignación en Bogotá y algunas ciudades del país reflejan la vivacidad de un poder constituyente que hasta el momento no ha sido realizado a plenitud sus demandas de democracia y de justicia. Precisamente, en contextos antidemocráticos y de negación de las libertades básicas de participación política una de las tareas más exigentes para las fuerzas que aspiran la conquista de una nueva sociedad es demostrar por medio de la acción colectiva que es posible pensar y construir la democracia no como un método de administración de los privilegios sino como una exigencia, una práctica y una condición para que las mayorías asuman el ejercicio pleno de su soberanía y su autodeterminación.


Artículo editorial publicado en papel en la revista CEPA No. 18, que acaba de entrar en circulación. Rebelión lo redifunde con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Maduro: “si se diera un Golpe de Estado fascista, la revolución tomaría un carácter armado y revolucionario”

laRepublica.es

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que frente a un Golpe de Estado, la...

LEER MÁS

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que frente a un Golpe de Estado, la revolución Bolivariana se radicalizaría y se convertiría en una revolución “armada“.
Esta revolución pacífica y democrática, tomaría un carácter armado, profundamente revolucionario, frente a un Golpe Fascista”
Esta revolución pacífica y democrática, quizás tomaría otro carácter, un carácter armado, profundamente revolucionario, que lo sepa el mundo estamos decidido a todo y frente a Golpe Fascista nosotros profundizaríamos y radicalizaríamos esta revolución hasta más allá de los limites que se han conocidos por hoy”. dijo Maduro.
Maduro aseguró que la revolución Bolivariana jamás se rendiría,  “queremos paz y tolerancia” al tiempo que recordó que los revolucionarios están impregnados de valores democráticos.
Sin lugar a dudas la revolución es una mayoría gestada en los valores democráticos“, el presidente de la república agregó además que “yo soy presidente porque aquí hay una revolución, y soy hijo de Chávez“.
Le dijo a la ultraderecha nacional e internacional en especial al ex-presidente colombiano y paramilitar Álvaro Uribe que ”no podrás con nosotros”, al tiempo que aseguró que los “derrotaremos como siempre”.
Finalmente el presidente Nicolás Maduro, anuncio que en Venezuela “sabremos sortear las dificultades y defender la Constitución de la República“.
Estas declaraciones  las anunció desde la clausura del I Encuentro de Mercosur Obrero, dicha actividad se realizó en el Palacio de Miraflores.
En el lugar el mandatario nacional puso a la orden del Mercosur Obrero, el Fondo de Financiamiento Mercosur-Alba y Petrocaribe para el Desarrollo Económico, creado por el líder Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, con 1.000 millones de dólares, para financiar proyectos económicos y de recuperación o potenciación de empresas.

Siria: detrás de violencia fascista en Venezuela hay planes de dominación

  • Fuente: Diario Octubre 

    El presidente de Siria, Bashar Al Assad, rechazó este miércoles la violencia promovida en los últimos días por sectores de ultraderecha en Venezuela y advirtió que con ello se busca generar caos para que los imperios puedan dominar y saquear los recursos del país latinoamericano.

Mediante un comunicado, difundido por la agencia de noticias Sana, Al Assad ratificó en nombre del pueblo sirio el apoyo y solidaridad de su nación al presidente Nicolás Maduro.
Reiteró el apoyo de Siria al camino de paz que emprende el Ejecutivo venezolana y le deseó “todo el éxito en el cumplimiento de sus enormes responsabilidades que asuma en esta etapa crítica que atraviesa el mundo”.
Al-Assad indicó que esta ola de violencia se “produce en varios países seguros y estables a fin de generar el caos en los mismos, dominarlos y saquear sus recursos”
Al-Assad indicó que esta ola de violencia se “produce en varios países seguros y estables a fin de generar el caos en los mismos, dominarlos y saquear sus recursos”.
Expresó, además, su confianza en la victoria de los pueblos de Siria y Venezuela en su lucha por su autodeterminación, añade el texto.

Desde el inicio de la crisis en Siria, en marzo de 2011, el gobierno del presidente Bashar Al Assad ha denunciado la ayuda financiera y logística que países vecinos han dado a los terroristas. Además, ha denunciado la doble moral de algunos Estados que apoyan a los mercenarios y se sientan a la mesa en la II Conferencia Internacional sobre Siria en Ginebra, Suiza.

En junio de 2013, The Wall Street Journal denunció que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos comenzó una operación secreta de envío a Jordania de armas destinadas a mercenarios que serán infiltrados en Siria.
 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

Colombia Invisible - Unai Aranzadi

Tendencias

.

Basta de Terrorismo de Estado

Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. CambioTotalRevista - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger