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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

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Falsa democracia

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[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

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Un congreso para la Paz ?


​​Allende La Paz, Cambio Total.

Hoy hay elecciones para Congreso. Una de las instituciones más corruptas de entre la corrupción estatal. Solamente el hecho de que el 35% de los parlamentarios haya estado en manos de los narco-paramilitares es muestra de cuán corrompido esta.

Ese narco-paramilitarismo ha sido la herramienta usada por el estado para adelantar la guerra contra el pueblo e imponerles sus políticas. El genocidio contra la Unión Patriótica fue adelantado para frenar el avance de las fuerzas populares, para que una vez convertidas en poder adelantaran política en favor de los desposeídos y construyeran otro modelo económico dicendole adiós al neoliberalismo.

Sus horrorosos crímenes pretenden ser tapados con el manto de la impunidad y sus víctimas que sobrepasan las 966.000 (cifras oficiales) -500.000 de ellas cometidas por los narcoparamilitares- exigen y claman justicia.

Es por ello, que en estas elecciones los colombianos que participan en este circo electoral deben poner ojo avizor para impedir  -si de verdad quieren un "Congreso para La Paz"- que los ríos de dineros ilegales y legales sirvan para consolidar un proyecto reaccionario, fascista, confesional. Esperamos que la conciencia de los colombianos no volverá a elegir a los Roberto Gerlein con todos sus vicios cliente listas, los Char, los Vargas-Lleras (su tapado de relaciones con esos narcoparacos), y toda la suerte de especie que se aprovechan de lo mínimo para vivir la gran vida, como el caso de la Mira.

El proyecto narco-paramilitar esta representado por el narco-paramilitar ex presidente Uribhitler -todos los caminos de la delincuencia conducen a Uribhitler- y su anodino candidato presidencial Zuluaga, quien esta buscando blindarse con la investidura de congresista -súmmum de la corrupción- a fin de impedir que el brazo de la justicia burguesa lo reduzca a donde debe estar, la cárcel. De igual manera, muchos de los hoy candidatos son fichas de las bandas de narco-paramilitares ya que cuentan con el aval del estado, el verdadero director de orquesta de la sinfonía criminal de la guerras contrainsurgente, que no puede con las guerrillas pero en cambio si asesina a los campesinos e indígenas inermes, desarmados, que protestan porque el estado no les cumple las promesas que ellos mismos les hacen para que les den el voto.

La corrupción es tal que los dineros calientes están hoy presentes igual que cuando el proceso 8.000 o las lecciones de Uribhitler, y muchos funcionariuos de la Registraduria realizarán la elección de los congresistas porque como decía Camilo Torres, "el que escruta elige".

El pueblo colombiano debe, al tiempo que adelanta sus preparativos del próximo Paro Nacional Agrario y Popular, participar activamente denunciando la corruptela que hoy será más que palpable en el territorio nacional. Sabemos que esos elementos del narco-paramilitarismo y de los partidos políticos tradicionales -liberal, conservador, de la U, PIN, Cambio Radical, etc, etc-, no serán un "Congreso para La Paz", sino por el contrario, un Congreso contra La Paz en Colombia, es decir, su receta es guerra y más guerra porque de ella se amamantan y crecen sus estructuras criminales mafiosas.


Corrupción sexual en Policía y Congreso: "La 'comunidad del anillo' reinó en 10 cursos de la Policía"



Jesús Vergara, abogado de la familia de una alférez muerta de quien la Dijín dijo que se había suicidado, explica en qué consistía, cuánto poder tuvo y a cuántos oficiales de alto rango y uniformados pudo involucrar la presunta red de prostitución homosexual que habría existido en la Escuela General Santander ante la mirada silenciosa de los directivos de la institución.
Por: Cecilia Orozco Tascón
Jesús Vergara: “Un oficial retirado aseguró que vio a un mayor prendiéndole fuego al uniforme y a las prendas íntimas de la fallecida alférez Zapata. Y que él dijo que estaba quemando la ropa por orden superior”: / Liz Duran - El Espectador
 
Abogado Vergara, ¿a quién representa usted en esta historia que involucra el presunto asesinato de una cadete y la existencia de una supuesta red de prostitución homosexual en la Policía?
Represento a los padres de Lina Maritza Zapata, la alférez de 21 años de edad que murió el 25 de enero del año 2006 en circunstancias que todavía son objeto de investigación. Soy el abogado de Adiela Gómez y Hernando Zapata Marín, los padres de la fallecida.
¿Lina Maritza era cadete o alférez como dice usted?
Era cadete, pero faltaban pocas horas para la ceremonia en que sería ascendida a alférez cuando su cuerpo apareció en los dormitorios en donde supuestamente se suicidó.
¿Hubo dictamen de Medicina Legal que certificara el suicidio de Lina Maritza?
No. El cadete que la encontró reportó el hecho a un mayor y éste a sus superiores. Pero, en vez de que ellos acudieran al CTI de la Fiscalía para que verificara lo que había sucedido, llamaron a un experto en balística de la Sijín, de la misma Policía. Allí se perdió la transparencia del manejo del caso.
¿Por qué?
Porque la escena fue alterada y esta afirmación se soporta en los siguientes hechos: el patrón de manchas de sangre no coincidía con la posición del cuerpo; el arma cayó a un costado del pie izquierdo y ella era diestra; el orificio de la bala, sin embargo, entró por el parietal derecho, pero curiosamente, en la mano derecha Lina tenía un sable, es decir, en la misma mano con la que presuntamente se disparó. Ella cayó en posición decúbito dorsal, es decir, la espalda contra el piso. Esto indica que el sable no habría respondido a la ley de gravedad. Por todo esto, la propia Fiscalía certificó que se alteró la escena y dijo que por eso era imposible certificar un suicidio.
¿La familia sospechó algo inmediatamente?
No. Inicialmente la familia se atuvo al informe oficial. La historia quedó así durante un tiempo.
¿Cuándo surgieron las dudas?
Cuando la señora Adiela, madre de Lina, buscó a algunos compañeros de su hija porque los mandos de la Escuela (General Santander) no le daban una explicación convincente y, en diálogo con ellos, se enteró de que allí había una red de prostitución homosexual que se conocía como la “comunidad del anillo”.
Pero miembros de la Policía niegan que esa comunidad haya existido.
Claro, si uno va a la Cámara de Comercio no va a encontrar una razón social con ese nombre, pero hay suficiente evidencia de que varias promociones de cadetes de la Escuela pertenecieron a ella o conocen su existencia. La madre de Lina formuló una queja ante la Procuraduría porque fue informada de que su hija murió por haberse enterado de esa red cuando un compañero de curso le reveló detalles sobre la misma.
¿Quiénes habrían pertenecido a la “comunidad del anillo” y qué alcance tuvo?
De acuerdo con las declaraciones judiciales de varios muchachos que pertenecieron a ella, había un listado de más de 300 personas de la comunidad. Dijeron que eran llevados fuera de la Escuela, irregularmente, a prestar servicio al estadio y que de allí los trasladaban al Congreso. Un coronel de la Policía era el instigador de toda la operación y era el mismo que los escogía, les daba dinero y regalos. Esa historia que tiene muchos testigos dentro del proceso, se archivó, pese a los testimonios, en la Procuraduría.
¿Para qué los llevaban al Congreso? ¿Para ofrecerles favores sexuales a unos parlamentarios?
Aparentemente sí. Todavía nos queda mucho terreno por descubrir, pero lo que sabemos por fuentes no formales es que habría “oferta” de cadetes a congresistas, empresarios e incluso a grupos de autodefensa.
Pero, ¡eso es un escándalo de magnitud mayor!
Claro que sí. Los testigos han afirmado que el coronel instigador tenía un ayudante, también oficial, que hacía la “avanzada” en la Escuela cuando necesitaba muchachos y que sus jefes inmediatos sabían la existencia de esa red, cómo operaba y cuándo se necesitaba sacarlos de la Escuela. Nadie parecía oponerse.
¿Cuál era el enorme poder que tenía el instigador de la red para hacer lo que quisiera sin oposición de nadie?
Debe haber varias razones, pero aquí hay una: él era la persona que hacía lobby a nombre de la Policía en el Congreso para que aprobaran los ascensos de los oficiales. Conocía a los senadores y el manejo interno del Parlamento. Uno de los que estaba en turno para ascenso era, precisamente, el entonces director de la Escuela. El organizador de la red, que no tenía cargo alguno en la Escuela, iba casi todas las tardes allá sin que nadie le preguntara a qué; llegaba a la plazoleta de comidas, abría la camioneta y empezaba a entregar regalos y a preguntar por el nombre de los muchachos que veía y le gustaban. Los que más le llamaban la atención eran los de aspecto atlético, ojos claros y cierto perfil. Los alumnos antiguos empezaban a meter a la red al que iba llegando.
¿Cuánto tiempo existió esa comunidad, según los testimonios judicializados?
Se mantuvo desde el curso 79 hasta el 90, con excepción del 87.
¿Estamos hablando en términos de años?
No, en términos de promociones. La “comunidad del anillo” “reinó”, como decía el coronel organizador, desde el año 2000 hasta el 2007 y 2008.
Y, ¿por qué el curso 87 no fue involucrado en la red?
Porque eran profesionales que iban a hacer curso de oficiales. Tenían una formación universitaria y eran de mayor edad. La red no se atrevió con ellos y por eso se saltaron esa promoción.
¿Qué sucedió con la investigación penal?
La Fiscalía también la cerró en marzo de 2011, no obstante, que sus mismos investigadores certificaron que hubo alteración de la escena, lo que ya de por sí constituye un delito, igual que la inducción a la prostitución, otro posible delito.
Pero hoy está abierto el caso. ¿Cómo y por qué se decidió la reapertura del mismo?
La familia de Lina Maritza obtuvo nueva evidencia mediante la declaración de un oficial retirado que decidió darle una entrevista grabada. Él aseguró que cuando pertenecía a la Escuela vio a un mayor, que hoy es coronel, prendiéndole fuego al uniforme y a las prendas íntimas de la alférez después de encontrado su cuerpo. Y que cuando ese mayor se dio cuenta de que el declarante estaba observándolo, le dijo que estaba quemando la ropa por órdenes del director de la Escuela (en 2006), y que éste le había pedido absoluta confidencialidad. Esa declaración le fue entregada a la Fiscalía en junio del año pasado y por eso se reabrió la investigación.
Los uniformados que habrían tenido que ver con esos hechos, ¿salieron ya de la Policía o permanecen activos?
Hay varios entre quienes pertenecieron a la “comunidad del anillo” que entonces eran cadetes o alférez, y que ahora siguen siendo oficiales activos. Algunos de ellos, que contaron bajo juramento cómo operaba la red y quién la organizaba, están haciendo curso para ascender a capitán.
¿No cree que se retractarán en vista de que ahora están más comprometidos con la institución?
El problema para ellos es que en materia penal uno no puede estar diciendo una cosa hoy y otra mañana, porque lo que se afirma bajo la gravedad del juramento tiene consecuencias penales. Y sus afirmaciones, que están en el proceso desde 2006, son claras, contundentes y precisas.
Si los declarantes hicieron esas afirmaciones, también aceptaron que eran parte de la red.
Ellos no dicen qué hicieron o a cambio de qué recibieron dádivas. Sin embargo, es evidente que sabían de qué se trataba y a cuál actividad se iban a enfrentar. Y que la consintieron por necesidad, porque se sintieron presionados, por el poder de quien los instigaba o por las circunstancias que se vivían en la Escuela de Cadetes.
Deme un ejemplo de una frase de un declarante en que acepte la red y su participación en ella.
Uno de ellos dice textualmente: “Mi coronel me decía que le ayudara con otros compañeros míos, como XX por el que ofreció $4 millones, para que tuviera relaciones sexuales con él”. ¿Por qué aceptaban? Como les decía el instigador, porque esas actividades eran el camino para “reinar”.
¿Entre los oficiales de mayor rango hubo alguno que denunciara los escandalosos hechos en esa época?
Sí. Uno de ellos que se atrevió a denunciar los hechos tuvo un final triste.
¿Cuál final?
A partir del momento en que habló se le presentaron problemas y obstáculos en su carrera: lo trasladaron a un lugar alejado, lo involucraron después en un episodio que al parecer fue preparado por Inteligencia de la Policía como retaliación y terminó condenado por secuestro.
¿Se puede determinar oficiales de cuántos y de cuáles grados estuvieron involucrados por acción o por omisión?
Por lo que obra en el proceso, se trataba de una red con muchas ramificaciones que involucran, incluso, a oficiales de alta graduación más antiguos que el organizador. Sus nombres no se pueden suministrar por reserva de la investigación, pero se puede decir que había personas de muy alto rango.
¿Cree que hoy, cuando los mandos han cambiado, es posible adelantar una investigación seria sobre estos hechos?
La Policía Nacional ha ofrecido por diferentes medios su colaboración para que esta situación se aclare de una vez por todas. Pero uno encuentra muchas contradicciones entre lo que dicen unos y otros. Por ejemplo, uno de la cúpula aseguró que la “comunidad del anillo” es un cuento, pero el general Palomino admitió su existencia.
¿Les han llegado nuevos testigos y nuevos datos?
Ha llegado mucha información nueva y tenemos fuentes que nos han ofrecido fotografías, videos y otros elementos probatorios. La gente, que en su momento se consideró agredida y que no habló por temor, quiere hacerlo ahora. El objetivo de todo esto no sólo es que se determine la gravedad de lo que sucedió con la red de prostitución, sino si esa red tuvo relación directa con la muerte de Lina Maritza.
¿Es cierto que esta investigación ha estado rodeada de amenazas e intimidaciones hacia la familia de la alférez, de usted y de algunos posibles testigos?
El proceso tiene unos episodios por lo menos extraños: la primera persona que llegó al lugar de los hechos fue trasladada de la Escuela a la Presidencia de la República pocos días después. Y después, estando en una comisión fuera de Bogotá, apareció sin vida con una herida de arma de fuego, presuntamente en un hecho accidental. Era un incidente inexplicable porque ese uniformado era experto en el manejo de armas. Él, días antes de su muerte, se había contactado con la familia de Lina para decirle que había decidido aportar información muy valiosa.
¿En cuanto a qué?
Sabemos que podría haber querido hablar sobre un catálogo con fotos de los muchachos y los precios en que se tasaban. Otro testigo referenció la existencia del mismo catálogo. Cuando la madre de Lina empezó a indagar sobre lo sucedido, empezó a recibir amenazas hasta cuando tuvo que salir del país. El capitán que se atrevió a denunciar la red fue quien terminó siendo perseguido y con líos judiciales. Yo, que soy el abogado de la familia, he sido objeto de seguimientos, filmaciones y amenazas mediante mensajes a mi celular. Varios periodistas que han informado sobre este asunto también recibieron amenazas telefónicas.
¿Para qué y por qué viajó este fin de semana a Washington?
Porque voy a visitar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para radicar una demanda en la que explico el caso de Lina Maritza Zapata y las pruebas que hay sobre la existencia de la “comunidad del anillo”. Y voy a explicar que han pasado ocho años sin que el Estado colombiano haya resuelto el caso ni haya descubierto la verdad. Y, concretamente, vamos a pedir medidas para los testigos que están apareciendo y que necesitan protección.

Marcha Patriótica saluda a las mujeres en el 8 de marzo día Internacional por los derechos de las mujeres

Marcha Patriótica. A las mujeres colombianas, a las estudiantes y obreras, a las campesinas e indígenas, a las negras, a quienes están en situación de desplazamiento, a las presas políticas, a las que están en el exilio, a quienes están en condición de discapacidad, a las mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género diversa, a las amas de casa, a las trabajadoras y desempleadas, a las que luchan por los derechos de las mujeres, a las artistas, deportistas, científicas, académicas; a todas y todas las mujeres, Marcha Patriótica les expresa el más alto reconocimiento y valoración por su aporte a la construcción de un nuevo país, por su lucha por la justicia económica, social, política y cultural, por su lucha contra el capitalismo y el patriarcalismo.

Marcha Patriótica se une a la conmemoración del 8 de marzo día internacional por los derechos de las mujeres, y recuerda que esta fecha es producto y resultado de la lucha de las mujeres desde principios del siglo pasado por mejores condiciones de trabajo, por el derecho al voto, a la educación, y a la participación política, por ello esta conmemoración tiene un profundo sentido político, y en este marco recordamos a las mujeres organizadas que a lo largo de la historia han luchado y resistido por sus derechos, recordamos a las 134 obreras que mueren en Chicago incineradas por los dueños de las fábricas de textiles, encerradas en la fábrica como castigo por atreverse hacer una huelga, pero también recordamos a las mujeres que día a día caminan y construyen la paz de nuestro país, la paz de nuestra América.

Como mujeres de Marcha Patriótica, somos mujeres en resistencia, en este sentido reivindicamos el hecho de que la Marcha Patriótica, es una convergencia de luchas y aspiraciones de mujeres y hombres luchando por una verdadera y definitiva independencia y que esta no es posible sin la conciencia de género y sin la equidad de género como una de sus banderas, las mujeres de Marcha Patriótica luchamos con pasión y fervor contra el capitalismo y el patriarcalismo.

Miles de mujeres, desde todos los rincones de nuestra patria, componemos la estructura de la Marcha Patriótica y este 8 de marzo es también un día para homenajear a todas las mujeres de Colombia y reconocemos en ellas su labor decidida en la construcción de este proyecto que busca lograr las transformaciones profundas que Colombia necesita, con el propósito de la construcción de una sociedad con democracia popular, en una nación libre y soberana, por un nuevo orden social.

En el camino hacia la segunda y definitiva independencia, es preciso recordar los sueños y luchas de las mujeres de las diversas generaciones y sectores sociales: reivindicamos las luchas de las obreras antioqueñas por mejoras salariales, que en 1920 realizan la primera huelga dirigida por las mujeres; Betsabe Espinosa, organiza a las mujeres textileras y paran la fábrica, se convierte esta huelga en un hito en las luchas obreras de nuestro país, recordamos a María Cano dirigente política, escritora y organizadora en 1930 del movimiento obrero, y del partido socialista, luchamos de la mano de las mujeres indígenas y campesinas que defienden su tierra como a la vida misma, celebramos la alegría de las mujeres jóvenes, estudiantes que desde la academia construyen un modelo de educación y de país incluyente y antipatriarcal.

Hoy, 8 de marzo de 2014, las mujeres de Marcha Patriótica queremos dejar en evidencia la existencia de la desigualdad de clase y de género, queremos dejar en claro que nuestra agenda política no solo apuesta por la construcción de un país en paz con justicia social sino que esta justicia social pasa inevitablemente por la conciencia de género y por la lucha y resistencia de las mujeres organizadas.

Somos mujeres, indígenas, campesinas, obreras, maestras, estudiantes, artistas.

Somos Marcha Patriótica y estamos construyendo la Segunda y Definitiva Independencia: por un 8 de marzo lleno de sueños y lucha por la construcción de la Patria Grande Latinoamericana.

Comisión de Mujeres de Bogotá de Marcha Patriótica

Hallan en Colombia cuatro casas donde los narcoparamilitares descuartizaban a sus víctimas

Por EFE Bogotá
Creado en Jueves, 06 Marzo 2014 07:56 


La Policía Nacional las localizó en la ciudad de Buenaventura, el puerto más grande del país, azotado por la guerra de bandas por el control del territorio.

La Policía Nacional de Colombia ha localizado este miércoles cuatro casas en las que las bandas de narcoparamilitares de la ciudad suroccidental de Buenaventura descuartizaban a sus víctimas, dentro de un contexto de guerra por el control del territorio.

El coronel Mariano Botero, comandante de la Policía del Valle del Cauca, departamento al que pertenece Buenaventura, informó del hallazgo en una entrevista con la emisora RCN La Radio y agregó que continúan las investigaciones para afrontar la racha de violencia en este, el mayor puerto del Pacífico colombiano.

Botero explicó que en los últimos días las autoridades hallaron una casa en el núcleo urbano y otras tres en los esteros cercanos al mar, zonas inundadas por la confluencia con los ríos y en donde supuestamente estos delincuentes arrojan los restos de sus víctimas.

“Hay una casa en la cual habitaba uno de estos delincuentes, el cual fue capturado, alias Oscurana”, dijo Botero en alusión a un individuo detenido en febrero pasado que antes pertenecía a la banda La Empresa, que dominaba Buenaventura desde 2010, y que tras su debilitamiento se pasó al grupo rival de Los Urabeños.

El alto mando policía precisó que los torturadores ataban a sus víctimas a una tabla con las extremidades en las esquinas y, “con sangre fría”, las descuartizaban mientras “aún la persona estaba viva”.

Después las desmembraban y metían los restos en sacos que arrojaban al mar: “El vaivén de las olas y los peces rompen las bolsas y alcanza a llegar alguna de las partes a la orilla”, añadió.

Las víctimas engloban a miembros de las bandas rivales y también a personas que han sido reclutadas para delinquir pero traicionan supuestamente al grupo, según la Policía.

44 homicidios en lo que va de año

Buenaventura, el puerto más importante del Pacífico colombiano y uno de los puntos de salida de la droga del país, se enfrenta desde hace tiempo una grave situación de inseguridad por la guerra entre bandas herederas de los paramilitares que luchan por el control del narcotráfico.

Los enfrentamientos se desataron el año pasado con la entrada de Los Urabeños a la ciudad, territorio cuyo control estaba en manos de una facción local de la banda rival Los Rastrojos, conocida como La Empresa, que las autoridades dan por desarticulada.

“En el puerto de Buenaventura, en lo que va corrido del año, tenemos 44 homicidios, varios de ellos han sido encontrados desmembrados”, dijo Botero al señalar también que al menos 10 de los 88 detenidos estaban relacionados con estos hechos.

“Los asesinos son jóvenes entre los 20 y 25 años, quienes fueron agredidos violentamente en su periodo de niñez”, subrayó el comandante de la Policía del Valle.

Prensa Rural: Que este día recupere su sentido de clase

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Hoy no es solo tu día

Saludo de los prisioneros políticos de ERON Picota a las mujeres del pueblo
Sábado 8 de marzo de 2014
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Sábado 8 de marzo de 2014
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Elecciones legislativas

Diálogos de paz en Colombia pasan mañana su primera prueba electoral

Alrededor de 33 millones de colombianos están habilitados para elegir mañana a los legisladores que serán parte del denominado "Congreso de la Paz", en los comicios que abren un intenso periodo electoral, de cara a las presidenciales en mayo y el referendo revocatorio contra el alcalde de Bogotá, en abril.
Sábado 8 de marzo de 2014
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La ONU debatirá la judicialización de la protesta social en Colombia

08-03-2014

20 de marzo en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra (Suiza)



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Por iniciativa de la Asociación ON Y VA “Globalizando la solidaridad” con sede en Suiza y gestionado por las organizaciones consultivas ante la Organización de las Naciones Unidas ONU, la World Federation of Trade Unions, France Libertes: Fondation Danielle Mitterrand, y The American Association of Jurists, han presentado ante el 25° Período de sesión del Consejo de DD HH de la ONU, en la promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales incluido el derecho al desarrollo, el documento-exposición conjuntamente escrito entre las organizaciones anteriormente citadas denominado Judicialización de la protesta social en Colombia” que fue recibido por la secretaria general de la ONU y está siendo circulado de acuerdo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social y que está publicado por dicho organismo internacional en los idiomas oficiales inglés y español. (1)

Pedro Osorio dirigente de ON Y VA, organización que lideró la propuesta de buscar llevar al seno de la ONU el tema de la criminalización de la protesta social en Colombia, expresó que “este es uno de los logros más importantes obtenidos en la gestión de denuncia internacional que se ha podido realizar en los últimos tiempos sobre la violación de los ddhh en Colombia y que ha sido del interés de organismos internacionales especialmente europeos en tomar el caso colombiano y llevarlo al seno de la ONU en Ginebra”

Destacó el el dirigente que “esperamos con ello poner de presente ante la comunidad internacional esta grave situación en Colombia y que los países que se dicen ser defensores de los ddhh llamen la atención al gobierno colombiano en torno a la crisis social y poltica que se vive en el país y que de paso sirva para que la Unión Europea reflexione sobre la firma de los tratados de los TLCs con un gobierno donde diariamente amenazan, asesinan, desplazan y que no se brindan las garantías a la oposición social y política, gobierno que aplica el terrorismo de estado y donde existen más de 10 mil prisioneros políticos y luchadores sociales, donde se persigue y criminaliza la protesta y todo el que se opone al gobierno es considerado terroristay encarcelado, donde las multinacionales aliadas con el gobierno y los grupos paramilitares desplazan a los campesinos e indígenas para llevarse nuestras riquezas naturales, por ello es interesante saber cómo cada día en el mundo se cae la careta y el disfraz que intenta mostrar que en Colombia hay una democracia, no siendo verdad y lo que hay es una dictadura civil apoyada desde atrás por unos sectores militaristas corruptos de derecha que no quieren la paz, ni el progreso y menos la igualdad social y por ello es menester seguir denunciando ante los entes internacionales y al mismo tiempo hay que seguir apostándole a los diálogos de paz con la esperanza que un día haya la igualdad, la paz pero con justicia social y que ojalá la protesta en Colombia continúe y que se trabaje por una Asamblea nacional constituyente que le regrese a la población sus derechos”.

El documento que será debatido en el seno de la ONU expresa en sus apartes que :“Colombia se ha caracterizado por profundos niveles de desigualdad social que han llevado a un conflicto social, político y armado por más de medio siglo y que actualmente se plasman en índices de pobreza que alcanzan el 70% de la población, brechas abismales de desarrollo entre regiones, diferencias marcadas de etnia y género, entre otros indicadores. Esto está relacionado con la concentración de la tierra, una extrema desigualdad donde el 52% de la propiedad rural está en manos del 1,15% de la población y el 49,1% de los ingresos del país van a parar a las arcas del 10% más rico del país.
En este contexto de agudización de los problemas y desigualdades sociales, políticas y económicas, se han levantado diversas voces de inconformidad frente a los gobiernos, donde la oposición política y la movilización social han jugado un papel protagónico, logrando que los diferentes sectores hagan uso de su legítimo derecho a la protesta social.

Por su parte, la respuesta estatal ha sido asumir la globalizada “doctrina de seguridad nacional”, donde a toda oposición o protesta social se le da el trato de “enemigo interno” o “terrorista”. En consecuencia, la protesta social es objeto de una estrategia de represión y persecución que utiliza la prisión como pilar central y sin lugar a dudas afecta a los sectores más empobrecidos del país, mientras se abre el camino a la ampliación de la desigualdad y a la entrega de los recursos naturales del país al capital transnacional. Indica el documento.
En el mismo se señala que “En el desarrollo de la doctrina de seguridad nacional, también llamada “política de seguridad democrática” o “política de seguridad ciudadana”, el Estado Colombiano se ha concentrado en el fortalecer desmedidamente a la fuerza del orden público, debilitando el rubro para salud, educación, empleo y demás necesidades sociales, convirtiéndose en el país de la región que más presupuesto ha destinado al gasto militar.

Paralelamente a la aplicación de estas políticas, durante las últimas décadas, en forma alarmante y arbitraria, se han visto incrementadas las violaciones a los derechos humanos, especialmente la privación al derecho a la libertad personal y el uso arbitrario de la detención preventiva, situación que a su vez ha incrementado la población carcelaria y agudizado la crisis de derechos humanos en las cárceles colombianas. A este respecto, mientras que entre julio de 1996 y junio de 2002 fueron privadas de la libertad arbitrariamente 2.869 personas, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, la cifra aumentó alarmantemente, siendo detenidas masivamente 6.332 personas entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004 (2 años) por sospechas sin fundamento de pertenecer o colaborar con grupos insurgentes, teniendo que dejarlas en libertad por demostrarse la arbitrariedad del procedimiento y no existir prueba alguna en su contra. Por su parte, de acuerdo a la Misión de Verificación de la situación de Derechos Humanos, en noviembre de 2011, durante los años 2010 y 2011 se presentaron numerosos casos de defensores y defensoras de derechos humanos detenidos individual y masivamente por realizar actividades de protesta social, como la oposición a proyectos mineros, de estructura, el problema de la tierra, y protestas estudiantiles, entre otros. Así mismo, como evidencias de la criminalización de la protesta social durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, está la promulgación de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 de 2011), que reforma el Código Penal, incorporando como nuevo delito (artículo 353A), “la obstrucción a vías públicas que afecten el orden público”, castigado hasta con 48 meses de prisión, restringiéndose derechos constitucionales como la libertad de expresión y la libertad de reunión, así como el principio de legalidad y el principio de proporcionalidad de la sanción irracional.

Durante el año 2013, la Ley de Seguridad Ciudadana fue aplicada como herramienta de represión y castigo a las acciones de protesta pacífica y movilizaciones desarrolladas por el movimiento social (Paro Campesino Región del Catatumbo, Paro Nacional Minero, Paro Nacional Agrario y Popular, Minga Social Indígena), reprimidas por la fuerza pública, dejando un saldo de más de 902 víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre ellas 315 detenidas arbitrariamente.

Mediante la colaboración de los principales masivos de comunicación, la implementación de la Ley de Seguridad Ciudadana ha convertido a las organizaciones sociales en objetivo de persecución, presentando a sus integrantes y líderes como delincuentes al servicio de organizaciones políticas alzadas en armas, lo que ha producido la militarización del campo y de las zonas urbanas, aumento del desplazamiento, agudizado las prácticas de saqueo y acumulación de tierras por despojo, engrosamiento de la población retenida por motivos políticos, empadronamiento, montajes judiciales y un sinfín de obstáculos para la organización y acción social.

La Ley de Seguridad Ciudadana, lejos de ser un elemento novedoso, es continuidad del contenido del Estatuto de Seguridad Nacional (Justicia Regional sin rostro), aplicado oficialmente entre 1978 y 1982 por el gobierno de Julio César Turbay y retomado con fuerza por la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2010, cuya línea ha continuado el gobierno de Juan Manuel Santos con medidas tan lesivas como el Fuero Penal Militar, la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Plan de Consolidación y el Plan Espada de Honor este último para combatir a las insurgencias levantadas en armas desde hace más de 40 años.
Estos mecanismos penalizan a todas luces la protesta social y atentan contra la democracia, intentando frenar las expresiones de inconformismo a través de un aparato de control social como es el judicial.

El control de los mecanismos jurídicos permite la aplicación discrecional de la ley por parte de los operadores judiciales, llegando incluso a propiciar el fortalecimiento de ejércitos privados o denominados paramilitares patrocinados por el mismo Estado a través del ejército y la policía y que pretenden perpetuar el statu quo y a legitimar crímenes de Estado. De la mano de lo anterior aparecen otras medidas que forman parte de la misma estrategia y que entran a reforzarla, como lo son las llamadas Zonas de Consolidación, un diseño institucional implementado en lugares que cuentan con una gran importancia geoestratégica para la extracción de recursos naturales y que es operativizado principalmente mediante el ejercicio de la fuerza pública y el aparato judicial, instrumentalizando la utilización de la violencia como mecanismo de expropiación para la implementación de mega-proyectos por parte del capital transnacional.

Las Zonas de Consolidación están orientadas a fortalecer el proceso de acaparamiento y venta de la tierra a capital extranjero, para el que no existe ninguna normativa reguladora. El capital transnacional se apropia de las zonas más fértiles y las fuentes de agua para sembrar monocultivos de caña de azúcar, arroz, palma de aceite y asegurar la producción de agro-combustibles, el enriquecimiento y la seguridad alimenticia de otros países, a costa del aniquilamiento de la economía campesina, del desplazamiento forzado, de la imposibilidad de ejercer la seguridad y soberanía alimentaria, del desempleo y la pobreza, de daños irreparables en los niveles de fertilidad de la tierra y en conclusión, del saqueo de un país que se va vendiendo poco a poco. Este panorama ha sumido a Colombia en una compleja crisis humanitaria, donde una de las muestras más tangibles de la criminalización de la protesta es la ocurrencia de 3.335 casos de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) y la existencia de más de 9.500 prisioneras y prisioneros políticos. El 90% del movimiento social proviene del sector campesino, agrario, estudiantil, de derechos humanos, sindical, indígena, afro-descendiente, incluyendo la oposición política; cuyo único delito ha sido luchar por la justicia social. Como ejemplo cabe señalar que durante el primer mes de movilización del Paro Nacional Agrario y Popular fueron judicializadas 512 personas, además de 9 personas asesinadas y cerca de 800 heridas. Colombia juega un papel geoestratégico clave para toda la región, por lo que urge seguir con atención lo que ocurre en el país, los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC-EP y a las diferentes iniciativas que aporten para concretar una solución política negociada al conflicto social y armado que permita la construcción de una paz duradera con justicia social e igualdad”.

El documento “ Judicialización de la protesta social en Colombia”   fue elaborado con los valiosos aportes del abogado Ramiro Orjuela y de la Fundación Suyana del Valle del Cauca, que realizan actividades solidarias en Colombia, aspirando que éste coadyuve al trabajo de apoyo a la denuncia contra la criminalización de la protesta social en Colombia.

E igualmente se ha confirmado la realización y se invita a participar en el panel“ Judicialización de la protesta social” que se desarrollará el día jueves 20 de Marzo del presente año de las 16 a las 18 horas en la sala XXIV del Palacio de Naciones Unidas, ONU en Ginebra Suiza; como expositores estarán delegados de Colombia, Filipinas y el Sahara Occidental y contará con la participación de diversas delegaciones internacionales intervinientes del 25 período de sesiones del Consejo.

Se está solicitando a las organizaciones y personas interesadas en asistir al panel que deben obtener la acreditación respectiva, para lo cual pueden dirigirse a onyvaglobalizando@yahoo.fr , teléfono 0041-798221561 con plazo máximo hasta el 14 de Marzo, antes de las 6 pm. Hora Suiza.

(1) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/112/86/PDF/G1411286.pdf?OpenElement

Las consecuencias de la alemanización de la UE

Vicenç Navarro
Público.es


Una postura ampliamente generalizada en los círculos económicos de mayor prominencia en la Unión Europea es que para salir de la Gran Recesión hay que adoptar medidas parecidas a las que los gobiernos alemanes han estado aplicando (a partir de las reformas iniciadas por el canciller Schröder y continuadas por las de los gobiernos dirigidos por la Sra. Merkel) en su país. La extensión de esta postura se debe a la gran influencia que el gobierno alemán tiene en las instituciones que gobiernan la Unión Europea, así como en los países miembros de dicha colectividad. 
 
¿Por qué el modelo alemán se presenta como el modelo?

La evidencia que se aporta para apoyar la ejemplaridad del modelo alemán es lo ocurrido en Alemania en la primera década del s.XXI, que se atribuye a la aplicación de las medidas conocidas como las reformas Hertz. Se subraya que Alemania pasó de ser el “sick man of Europe” (el enfermo de Europa) a finales de la década de los años noventa y principios de los años dos mil (con una tasa de crecimiento económico de solo un 1,2% del PIB por año y un desempleo de un 11%), a convertirse en la estrella y punto de referencia europeo, con un desempleo del 7,7% en 2010 -habiéndose reducido el desempleo de 5 millones en 2005 a 3 millones en 2008-. Y lo que se considera más exitoso es que durante la Gran Recesión (2008-2009), y a pesar del gran declive de su PIB, el desempleo apenas varió, en contraste con la gran mayoría de los países de la Unión Europea. Ello se interpreta como resultado de la desregulación del mercado de trabajo y la reducción salarial que caracterizaron a las reformas Hertz realizadas durante los gobiernos Schröder y más tarde Merkel, reformas todas ellas encaminadas a incrementar la competitividad de su economía. Alemania se presenta así como el gran éxito que tiene que ser emulado por todos los otros países de la UE.

Alemania, la cuarta potencia económica mundial, atribuye su éxito al elevado nivel de competitividad, que le garantiza unas elevadas exportaciones (el 7,7% de todas las exportaciones del mundo) basadas en su alta productividad, resultado, en gran parte –según los defensores del modelo alemán-, de su moderación salarial en relación con el nivel de productividad del país, que es la manera amable de definir el estancamiento salarial, cuando no descenso. De esta lectura del milagro alemán se concluye la necesidad de lo que se llama la devaluación doméstica, que es, en otras palabras, la necesidad de bajar los salarios para aumentar la productividad, tal como han hecho los alemanes, y poder así competir con Alemania, saliendo así de la crisis. Hasta aquí el dogma. Y como todo dogma, se reproduce a base de fe en lugar de evidencia científica.

Los datos no avalan lo que dicen los defensores del modelo alemán

Hay ya numerosos estudios que muestran la falta de credibilidad de esta postura, estudios, por lo visto, desconocidos en nuestro país, donde el dogma ha alcanzado mayor intensidad, debido, en gran parte, a la gran derechización de los medios de información y persuasión. Veamos los datos (un artículo especialmente interesante es el de Christian Dustmann, Bernd Fitzenberger, Uta Schönberg y Alexandra Spitz-Oener “From Sick Man of Europe to Economic Superstar: Germany’s Resurgent Economy”. Journal of Economic Perspectives. Vol 28. N. 1. Winter 2014, 167-188, del cual extraigo la mayoría de datos).

Y comencemos por aclarar que el sistema de gobernanza –es decir, las reglas, conductas y comportamientos de los agentes sociales, es decir, empresarios y sindicatos- es en Alemania muy, pero que muy diferente, del español. Los sindicatos son mucho, mucho más fuertes y los trabajadores en las empresas tienen mucho más poder de decisión en el gobierno de éstas que en España (y en la gran mayoría de países de la UE). El sistema de cogestión –en el que los trabajadores participan en la gestión de las empresas– es un modelo prácticamente desconocido en España (excepto en las empresas del sector cooperativista), profundamente opuesto por la gran patronal. En Alemania, el 92% de todos los empleados y trabajadores en empresas que tienen más de 50 trabajadores están integrados dentro de sistemas de cogestión, es decir, que los representantes directos de los trabajadores participan en la gestión de las empresas (el 18% de las empresas con un número de empleados menor de 50 tienen también cogestión).

Esta situación coloca a la clase trabajadora en una posición de gran influencia en las empresas, y es clave para entender el bajo desempleo en Alemania, pues forzaron que en lugar de despidos (la típica solución en España) hubiera una redistribución de las horas trabajadas de manera que cada trabajador trabajara menos horas para así mantener los mismos puestos de trabajo. Esta elevada (forzada) colaboración entre empresario y trabajador explica también la mucho menor conflictividad laboral. En Alemania hay solo 5 días al año perdidos por cada 1.000 trabajadores en huelgas y otros conflictos, comparados con los 32 días en EEUU, los 30 días en el Reino Unido, los 73 en Francia, los 158 en Italia, y los 164 en Canadá. Esta situación de colaboración y cogestión es impensable en España. Ni que decir tiene que cuando en España se habla de alemanizar el mercado de trabajo, se piensa única y exclusivamente en reducir salarios, y no en aplicar lo cogestión.

Los salarios en el sector exportador son altos

Lo cual me lleva a la segunda aclaración: en contra de lo que se dice o escribe, los salarios en el sector exportador, el supuesto eje del modelo alemán, no han ni disminuido ni han permanecido estables. Todo lo contrario, han crecido. Ahora bien, han crecido menos de lo que hubieran podido crecer como resultado del aumento de la productividad, lo cual explica que los costes laborales unitarios (los “unit labor costs”) hayan permanecido casi constantes. El punto que debe contestarse, pues, es por qué ha crecido tanto la productividad y la competitividad alemana, tanto en términos absolutos como en términos comparados con otros países tanto de dentro de la eurozona (como Francia, Italia o España) como de fuera (como EEUU). Y la respuesta tiene muy, pero que muy poco que ver con las famosas reformas Hertz.

De nuevo, veamos los datos. Y para ello hay que remontarse al inicio de la nueva y unida Alemania, y al establecimiento del euro. Primero la unidad de Alemania, uno de los fenómenos políticos y económicos más importantes de la historia europea reciente. La caída del muro de Berlín significó un cambio muy importante en las relaciones laborales de Alemania, pues permitió la entrada en el mercado laboral de un número ingente de trabajadores altamente formados (los regímenes comunistas del este de Europa, incluida la Alemania del Este, habían priorizado la formación profesional) y con salarios mucho más bajos que los existentes en la Alemania occidental. Es más, la caída del muro de Berlín coincidió con la disgregación de la Unión Soviética y la apertura al Oeste, y muy en particular a Alemania. Ello significó la expansión del comercio alemán al Este y la expansión de la producción también al Este. La manufactura, por ejemplo, se expandió al Este, con la subcontratación de partes de la maquinaria producida en el Oeste a países del este de Europa. En este sentido, la caída de la Unión Soviética significó una gran bonanza para la economía alemana.

De esta manera se transformó la manufactura alemana, de modo que el centro de la manufactura permaneció en Alemania (con elevados salarios) pero partes de la producción se trasladaron al este de Europa. Esta deslocalización y descentralización ha jugado un papel clave en el supuesto “milagro alemán” (el 21% de la manufactura alemana se hace en países del este de Europa). Esta deslocalización no ha impactado primordialmente en el centro de la manufactura (aun cuando ha sido responsable de lo que se define como moderación, es decir, de un crecimiento salarial menor del que correspondería por el crecimiento de la productividad), pero sí que lo ha hecho en la industria subalterna y dependiente de la manufacturera (empresas más pequeñas que producen partes para la manufactura), donde el descenso salarial ha sido masivo, un descenso que ha afectado a todos los sectores de la economía, creando un sector de salarios muy bajos (minijobs), que abarca casi una tercera parte de la fuerza laboral, donde las condiciones de trabajo se han deteriorado enormemente. De ahí la propuesta del Partido Socialdemócrata alemán de establecer un salario mínimo para parar este descenso salarial tan marcado.

Estos hechos explican la enorme polarización del mercado de trabajo alemán, con un considerable deterioro de las condiciones de vida y trabajo de un sector muy importante de la población. Otra consecuencia de esta deslocalización ha sido el debilitamiento de los sindicatos, máximo objetivo de las reformas Hertz, permitiendo y facilitando la descentralización de los convenios colectivos, en la que la negociación se centra menos a nivel nacional y en el sector económico, y más en las propias empresas a través de la cogestión. Y es ahí donde los límites de la cogestión aparecen, pues el peso negociador del mundo del trabajo, aunque pactado, tiene menos capacidad de influencia.

La exportación a España de este sistema implica la descentralización de los convenios colectivos, con un enorme debilitamiento de los sindicatos, sin que este debilitamiento sea compensado por los sistemas de cogestión que continúan existiendo en Alemania. Es más, el debilitamiento de los sindicatos implica una total ausencia de protección para todos los trabajadores, tanto los que están integrados en los sistemas de cogestión como los que no.

El modelo alemán se beneficia a costa de la debilidad de los países periféricos de la eurozona

La disminución de los salarios, punto central de lo que se percibe (erróneamente) en España como la condición para salir de la crisis, es de escaso valor para reavivar la economía. En realidad la empeora, pues contribuye a aumentar la falta de demanda, que es la raíz de la falta de recuperación. Creer que la bajada de salarios es una condición para salir de la crisis es asumir que el problema de la economía española es un inexistente alto nivel salarial. En realidad, los salarios en España están entre los más bajos de la Unión Europea. Es más, España no tiene un problema con las exportaciones, pues estas no solo se han mantenido, sino que han aumentado durante la Gran Recesión. Es más, el precio de los productos depende, en parte, de los costes de producción, así como de la distribución de las rentas generadas en el proceso de producción, distribución entre el factor capital y el factor trabajo. En otras palabras, el precio depende de la distribución de las rentas entre el propietario y gestor, y el trabajador. En España, el problema es que esta distribución ha beneficiado sistemáticamente a las rentas del capital, lo que ha requerido un descenso de las rentas del trabajo.

El euro actúa como obstáculo a la recuperación económica, pues la competitividad que se desea, mediante la reducción de precios, no puede realizarse a través de una devaluación de la moneda, al compartir todos el euro. Esta situación beneficia considerablemente a Alemania, pues parte de su éxito exportador se basa en su ventaja competitiva, resultado de los factores indicados en el texto. La europeización y alemanización de la Unión Europea ha supuesto la polarización de Europa, estableciéndose una ventaja diferencial centro-periferia que es imposible remontar. De ahí que los que están recomendando que se siga el modelo alemán están, en realidad, contribuyendo a mejorar la situación de la economía alemana a costa de la economía de los demás. Así de claro.

 http://blogs.publico.es/dominiopublico/9348/las-consecuencias-de-la-alemanizacion-de-la-ue/
 

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