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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

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Desplazados, aberrante forma de acumular riquezas del estado neoliberal colombiano

​​Allende La Paz, Cambio Total.

Nuevamente la ONU le pone el dedo en la llaga de las violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno colombiano. Esta vez por cuenta del desplazamiento forzoso en boca de Tod Howland, de la Oficina de Derechos Humanos, quien dijo que los desplazados en Colombia alcanzo la cifra -que nosotros hemos publicitado hace rato- de 5,7 millones de desplazados forzosos.

Igualmente -ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones- que esa cifra es mayor por cuanto no se cuentan los refugiados en otros países, es decir, los 500.000 refugiados que hay en Venezuela, Ecuador, sin meter a los refugiados politicos esparcidos por todo el mundo.

Lo que no dice Mr Tod es que ese desplazamiento forzoso es producido por las fuerzas militares-narcoparamilitares del estado colombiano al adelantar el Terrorismo de Estado de la DSN, las cuales de la mano de los sectores empresariales y ganaderos-terratenientes producen el desplazamiento y el despojo de las tierras del campesino y posteriormente llega a las manos de esos sectores empresariales y ganaderos-terratenientes.

En Colombia las formas de capitalizacion son productos de actividades delincuenciales. Los empresarios financian las campanas de uno u otro partido a fin de que legislen a su favor e implanten, por ejemplo, contrareformas laborales como el de la jornada laboral; amen de los dineros que entran a la economía colombiana producto del narcotráfico, el cual deja pingues ganancias a todos los sectores: banqueros, financistas, bienes raíces, hasta a los militares y la policía.

Y el estado contempla el panorama por cuanto estas actividades son producto de la "confianza inversionista" y la "prosperidad democrática", que hace el de ciego, sordo y mudo cuando de estos delitos se trata. Ni que decir de las violaciones de derechos humanos.

Asi que por cuenta de las violaciones de derechos humanos el gobierno y el estado colombianos tienen la marca de desplazados en el mundo, en el mundo! Igualmente tiene otras deshonrosas marcas como la de ser el tercer pais mas desigual de lationamerica y el de tener ya 1 millón de víctimas mortales, ejecutadas a través de los "falsos positivos" o ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, masacres y otras formas como los homicidios "no intencionales".

Como vemos, mientras el gobierno en La Habana habla de "paz", en el pais sigue con sus políticas nefastas de violaciones de todos los derechos humanos. El drama humanitario no termina así en la Mesa de La Habana el gobierno hable de paz, mientras al continuar adelantando el Terrorismo de Estado va aumentado el número de desplazados forzosos, de ejecutados extrajudicialmente, de masacrados, de torturados y de desaparecidos, la forma más aberrante de terrorismo al desaparecer los restos mortales de los desaparecidos.

Víctimas y Cese Bilateral de Fuegos

Cambio Total.
Las víctimas podríamos decir son de dos tipos. Las víctimas del Terrorismo de Estado (al menos mayor del 85%) y las víctimas de las guerrillas (quizá ni alcancen al 10%).
Las víctimas del Terrorismo de Estado obedecen a orientaciones institucionales, derivadas de las órdenes dadas por el imperio del Norte a los lacayos oligarcas nativos, estos a sus fuerzas militares –la cúpula- y de éstos a los sicarios, sean militares o narco-paramilitares. Para esa orientación institucional tenía poca importancia que sus víctimas fueran civiles, personas que no participaban –y no participan- en la confrontación armada, desarmadas, inermes, y le aplicaban la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) que contemplaba entre otros objetivos el de “secarle el agua al pez”, entendiendo que el agua eran los campesinos, obreros, estudiantes, mujeres, ancianos, etc, y el pez era la insurgencia, todavía lo es.
Las “víctimas” de las guerrillas obedecieron siempre a “daños colaterales” –como le gusta hablar a los medios oligárquicos-, y en el peor de los casos a personas que financiaban a las fuerzas militares del regimen -o lo defendían-, y los guerrilleros le aplicaban sus teorías revolucionarias -que ya no se las aplican.
Es necesario aclarar que las víctimas del Terrorismo de Estado pertenecían –y todavía pertenecen- al pueblo, a los desposeídos de la riqueza, en tanto las “víctimas” de la guerrilla pertenecían a las clases burguesas, a terratenientes-ganaderos que contribuyeron a la conformación de los grupos narco-paramilitares, cuando no eran ellos sus líderes. La diferencia entonces es obvia. Una –la primera- es la causa, y la otra –la segunda- la consecuencia.
De allí se deriva que el número y la calidad de las víctimas sean diferentes. Las víctimas del Terrorismo de Estado son responsabilidad del estado y sus gobiernos en el 82% de las masacres, el 83,2% de las ejecuciones extrajudiciales, el 97,7% de las desapariciones, el 100% de las torturas y el 100% del desplazamiento forzoso. El total de las víctimas en su conjunto son de más de 966.000 víctimas mortales y más de 5,7 millones de víctimas de desplazamiento. Restando cada una de esas modalidades de Terrorismo de Estado, a las guerrillas solo se le puede enrostrar los casos de secuestros de ricos burgueses y hacendados-terratenientes, cuyos dineros provienen precisamente de esquilmar a los pobres, de apoderarse de sus tierras, de super explotarlos con la flexibilización laboral, etc. Sobre ésta responsabilidad de la insurgencia armada hablaremos en otros artículos.
Ahora bien, si queremos trabajar por los derechos de las víctimas tenemos que, en primer lugar, no producir más víctimas. El gobierno colombiano tercamente ha desoído las propuestas de las FARC-EP de aprobar un Acuerdo de Cese de Fuegos, cese que precisamente está en la vía de no seguir prolongando los sufrimientos producidos por la guerra al pueblo colombiano. Por ello, tenemos que señalar que el gobierno sigue en su política de producir más y más víctimas bajo una fementida “razón de estado”, el cual hace muchos años ha sido superado, y a fin de cuentas el estado es el responsable de las actuales y las víctimas de todos los tiempos.
El gobierno colombiano primer y fundamental productor de víctimas por implementar el Terrorismo de Estado de la DSN no contempla ahora ni a mediano plazo alcanzar un Cese Bilateral de Fuegos en la creencia torpe –y trasnochada- de vencer a la insurgencia por la vía militar. En ningún momento lo contempla para atemperar los ánimos e impedir producir más dolores, más víctimas y más sufrimientos innecesarios. El gobierno colombiano quiere que la Guerra continue para satisfacer a los sectores militaristas –guerreristas- de la sociedad colombiana, es decir, militares, mafiosos, narcoparamilitares y militaristas de todos los pelambres que en su inmensa cobardía no hacen la guerra, no van al frente de batalla, sino que la mandan a hacer.

Acordar el Cese Bilateral de Fuegos es lo más sensato en ésta insensata guerra decretada por la oligarquía.

Paz y unidad popular





La persistencia de la confrontación del Estado colombiano contra el pueblo, aún en el marco de la coexistencia de las negociaciones políticas, y de la creciente privatización de las estructuras de poder del régimen, acentuarán en el gobierno su grave crisis de legitimidad, pese a las “maniobras”, con las que Santos accedió de nuevo a la presidencia, pretendiendo un falso equilibrio en beneficio siempre del poder. 

Está claro que Santos representa un modelo autoritario enquistado en un fraccionado régimen oligárquico, que muestra ya una escasa autonomía ante el reclamo de paz social y política de las fuerzas populares, a las que el poder se apresta a diezmar o dividir. 

El imperio de la represión estatal representado en la clase dominante y en el poder político, exigen en toda circunstancia evitar la incorporación social y política del movimiento popular y de las vigentes fuerzas insurgentes, para ello harían fracasar las negociaciones y continuar en la vía del despojo y la guerra. 

La solución negociada debe por lo tanto abrir paso a una Nueva Colombia, con el reconocimiento político pleno de la insurgencia popular y revolucionaria, la abolición del aparato narco-paramilitar del Estado, y del reciclaje de sus capitales a través de la vía terrateniente, y/o con la alianza de estas con las multinacionales mineras, la banca, y los latifundistas, poderosos aliados del terrorismo de Estado, y del Imperialismo, que con el Uribismo constituyen la más grave amenaza al proceso de paz en Colombia, como a la paz del Continente. 

Así entonces, “la paz no puede ser disculpa para que vuelva a tronar la guerra”, la búsqueda de la paz con justicia social, se ha interiorizado – desde el pueblo y con la solidaridad internacional-, como la única salida a la crisis social y política colombiana, que no puede ya avanzar hacia la “destrucción total”, pero sí, a una nueva construcción social de convergencia y pactos populares para la paz, con estrategias definidas en las regiones, y por las mayorías que construyen en rebeldía sus propias rutas emancipadoras, legitimando una creciente dinámica de articulación social, a la que el Estado responderá de nuevo con su reorganización autoritaria. 

No se podrá permitir “la receta” oligárquica reconciliación-represión, hay que avanzar desde lo unitario y popular para superar los fracasos de las “pequeñas y grandes constituyentes”, y con ello los protagonistas y los ejes para la paz social y política del país. 

Es indispensable dar respuesta desde la lucha social a las tensiones y a las traiciones, reconociendo que la injusticia, la guerra y la explotación son el origen real de la violencia, y factores constitutivos de las relaciones políticas y sociales del país. 

Si permean las desigualdades sociales y se obstruye la participación política de las mayorías, no habrá paz posible, el pueblo con sus mayorías debe crecer una nueva y constituyente legitimidad, desde la movilización y la autonomía. 

La ideología de la seguridad nacional con sus esperpentos narco-paramilitares, y la muy importante autonomía del estamento militar debe desaparecer, al igual que la conformación de una poderosa red de capitales mafiosos basada en el despojo, el crimen y el tráfico de drogas, como andamiaje del para-Estado, que persiste en la tendencia a resolver en conflicto por la vía militar, - terror, violencia, y/o aniquilamiento del enemigo interno-, y/o el desconocimiento de acercamientos , o los acuerdos de paz, en una especie de “complicidad estructural” de las fuerzas armadas oligárquicas, con el desarrollo de la guerra, y siempre contra la paz digna. 

Negarse a un cese bilateral de fuego es negarse a “oxigenar la paz” que exigen las mayorías, hay que insistir en romper definitivamente con la estructura del URIBATO, y avanzar en la solución negociada que ya no es solo con todas las guerrillas, sino con sus herman@s, que como pueblo asumen la paz desde la unidad y la diversidad, con unas definiciones que le dan un contenido democrático y popular a la paz, con fuerzas y propuestas propias, alternativas, a las tendencias autoritarias del Santismo reencauchado, pero sin terminar defendiendo al Estado capitalista, o de manera indirecta a las relaciones de dominación que lo sustentan, pero para sustituir el actual estado de cosas “de abajo hacia arriba”, construyendo poder popular. “Destruir lo viejo, construir lo nuevo”. 

Esto es, afianzar la soberanía popular desde los territorios, con la cultura de la resistencia, y con el máximo común denominador en la participación, para podernos representar como clase popular. 

Ni magno ni magnánimo el fuero militar

“Alinderar el magnánimo poder del rey Juan” habría sido el propósito de la Carta Magna de 1215, según la exposición de motivos de un proyecto de reforma constitucional radicado en el Congreso por la bancada uribista para ampliar el fuero militar.
Por: Gustavo  Gallón 

Si el rey Juan sin Tierra hubiera sido magnánimo, nadie se habría preocupado por limitar sus poderes, que en realidad eran magnos, como la Carta.
Dicho gazapo es apenas uno de los cuales está repleto el proyecto, para llegar al gazapo mayor, conforme al cual los militares y policías deberían ser juzgados solamente por sus pares, porque así lo habría establecido la Carta Magna para los nobles del reino británico. Pero en el Estado moderno los militares no son nobles, ni hay nobles que deban ser juzgados por sus pares. La regla hoy en día, según los tratados internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario, es que los delitos que los militares y policías cometan contra la ciudadanía se juzgan por la ciudadanía misma a través de la justicia ordinaria. Además, para mantener la disciplina en los cuarteles, hay jueces militares para juzgar los delitos militares, que son aquellas conductas que no son delito si las realiza un civil, como el adormecimiento del centinela o la insubordinación del soldado contra su superior. Así lo han establecido diferentes constituciones de Colombia desde el inicio de la República, como la de Cundinamarca de 1811 y la de la Nueva Granada de 1832, que el proyecto cita a la loca, sin caer en cuenta de que contradicen su tesis central porque prescribían que los miembros de la fuerza armada en guarnición estarían sometidos al fuero militar “solamente en los delitos puramente militares”.
Para el proyecto, los militares no cometen delitos, dado que están sometidos a una férrea disciplina que les impone incluso la obligación de “dar aviso al departamento de personal de la respectiva Fuerza, por lo menos con 30 días de anticipación, cuando el Oficial o Suboficial vaya a contraer matrimonio” (dto. 85/89, art. 33). ¿De qué manera evita eso que un soldado participe en un “falso positivo”? Por si fuera poco, la exposición de motivos invoca el “Reglamento de operaciones y maniobras de combate irregular (EJC-3-10-1)”, como si fuera una garantía de buen comportamiento de la Fuerza Pública. Omite decir que dicho reglamento, vigente desde 1969, autoriza y ordena todavía la organización de grupos paramilitares por parte de la Fuerza Pública, lo cual es una vergüenza de enormes proporciones y debería dar lugar a su anulación inmediata. Sea esta una ocasión más para pedir que dicho reglamento sea abolido, por aberrante y criminal.
En síntesis, el proyecto sostiene que “el desarrollo de las operaciones militares siempre conlleva la afectación (…) de bienes y personas protegidos por el derecho internacional”. Los jueces que analicen tal afectación tendrían entonces que ser militares. Pero si esos bienes y personas están protegidos no pueden lícitamente ser afectados, lo cual es obvio. Además de ser un insulto a la inteligencia, este proyecto constituye así nada menos que una descarada apología del delito. Magna y magnánima, pero con quienes violen derechos.
 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

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