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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

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Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

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La Paz, obligación Constitucional

José María Carbonell, Cambio Total.

La retrotraída al pasado Constitución del 91 establece en su Artículo 22 de la Constitución que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Es por tanto obligación del presidente de la República garantizar este derecho, al igual que todos los funcionarios estatales, sin excepción, tienen la obligación de garantizar el libre albedrío de éste derecho.

Si la Constitución fuera un Tratado de Paz no veríamos los ataques al Proceso de Paz de La Habana y todos los funcionarios entrarían de lleno a defender éste propósito nacional. Mas la Contitución del 91 no es ningún Tratado de Paz y el Bloque de Poder Dominante se ha escindido en dos bandos de acuerdo con sus intereses particulares e ideológicos.

El presidente Santos lidera un bloque que adelanta conversaciones en la Mesa de La Habana –de acuerdo con su posición de buscar la Paz porque el Estado no tiene capacidad para vencer a las FARC-EP- para lograr una salida negociada dialogada a la guerra oligárquica que ya lleva más de 52 años y ello  ha generado resistencias en el otro sector liderado por el procurador Alejandro Ordóñez y el narco-paramilitar No 82 ex-presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, los cuales han sido llamados los “enemigos de la Paz”.

Si el presidente está cumpliendo su obligación constitucional no se entiende por qué tiene que estarle rindiendo pleitesía a los “enemigos de la Paz”. El procurador Ordóñez está en contravía de sus obligaciones constitucionales y debería ser destituído por las autoridades judiciales que deben juzgar el proceder anti-constitucional del procurador. Mas vemos una enorme paquidermia estatal ante los desafueros del procurador, igual actitud adoptada ante todos los delitos cometidos por el narco-paramilitar No 82 ex-presidente Uribe Vélez antes, durante y después de ser presidente.

A menos, claro está, que todo sea una estrategia del “bueno y el malo” para mostrarle a las FARC-EP la dificultad que tiene “torear” al sector de los “enemigos de la Paz” y ablandarlas en la Mesa de La Habana. No olvidemos la capacidad de jugador de poker del actual presidente. La trapisonda ha sido siempre la manera de proceder de las élites en el poder.

Para corroborar ésta hipótesis vemos que en una inaudita manifestación del sector troglodita, retardatario y confesional se unen procuraduría, sectores políticamente atrasados e Iglesia, la cual de igual forma como durante ”La Violencia” de los años 48-58 del siglo pasado utiliza los púlpitos para exacerbar el odio entre los colombianos. Incluso el Nuncio –un diplomático de la Santa Sede- participó de esa marcha.


Si Santos no se pellizca y procede a defender con todo el Proceso de Paz éste tomará un rumbo inesperado y concluirá en el más estruendoso fracaso, más grande que el fracaso de Pastrana, el cual con la re-ingeniería de las fuerzas militares-narcoparamilitares estatales no pudo vencer a las FARC-EP con el Plan Colombia y a lo que condujo fue a la Mesa de La Habana al tener el Estado la certidumbre que a las FARC-EP no las podían vencer como vencieron al Capo del narco-paramilitar No 82, “don” Pablo Escobar Gaviria, porque las FARC-EP son un ejército con sólidas bases populares.

De pipís y cucas y todo lo contrario

La cuestión que salió a flote esta semana es delicada. En principio pareció una simple protesta de una diputada santandereana, pero con los días y con la ayuda de un procurador se volvió una tormenta que busca tumbar a la ministra de Educación; a su compañera, Cecilia Álvarez, exministra de Comercio; a la senadora Claudia López y a su compañera, Ángelica Lozano, representante a la Cámara, y si la pólvora alcanza, tumbar la Corte Constitucional, sacar al presidente de la República y entronizar al señor procurador general de la Nación.
Por: Alfredo Molano Bravo

Todo por cuenta del caso de un niño que se botó desde un pasillo porque lo matoneaban en el colegio por ser homosexual, y porque la Corte lo defendió con sentencias que la enaltecen: el derecho humano a la libre elección de su sexualidad. El señor Ordóñez ha erigido como principio de su mandato la identidad entre homosexualidad y animalidad. El que es marica es una bestia, ruin idea que nace en quién sabe qué secreto que, de hacerlo público, sería bienvenido, señor procurador.
El Ministerio de Educación ha puesto en marcha con cautela y responsabilidad la sentencia del máximo tribunal: “Implementar la educación para el ejercicio de los derechos humanos –en particular el derecho a la identidad sexual– e incorporarlos de manera expresa en los proyectos educativos de todos los colegios del país”. Con apoyo de la ONU se estaba preparando una cartilla de esos derechos para ser consultada con el cuerpo docente y con padres de familia, pero los cruzados leyeron esa orden como una perversa estrategia para colonizar homosexualmente a los estudiantes y obligarlos a entrar en baños mixtos.
Recuerdo la provocadora hipocresía de los curas de los colegios donde yo estudiaba, que nos obligaban a poner las manos sobre el pupitre en la clase de anatomía, cuando ni siquiera se nombraban las partes nobles, pasábamos del ombligo a las rodillas por miedo a que pecáramos. Y claro, pecábamos. Sobra decir que la tal cartilla no ha sido publicada por el Gobierno. Lo que se publicó, con muy mala leche, fue un cuadernillo pornográfico importado.
Montar campañas políticas sobre bases mentirosas ha sido una tradición y así, los cruzados y algunos altos jerarcas de las iglesias, sucesores de san Ezequiel Moreno y de monseñor Builes –“matar liberales no es pecado”–, de quienes Uribe es devotísimo, salieron a las calles de las grandes ciudades agitando la Biblia y bebedizos contra Satanás, que según ellos es de todo y viceversa. Y es aquí donde le nace la otra pata al cojo, porque el ataque contra la homosexualidad y todas las expresiones de orientación sexual es el otro lado del ¡NO! El de le corto la cara, marica; el de aplazar el gustico y el de todos esos dichos de adolescente mal tirado, como diría el viejo López Pumarejo. La campaña por el No se monta sobre la mentira de la impunidad, la de los cruzados ultramontanos en la colonización homosexual.
Hasta ese punto la cosa parecía una mera movida electoral del procurador. Pero cuando salió el mismísimo cardenal Rubén Darío Salazar, con medias púrpuras y todo, a decir que la ideología de género destruye la sociedad, la vaina se puso a otro precio, sobre todo si recordamos que la jerarquía —excepción hecha de monseñor Castro y de otros pocos obispos (Cali, Tibú, Tumaco, Quibdó)— ha sido tan ambigua y timorata sobre los acuerdos de La Habana. “Con la Iglesia topamos”. Como si estuviéramos en el siglo XIX cuando los curas declaraban la guerra a los liberales. La guerra de 1875-1876, llamada de las Escuelas, tuvo un origen similar: liberalizar el sistema educativo, hasta entonces y pese a todo, en manos de la Iglesia.
Cuando a la política se le mezcla púlpito, suenan tambores. Uribe apela a todas las armas de lucha.

¿Cuál es la sociedad que queremos?


Las multitudinarias marchas que se hicieron el pasado miércoles por todo el país me recordaron lo peligroso que resulta, para cualquier sociedad democrática, unir la religión con la política. Pese a que somos un estado laico, el procurador Alejandro Ordóñez (secundado por la Iglesia católica y por los cristianos) nos devolvió al país del Sagrado Corazón y acusó a la ministra de Educación, Gina Parody, de estar imponiendo la ideología de género que según su credo lefebvrista arrasa con los valores de la familia porque corrompe a los niños y les quita la pureza.
Desde ese instante, se prendió en el país una llama que nos tiene incendiado el intelecto y que ha sacado a flote los sentimientos más antidemocráticos que la sociedad tiene adormecidos: la intolerancia, el odio y el señalamiento. De ahí a la lapidación hay solo un paso. 
La manifestación del miércoles pasado fue ante todo una salida del forro que mostró lo peor de nuestra sociedad. En lugar de que el país hubiera dado la discusión sobre si era errada o no la forma como la ministra Parody estaba acatando un fallo de la Corte Constitucional, que le ordenaba cumplir con el mandato de que nadie puede ser discriminado por raza, por género o por su orientación sexual, los cuestionamientos, muchos de ellos válidos, no se tramitaron por las vías tradicionales. Sin mayor apelación, la discusión política terminó cooptada por la Biblia y por una muy bien craneada campaña sucia que difundió por internet unos cómics pornográficos belgas haciéndolos pasar por las cartillas que estaría imponiendo la ministra. 
Ese hecho, producto de la farsa, rebosó la copa de miles de creyentes ya suficientemente incendiados con declaraciones como la de monseñor Jairo Jaramillo, arzobispo de Barranquilla –el mismo que meses antes había concluido que la ministra Parody y la exministra Cecilia Álvarez eran un muy mal ejemplo para la sociedad-: “No hay derecho que un ministerio esté legislando para las minorías contra el sentir del 98 por ciento de los colombianos”, había exclamado airado. Poco le importó al prelado que estos manuales fueran solo herramientas para que los colegios pudieran hacer de manera independiente sus manuales de convivencia. Lo importante no era aclarar los malentendidos –que los hubo- o los errores en la ejecución de la ministra–que también los hubo–. Lo importante era exacerbar los ánimos para aumentar la indignación y  conseguir que muchos padres de familia salieran a marchar pensando que en efecto Gina Parody era el apocalipsis. 
Eso fue evidente en las manifestaciones que se hicieron frente a la catedral de Barranquilla, en la que los padres de familia salieron a gritar “No más Parody, Cristo vive, Cristo vive”, como si la ministra de Educación fuera Satanás. Y según La F.m. de RCN, miles de padres de familia que asistieron a la marcha –¡con sus hijos!- corearon esta frase que revela cómo en todo esto primó más 
la aversión por la ministra por el hecho de ser gay y haberlo hecho público que el episodio de las cartillas: “Corrupta, sinvergüenza, los niños se respetan”, le decían. Para no hablar de las miles de pancartas homofóbicas que circularon en la marcha sin ningún pudor.
El miércoles pasado la intolerancia se sintió a sus anchas porque contó con el silencio diciente de casi todos los partidos y con el amparo de la Iglesia católica, de precandidatos presidenciales como el procurador Ordóñez para quien las mujeres no tenemos derechos, de senadoras como Viviane Morales que convirtió al Partido Liberal en un apéndice de la Iglesia Casa sobre la Roca y de expresidentes como Uribe que aprovecharon esta lapidación virtual que se pretendió  hacer contra la ministra Gina Parody para sacarle votos de No al plebiscito, bajo la tesis de que este proceso de paz es una entrega al terrorismo y a Satanás.   
Estoy segura de que si Gina Parody fuera heterosexual no habría desatado la ira de nuestros prelados. Y que si en lugar de una mujer gay al frente del ministerio, hubiera estado un hombre heterosexual y blanco, probablemente hoy el tema de la revisión de los manuales de convivencia no hubiera llamado la atención del procurador Ordóñez. 
Desde que se hizo la Constitución del 91, la clase política nunca ha estado a la altura de los desarrollos que le impuso la Carta en materia de discriminación e igualdad de los colombianos ante la ley. Esas peleas no las dieron por temor a perder votos en un país fuertemente católico y por cuenta de esa cobardía, el trabajo de ir construyendo una cultura política acorde con la Constitución del 91 se lo dejaron única y exclusivamente a la Corte Constitucional que sí se ha metido a legislar sobre los derechos de las minorías. Ni el aborto, ni el matrimonio gay ni la adopción para parejas del mismo sexo han pasado por el Congreso, porque se sabe que nadie las va a defender. Eso explica por qué Gina Parody no ha contado con el apoyo de ningún partido de la coalición y por qué todos los avances que en materia de derechos de minorías ha hecho la Corte Constitucional hoy los está cuestionando el Partido Liberal y La U, dos colectividades que han dejado en manos de los cristianos el tema de los derechos de las minorías gais y de las mujeres. 
Yo, que también soy madre, aspiro a que mis hijas vivan en un Estado laico, incluyente, que le permita a todas las minorías convivir dentro las normas que impone la Constitución. Lo que sí no quiero es volver al país del Sagrado Corazón. 

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