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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

Hey loco, No dispares!

Vamos a Cuentiarnos la Paz

LOS RICOS NO VAN A LA GUERRA

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Oscar Sobalvarro, "comandante Ruben" de los Contras nicaraguenses

Han muerto demasiados. ¿Cuántos más harían falta?

Tengo la sospecha de que la inmensa mayoría de los colombianos, tanto los que votaron por el No como los que lo hicieron por el Sí no se tomaron el trabajo de estudiar a fondo el Acuerdo de paz con las FARC, quizá porque el tiempo para hacerlo fue muy corto.
La Ciencia tiene claro lo que sucede cuando al electorado se le envía el mensaje de que va a perder ciertos valores como el de la justicia porque los guerrilleros no pagarían cárcel; la democracia en razón del castro-chavismo; la familia en virtud de la ideología de género; la propiedad privada por cuenta de eventuales extinciones de dominio, etc. En estos casos opera: “Un concepto básico de la psicología social es que las personas son más fáciles de persuadir al mostrarles lo que pueden perder, más que lo que pueden ganar... ante una posible pérdida, la amígdala toma el control logrando inhibir el neocórtex (la parte lógica del cerebro) y nos impide tener control racional”... (Felipe Riaño Jaramillo, El Espectador, lunes 17 de octubre 2.016, p.6).
Es el caso de los “Cristianos” que vieron en los Acuerdos un atentado contra la familia porque supuestamente consagraban la llamada “ideología de género” cuando no hacen más que repetir algo ya consagrado en el a.13 de la Constitución: Prohibir la discriminación negativa en contra de la mujer ya sea esta blanca, negra, albina, indígena, campesina, urbana, madre soltera o casada, en unión marital de hecho, heterosexual o lesbiana.
Deseo aclarar este punto porque es indispensable que ellos tomen conciencia de su equivocación y de la difícil situación por la que atraviesa el proceso de paz, situación que evoca pavorosamente el siguiente verso cantado de Bob Dylan ya que si no hay paz con las FARC tampoco la habrá con el ELN ni con las Bacrims: “¿Y cuántos muertos harán falta para que comprendamos que ya han muerto demasiados?”.
Dice el Diccionario de la Real Academia Española: género femenino: “El de los nombres sustantivos que significan personas y algunas veces animales del sexo femenino”. Género masculino: “El de los nombres que significan personas y algunas veces animales del sexo masculino”. Es el sentido en el que el Acuerdo de paz con las FARC toma la palabra género. Así, por ejemplo, en la Reforma Rural Integral (R.R.I.) se dice: “esa transformación estructural requiere también que se promueva la equidad de género mediante la adopción de medidas específicas para garantizar que mujeres y hombres participen y se beneficien en pie de igualdad de la implementación de este Acuerdo” (Negrillas, mías) Es claro que equidad de género quiere decir igualdad de género. Que la mujer esté “en pie de igualdad” con el hombre para efectos de beneficiarse de la implementación de los Acuerdos. ¿Habrá algún equívoco o duda respecto del alcance que se le da a la expresión “equidad de género”? ¿Habrá que poner “equidad de sexo” donde el Acuerdo dice “equidad de género” para, aunque algo ridículo, dejar satisfechos los caprichos de quienes recelan por este término del Acuerdo?
Otro ejemplo: “los planes y programas acordados como parte de la RRI deben tener un enfoque territorial, diferencial y de género que implica reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales —niñas, niños, mujeres y hombres, incluyendo personas con orientación sexual e identidad de género diversa— y garantizar la sostenibilidad socio-ambiental”. ¿Tendrá la expresión de “enfoque de género” un alcance diferente del de excluir todo tipo de discriminación en los planes y programas de la R.R.I.? ¿Habrá que reemplazar la palabra “género”? ¿Al hacerlo cambia en algo el fondo de lo allí dicho?
Otro ejemplo: “igualdad y enfoque de género: reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos que, independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, entre otros; atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales”. (Negrillas, mías) ¿Habrá duda respecto de que, de nuevo, la expresión “enfoque de género” significa igualdad con respecto a los hombres en relación con la propiedad, proyectos productivos, opciones de financiamiento y formación?.
¿Qué tiene que ver todo lo anterior con la llamada “ideología de género” que la han definido como la afirmación de que no se nace hombre o mujer sino que se llega a serlo? Esto es totalmente distinto de los roles que la cultura de las sociedades le asignan tanto al género masculino como al femenino. Antes de la revolución que arranca en los 60‘s del siglo pasado el rol asignado a la mujer era el de ama de casa, de madre de familia encargada de levantar a los niños, de cocinera, de planchadora, etc. El rol que hoy se les asigna es muy diferente: Son gerentes, presidentes de grandes empresas, grandes juristas, médicas, profesionales y trabajadores que al medio día llenan los restaurantes, todo ello en igualdad de condiciones con los hombres en los más modestos oficios y en los más encumbrados. Y a los hombres se les asignaban los roles de trabajar fuera de la casa, de llevar el pan de cada día porque era quienes recibían ingresos, el de ser duros, fuertes, macho machotes para quien las lágrimas eran prohibidas pues sólo las “nenas” podían llorar. Hoy los hombres cambian pañales, hacen mercado, cuidan de los niños en la casa, no tienen que avergonzarse por llorar, etc. Los roles han cambiado, en mi opinión para bien.
¿Qué tiene que ver el tema de los roles que la cultura social le asigna a hombres y mujeres de manera cambiante con el tiempo con la tal ideología de género? Pues nada, absolutamente nada.
Es que los acuerdos no consagran esa mentada ideología. Pero el miedo a que ella afectara a la familia, aunque se tratara de un temor infundado, llevó a las urnas muchos votos por el No de manera injustificada. ¡Qué lástima! De otro lado, en ninguna parte el Acuerdo de paz pone en duda o controvierte el derecho de los padres a educar a sus hijos con absoluta autonomía.
Queda uno sorprendido. Pero al mismo tiempo optimista. Porque si para que los “Cristianos” en su inmensa mayoría apoyen el Acuerdo de paz con las FARC lo que se requiere es cambiar la palabra “género” por otra, creo que no habría ningún problema, o no debería haberlo.
Y es que lo que los “Cristianos” quieren que el Acuerdo diga respecto de la familia es lo que dice; y no dice lo que ellos no quieren que diga. Pero me atrevo a pensar que no tenían conciencia de esto salvo algunos pocos como el Pastor Ricardo Rodríguez que advirtió a su feligresía que en los Acuerdos no había ningún atentado contra la familia ni ninguna ideología de género.
Quiero creer que se equivocaron y no que actuaron por razones de bandería política tomando como pretexto la supuesta “ideología de género” y la defensa de la familia que nadie atacaba, para acompañar al Centro Democrático en su oposición radical al Acuerdo de paz con las FARC.
Y una palabra adicional: da tristeza que los pastores de mi iglesia católica no hayan seguido al Papa Francisco en su entusiasmo por la paz de Colombia. ¿Será que la jerarquía olvida las enseñanzas del Cristo? Es que lo que Jesús de Nazareth dijo fue: "Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios”. Tenían que tomar partido a favor del Sí de manera resuelta como lo hizo el Papa Francisco que se jugó no una sino varias veces por la paz representada en el Acuerdo con las FARC.
* Constituyente 1.991.

El aborto en Colombia


En el 2008 en Colombia se llevaron a cabo 400.400 abortos, de los cuales sólo 322 se hicieron cumpliendo los requisitos legales. Cuáles son esos "requisitos legales"? Es el aborto legal en Colombia?

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo

El aborto ilegal es una práctica común en Colombia según ha quedado demostrado en las Naciones Unidas (ONU).

Los funcionarios gubernamentales y la prensa burguesa se ensañan con las FARC-EP por el tema del aborto en la guerrilla, mas no ven la paja en su propio ojo.

”Colombia se presentó este jueves por segundo día consecutivo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y al comenzar la sesión, el miembro del Comité Olivier de Frouville volvió a preguntar sobre el tema del aborto al no quedar satisfecho con las respuestas que la delegación gubernamental dio ayer sobre este asunto”, dice la Revista Semana en su artículo "Aumento de abortos clandestinos preocupa a la ONU".


”Frouville dijo que, según un informe de una ONG, en el 2008 en Colombia se llevaron a cabo 400.400 abortos, de los cuales sólo 322 se hicieron cumpliendo los requisitos legales”, sigue diciendo Semana.

La ONU pide explicaciones sobre violencia sexual, y el experto de ONU “también volvió a cuestionar sobre el respeto a los derechos de los LGTB (Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales). La delegación respondió hoy que la normativa para regular los ataques a este colectivo aún está en proceso.

Finalmente, Frouville se unió a Rodley en la queja sobre la poca concreción y detalle de Colombia tanto en el informe que han presentado al Comité como en las respuestas a las preguntas de los miembros en esta sesión de evaluación.

Rodley manifestó ayer su malestar por la vaguedad con la que Colombia responde a este Comité y a otros órganos de derechos humanos de la ONU, algo que en su opinión que se repite desde hace años”.

La Impunidad en Ley de Justicia y Paz de Uribe Vélez es del 92,69% de delitos cometidos por narco-paramilitares

"De los 312.611 delitos (170.000 homicidios) que, según las denuncias de las víctimas, fueron cometidos por los grupos paramilitares, solo hay condenas por 22.880", o sea, apenas el 7,31%. 

Cambio Total. 


Los procesos que se adelantan contra los llamados paramilitares están a mitad de camino, según el diario El Tiempo, que conceptúa que "están a mitad de camino. Mas en nuestras cuentas apenas el 7,31% de los delitos cometidos por los narco-paramilitares hab han sido condenados el 7,31%, es decir, casí que la total impunidad (92,69% están sin condena).

"Las cifras son contundentes" dice el diario. De los 312.611 delitos (170.000 homicidios) que, según las denuncias de las víctimas, fueron cometidos por los grupos paramilitares, solo hay condenas por 22.880. La mayoría corresponde a desplazamiento forzado (8.304 casos); asesinatos (4.722 casos) y desaparición forzada (1.818)".

Con lo anterior se demuestra que en el proceso no ha habido intención real de aplicar justicia, sino de implementar una institucionalización del narco-paramilitarismo.

Los dejamos abajo para que los lectores saquen sus propias conclusiones: 

Justicia para los 'paras', a mitad de camino luego de once años


Aunque su vigencia original era de 8 años (2006-2014) y ya fue necesario prorrogarla hasta el 2018, la jurisdicción alternativa de Justicia y Paz está lejos de completar la tarea para la que fue creada en el 2005: investigar y sancionar los más graves crímenes cometidos por los grupos paramilitares.
Más de 11 años han pasado desde que el gobierno de Álvaro Uribe acordó la desmovilización de las Auc y puso en marcha el primer modelo de justicia transicional en Colombia.

Hoy, el proceso de Justicia y Paz no va ni por mitad de camino y, según el director nacional de justicia transicional de la Fiscalía, Carlos Fidel Villamil, harán falta al menos 6 años más para cerrar ese capítulo judicial. El asunto es complejo porque el país está pendiente de poner en marcha, si la renegociación de los acuerdos con las Farc llega a buen puerto, otro modelo de justicia transicional: la que se aplicará con esa guerrilla y los agentes del Estado y civiles que tuvieron responsabilidad en graves crímenes en medio del conflicto.
Más aún porque el modelo inicialmente pactado con la guerrilla, y que está en vilo por el triunfo del ‘No’ en el plebiscito del 2 de octubre, solo le deja a la Fiscalía la misión de entregar los procesos a la nueva justicia, que tendría su propio órgano de investigación. (Lea también: Primera etapa de Justicia y Paz fue un costoso aprendizaje: Fiscalía)
Las cifras son contundentes. De los 312.611 delitos (170.000 homicidios) que, según las denuncias de las víctimas, fueron cometidos por los grupos paramilitares, solo hay condenas por 22.880. La mayoría corresponde a desplazamiento forzado (8.304 casos); asesinatos (4.722 casos) y desaparición forzada (1.818).
En camino a una condena hay otros 42.000 casos en los que los ‘exparas’ han reconocido su culpabilidad. Con esas cuentas, casi ocho de cada diez delitos de las autodefensas aún están en etapa preliminar, si bien la actual administración de la Fiscalía asegura que a diciembre de este año la imputación por crímenes llegará a los 145.000 casos (ver entrevista).
Aunque ante la Fiscalía se reportaron como víctimas 386.413 personas, solo han sido reconocidas como tales en los procesos el 43 por ciento: 166.276.
2.343 expulsados
Entre el 2003 y el 2006 se desmovilizaron, en total, 36.000 paramilitares. De estos, 4.408 –los jefes y todos los que tenían procesos pendientes– se postularon a la Ley 975 de Justicia y Paz, que les permitía lograr penas de máximo 8 años por delitos que, normalmente, les habrían representado 40 años o más.
En estos casi once años, por distintos hechos, pero principalmente por no cumplir con el principal requisito de la verdad, han sido expulsados 2.343 ex-Auc (53 %) y están en proceso de exclusión otros 368. Así las cosas, solo hay activos en Justicia y Paz 2.065 exparamilitares. Sin embargo, solo se ha imputado cargos a un poco más de la mitad: 1.080. Esto a pesar de que casi todos ya cumplieron los 8 años de pena máxima y de que decenas, incluso, ya empezaron a salir de la cárcel.
Las exigencias para la pena alternativa eran verdad plena, justicia y reparación. Este último capítulo, el de la entrega de bienes para compensar a los afectados por sus crímenes, es el de mayor saldo en rojo. Según el Fondo para la Reparación de las Víctimas los paramilitares solo han entregado 1.248 bienes, avaluados en 286.118 millones de pesos. La sola reparación administrativa (la que entrega el Estado) requerirá de una inversión de más de 16 billones de pesos.
Los bloques que más bienes entregaron fueron el Central Bolívar y el Vencedores de Arauca. Salvatore Mancuso fue el jefe paramilitar que, hasta ahora, más ha colaborado con Justicia y Paz. Y hay dos bloques, el Héroes de Tolová y el Córdoba, que entregaron apenas un bien para reparar.
La Fiscalía ha tenido que concentrarse, con unidades distintas a la de Justicia y Paz, en descubrir y ocupar los bienes escondidos por los paras, que están en manos de testaferros y de las cabezas de las nuevas bandas criminales, como ‘Otoniel’, jefe máximo del ‘clan Úsuga’.
Otro de los puntos pendientes para la Fiscalía es el seguimiento a las compulsas de copias: hasta el 30 de junio de este año se reportaban 15.821 compulsas contra terceros. De estas 1.351 vinculan a políticos y 1.234 a integrantes de la Fuerza Pública como supuestos aliados de los paramilitares. En todo caso, esas confesiones dieron pie al proceso de la ‘parapolítica’, que llevó a la condena de más de 70 congresistas y excongresistas por la Sala Penal de la Corte Suprema.
Justicia y Paz marcó un punto alto para los procesos de reparación y justicia con la entrega de datos para lograr la exhumación de 6.569 víctimas de la violencia paramilitar. Fueron hallados en 5.155 fosas comunes y 132 cementerios del país.
De estos restos, 3.105 han sido identificados y entregados a sus familias, la mayoría, en Antioquia, Magdalena, Putumayo, Meta y Córdoba. En los laboratorios de la Fiscalía hay otros 1.472 cuerpos con posible identidad.
Las barbaries de los ‘paras’
En las 43 sentencias condenatorias de los tribunales de Justicia y Paz de Bogotá, Medellín y Barranquilla se ha evidenciado la responsabilidad de los paramilitares en crímenes atroces como homicidios, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, entre otros.
Uno de los capítulos más fuertes fue el de la tortura. En junio de este año, los magistrados determinaron que hubo al menos 31 modalidades de tortura usadas por los paramilitares como estrategia de guerra, entre ellas: asfixia mecánica y ahogamiento por inmersión, golpizas, descargas eléctricas, mutilación, perturbación psíquica, quemaduras y violencia sexual.
La macroestructura de Salvatore Mancuso -la cual incluye al Bloque Resistencia Tayrona, Bloque Córdoba y Bloque Norte- es a la que se le atribuyen más víctimas: 53.447. Una de las masacres más sangrientas, atribuida a ese grupo, se registró hace 16 años, en el corregimiento del Salado, municipio de El Carmen de Bolívar. Murieron 58 personas y otras 2.570 fueron desplazadas. El siguiente con más víctimas es el Bloque Central Bolívar.
JUSTICIA





Las víctimas –muertos- no existen

Allende La Paz, Cambio Total.

Según el narco-paramilitar Número 82 ex-presidente y hoy senador, Álvaro Uribe Vélez, las víctimas mortales del Conflicto Armado No existen.

Ello se deduce de su pronunciamiento de que “Fue Uribe quien en las reuniones de trabajo con el Gobierno, donde presentó las propuestas de ajuste al acuerdo con las Farc, la semana pasada, reiteró su posición de que en Colombia no hay conflicto armado”. Diario El Tiempo.

Esa terca posición la ha mantenido en el tiempo y  es uno de los grandes “inamovibles” para alcanzar un diálogo contructivo que conduzca a la Paz.

Las insurgentes políticas de las FARC-EP no aceptarán nunca que por el capricho de una, una, persona, le quiten su calidad de actor politico en Colombia, toda vez que fue –y ha sido- la exclusión, no solo de la política, sino también como partes en la solución de los conflictos económicos, sociales, culturales, etc.

Es de resaltar que Uribe Vélez no tiene ningún empacho en desconocer las víctimas de las fuerzas militares caídos en combate, las cuales son más de 25.000 bajas en combate entre la tropa oficial y las FARC-EP.

Tampoco le importa cinco centavos las víctimas de desaparición forzada, “falsos positivos”, massacres, y tampoco existen los desplazados forzados y menos que los terratenientes y “empresarios del campo” se hayan aprovechado del desplazamiento adquiriendo o robando las tierras de los campesinos e indígenas víctimas del criminal desplazamiento forzado.


Con personalidades esquizoides y obcecadas es imposible llegar a ningún acuerdo, definitivamente.

Los imposibles de una paz vacilante


Por favor, señor expresidente Uribe, deje que los colombianos hagamos la paz. Permítale a mi pequeña crecer en una Colombia sin guerra donde los padres no tengamos que enterrar a nuestros hijos.

Queda claro que los aportes hechos por el expresidente Uribe y el Centro Democrático a los acuerdos de La Habana no contribuyen para nada a la paz. Queda claro que el documento de 26 páginas enviado al presidente Santos para que sea incorporado al documento general de lo pactado es una reiteración de lo que el país le ha escuchado desde mucho antes del plebiscito. Lo que preocupa de esta incertidumbre es la dilación. Molesta profundamente que un gran sector del país siga creyendo en alguien a quien la justicia le atribuye responsabilidad en un sinnúmero de hechos cuestionables. Resulta paradójico que varios magistrados que lo investigan precisamente por su relación con grupos paramilitares hayan sido amenazados de muerte mientras el expresidente sigue recorriendo el país acompañado de un ejército de guardaespaldas que les cuesta a la Nación más 18.000 millones de pesos al año.
El cuento de que el punto de justicia violenta la Constitución es otro caballito de batalla que el senador busca modificar para que los militares presos no digan ante la justicia lo que ya el país sabe: que detrás de esta barbarie de las masacres no hubo manzanas podridas sino un hecho sistemático. La restitución de tierras es otra lucha a brazo partido del Centro Democrático, encabezada porel exprocurador Ordóñez, la representante María Fernanda Cabal yJosé Felix Lafaurie, otro señor señalado en repetidas ocasiones por los comandantes de las AUC de su apoyo al paramilitarismo, para que los compradores de “buena fe”, es decir, aquellos que las adquirieron en promoción gracias a los estrechos vínculos con a los jefes paramilitares, como es el caso del exmagistrado Jorge Pretelt, no le sea aplicada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras a la que tanto le temen.
En el fondo, detrás del No al plebiscito hay toda una maraña de oscuras intenciones, más allá de la protección a la Constitución y más allá todavía de la supuesta impunidad que se les daría a las FARC. Eliminar la jurisdicción especial para la paz es permitir que la verdad quede sepultada, como quedó sepultada con la Ley de Justicia y Paz, que dejó a más del 99 % de los paramilitares, culpables de crímenes de lesa humanidad, sin castigo. En ningún punto de los acuerdos con las AUC se tuvo en cuenta a las víctimas, y no se tuvo en cuenta porque a Uribe la verdad le importa poco.
En su artículo de El Espectador, que lleva por título El gran chantaje, Alfredo Molano Bravo nos dice que “Uribe, que tanto ha gritado contra el reclutamiento de menores, impidió que 3.000 niños que estaban en las filas paramilitares fueran entregados al ICBF”. En este sentido, el asunto va más allá del tema de justicia porque parece centrarse en intereses políticos y no en un hecho trascendental para Colombia y los colombianos como es la búsqueda de la paz.
No es un lugar común, como lo ha expresado en numerosas ocasiones el premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel, que ningún Acuerdo de paz en el mundo ha tenido hasta ahora como objetivo llevar a la cárcel a una de las partes. No hay que olvidar que las FARC, como grupo subversivo, no han sido derrotadas en batalla. La sensatez de un acuerdo como el que se está llevando en La Habana es abrir las puertas para que los que han permanecido por fuera de la Constitución y han luchado durante 52 años contra las Fuerzas Armadas del Estado, puedan reintegrarse a la vida civil y hacer política dentro del marco constitucional.
Intentar llevarlos a la cárcel no soluciona para nada el problema de fondo que es la guerra. Disfrazarla de buenas intenciones tampoco. La Ley de Restitución de Tierras es, en términos retóricos, un hueso duro de roer porque implica una investigación amplia que ponga de por medio la verdad. Y la verdad es que muchos campesinos fueron sacados a la fuerza de sus fincas y estas están hoy en manos de terceros que dicen haberla adquirido legalmente.
Si al expresidente le interesa, como lo ha expresado en reiterada ocasiones, la justicia, hay que dejar que esta actúe y llegue al lugar común de “hasta las últimas consecuencias”. Es cierto que el país necesita un consenso político donde todas las fuerzas activas que lo componen participen, pero es necesario que los colombianos sepamos la verdad de muchos hechos horrorosos que hoy siguen perturbando nuestros sueños. Es necesario una reconciliación, más que política, una donde se pongan en la mesa todas esas historias de muertes, desplazamientos y desaparecidos.
El país necesita pasar urgentemente la página de la violencia, una violencia que, en menor o mayor proporción, nos tocó a todos. Y abrió un bache enorme en la historia de una nación que, manejada con inteligencia, cabríamos todos. Por favor, señor expresidente Uribe, deje que los colombianos hagamos la paz. Permítale a mi hija crecer en una Colombia sin guerra donde los padres no tengamos que enterrar a nuestros descendientes. Es una desgracia que esto siga pasando.
* Docente universitario - En Twitter: @joaquinroblesza - Email: robleszabala@gmail.com.

FARC-EP No es ideología, son derechos; NC Noticias emisión 16 de octubre del 2016

 

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